José Donaldo López Ruíz

Expediente 1236/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1236/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • José Donaldo López Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SFA/DGJ/DC/6127/2023, signado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, informa los trámites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, lo anterior para los efectos legales procedentes. Por tanto, agréguense a los presentes autos el comunicado de referencia para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia) para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio CCT-DAJ-1025/2023, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, informa los trámites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, lo anterior para los efectos legales procedentes. Por tanto, agréguense a los presentes autos el comunicado de referencia para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia) para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 7728/2023, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 1236/2022, promovido por ******** y ***********, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; asimismo, informa que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó la ejecutoria dentro del amparo en revisión administrativo *************; acúsese recibo y comuníquese a las partes que dicha ejecutoria en lo conducente, como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se resolvió: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *************** y ****************, respecto del acto que reclama del gobernador del Estado, del director de Operaciones e inspector, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, que quedaron precisados en el resultando primero de esta resolución.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y tomando en consideración que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Ahora bien, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por ejecutoria emitida por el citado Tribunal de Alzada, se confirmó la sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, la cual por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********* y **************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en relación con los puntos especificados en la sentencia emitida en el presente juicio, es decir, realice lo siguiente: ".I. Dejar insubsistente la boleta de infracción con folio 0280 de dieciocho de octubre de dos mil veintidós y la orden de entero con folio 419877. II. No apliquen en lo futuro a los quejosos, los artículos 58, fracción XVIII, y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado de Michoacán, declarados inconstitucionales, mientras no sean reformados y por ende, subsistan los vicios de inconstitucionalidad aquí destacados. III. Se reintegre a *************, el importe del pago que realizó con motivo de la multa con número de folio ********, de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por la cantidad de ******************. En el caso, no es menester ordenar la devolución de las placas y tarjeta de circulación del vehículo automotor al quejoso, pues en su escrito inicial de demanda manifestó que realizó el pago de la multa, a efecto de recuperar dichos documentos. En el entendido que la concesión anotada [deja sin efectos el acto sin constreñir a emitirse uno nuevo, de conformidad con el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo] obedece a la naturaleza de la actuación reclamada, esto es, se trata de un acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral; es así pues sólo en los casos en que sin mediar el ejercicio del derecho de petición de los interesados, o bien, que el acto hubiere resuelto una instancia, recurso o juicio, el acto carente de fundamentación y motivación se debe sustituir por otro sin esas deficiencias, para no dejar de resolverse lo pedido, en perjuicio de los derechos del gobernado; sin embargo, al no darse esos supuestos en el caso particular el efecto del amparo es liso y llano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra eyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que ocurrieron a su formación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con el criterio plasmado en la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador del Estado de Michoacán del Estado de Michoacán, para que ordene al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad; así como al Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán para que ordene al Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público ambos con residencia en esta ciudad; a cumplir con la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá a cada uno, una multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables a las que se les requiere el cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, a las autoridades señaladas como responsables denominadas Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que el juicio de amparo únicamente puede amparar y proteger a los individuos que promovieron en el caso especial sobre el que verse el acto impugnado, en atención al principio de la relatividad de las sentencias que rige en los juicios de amparo, por lo que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad ante aludida, que participo en el proceso legislativo de una ley, hasta su publicación, en virtud de que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que no se apliquen en perjuicio de la parte quejosa, las normas declaradas inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis número 2a. CXV/97, visible en la página 414, Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 197512, del rubro y contenido siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 4216, remitido electrónicamente y signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso, con el que se remitió el original del juicio de amparo número 1236/2022, en virtud de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y el mismo quedó registrado con el número amparo en revisión 173/2023. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el oficio de cuenta no contiene la firma criptográfica del funcionario que lo expide, a través de la que se envían la misiva por el sistema integral de seguimiento de expedientes; sin embargo, en atención a la naturaleza del oficio de cuenta, con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, se considera innecesario devolverlo por esa inconsistencia. Notifíquese.

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