Jose Eduardo Arellano Soanctl

Expediente 964/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
964/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Arellano Soanctl

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 964/2021-IV. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 964/2021-IV. Puebla, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual informa el proveído de incompetencia por materia dictado en el juicio de amparo 1367/2021, de ese órgano, formado con la demanda de protección a derechos fundamentales,1 presentada aparentemente por el quejoso * por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla -denominación correcta- y otra autoridad responsable. Además, la mencionada secretaria remite el juicio de amparo indirecto 1367/2021 -según se desprende de la boleta de turno-. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Las consideraciones desarrolladas por el secretario en funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, revelan que los actos reclamados en la demanda, corresponde a la materia de amparo penal. Por consiguiente, esta juzgadora constitucional asume la competencia para tramitar la demanda de protección a derechos fundamentales, presentada aparentemente por el quejoso por derecho propio. Lo anterior, con independencia de la postura que habrá de adoptarse en párrafos subsecuentes, por la falta de firma electrónica en la referida demanda. Pero se instruye librar oficio para el juzgado mencionado, a fin de que tenga conocimiento de la postura adoptada frente a la declinación de competencia por materia. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se observa que la demanda recibida del juzgado declinante, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada por la vía electrónica, aparentemente por el quejoso José Eduardo Arellano Soanctl o José Eduardo Arellano Soancatl por derecho propio. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo5, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso José Eduardo Arellano Soanctl o José Eduardo Arellano Soancatl por derecho propio, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. , la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, la falta de contestación a diversos escritos que afirmó haber presentado a un agente del Ministerio Público, en los cuales solicitó gestionara el procedimiento abreviado en una causa penal instruida a aquél, por el hecho con apariencia del delito de extorsión, y la omisión de notificarle la respuesta que hubiera recaído a esas peticiones. Tales omisiones no constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco encuadran en las hipótesis de carácter urgente, previstas por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque la falta de respuesta y de notificación derivadas de los escritos presentados por el quejoso, están relacionadas con una causa penal instruida contra este, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, motivo por el cual representan actos dentro de procedimiento y que no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por el quejoso José Eduardo Arellano Soanctl o José Eduardo Arellano Soancatl, conforme a las razones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la persona designada por aquél en el primer acápite de su demanda, aun cuando pretendió otorgarle facultades amplias. Ello obedece a la falta de firma electrónica, en la demanda de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 964/2021-IV. Puebla, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual informa el proveído de incompetencia por materia dictado en el juicio de amparo 1367/2021, de ese órgano, formado con la demanda de protección a derechos fundamentales,1 presentada aparentemente por el quejoso * por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla -denominación correcta- y otra autoridad responsable. Además, la mencionada secretaria remite el juicio de amparo indirecto 1367/2021 -según se desprende de la boleta de turno-. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 9/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Las consideraciones desarrolladas por el secretario en funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, revelan que los actos reclamados en la demanda, corresponde a la materia de amparo penal. Por consiguiente, esta juzgadora constitucional asume la competencia para tramitar la demanda de protección a derechos fundamentales, presentada aparentemente por el quejoso por derecho propio. Lo anterior, con independencia de la postura que habrá de adoptarse en párrafos subsecuentes, por la falta de firma electrónica en la referida demanda. Pero se instruye librar oficio para el juzgado mencionado, a fin de que tenga conocimiento de la postura adoptada frente a la declinación de competencia por materia. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se observa que la demanda recibida del juzgado declinante, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada por la vía electrónica, aparentemente por el quejoso José Eduardo Arellano Soanctl o José Eduardo Arellano Soancatl por derecho propio. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo5, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso José Eduardo Arellano Soanctl o José Eduardo Arellano Soancatl por derecho propio, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. , la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, la falta de contestación a diversos escritos que afirmó haber presentado a un agente del Ministerio Público, en los cuales solicitó gestionara el procedimiento abreviado en una causa penal instruida a aquél, por el hecho con apariencia del delito de extorsión, y la omisión de notificarle la respuesta que hubiera recaído a esas peticiones. Tales omisiones no constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco encuadran en las hipótesis de carácter urgente, previstas por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque la falta de respuesta y de notificación derivadas de los escritos presentados por el quejoso, están relacionadas con una causa penal instruida contra este, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, motivo por el cual representan actos dentro de procedimiento y que no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por el quejoso José Eduardo Arellano Soanctl o José Eduardo Arellano Soancatl, conforme a las razones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la persona designada por aquél en el primer acápite de su demanda, aun cuando pretendió otorgarle facultades amplias. Ello obedece a la falta de firma electrónica, en la demanda de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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