Jose Eduardo Andrade Santamaria
Expediente 1035/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Eduardo Andrade Santamaria
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1035/2020-V. Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos generales relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales, ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino3-. Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar la sentencia dictada en la audiencia constitucional. Visto el estado procesal del juicio, se advierte que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida. Además, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en forma alguna a surtido efectos la notificación de dicho acuerdo, ya que se notificó por lista el dieciocho del mismo mes y año, y la suspensión de plazos inició el veintiuno de diciembre siguiente. Por tanto, se informa a las partes que el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, otorgados a fin de interponer algún recurso en contra del aludido acuerdo, correrán a partir trece y hasta el diecinueve de enero en curso. Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II5, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, al quejoso, dado que no contiene requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1035/2020-V. En doce de enero de dos mil veintiuno, Martín Ricárdez Rueda, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, fue notificada a las partes por lista el dieciocho del mismo mes y año, por lo que no surtió efectos la notificación de dicho proveído. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la jueza con el estado procesal del expediente y la certificación precedente. Conste. Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22-, que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos generales relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales, ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino3-. Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Luego, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte .. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar la sentencia dictada en la audiencia constitucional. Visto el estado procesal del juicio, se advierte que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida. Además, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en forma alguna a surtido efectos la notificación de dicho acuerdo, ya que se notificó por lista el dieciocho del mismo mes y año, y la suspensión de plazos inició el veintiuno de diciembre siguiente. Por tanto, se informa a las partes que el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, otorgados a fin de interponer algún recurso en contra del aludido acuerdo, correrán a partir trece y hasta el diecinueve de enero en curso. Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II5, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, al quejoso, dado que no contiene requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCION DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 1035/2020-V. En catorce de diciembre de dos mil veinte, el secretario da cuenta a la jueza con una demanda de amparo presentada de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, signada por, por su propio derecho, recibida en su versión electrónica el día hábil anterior a la fecha y registrada con el folio de control interno 16103. Conste. Puebla, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veinte. Formación de expediente Se recibe la demanda de amparo (en su versión digitalizada) promovida por++++ , por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Orientación Análisis y Resolución Inmediata Central de la Fiscalía General del Estado, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la orden detención para efectos de ser presentado ante Agente del Ministerio Público que señala como responsable, en su carácter de autoridad ordenadora; esa orden de detención con fines de investigación actualiza la figura de la orden de presentación emitida por autoridad ministerial. Empero, debe tenerse en cuenta que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no puede implicar la restricción de la libertad de la parte quejosa cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación; por otra parte, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impone al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino que corresponde a un acto de investigación, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una investigación, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Por tanto, resulta evidente que respecto del acto reclamado, opera una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo3. Máxime que la regulación de la orden de presentación traducida en un acto de investigación por parte de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada incluso ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales5. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, el acto consistente en la orden de presentación, así como la ejecución de la misma, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]"6. Además, no pasa desapercibido por este órgano de control constitucional que la parte quejosa manifestó en la demanda de amparo que la detención que reclama a la autoridad ministerial pudiera tener como objeto recabar su declaración y/o entrevista en la indagatoria respectiva; ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 215 y 218, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, contra ese acto también deviene improcedente el juicio de amparo; pues, únicamente se trata de un aviso para que comparezca a realizar un acto de investigación, es decir, no ha ocasionado ni tiene inminente afectación de los derechos fundamentales de aquel; entonces, no puede considerarse que afecta su derecho de libertad; ello, porque aun cuando contuviese algún apercibimiento de que, de no presentarse, se empleará el auxilio de la fuerza pública, pues esa determinación sería futura y de realización incierta, pues dependería enteramente de la conducta que tenga el quejoso respecto de esa citación. Cabe precisar que, similares consideraciones fueron vertidas en el recurso de queja ++++/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Mteria Penal del Sexto Circuito. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de detención con fines de ser presentado ante el agente del Ministerio Público responsable, así como su ejecución, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En apoyo a lo considerado, por analogía se invoca la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanrio Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Domicilio. Además, como lo solicita la parte quejosa, se tienen como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Por otro lado, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas que señala en su demanda, dado que así lo solicitó el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia; una vez termine la situación de contingencia generada por el virus COVID- 19. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono y correo electrónico por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Acceso a la información. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Sin embargo, se ordena a la actuaria encargada del presente juicio, que adopte todas las medidas de protección sanitaria como el uso de cubrebocas y careta, si en algún momento fuera necesario que acudiera a un inmueble que señalara el quejoso como domicilio procesal. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal7, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto8 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; en forma personal al quejoso y cúmplase.
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