Jose Eduardo Arellano Soanctl
Expediente 963/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Eduardo Arellano Soanctl
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 963/2021-III. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto se ordena su archivo REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SEDEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.JUICIO DE AMPARO963/2021-III. Puebla, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual informa el proveído de incompetencia por materia dictado en el juicio de amparo 1366/2021, de ese órgano, formado con la demanda de protección a derechos fundamentales,1 presentada aparentemente por el quejoso * por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla remite el juicio de amparo indirecto 1366/2021 se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. , se observa que la demanda recibida del juzgado declinante, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada por la vía electrónica, aparentemente por el quejoso o por derecho propio. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo5, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso o por derecho propio, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, la falta de contestación a diversos escritos que afirmó haber presentado a un agente del Ministerio Público, en los cuales solicitó gestionara el procedimiento abreviado en una causa penal instruida a aquél, por el hecho con apariencia del delito de extorsión, y la omisión de notificarle la respuesta que hubiera recaído a esas peticiones. Tales omisiones no constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco encuadran en las hipótesis de carácter urgente, previstas por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque la falta de respuesta y de notificación derivadas de los escritos presentados por el quejoso, están relacionadas con una causa penal instruida contra este, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, motivo por el cual representan actos dentro de procedimiento y que no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por el quejoso o , conforme a las razones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la persona designada por aquél en el primer acápite de su demanda, aun cuando pretendió otorgarle facultades amplias. Ello obedece a la falta de firma electrónica, en la demanda de amparo. No
- Principal
JUICIO DE AMPARO 963/2021-III. Puebla, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual informa el proveído de incompetencia por materia dictado en el juicio de amparo 1366/2021, de ese órgano, formado con la demanda de protección a derechos fundamentales,1 presentada aparentemente por el quejoso * por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla remite el juicio de amparo indirecto 1366/2021 se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. , se observa que la demanda recibida del juzgado declinante, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada por la vía electrónica, aparentemente por el quejoso o por derecho propio. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo5, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso o por derecho propio, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, la falta de contestación a diversos escritos que afirmó haber presentado a un agente del Ministerio Público, en los cuales solicitó gestionara el procedimiento abreviado en una causa penal instruida a aquél, por el hecho con apariencia del delito de extorsión, y la omisión de notificarle la respuesta que hubiera recaído a esas peticiones. Tales omisiones no constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco encuadran en las hipótesis de carácter urgente, previstas por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque la falta de respuesta y de notificación derivadas de los escritos presentados por el quejoso, están relacionadas con una causa penal instruida contra este, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, motivo por el cual representan actos dentro de procedimiento y que no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por el quejoso o , conforme a las razones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la persona designada por aquél en el primer acápite de su demanda, aun cuando pretendió otorgarle facultades amplias. Ello obedece a la falta de firma electrónica, en la demanda de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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