José de Jesús Valencia Pineda
Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José de Jesús Valencia Pineda
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 2526/2022, remitido vía interconexión a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por el Juez y Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo; mediante el cual acusa recibo del comunicado 7516/2022, de treinta de marzo de dos mil veintidós, por el cual se le enviaron el original del juicio de amparo 371/2022 e informa que se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo, formado con motivo de la demanda promovida por... ostentándose defensor particular del imputado..., contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 18, con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila y otras autoridades. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por ..., autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa ...; mediante cual hace del conocimiento que con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, acudió a las instalaciones del Hospital General de Zona número 83 con la intención de surtir la receta correspondiente al mes de febrero del medicamento (DIMETILFUMARATO) que necesita y al momento de solicitarlo le manifestaron que no le iba a ser posible surtir la receta debido a que el día primero de marzo de dos mil veintidós ya le habían entregado una caja e incluso plasmó una leyenda que a la letra dice "surtida 01/03/2022", lo cual acredita con el anexo que acompaña, asimismo aclara que el día primero de marzo del año en curso, le entregaron una caja del medicamento antes mencionado, la realidad es que dicha caja de medicamento fue surtida en virtud de la receta correspondiente al mes de febrero. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de que reciban la notificación del presente proveído, informen cual fue la razón por la que negaron el medicamento ordenado en la resetea que se anexa al oficio e informen los trámites realizados para dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano otorgada a la quejosa de que se trata, esto es, deberán otorgarle la atención y tratamiento médicos, estudios médicos, así como los medicamentos necesarios para preservar su vida, de acuerdo al padecimiento que ostenta, lo que deberán demostrar con las constancias conducentes, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a dicho mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo la tesis XVII.2o.C.T.11 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2406, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021055, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CASO EN EL QUE SUS DERECHOHABIENTES PUEDEN SER ATENDIDOS EN OTRA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA O CLÍNICA DEL SECTOR SALUD, CON LAS CONDICIONES ADECUADAS E IDÓNEAS, CUANDO EL TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD NO SEA COMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD DE ESE ORGANISMO. Si bien es cierto que existen disposiciones legales que limitan la hospitalización de un derechohabiente con un padecimiento mental por el tiempo estrictamente necesario que determine el experto en la materia; no menos lo es que aquéllas no pueden estar por encima del derecho fundamental de protección a la salud, sobre todo porque los tratamientos psiquiátricos no son padecimientos aislados y, por lo mismo, la obligación de tutelar el cuidado de quien padece este tipo de enfermedades debe ser a un alto nivel, y acorde al uso máximo de los recursos disponibles. En esa tesitura, cuando un beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social requiera de un internamiento psiquiátrico prolongado y ello no fuera compatible con sus políticas públicas implementadas en materia de salud, entonces podrá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en alguna otra institución hospitalaria o clínica del sector salud con las condiciones adecuadas e idóneas para el tratamiento de su enfermedad, a fin de salvaguardar al nivel más alto posible el derecho humano a la salud física y mental." Resulta aplicable la tesis número 1a. XV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2022889, que a la letra dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia." Notifíquese.
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