José Dolores Sánchez Olalde
Expediente 659/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 18/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Dolores Sánchez Olalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrido el auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que el término de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para la totalidad de las autoridades responsables, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense en autos los oficios signados por el Juez Primero para Adolescentes del Distrito Judicial de León, Guanajuato; en atención al primero de ellos, téngasele rindiendo su informe justificado. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Téngasele ofertando como prueba de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Respecto al segundo de los oficios de cuenta, téngasele remitiendo copia certificada del auto de formal internamiento dictado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en contra del adolescente ********** en el expediente ********** de su estadística. Ahora bien, de las constancias que el Juez Primero para Adolescentes del Distrito Judicial de León, Guanajuato, remitió como justificación a su informe, se advierte que el veintiocho de septiembre de dos mil quince, se dictó auto de formal internamiento preventivo en el expediente ********** de su índice, en contra del aquí quejoso **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación espuria en agravio de **********; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Al respecto, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado artículo 62, de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa tesitura, se estima que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley en comento, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61 en su fracción XVII, se encuentran satisfechos, pues: a. La orden de detención reclamada en este juicio de amparo emana del expediente **********, del índice del Juzgado Primero para Adolescentes del Distrito Judicial de León, Guanajuato. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda, el veintiséis de septiembre del año en curso, se cumplimentó la orden de detención girada en contra del quejoso **********, le fue tomada su declaración inicial y el veintiocho siguiente se resolvió provisionalmente su situación jurídica, dictando auto de formal internamiento preventivo en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación espuria en agravio de **********. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de detención reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de detención deben considerarse consumadas de un modo irreparable. d. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional, puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esas consideraciones al haber sido sustituida la orden de detención por el auto de auto de formal internamiento preventivo, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 ídem, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la referida audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en torno al último de los oficios de cuenta, únicamente agréguese, toda vez que el treinta de septiembre de la presente anualidad, se proveyó lo respectivo a su contenido.
- Incidental
PRIMERO. SE NIEGA A LA PARTE QUEJOSA, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITA. SEGUNDO. SE CONCEDE A LA PARTE QUEJOSA, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITA.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Primero para Adolescentes del Distrito Judicial de León, Guanajuato, mediante el cual informa que el veinticinco de los actuales, se cumplimentó la orden de detención girada en contra del quejoso **********, le fue tomada su declaración inicial y resolvió provisionalmente su situación jurídica, dictando auto de formal internamiento preventivo. En ese sentido, atendiendo a que en el caso se podría desprender la actualización de una causal de improcedencia, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe el estado procesal que guarda el expediente 76/2015 de su estadística, y remita copia certificada legible, debidamente sellada, rubricada y cotejada del auto de formal internamiento preventivo, dictado en contra del aquí quejoso, o bien, manifieste el impedimento que tuviere. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 237, en relación con el 259 de la legislación en consulta. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil quince, para su celebración.
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