José Eduwigis Ángel Pérez Piedra
Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 38 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Eduwigis Ángel Pérez Piedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele solicitando la devolución de los billetes de depósito números N-909175 y N-913601, valiosos cada uno de ellos por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por Banco del Bienestar, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, que exhibió para garantizar la medida suspensional y definitiva del acto reclamado; en ese sentido, se acuerda: Tomando en consideración que mediante sentencia terminada de engrosar el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se actualiza la hipótesis del artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena su devolución. En el entendido de que los mencionados billetes se endosarán exclusivamente a favor de ********************, toda vez que al tratarse de un valor debe ser manejado con la seguridad debida, a fin de tener la certeza de que fueron entregados a su depositante, dado el riesgo que implicaría entregarlo a persona distinta. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que por razones de seguridad los billetes se devolverán únicamente los días jueves de las nueve a las doce horas, por lo que ******************** deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito ubicado en la Avenida Quetzalli, número 901, colonia Álamos de esta ciudad, debidamente identificados a recogerlos; se le apercibe que de no hacerlo dentro del plazo de dos años, en términos del artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se hará efectivo su importe a favor del erario federal.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele solicitando la devolución de los billetes de depósito números N-909175 y N-913601, valiosos cada uno de ellos por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por Banco del Bienestar, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, que exhibió para garantizar la medida suspensional y definitiva del acto reclamado; en ese sentido, se acuerda: Tomando en consideración que mediante sentencia terminada de engrosar el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se actualiza la hipótesis del artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena su devolución. En el entendido de que los mencionados billetes se endosarán exclusivamente a favor de ********************, toda vez que al tratarse de un valor debe ser manejado con la seguridad debida, a fin de tener la certeza de que fueron entregados a su depositante, dado el riesgo que implicaría entregarlo a persona distinta. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que por razones de seguridad los billetes se devolverán únicamente los días jueves de las nueve a las doce horas, por lo que ******************** deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito ubicado en la Avenida Quetzalli, número 901, colonia Álamos de esta ciudad, debidamente identificados a recogerlos; se le apercibe que de no hacerlo dentro del plazo de dos años, en términos del artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se hará efectivo su importe a favor del erario federal.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de dos de mayo del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************, contra del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado Propietario que integra la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del Toca 159/2021, por las razones establecidas en el considerando séptimo, y para los efectos precisados al final del mismo considerativo de ese fallo. La protección constitucional se otorgó para que el Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre: Dejara insubsistente la resolución reclamada, emitida el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del Toca 159/2021. Prescindiendo de los argumentos en que sustentó la reposición del procedimiento, emitiera una nueva resolución, con libertad de jurisdicción, en la que, atendiendo a los agravios formulados por la recurrente Berta Pérez Piedra (tercera interesada), y previo análisis completo y exhaustivo de los medios de pruebas aportados al sumario, determinará la hipótesis legal que se actualiza en relación con la servidumbre de paso que reclama el aquí quejoso, y resolviera si fue correcta o no la sentencia emitida por la Juez de instancia, concluyendo si la confirma, modifica o revoca. Y dependiendo de lo resuelto, entonces así podrá determinar si era necesaria dicha reposición para que el aquí quejoso amplíe su demanda en el juicio natural. 2. Por auto de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió al Magistrado Propietario que integra la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en el término de tres días cumpliera con él. 3. Mediante proveído de uno de abril del año en curso, se tuvo al Secretario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, informando las gestiones que se encontraba realizando a efecto de dar cumplimiento con el fallo protector; por lo que solicitó una prórroga, misma que fue autorizada. 4. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Magistrado Propietario que integra la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veinte de abril del año que corre, emitida dentro del toca 159/2021 de su índice. 5. Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que en principio, dejó insubsistente la resolución reclamada, emitida el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del Toca 159/2021, luego, el veinte de abril de dos mil veintidós, emitió una nueva resolución, en la que determinó modificar la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el Juicio Ordinario Civil C-07/2020. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que con la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, emitida dentro del toca 159/2021, el Magistrado responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de dos de mayo del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************, contra del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado Propietario que integra la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del Toca 159/2021, por las razones establecidas en el considerando séptimo, y para los efectos precisados al final del mismo considerativo de ese fallo. La protección constitucional se otorgó para que el Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre: Dejara insubsistente la resolución reclamada, emitida el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del Toca 159/2021. Prescindiendo de los argumentos en que sustentó la reposición del procedimiento, emitiera una nueva resolución, con libertad de jurisdicción, en la que, atendiendo a los agravios formulados por la recurrente Berta Pérez Piedra (tercera interesada), y previo análisis completo y exhaustivo de los medios de pruebas aportados al sumario, determinará la hipótesis legal que se actualiza en relación con la servidumbre de paso que reclama el aquí quejoso, y resolviera si fue correcta o no la sentencia emitida por la Juez de instancia, concluyendo si la confirma, modifica o revoca. Y dependiendo de lo resuelto, entonces así podrá determinar si era necesaria dicha reposición para que el aquí quejoso amplíe su demanda en el juicio natural. 2. Por auto de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió al Magistrado Propietario que integra la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en el término de tres días cumpliera con él. 3. Mediante proveído de uno de abril del año en curso, se tuvo al Secretario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, informando las gestiones que se encontraba realizando a efecto de dar cumplimiento con el fallo protector; por lo que solicitó una prórroga, misma que fue autorizada. 4. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Magistrado Propietario que integra la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veinte de abril del año que corre, emitida dentro del toca 159/2021 de su índice. 5. Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que en principio, dejó insubsistente la resolución reclamada, emitida el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del Toca 159/2021, luego, el veinte de abril de dos mil veintidós, emitió una nueva resolución, en la que determinó modificar la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictada en el Juicio Ordinario Civil C-07/2020. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que con la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, emitida dentro del toca 159/2021, el Magistrado responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
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