José de la Luz Rosas Martínez

Expediente 316/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
316/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2017

Partes del expediente

  • José de la Luz Rosas Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito del quejoso **********, mediante el cual cumple con la prevención que se le realizó en proveído de nueve de marzo del año en curso. Se precisa que la parte quejosa reclama la orden de desposesión de su casa que dice se ejecutó el seis de marzo del presente año, ordenada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio número 136/2014/L1/CB/IND de su índice, promovido en su contra por Martha Vázquez González; en el que el quejoso tiene el carácter de demandado. En ese orden, frente al acto reclamado el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Puntualizado lo anterior, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que la responsable no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar que de los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, se advierte lo siguiente: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO EL DESPACHO SIN TRÁMITE DE ILEGAL ORDEN DE DESPOSESIÓN POR INVASIÓN DE MI CASA HABITACIÓN PRODUCIENDO UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A MI ESFERA JURÍDICA Y CON PROBABLE ORDEN DE EJECUCIÓN ILEGAL, OTORGADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, SIN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO YA QUE NO QUISIERON MOSTRAR NI DAR INFORMES AL SUSCRITO, RESPECTO DE LA DESPOSESIÓN, INVASIÓN Y/O DESPOJO QUE EJECUTARON EN FECHA SEIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SIN MI PERMISO NO CONSENTIMIENTO DE MI CASA UBICADA EN LA CALLE DE LA ********** N°. ********** DE LA COLONIA O FRACCIONAMIENTO ********** EN ESTA CIUDAD". B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO DE DESPOSESIÓN EJECUTADO EN MI CONTRA ORDENADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, DE LA CUAL RECLAMO SU ILEGALIDAD AUN INCLUSIVE VALIÉNDOSE DE LA FUERZA PÚBLICA Y ROMPIMIENTO DE CERRADURAS. 3. En fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, se presentaron en el domicilio ubicado en calle de la **********, número **********, de la colonia o fraccionamiento ********** de esta ciudad, cuatro personas quienes dijeron ser representantes legales de **********, acompañados de la misma un actuario que dijo provenir de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, quien le hizo saber que se trataba de una orden de desahucio y/o de desposesión o desalojo ordenado en su contra por la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ordenado en auto de fecha veinte de febrero del año en curso. 4.- El quejoso manifiesta que en el juicio de origen tiene el carácter de demandado y con esa calidad promueve el juicio de amparo que nos ocupa. De lo anterior, se desprende que la resolución impugnada fue dictada en periodo de ejecución de sentencia y, el juicio de amparo únicamente es procedente contra el último emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Ahora, si bien, existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales es procedente el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando su ilegalidad. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el escrito del quejoso **********, mediante el cual cumple con la prevención que se le realizó en proveído de nueve de marzo del año en curso. Se precisa que la parte quejosa reclama la orden de desposesión de su casa que dice se ejecutó el seis de marzo del presente año, ordenada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio número 136/2014/L1/CB/IND de su índice, promovido en su contra por Martha Vázquez González; en el que el quejoso tiene el carácter de demandado. En ese orden, frente al acto reclamado el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Puntualizado lo anterior, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que la responsable no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar que de los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, se advierte lo siguiente: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO EL DESPACHO SIN TRÁMITE DE ILEGAL ORDEN DE DESPOSESIÓN POR INVASIÓN DE MI CASA HABITACIÓN PRODUCIENDO UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A MI ESFERA JURÍDICA Y CON PROBABLE ORDEN DE EJECUCIÓN ILEGAL, OTORGADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, SIN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO YA QUE NO QUISIERON MOSTRAR NI DAR INFORMES AL SUSCRITO, RESPECTO DE LA DESPOSESIÓN, INVASIÓN Y/O DESPOJO QUE EJECUTARON EN FECHA SEIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SIN MI PERMISO NO CONSENTIMIENTO DE MI CASA UBICADA EN LA CALLE DE LA ********** N°. ********** DE LA COLONIA O FRACCIONAMIENTO ********** EN ESTA CIUDAD". B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO DE DESPOSESIÓN EJECUTADO EN MI CONTRA ORDENADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, DE LA CUAL RECLAMO SU ILEGALIDAD AUN INCLUSIVE VALIÉNDOSE DE LA FUERZA PÚBLICA Y ROMPIMIENTO DE CERRADURAS. 3. En fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, se presentaron en el domicilio ubicado en calle de la **********, número **********, de la colonia o fraccionamiento ********** de esta ciudad, cuatro personas quienes dijeron ser representantes legales de **********, acompañados de la misma un actuario que dijo provenir de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, quien le hizo saber que se trataba de una orden de desahucio y/o de desposesión o desalojo ordenado en su contra por la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, ordenado en auto de fecha veinte de febrero del año en curso. 4.- El quejoso manifiesta que en el juicio de origen tiene el carácter de demandado y con esa calidad promueve el juicio de amparo que nos ocupa. De lo anterior, se desprende que la resolución impugnada fue dictada en periodo de ejecución de sentencia y, el juicio de amparo únicamente es procedente contra el último emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Ahora, si bien, existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales es procedente el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando su ilegalidad. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que presenta **********, por su propio derecho, contra actos de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otros; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 317/2017-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tal: "A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO EL DESPACHO SIN TRÁMITE DE ILEGAL ORDEN DE DESPOSESIÓN POR INVASIÓN DE MI CASA HABITACIÓN PRODUCIENDO UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A MI ESFERA JURÍDICA Y CON PROBABLE ORDEN DE EJECUCIÓN ILEGAL, OTORGADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, SIN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO YA QUE NO QUISIERON MOSTRAR NI DAR INFORMES AL SUSCRITO, RESPECTO DE LA DESPOSESIÓN, INVASIÓN Y/O DESPOJO QUE EJECUTARON EN FECHA SEIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SIN MI PERMISO NO CONSENTIMIENTO DE MI CASA UBICADA EN LA CALLE DE LA CONCORDIA N°. 117 DE LA COLONIA O FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE LA ESPERANZA EN ESTA CIUDAD" B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO DE DESPOSESIÓN EJECUTADO EN MI CONTRA ORDENADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, DE LA CUAL RECLAMO SU ILEGALIDAD AUN INCLUSIVE VALIÉNDOSE DE LA FUERZA PÚBLICA Y ROMPIMIENTO DE CERRADURAS. Sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado indicó: ".Al cuestionarles el porqué de dicho actuar o como había nacido dicho acto ilegal me dijeron que era una orden de la Junta Local y que ya no había nada que hacer, que mi casa ya había sido rematada y que yo había sido legalmente notificado, lo cual jamás sucedió en forma personal al suscrito y que además la casa se había perdido en el juicio laboral 136/2014/L1/CB/IND, promovido en mi contra por Martha Vázquez González, pero que esta a su vez ya le había vendido dicha propiedad a María Cultiberta Pérez Pérez, quien era la persona que solicitaba el despojo o desposesión." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención del promovente del amparo, dado que aparentemente reclama la orden de desposesión llevada a cabo en su contra el seis de marzo del año en curso; sin embargo, también refiere no haber sido llamado al juicio laboral 136/2014/L1/CB/IND promovido en su contra por Martha Vázquez González. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. Por ello, ante la vaguedad en la precisión del acto que reclama, es necesario que señale si efectivamente lo que impugna es: El desposeimiento en su contra, ordenado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad o bien, La falta de llamamiento al juicio número 136/2014/L1/CB/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. B) En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que el solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado relativo al acto reclamado señaló algunos antecedentes, también lo es que omitió expresar: Si acudió al juicio laboral número 136/2014/L1/CB/IND del índice de la junta responsable de donde emana el acto o los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional. Datos que al constituir los antecedentes de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenir a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. Manifieste bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, es decir, si acudió al juicio laboral número ********* del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona, y autorizando en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo Hernández y José Asunción Olivares Hernández, al no contar con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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