José del Carmen Frías Leyva
Expediente 920/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José del Carmen Frías Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada terminada de engrosar el once de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José del Carmen Frías Leyva; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 920/2020-8, promovido por José del Carmen Frías Leyva, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, José del Carmen Frías Leyva solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "(.) El acuerdo del Pleno de 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, en el cual la autoridad responsable A) JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, suspende sus labores de manera ilegal y niega la atención a las partes y público en general para revisar y promover en los asuntos laborales que se encuentran radicados en ese recinto (.) (.) La omisión de señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral número 4846/2019 radicado ante LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO (.)" Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 2 AUTORIDADES RESPONSABLES ? Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. ? Secretaría de Gobierno del Estado. ? Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada con el expediente 920/2020-8; se solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se ordenó dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I1, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: 1 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (...)" 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. ? El acuerdo siete de agosto de dos mil veinte, emitido por el Pleno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual determina la suspensión de labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). ? La omisión de la junta responsable de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 4846/2019 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, por haberlo negado el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de dicha entidad pública, al rendir el informe justificado en su representación. Además, cabe señalar que la aludida autoridad no tiene el carácter de superior jerárquico del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, pues al ser un órgano jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 375/2011, sostuvo que, de los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales, Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO DE AMPARO 920/2020-8 7 ??????????????? deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Criterio que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, con número de registro 2000099, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO"; misma que se cita como argumento de autoridad. De igual forma resultan inexistentes los actos atribuidos a la Secretaría de Salud, quien si bien es cierto, fue omisa respecto de cumplir con la obligación de rendir su informe justificado, tal condición no permite tener por presuntivamente ciertas las imputaciones que se le infieren, puesto es un hecho notorio que no cuenta con facultades para realizar actos jurisdiccionales. En virtud de lo anterior, se considera que los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables son inexistentes. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Por otro lado, tampoco es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, respecto de la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 4846/2019 de su índice; puesto que si bien, dicha responsable fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, dicha condición no es suficiente para tener por presuntivamente cierto el acto que se le reclama, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba que corroborara la existencia.???????? En ese tenor, si bien es cierto, que el acto que por esta vía se reclama reviste la característica de ser negativo y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención, también lo es que, tratándose de actos donde se reclame una conducta negativa u omisa a la autoridad, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa a efecto que la autoridad ejercite sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente al gobernado al que le corresponde probar que efectivamente llevó a cabo, o cumplió, con el trámite correspondiente a fin de exigir la actuación de la autoridad. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal haber elevado alguna petición a la autoridad responsable es inconcuso que la omisión que reclama no existe, para efectos de este medio de control constitucional; por consiguiente, se tiene plenamente probada la inexistencia del acto reclamado respecto de la citada autoridad. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . En ese tenor, es inexistente el acto reclamado toda vez que era al quejoso al que le correspondía probar la existencia del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, y por ende que la autoridad responsable estaba en aptitud de señalar fecha y hora para la diligencia reclamada, lo cual no aconteció. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar Teo Eleacer Martínez Herrera???????????? precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 633 de la Ley de Amparo en relación a las autoridades señaladas en este considerando. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco atinente a la emisión del acuerdo de su pleno de siete de agosto de dos mil veinte, puesto que tal acto constituye un hecho notorio para este juzgador, puesto que en diverso juicio de amparo tramitado bajo el índice de este órgano federal se advierte su existencia. Soporta lo anterior la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigesimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, con número de registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La 3 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."?????????? En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acuerdo reclamado no afecta el interés de la parte quejosa. Así, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese sentido, según lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I, de la Constitución Federal; así como los numerales 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, el de que la parte quejosa sea titular de un interés jurídico o legítimo, es decir, que resienta una afectación a un derecho subjetivo o a su esfera jurídica entendida en sentido amplio debido a su situación particular en el ordenamiento jurídico. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. Así, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que, para que la acción constitucional proceda no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de título: Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 16 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese contexto, tenemos que en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la acuerdo siete de agosto de dos mil veinte, emitido por el Pleno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual determina la suspensión de labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). Ahora, visto lo anterior y para mejor referencia se reproduce a continuación el referido acuerdo: ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO DE AMPARO 920/2020-8 17 ??????????????? Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 18 Teo Eleacer Martínez Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.d5 21/01/23 09:28:00 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO DE AMPARO 920/2020-8 19 ??????????????? De lo anterior, se desprende que las directrices establecidas por el acuerdo impugnado van dirigidas primordialmente a las partes sometidas a la jurisdicción del órgano laboral que lo emitió. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado de que se trata no causa perjuicio al amparista, puesto que, tal y como se afirmó en el considerando tercero de esta sentencia, el impetrante no acreditó ni la existencia de un juicio y consiguiente, tampoco su calidad de parte ante la Junta responsable, con lo cual es dable afirmar que no es destinatario de acuerdo en estudio. Robustece lo antes acotado la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Décima Época, con número de registro digital: 2006144, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en Teo Eleacer Martínez Herrera el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. En esa tesitura, con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente sobreseer en el juicio, puesto que la quejosa no cumplió con los extremos necesarios para acreditar su interés jurídico para acudir en la presente instancia constitucional, ya que en arreglo a lo establecidos en el presente apartado, no acredita afectación alguna con la emisión del acuerdo que reclama. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José del Carmen Frías Leyva, contra los actos reclamados a la autoridades responsables referidas en el resultando primero por las razones expuestas en los considerados tercero y quinto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 Ahora bien, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con diez minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente, por lo que para el verificativo de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno en representación del SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al ocursante de cuenta proporcionando los nombres de usuarios "Rslandero" y "JadeAcal", para que por tal vía se puedan enviar comunicaciones oficiales en la tramitación del presente expediente. Por lo anterior, se autoriza que las notificaciones que se generen del presente juicio, se realicen a través de cualquiera de los usuarios indicados, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y el ordinal 57, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que todas las notificaciones a la autoridad responsable se hagan de manera electrónica. En relación a los correos institucionales y números telefónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.
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