José del Carmen de la Cruz Colorado

Expediente 747/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
747/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • José del Carmen de la Cruz Colorado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintinueve de octubre de la presente anualidad, respecto del cumplimiento que la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José del Carmen de la Cruz Colorado. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó, en los términos siguientes: "Dictar de inmediato la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda en el juicio contencioso administrativo 001/2019-S-4, de su índice, toda vez que se ha consumado el plazo que establece el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente." En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se tuvo por recibido el oficio signado por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la sentencia definitiva de veintisiete de octubre del año en curso, dictada en el expediente administrativo 001/2019-S-4, de su índice, Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, el suscrito juzgador federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, porque con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte dictó la sentencia definitiva dictada en el expediente administrativo 001/2019-S-4, del índice de la Sala responsable, lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José del Carmen de la Cruz Colorado; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, intégrese al expediente en que se actúa el oficio y anexo de cuenta signado por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia definitiva de veintisiete de los actuales, dictada en el expediente administrativo 001/2019-S-4, de su índice, con las que aduce dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a las partes.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LIUSTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José del Carmen de la Cruz Colorado; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, intégrese al expediente en que se actúa el oficio y anexo de cuenta signado por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia definitiva de veintisiete de los actuales, dictada en el expediente administrativo 001/2019-S-4, de su índice, con las que aduce dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    MESA RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, José del Carmen de la Cruz Colorado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de dictar la sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 001/2019-S-4. AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 747/2020-6; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La omisión de dictar sentencia en el juicio contencioso administrativo 001/2019-S-4, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido la autoridad responsable y encontrarse corroborado con la copia certificada de la audiencia de alegatos deducida del expediente 001/2019-S-4, de su índice, de la que se advierte que desde el doce de junio de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del juicio y se citó a las partes para oír sentencia definitiva. Documento al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la Cuarta Sala Unitaria responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En términos generales, la parte quejosa señala que la omisión de la autoridad responsable de dictar la sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 001/2019-S-4, viola en su perjuicio, entre otros, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este juzgador considera que el argumento de la parte quejosa es sustancialmente fundado. Se afirma lo anterior, toda vez que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De ahí que la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar, que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En el presente asunto, de la constancia remitida por la autoridad responsable, consistente en la copia certificada de la audiencia de alegatos celebrada en el juicio contencioso administrativo 001/2019-S-4, se advierte que el doce de junio de dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, desahogó la audiencia de alegatos, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente, y concluida dicha fase, declaró cerrada la instrucción del juicio, citando a las partes para oír sentencia definitiva, la cual sería emitida en el plazo establecido por el artículo 95 de la citada ley de la materia; sin que hasta la fecha dicha responsable hubiera dictado la resolución de mérito. Por su parte, el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente, establece lo siguiente. "De las sentencias. Artículo 95.- La sentencia se pronunciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en el que se cierre la instrucción. Del precepto legal de referencia, se observa que la ley aplicable al caso impone a la autoridad que conozca del juicio administrativo de que se trate, que después de haber cerrado la instrucción deberá dictar la sentencia dentro de los treinta días hábiles siguientes. En ese tenor, en el presente juicio se reclama la omisión del magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, de dictar la sentencia definitiva en el expediente contencioso administrativo 001/2019-S-4, de su índice; por lo que al ser cierto el acto reclamado que se le imputa, es precisamente a la responsable quien tiene la carga de acreditar que no ha incurrido en la omisión que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la página 27, Volumen 65, Tercera parte, Materia Común, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, registro 238592, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Por tanto, de un análisis a las documentales públicas que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente administrativo 001/2019-S-4, se destaca que existe un retardo injustificado en el procedimiento que resulta imputable a la autoridad responsable. En efecto, de las constancias de referencia se advierte que el doce de junio de dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, desahogó la audiencia de alegatos, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente, y concluida dicha fase, declaró cerrada la instrucción del juicio, citando a las partes para oír sentencia definitiva, la cual sería emitida en el plazo establecido por el artículo 95 de la citada ley de la materia. En tal virtud, debe decirse que existe una inactividad procesal para el dictado de la resolución de más de un año, pues la responsable no remitió constancia alguna de la cual se advirtiera que hubiera dictado la referida resolución; con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente, en franca vulneración del derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior se considera de esa forma, pues no es dable que en este juicio de amparo se estimen restituidos los derechos y garantías cuya protección pretende obtener la parte quejosa únicamente porque se haya llevado a cabo la audiencia de alegatos, en la que se declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes para oír sentencia. En efecto, dicha circunstancia relatada, impidió que el procedimiento administrativo de origen, se concluya dentro de los plazos que marca la Ley, pues ésta indica que después de haber cerrado la instrucción deberá dictarse la sentencia dentro de los treinta días hábiles siguientes, esto es, la responsable excedió el plazo que la ley le confiere para emitirla. Entonces, al retardarse injustificadamente el trámite del procedimiento de origen y dicha demora ser imputable únicamente a la autoridad responsable, es de concluirse que ésta, vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, relativo a que la impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes. Por las anteriores consideraciones, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, deberá: Dictar de inmediato la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda en el juicio contencioso administrativo 001/2019-S-4, de su índice, toda vez que se ha consumado el plazo que establece el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José del Carmen de la Cruz Colorado, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando QUINTO, y para los efectos precisados en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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