José del Carmen Frias Galmiche
Expediente 754/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Apolinar Zamudio Lara
- José del Carmen Frias Galmiche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
mesa 6 , VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José del Carmen Frías Galmiche; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por haberse concedido la suspensión de plano y por ende, actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Armando Blanco Palmeros, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 754/2021-6, promovido por José del Carmen Frias Galmiche. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las copias certificadas de diversas constancias inherentes a los actos reclamados, que remitió el Director del Centro de Reinserción Social de Tabasco, con sede en esta ciudad, en proveídos de nueve y doce de julio del presente año, las cuales obran glosadas en autos.???????? Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos, se hace constar que el quejoso José del Carmen Frías Galmiche, hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa formulando sus alegatos en el presente juicio, sin que las demás partes hicieran uso de este derecho, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 754/2021-6, promovido por José del Carmen Frías Galmiche, contra los actos que reclama del Director General del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14, 18, 22 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el siete de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, la cual fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, José del Carmen Frías Galmiche, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: ".A.- Reclamo de las responsables, el no proporcionarme la atención médica especializada y debida De acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 4, 8 y 18 de nuestra constitución. B.- reclamo de las responsables, los tratos crueles e inhumanos de los que soy objeto, al obligarme a soportar los padecimientos de salud, sin recibir algún tipo de atención medica general, ni mucho menos especializada ni ningún tratamiento médico." AUTORIDADES RESPONSABLES: - El Director General del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), con sede en esta ciudad. - Titular o Coordinador del Departamento o Área de Servicio Médico del Centro de Reinserción del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual fue registrada bajo el?????? expediente 754/2021-6; asimismo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes de plano y justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"2. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La falta de brindarle la atención médica especializada que requiere para el padecimiento que tiene en su hombro. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Titular o Coordinador del Departamento o Área de Servicio Médico del citado reclusorio, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las documentales que adjuntó al mismo, de las que se advierte que si bien, le fue brindada la atención médica al quejoso por el padecimiento que sufre, ésta fue con posterioridad a la presentación de la demanda; constancias que obran en autos, a las que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. El citado precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se??????? suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Las disposiciones legales transcritas establecen el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le genera afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que consideró se arriba después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal3. 3 "Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta ley, según corresponda, debe entenderse por: XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un centro penitenciario; XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los centros penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios." "Artículo 30. Condiciones de internamiento.??????? Continúa explicando, que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesado o sentenciado, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, y reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Ahora, como se precisó en párrafos que anteceden el aquí peticionario de amparo reclama del Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, la falta de atención médica que aduce es objeto en el citado centro penitenciario. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Por otro lado, de conformidad con los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y????? VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los?????? diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". ARMANDO BLANCO PALMEROS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.27 14/02/22 11:33:32 16 de 35 De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente.?????? - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro Penitenciario tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro Penitenciario estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De lo anterior, en lo aplicable, se advierte lo siguiente: - Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el quejoso, previo a promover demanda de amparo, debe presentar la petición de que se le proporcione la atención médica, ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, posteriormente, de ser el caso, ante el Juez de Control o Ejecución. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2017822, emitida por el Pleno de Circuito, visible en la página 1701 del Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del seminario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS????? CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Así como, la jurisprudencia 2017657, del Tribunal Colegiado de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Libro 57, agosto de 2018, materia común, página 2353, que dice: "OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PENITENCIARIOS. CONDICIONES LÓGICA Y LEGAL DE PROCEDIBILIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 A 114 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Para que se actualice la existencia de la negativa u omisión en la prestación de servicios médicos penitenciarios, para efectos del juicio de amparo es indispensable que se desarrolle previamente el proceso de petición establecido en los artículos 110 al 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que las condiciones lógica y legal de la omisión, radica en la mediación de una petición, para que las autoridades puedan ejercer sus atribuciones, mediante el instrumento legislativo especializado, estas condiciones son necesarias por razones de orden: a) lógico, ante la imposibilidad material e inmediata de la autoridad para conocer cada enfermedad, necesidad material, de estudio, trabajo, deporte de cada interno y, por ese motivo, no puede exigirse su actuar o constituirse como omisivo para efectos del juicio de amparo y, b) legal, que tiene soporte en la ley especial que tutela el orden penitenciario, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal que dispone un instrumento de comunicación especializado entre los internos y las autoridades, llamado proceso administrativo de petición que reviste las características de adecuación en favor de los reos. Se exceptúan de estas condiciones: 1) los casos en que la autoridad penitenciaria ya ha prescrito u ordenado la atención médica, ya que en estos casos la omisión de ejecución es del conocimiento directo de la autoridad y, 2) los hechos o situaciones de conocimiento inexcusable por su notoria y necesaria atención como los accidentes, epidemias o enfermedades cuya apreciación es indiscutible. Por consiguiente, si el quejoso no ha instado el proceso de petición administrativo mencionado, por el cual, las autoridades conozcan el acto o hecho material que reclama en amparo, es inconcuso que no existe el acto omisivo atribuido a las autoridades penitenciarias y, por tanto no están obligadas a ejercer sus atribuciones competenciales. La omisión en los centros penitenciarios debe ser de previo conocimiento de éstas, porque la prelación, distribución y satisfacción de los servicios debe partir de las necesidades apremiantes de la comunidad, como colectivo y no sólo de un interno, que al obtener una concesión de amparo fuera de ese contexto, obtiene una prelación de su atención sobre las necesidades de su comunidad." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio?????? de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, establece la de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo de control establece que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente al resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones positivas correspondientes. Por otra parte, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. En el entendido de que el anterior criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace alusión a todas las hipótesis, pues en ningún momento señala algún caso de excepción, como es el caso que nos ocupa, en el que el quejoso aduce la omisión de brindarle atención médica, y señala como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad.?????? Tiene sustento lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo ese panorama, se estima que en el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en cuanto a la omisión que reclama el quejoso, dado que dicho numeral señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la propia Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Entonces, cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta a la persona, conforme al marco legal antes expuesto.???? Por lo que es evidente que, de acuerdo con la Ley de Amparo, se está en presencia de actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que dicho mecanismo debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurrió en este caso. Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Cabe destacar que el acto reclamado por la parte quejosa, a juicio de esta Juzgadora no son de los que constituyen una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, es decir que pongan en riesgo su salud o en su la pérdida de su vida. Lo anterior, se sostiene toda vez se sustenta en que la autoridad responsable en cumplimiento a la suspensión de plano, instruyó al Coordinador Médico del Centro de Reinserción Social de Tabasco, para que de manera inmediata proporcionara al quejoso José del Carmen Frías Galmiche, la atención médica requerida a fin de salvaguardar su salud e integridad física. En cumplimiento a ello, el Coordinador médico informó al encargado del departamento jurídico de ese centro penitenciario el ocho de junio de este año, que el paciente masculino de nombre José del Carme Frías Galmiche, debía ser valorado medicamente. Asimismo, hizo constar que esa persona le dijo al galeno que desde hace más de un año y medio sufrió una caída y al impactarse según refirió en el suelo, se disloco el hombro izquierdo. En conclusión, posterior a la revisión médica, el médico hizo constar que después de la revisión el quejoso no amerita atención médica de urgencias. De lo que se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa no ponen en riesgo su salud e integridad física.???????? Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial con registro 2023391, cuyo rubro y contenido dicen: "OMISIONES INHERENTES A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO O ASISTENCIA MÉDICA. A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN CONDICIONES DE DECIDIR SI ADMITE O DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE REALIZAR UN JUICIO VALORATIVO DE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL QUEJOSO.- El ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", respectivamente, permite concluir que cuando un interno promueva demanda de amparo indirecto, en la que reclame omisiones inherentes a condiciones de internamiento, previo a instar la acción constitucional, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "peticiones administrativas", así como los medios de impugnación previstos en su contra; sin embargo, cuando tal omisión esté relacionada con la prestación del servicio médico o asistencia médica, el Juez de Distrito, a fin de estar en condiciones de pronunciarse en relación con la admisión o el desechamiento de la demanda de amparo, deberá realizar un estudio preliminar de las circunstancias particulares y los elementos vertidos por el quejoso en su escrito, bajo protesta de decir verdad, a fin de ponderar si la atención médica solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento que requiera de cierta atención urgente curativa o de rehabilitación médica, verbigracia, cuando el interno precise de un procedimiento para el restablecimiento de su salud, para tratar una enfermedad, o bien, de alguna acción tendiente a corregir las invalideces físicas o mentales que sufra, que de no prestarse oportunamente, causen al quejoso dolor físico o un estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida; juicio valorativo que le permitirá decidir al juzgador, atendiendo al caso particular, si se está o no ante una excepción al principio de definitividad, que permita al interno acudir directamente al juicio de amparo". Así como la jurisprudencia con registro 2020430, cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.- Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención???? oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el quejoso José del Carmen Frías Galmiche, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". ARMANDO BLANCO PALMEROS QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. SEXTO. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación de la presente sentencia al impetrante se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada.?????? Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud de la fedataria de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respecto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección creset2010@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada de la presente resolución, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias a la actuaria de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, la Actuaria Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José del Carmen Frías Galmiche, contra el acto reclamado precisado en el considerando SEGUNDO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese a las partes y por videoconferencia al quejoso.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante diligencia de diecisiete de septiembre del año en curso, se tuvo a la Licenciada Candelaria Frías Frías, protestando el cargo como defensora pública del quejoso José del Carmen Frías Galmiche; por lo que el plazo de los ocho días para que se imponga de los autos del presente juicio se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, comunica que designó a la Licenciada Candelaria Frías Frías, para que represente en el presente juicio al quejoso José del Carmen Frías Galmiche. En consecuencia, requiérase a la Licenciada Candelaria Frías Frías, para que proteste el cargo como defensora pública del quejoso José del Carmen Frías Galmiche, por lo que córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que notifique personalmente el presente proveído a la defensora Candelaria Frías Frías, así también, para que en el acto de la notificación, o bien, en el plazo de tres días contados una vez notificada de dicho auto, realice la diligencia de protesta de cargo a la referida defensora en el domicilio que señaló en su oficio de cuenta para tal efecto. Bajo el apercibimiento que de negarse con lo solicitado la citada defensora, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. Notifíquese y personalmente a la defensora pública.
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