José del Angel Bravo Roche
Expediente 1555/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1555/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- José del Angel Bravo Roche
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese, el oficio signado por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, mediante el cual reexpide el oficio por el que informó a este órgano jurisdiccional que se avocó al conocimiento al conocimiento de la demanda de amparo 1555/2023, del índice de este juzgado, la cual se registró con el número 670/2023-I-B, en atención a su contenido fue materia del pronunciamiento efectuado en proveído de uno de agosto del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que en el expediente de varios obra el oficio 13657/2023 de cuatro de julio del año en curso, el cual se encuentra dirigido al Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, sin embargo, dicho oficio corresponde al presente expediente. En consecuencia, agréguese para que obre como legalmente corresponda copia del aludido oficio y en relación a su contenido, téngase a la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, informando que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo 1555/2023 del índice de este juzgado, la cual se registró con el número 670/2023-I-B. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTILLO. Es destruible, pues se desistió la competencia declinada; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 19, fracción I inciso b). ORDEN DE ARCHIVO. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. CÚMPLASE
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Con la demanda de amparo promovida físicamente por******************** contra actos de la Delegada del Registro Agrario Nacional de ********************, con residencia en la ciudad de Chetumal, ********************, y otras autoridades; al respecto se provee: PERSONALIDAD. Sin mayor pronunciamiento toda vez que la presente demanda se promueve por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1555/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la Delegada del Registro Agrario Nacional de ********************, con residencia en la ciudad de Chetumal, ********************, y otras autoridades, lo siguiente: La omisión de acordar la solicitud de adopción de dominio pleno, relativa a la cancelación del certificado parcelario número y la expedición del título de propiedad, respecto a la parcela número ******************** y demás asignadas del Ejido de ********************, Municipio de ********************, Estado de ********************. INCOMPETENCIA LEGAL. En primera instancia debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es obligatorio, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerse se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la ley de amparo, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 1003616, consultable en la página 1980, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte -TCC Primera Sección- Competencia para conocer del juicio de amparo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a Septiembre de 2011, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en el presente caso, se surte la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en donde deba ejecutarse el acto reclamado, pues si bien el acto reclamado constituye un acto omisivo, sus consecuencias jurídicas se materializarán en diversa entidad federativa. Al respecto, debe precisarse que los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribirá a éstos. Para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, la Primera Sala resolvió en el amparo en revisión 1241/1997, que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007 la Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Bajo ese contexto, el quejoso reclama, en esencia, una omisión con ejecución material, por lo cual este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que, como ya se dijo, sus consecuencias jurídicas se materializarán en diversa entidad federativa. En efecto, el acto reclamado por la parte quejosa es susceptible de constituir una omisión con ejecución material, por la situación especial en que refiere encontrarse, derivado del vínculo objetivo e indisoluble entre: a) El trámite de la solicitud de cancelar el certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, que se desarrolla ante la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en Chetumal, pues es ante dicha autoridad donde se presentó dicha solicitud. b) La obligación de las autoridades responsables cancelar el certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, derivado de la citada solicitud. En efecto, se insiste, la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, en el proceso administrativo correspondiente si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión de las autoridades administrativas de realizar la cancelación y expedir el título de propiedad en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el procedimiento administrativo. Esto es, el omitir dar continuidad al procedimiento administrativo, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente no involucraría un "hacer", que es expedir el título de propiedad al quejoso lo más pronto posible. De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente en el procedimiento administrativo, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontremos ante un acto omisivo con efectos positivos. Por tanto, la consecuencia material que se produce en la esfera jurídica de la parte promovente, se producirá en el inmueble que defiende la parte quejosa ubicado en la parcela número ******************** y demás asignadas del Ejido de ********************, Municipio de ********************, Estado de ********************, lo que conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada, lo que trae como consecuencia que la omisión reclamada tenga una ejecución material en aquél municipio que se encuentra fuera del ámbito competencial en el que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Por ende, se actualiza la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es Juez competente el del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, a saber corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Chetumal, que por razón de turno corresponda. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Undécima Época, con registro digital 2023548, que es del tenor literal siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2024553, Undécima Época, que a la letra reza: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Finalmente, se cita en cuanto a su contenido en lo aplicable al presente asunto, la tesis I.10o.T.8 L (10a.), con número de registro 2023429, del Décimo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, de la Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4833, que a la literalidad señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE. Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo y su copia, al Juzgado de Distrito en el Estado de ********************, con sede en Chetumal, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la misma residencia y se solicita de la manera más atenta al órgano federal que conozca de la demanda, comunique a este juzgado federal, lo que tenga a bien determinar. CONSIDERACIÓN ADICIONAL. En similar criterio se ha pronunciado el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 5/2022; 4/2023; 5/2023; 8/2023; 9/2023 y 12/2023, de su índice; y, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 5/2022; 4/2023; 12/2023, 13/2023 y 14/2023, de su índice, respecto a las omisiones de dar trámite a las solicitudes de cancelación de certificado parcelario. En los asuntos materia de los conflictos competenciales precitados, se resolvió respecto a la competencia de conocer de los juico de amparo respecto a las omisiones de expedición de títulos de propiedad, en los cuales, de forma similar en lo conducente, se consideró que dichas omisiones conllevan implícitamente una ejecución material, por lo que no se trata de una simple omisión, debiendo realizar tales actos la autoridad ante quien se presentó la solicitud correspondientes, la cual se encuentra ubicada en el Chetumal, ********************, por lo que se determinó que será competente para conocer del juicio de amparo el Juzgado de Distrito de esa entidad. Criterio que este juzgador comparte, tal como se expresó en párrafos precedentes. CONSULTA ELECTRÓNICA. Como solicita la parte promovente, y toda vez que los usuarios ******************** se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que acreditaron el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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