Jose de Jesus Lima Fernandez
Expediente 1403/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Jose de Jesus Lima Fernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 528/2023. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ******************** contra la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito:1. El original del escrito de revisión y de expresión de agravios.2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 3. Un legajo consistente en las copias certificadas del juicio de origen (********************) y un disco en formato DVD, remitidos por la autoridad responsable. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.********************Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. CÚMPLASE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte tercera interesada ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, el original del referido escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, un legajo y un disco en formato dvd remitidos durante la tramitación del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al representante especial de los infantes de identidad reservada ********************y********************
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo,(...) V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1403/2023-II, promovido por *****, por sí y en representación de sus hijas **** y ****, contra actos del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, ambos con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió demanda de amparo (fojas 2 a 5 del juicio de amparo) presentada por *****, por sí y en representación de sus hijas **** y ****., sucesivamente parte quejosa, contra actos del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, ambos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El veintinueve de mayo siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en este juzgado; por lo cual, en auto de treinta posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1403/2023; se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y a un representante especial, y se emplazó a la parte tercera interesada. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama un auto en materia civil ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juzgador de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hacen consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad Acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales ***/2022, de su índice, en el que modificó la modalidad del régimen de convivencias entre los aquí quejosos, ya que se cambió a visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán. Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad Ejecución de la citada modificación. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. La certeza se corrobora con las constancias remitidas como justificativas de su respectivo informe referente a copias certificadas del juicio especial de divorcio sin causales 151/2022, con las que se formó un LEGAJO; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos certificados por una autoridad judicial, en el ejercicio de sus funciones. De igual manera, debe tenerse por existente la ejecución reclamada al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; ello, a pesar de que no se rindió el informe respectivo, puesto que en principio la Jueza responsable reconoció la existencia del auto cuya ejecución se le atribuye al citado Centro y, además, porque así lo permite el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el cual establece que cuando se omita rendir el informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado. (...) Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Previo a iniciar el estudio, se precisa que dado que el tema a resolver tiene como objeto determinar sobre el derecho a las convivencias entre el aquí quejoso y sus menores hijas también quejosas, se actualiza en su favor la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser menores de edad y al estar involucrado un tema relacionado con su derecho a convivir, con lo que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Ello, con base en las razones esenciales, contenidas en la jurisprudencia con registro 2022087, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: «SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. (...). En ese orden de ideas, la parte quejosa hace valer diversos conceptos de violación de los que destaca que considera que la resolución reclamada es ilegal, porque no se fundó ni motivó la razonabilidad del cambio del régimen de convivencias de la modalidad de entrega-recepción a la supervisada, aunado a que no se respetó su derecho de audiencia, porque no se le dio vista con la prueba superviniente (memoria USB) ofrecida por la aquí tercera interesada. Dicho argumento, aunque suplido en su deficiencia, resulta fundado. En principio, cabe destacar que del cúmulo de antecedentes relatados se extrae que, si bien es cierto que desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado responsable estableció que las convivencias tendrían lugar, los días sábado y domingo de cada quince días, en la modalidad de entrega-recepción, para lo cual, el aquí quejoso debería acudir por sus menores hijas **** y ***, a las diez horas del sábado, para devolverlas a las dieciocho horas del domingo. También cierto es que desde que se decretaron hasta la fecha en que se modificaron (diecisiete de mayo de dos mil veintitrés), sólo obra registro de una convivencia efectiva realizada el siete de mayo de dos mil veintitrés y a partir de ella, la aquí tercera interesada solicitó que se modificaran a la modalidad supervisada, a lo que así se accedió porque se dijo era para salvaguardar el derecho a convivir de las menores. Esto es, de noviembre de dos mil veintidós a mayo de dos mil veintitrés habían transcurrido seis meses y durante todo ese tiempo, las menores quejosas sólo pudieron convivir con su padre aquí quejoso, en al menos una ocasión, por diferentes razones, pero, en síntesis, de doce convivencias, sólo una fue efectiva, y de las once que no fueron efectivas, nueve obedecieron a que la aquí tercera interesada no presentó a sus menores hijas y dos fueron por inasistencia de ambos padres. En ese contexto, a pesar de que ya se le ha requerido en al menos una ocasión a la aquí tercera interesada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés para que presente a sus menores hijas, lo cierto es que sólo las ha presentado el fin de semana del seis y siete de mayo de dos mil veintitrés. Sin que en este momento corresponda analizar lo que cada una de las partes alegó en torno a las inasistencias referidas, pues lo que realmente importa es que durante todo ese tiempo (seis meses), los aquí quejosos sólo lograron convivir en una ocasión. En tal sentido, el auto reclamado no se emitió con una motivación suficiente, porque el motivo toral por el que decretó el cambio de convivencias que se venía ejerciendo, fue porque no se había podido disfrutar en forma efectiva, pero con tal actuar dejó de analizar el contexto del caso, esto es, no se analizó detalladamente cuál era la razón de ello, de esta forma, no se estableció una razón lógica que permita verificar la constitucionalidad del cambio al régimen de convivencias. Es así, pues si del contexto ya puesto de relieve se advierte que las convivencias no se habían venido realizando porque los padres no se presentaron (nueve veces la madre custodia y dos veces ambos padres), entonces no hay forma de asegurar que con el cambio a la convivencia supervisada en un Centro de Convivencias, entonces sí, los padres acudirán. Estimar lo contrario, llevaría al extremo concluir implícitamente que los padres sólo cumplirán con las convivencias decretadas cuando se fijen en un Centro de Convivencias, lo cual se reitera no es lógico conforme el panorama probatorio expuesto, puesto que las convivencias no se han venido materializando porque los padres no acudieron, y no por el lugar en el que se deben realizar, lo que inclusive, de ser así, por ese único aspecto, no sería un motivo válido para realizar el cambio. Tal es el caso que obran peticiones de modificaciones que previamente fueron negadas, por ejemplo, la realizada por la tercero interesada G******, en la audiencia preliminar de dos de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó la modificación de las convivencias a supervisadas. E incluso diversos escritos del quejoso **** en donde ha venido solicitando que se requiera el cumplimiento de las convivencias. A pesar de ese contexto, no se proveyó oportunamente para garantizar las convivencias y, en lugar de ello, mediante el acuerdo reclamado, simplemente se modificaron las convivencias, dado que se afirmó que la convivencia supervisada será más controlada respecto a las manifestaciones que uno y otro progenitor frecuentemente señalan el uno contra el otro, lo que, a criterio de la Jueza responsable, ha propiciado una problemática entre los padres de las menores que ha generado la ineficacia de dicha convivencia. Ello, en atención a un escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que la aquí tercera interesada solicitó el cambio del régimen de convivencias bajo la modalidad entrega-recepción, al diverso de supervisadas, al estar en riesgo las menores quejosas, dado que se alegó que el siete de mayo de dos mil veintitrés, cuando el aquí quejoso pudo convivir con sus menores hijas, realizó actos que esencialmente se dijo consistieron en hacerle pensar a una de sus menores hijas que "Mérida, es aburrido" y dado que generó inestabilidad emocional porque le compró juguetes, pero al devolver a su menor hija, no se los entregó, según se afirmó, para influir negativamente en ella. Lo anterior, porque el aquí quejoso reside en Quintana Roo, y la tercera interesada, con las menores quejosas, en esta ciudad. A fin de acreditar ello, exhibió unos audios contenidos en una memoria USB, que la Jueza responsable remitió en un DVD. Derivado de lo anterior, se extrae que el punto jurídico a resolver en el presente asunto se centra en responder la siguiente interrogante: ¿Basta con que exista un señalamiento de una posible afectación a la estabilidad emocional de las menores quejosas para modificar el régimen de convivencias; o bien, qué trámite se debe dar a dichas alegaciones? Sobre ello, se considera que basta con que exista la petición de modificación para que se le deba dar trámite, pues el hecho de que exista un régimen de convivencias provisionales ya fijado, no es motivo legal para dejar de tramitar la modificación solicitada. Se afirma lo anterior, porque el artículo 321 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, establece que las decisiones sobre el régimen de convivencias del menor de edad, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, sí es objeto de modificación y que se privilegiará el interés superior de éste, atendiendo al derecho que tiene de convivir con la madre o el padre no custodio ante cualquier circunstancia, que a criterio del órgano jurisdiccional, amerite dicho cambio o modificación. Pese a ello, el hecho de que sea posible la modificación no implica que todas las peticiones deban considerarse procedentes, sino sólo aquellas en las que se justifique la necesidad de la modificación del régimen de convivencias, con respeto al derecho de audiencia de la parte afectada, o bien, de inmediato a efecto de salvaguardar el interés superior de los menores, desde luego, atendiendo al caso concreto y justificando por qué se dejó de respetar el derecho de audiencia, en su caso. En ese contexto, le asiste la razón a la parte quejosa dado que del contenido de la resolución reclamada y de los propios autos del procedimiento especial de divorcio, se advierte que la Jueza responsable ha dejado de tomar en cuenta todo lo que ha acontecido desde que se decretaron las convivencias provisionales. Esto es, es cierto que la parte tercera interesada adujo un posible riesgo para las menores involucradas y que posiblemente se tomó en cuenta el material probatorio que existía, pero en el auto reclamado no se expusieron argumentos sobre tales aspectos, sino que simplemente se concluyó que las convivencias supervisadas eran más idóneas para garantizar las convivencias, pero sin justificar el porqué; menos cuando existe un panorama en el que se advierte que en al menos nueve ocasiones no se ha realizado la convivencia porque la aquí tercera interesada no presentó a sus menores hijas, lo que ha impedido que se cumpla con las convivencias en la forma en que se ordenaron. Lo anterior, revela que la resolución reclamada vulnera el artículo 16 constitucional, pues no se cumplió con el deber de fundar y motivar de manera puntual cuál es la razón jurídica por la que era necesaria la modificación de régimen de convivencias, ya que más allá explicar fundando y motivando la razón de la variación, simplemente se concluyó que era necesario porque era lo mejor para las menores, pero sin justificar el porqué; además, con tal actuación se dejó de apreciar el contexto que ha sucedido en este asunto. No es obstáculo que durante la tramitación del procedimiento de origen, la parte demandada aquí tercera interesada haya justificado sus inasistencias y que hubiere pedido la modificación por un riesgo para sus menores hijas. Ello, en virtud que precisamente al fundar y motivar en términos de lo que exige el artículo 16 constitucional, se podrá analizar la totalidad de las constancias que obren en el procedimiento especial de divorcio y, en consecuencia, se podrá emitir una resolución que tutele como lo exigen los artículos 322 y 323 del del Código de Familia para el Estado de Yucatán, como aspecto primordial, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el principio de igualdad entre ambos progenitores para establecer cuestiones relativas a vacaciones, días festivos, onomásticos, asistencia a eventos, y demás relaciones de aquéllos con sus progenitores y con los demás miembros de las familias de origen. Ello, puesto que no puede soslayarse que las convivencias no es un derecho exclusivo de los progenitores, sino primordialmente del menor, en virtud que conforme al artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. Incluso con su familia extendida (abuelos), como se ha determinado en el amparo directo en revisión 5482/2019, resuelto el trece de enero de dos mil veintiuno, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden de ideas, la Sala citada, en el amparo directo en revisión 473/2020, resuelto el veintiséis de enero de dos mil veintidós, reiteró que en diversos precedentes ha determinado que las visitas y convivencias son fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad de los menores y que ha señalado en reiteradas ocasiones que la importancia de establecer un régimen de visitas y convivencias efectivo, debe de regir cualquier decisión que se tome sobre los derechos de un menor. En efecto, en la contradicción de tesis 123/2009, resuelta por la propia Sala, se estableció que el menor "tiene derecho a que se propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual en la mayoría de los casos resulta necesaria e indispensable la convivencia con ambos progenitores". Por otra parte, en el amparo directo en revisión 3094/2012, se aclaró que las visitas y convivencias son un derecho-deber. Lo anterior, según la doctrina de la Suprema Corte, implica que: es incuestionable que los padres que no ejercen o comparten la guarda y custodia tienen derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores con fundamento en la patria potestad que ejercen sobre éstos. Pero por otro lado, como ya se ha señalado, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho de los menores. En este sentido, impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". De todo lo anterior, se puede desprender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los menores tienen un derecho de convivir con ambos progenitores ya que es de suma importancia para que éstos puedan desarrollarse plenamente. Además, de dicha figura también se desprende un derecho-deber de los padres a convivir con sus hijos; lo cual implica que el padre custodio tiene el deber de permitir que se lleven a cabo las convivencias con el otro. Tal es el caso, que incluso ante la negativa injustificada de permitir las convivencias, la Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 2710/2017, en el que se vio en la necesidad de determinar sobre la procedencia del cambio de guarda y custodia ante el incumplimiento del régimen de convivencias, estableció su doctrina en torno a que las decisiones de dicha índole, deben atender a un estándar de riesgo, esto es, que debe tomarse la decisión que se considere genera la menor probabilidad de riesgo, entendido como el daño que se provoque a los menores a quienes se dirige la norma. De ahí que se evidencie lo necesario de que tal como lo solicitó la parte quejosa, en este caso, antes de que se decrete algún cambio, se le respete su derecho de audiencia a José de Jesús Lima Fernández, ya que lo importante es que se escuche a las partes involucradas, en aras de respetar el interés superior de las menores, para: 1) Analizar si el contexto actual amerita un cambio en el régimen de convivencias provisionales; 2) Ordenar la práctica de las pruebas y diligencias que para mejor proveer estime necesarias; y, 2) Respetar el derecho de las menores a ser escuchado -de ser viable-, atendiendo a su edad actual; ello, a fin de que se pondere su dicho con todos los medios de convicción, para así determinar la forma en que deberá resolverse sobre la solicitud de modificación del régimen de convivencias provisionales. Con lo anterior, no se soslaya que el argumento de la parte tercera interesada en torno a que sus menores hijas se encuentran en un peligro real al estar con el quejoso José de Jesús Lima Fernández; sin embargo, con las constancias que obran en el procedimiento especial no se advierte un riesgo notorio y manifiesto que haga evidente lo innecesario de respetar el derecho de audiencia del citado quejoso y, por ende, al no haberse pronunciado la Jueza responsable sobre ello y en aras de no sustituirse en sus facultades, será a dicha juzgadora a quien le corresponda pronunciarse en primer momento, con libertad de jurisdicción. En ese contexto, ante lo fundado del concepto de violación analizado, aunque suplido en su deficiencia, lo procedente es conceder la protección constitucional, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. Concesión que se hace extensiva a la ejecución reclamada al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios. Por otra parte, no se analizarán los alegatos formulados por la parte quejosa, al no formar parte de la litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: A. Deje sin efectos el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, exclusivamente en la parte que modificó el régimen de convivencias, dictado en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales 151/2022, de su índice; y, B. Emita un nuevo acuerdo, en el que corra traslado con la petición de modificación del régimen de convivencias realizada por Graciela Castilla Martínez al aquí quejoso José de Jesús Lima Fernández, en la forma que se estime procedente, y se continúe con la secuela procesal conducente. C. Finalmente, en aras de evitar que se defrauden los derechos de los menores y dada la dilación en que se ha incurrido con motivo de la falta de atención a las convivencias que no han sido efectivas entre los aquí quejosos, en seguimiento a lo abordado en esta sentencia, con la debida diligencia, dentro de un breve término que no podrá exceder de quince días, se deberá agotar el trámite respectivo y, una vez hecho esto, con libertad de jurisdicción, se deberá emitir la resolución que en derecho corresponda sobre la modificación del régimen de convivencias, analizando el contexto probado derivado de la totalidad de las constancias existentes y salvaguardando el interés superior de las menores quejosas. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, por sí y en representación de sus hijas **** y ****. contra los actos reclamados consistentes en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales 151/2022, de su índice, en el que modificó la modalidad del régimen de convivencias entre los aquí quejosos, ya que se cambió a visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, atribuido a la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y su ejecución, atribuida al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.
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