José de Jesús Lima Fernández
Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- José de Jesús Lima Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********************, por sí y en representación de los menores********************contra la sentencia firmada el cinco de junio de dos mil veintitrés; formándose el toca de amparo en revisión ******************** Tómese conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por José de Jesús Lima Fernández, parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el cinco de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El escrito de recurso de revisión y de expresión de agravios interpuesto por José de Jesús Lima Fernández, parte quejosa en el presente asunto, remitido vía física. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 3. Un disco en formato DVD. 4. Tres legajos, el tercero consistente en un disco en formato DVD remitidos por la autoridad responsable. Lo anterior, para la sustanciación del referido recurso. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el cinco de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del referido escrito del recurso de mérito, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente al representante especial y tercera interesada.
- Principal
(...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 996/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, en Mérida, promovido por ********************, por su propio derecho, y en representación de sus hijos ********************. y ********************, contra el acto reclamado a la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. (...) SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia que nace de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos en sentido contrario, pues la resolución reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos, por ende, no cuenta con la cualidad necesaria para ser considerado un acto dentro de juicio de imposible reparación. En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos citados se obtiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; en cambio, en la comprensión en sentido contrario de esas normas, la acción constitucional será improcedente cuando el acto dentro de juicio cumpla con esta condición, es decir, se trate de un acto que no cause una afectación de imposible reparación. Esto es, conforme al marco constitucional y legal en materia de amparo, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos de dentro de juicio quedó condicionada a que éstos provoquen una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica de la persona, convirtiéndose en la característica determinante para la procedencia o improcedencia del juicio constitucional. En relación a esa cualidad de los actos dentro de juicio, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno del Alto tribunal sostuvo que en el actual régimen de amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que introdujo una definición legal en la que reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, según lo expuesto por el Alto Tribunal, se estará ante un acto de imposible reparación dentro de juicio, cuando sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. En cambio, no se estará ante este supuesto cuando el acto dentro de juicio únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de la Nación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De esa forma el Pleno del Alto Tribunal definió que en la Ley de Amparo se puntualizó el carácter excepcional de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados dentro de juicio y, en concordancia con ello, resolvió de forma categórica la improcedencia del juicio respecto de actos que sólo causen afectaciones adjetivas, como en los casos en los que no se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente o se trate de afectaciones que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Además, siguiendo la pauta interpretativa reseñada, al resolver la contracción de tesis 370/2017, el Pleno del Alto Tribunal del País aclaró que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia de tercero al procedimiento no constituye un acto de imposible reparación; destacándose de la ejecutoria las reflexiones siguientes: I. La lesión a un derecho sustantivo dentro de un procedimiento judicial necesariamente debe ser de naturaleza material para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación. II. El mero hecho de que algún acto u omisión por parte de un órgano jurisdiccional afecte la prontitud o celeridad con la que deben llevarse a cabo los juicios, no implica de suyo, que se está frente a un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, salvo casos verdaderamente excepcionales. III. Que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia P. /J. 7/2019 (10a.) de rubro y texto siguiente: [.] En el caso que se analiza, la resolución reclamada no causa una afectación de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro juicio, ya que no trasciende directamente en algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ya que sólo decidió sobre el desechamiento de una prueba documental. En efecto, de la revisión del registro de audio y video que contiene la audiencia preliminar de dos de marzo de dos mil veintidós, se desprende que la Jueza Familiar desechó la prueba documental que ofreció el quejoso, consistente en un dispositivo USB que exhibió en el escrito de nueve de diciembre de dos mil veintidós; ello ya que consideró que no reunió las características de ser una prueba superveniente en términos de los artículos 291 y 292 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Inconforme, en la propia audiencia, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, en el que expuso que la prueba que ofreció es necesaria para que la resolución sea ajustada al interés superior de la niñez, pues el contenido del dispositivo es un video que muestra la convivencia de las niñas con sus abuelos. Sin embargo, la Jueza Familiar lo declaró infundado, toda vez que calificó inoperantes los agravios, ya que no controvirtieron que la prueba documental no tenía el carácter de superveniente. Pues bien, como se observa la resolución reclamada está vinculada con el desechamiento de una prueba documental, por lo que dentro del procedimiento no trasciende materialmente en algún derecho sustantivo de la parte quejosa, necesaria para ser considerada como un acto de imposible reparación. Es así, porque aun cuando la quejosa considera que se le privó de la posibilidad de ofrecer pruebas pertinentes e idóneas dentro del procedimiento familiar; la decisión de la Jueza responsable sólo en derechos adjetivos, pero materialmente no causa alguna afectación en el derecho a recibir alimentos. Es así, porque la ausencia la prueba no significa que, necesariamente, se dictará una sentencia desajustada a derecho y contraria al interés superior del menor, pues será hasta la sentencia cuando se esté en aptitud de determinar, si ese la falta de prueba trascendió o no, en el resultado. Además, el procedimiento natural aún se encuentra en trámite, por lo que la Jueza responsable estará en aptitud de determinar, una vez que desahogue las pruebas ofrecidas por las partes, sobre la necesidad de allegarse de pruebas. No es obstáculo a lo anterior, que alegue violación al interés superior de la niñez, pues tal circunstancia no tiene como consecuencia modificar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que la posible afectación que aduce la quejosa, es incierta y dependerá de lo que se resuelva en la sentencia, pues la falta de la prueba no conlleva invariablemente un fallo contario al principio mencionado. Bajo ese panorama, con fundamento en los artículos 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, 113 de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos en sentido contrario, se sobresee en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, y en representación de sus hijos ********************. y ********************, contra el acto reclamado a la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
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