José de Jesús Díaz García

Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
290/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • José de Jesús Díaz García
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en el referido numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 5. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 5253/2022, a través del cual se le notifica la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    veintiocho de febrero de dos mil veintidós ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con treinta y siete minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 290/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez con la demanda de amparo, admisión, informes justificados y actas de emplazamiento de los terceros interesados; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales y disco óptico ofrecidas por las autoridades responsables; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas y se cierra esta fase al no haber prueba pendiente por desahogar. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria da cuenta con los formulados por el agente del Ministerio Público de la adscripción del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fue el originalmente conocedor de la demanda que dio origen a este juicio; a lo que el juez acuerda: ténganse por rendido el alegato de cuenta y por perdido el derecho de alegar de las demás partes, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 290/2021, promovido por , por conducto de su apoderado jurídico , por alegada violación de los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida la jueza de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: I. SOBRESEER EN EL JUICIO. II. NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a las autoridades responsables los siguientes actos: 1) Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. 2) Juez Menor. 3) Juez de Ejecución de Sanciones Penales. 4)Juez Mixto de Primera Instancia. Todas del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. La orden de aprehensión girada en su contra. 5) Fiscal General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. 6) Fiscal Regional de Zitácuaro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado Michoacán de Ocampo. Su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse una orden privativa de libertad en que la autoridad ejecutora con residencia en Zitácuaro, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados al 1) juez Menor, 2) juez de Ejecución de Sanciones Penales y 3) juez Mixto de Primera Instancia, todos del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán; tampoco el atribuido al 4) fiscal general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Por su parte, el quejoso no aportó pruebas para desvirtuar las negativas referidas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto del acto que se atribuye a las citadas autoridades. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La jueza de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro y el fiscal regional de Zitácuaro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado Michoacán de Ocampo, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron, en consecuencia, deben tenerse por ciertos. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas a la causa penal 19/2015, que en vía digital remitió la autoridad judicial responsable en apoyo a su informe, que también contienen el audiovisual de la audiencia de veintiuno de agosto de dos mil quince, donde se resolvió lo relativo a la petición de orden de aprehensión reclamada. Las cuales adquieren valor probatorio pleno de documental pública conforme con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición en su artículo 2°, segundo párrafo. Así como con la jurisprudencia de registro digital 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de la norma general, acto u omisión reclamada. Son infundados los conceptos de violación. La parte quejosa expuso que se transgreden en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, señalando como conceptos de violación, en esencia, que no ha cometido acción ni omisión que amerite que se le prive de la libertad personal y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior es así, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, establece las formas de conducción del imputado, a efecto de lograr que se encuentre presente en todas las etapas del proceso, lo cual se logra a través de: Citatorio para la audiencia inicial. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). Orden de aprehensión (cuando el agente del Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Como requisito para esas formas de conducción al proceso, el numeral en análisis, en su segundo párrafo, indica que en la clasificación jurídica que realice el agente del Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Así pues, el caso previsto en la fracción I, se actualiza cuando el agente del Ministerio Público recaba los datos que le indican la probable comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al juez de control que lo cite a audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al caso previsto en la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Mientras que, la orden de aprehensión referida en la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido ante la presencia del juez de control, sin previa cita, a fin de formular la imputación. En este caso, deben colmarse los requerimientos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: a) Que sea librada por la autoridad judicial competente; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; c) Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, y; d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Adicional a dichos requisitos, debe colmarse la necesidad de cautela que exige la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En cuanto a dicho tópico -necesidad de cautela-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1ª./J. 20/2020 (10ª.), con número de registro 2021956, de epígrafe "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA ´NECESIDAD DE CAUTELA´ ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA", dijo que la orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal, que tiene como objetivo garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal ante el juez de control, por tanto, presupone la carga al agente del Ministerio Público, al obligarlo a justificar frente al juzgador, la necesidad de cautela de la persona indiciada, lo cual se satisface porque: a) Existe riesgo de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia; b) Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional deriva del hecho de que, la forma en que se presenta al imputado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que, su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado, ya que no implica necesariamente que el indiciado guardará prisión preventiva, pues ello sería materia de objeto de medidas cautelares. En el caso en concreto, la fiscalía como medio de conducción del imputado al procedimiento, optó por solicitar a la jueza de control que girara orden de aprehensión contra el quejoso José de Jesús Díaz García, en términos del párrafo primero de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, derivada de la causa penal 19/2015, celebrada el veintiuno de agosto de dos mil quince, cuyo audiovisual y resolutivos constan por escrito acorde a las constancias remitidas por la jueza responsable, mismas que fueron valoradas en el considerando cuarto, se advierte que se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, así como los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. Ahora, del análisis realizado al acto reclamado, se obtiene que aquél fue dictado por una autoridad judicial competente para ello, ya que, en el caso, la orden de aprehensión fue emitida por un juez de control perteneciente a la región de Zitácuaro, Michoacán, quien, de conformidad con los artículos 36, fracción XXIII, y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán, ejerce jurisdicción en el ámbito territorial que corresponde a Tuzantla, Michoacán, lugar en el que ocurrió el hecho con apariencia de delito a que alude la causa penal de origen. De manera que se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad identificado en el punto 1, consistente en que la orden de aprehensión fuera dictada por autoridad competente para ello. Se suma a lo anterior, la circunstancia de que, al emitir el acto reclamado, el juez responsable relató diversos antecedentes de investigación, dentro de los cuales evidenció la existencia de la denuncia de noticia criminal del oficial Juan Manuel Pérez Ortiz, datada el diecinueve de agosto de dos mil quince, en la que, en esencia, refirió lo siguiente: El diecinueve de agosto de dos mil quince, entre las quince treinta horas en el domicilio de Arnulfo García Bonilla, ubicado en la ranchería La Soledad Grande, perteneciente al municipio de Tuzantla, Michoacán, previamente discutieron los imputados José Jesús Díaz García, Juvenal Pérez García y Francisco Jesús Díaz García, por lo que éstos se retiraron del lugar previamente y regresaron, José de Jesús Díaz García accionó la escopeta disparándole a , causándole alteraciones que le produjeron la muerte, como fue la laceración del tejido cerebral y traumatismo encefálico por la proyección de múltiples proyectiles de arma de fuego, que de acuerdo al informe pericial de necropsia, le causaron la pérdida de vida. De igual forma al momento de disparar José de Jesús Díaz García contra , el menor de iniciales M.A.G.S. salió de la casa e intentó hacer algo por su papá, al momento que sucedió eso Juvenal Pérez García y Francisco de Jesús Díaz García, quienes también portaban armas dispararon contra el menor. Se resolvió que dichos hechos correspondieron al delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el artículo 117 del Código Penal del Estado, toda vez que se justificó la muerte de , que su deceso ocurrió por una causa externa no atribuible a él, sino a otra persona que actuó de forma dolosa porque lo hizo sabiendo la consecuencia que podía ocasionarle, así como el intento de homicidio del menor M.A.G.S. Esto es, conforme al relato precedente, se aprecia que la denuncia corresponde a un hecho constitutivo de un delito, el cual fue identificado por el juez responsable como homicidio calificado en agravio de en términos del artículo 117, 132 y 135 y homicidio en grado de tentativa en agravio del menor M.A.G.S., en términos de los artículos 177, 122 135, fracción I, inciso b, 16, 19, 20, 22, 24, fracción II y 71 en donde se estable la punibilidad de la tentativa, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. En ese sentido, la constancia del acto reclamado permite advertir que se cumple con el requisito de procedibilidad identificado en el punto 2, ya que el Juez responsable estableció que, previo al dictado de la orden de aprehensión, precede una denuncia de un hecho que la ley señale como delito que se sanciona con pena privativa de libertad. Igualmente, el juez responsable estableció que la agente del ministerio público anunció que obraban en la carpeta de investigación diversos datos de los cuales podía advertirse que a) se había cometido un hecho constitutivo de delito; y, b) existía la probabilidad de que los indiciados, entre ellos, José de Jesús Díaz García [aquí quejoso] lo habían cometido o participado en su comisión, los cuales identificó como: Denuncia de la noticia criminal de realizada por el oficial Juan Manuel Pérez Ortiz, en la que informó que recibió llamada de la policía municipal de Tuzantla quien refirió que se encontraba en el lugar de los hechos el cuerpo sin vida de . Informe de investigación de la policía ministerial de diecinueve de agosto de dos mil quince. Informe pericial de integridad corporal del menor M.A.G.S. de veintiuno de agosto de dos mil quince. Informe pericial de química forense de rodizonato de sodio de veintiuno de agosto de dos mil quince. Entrevista de y del menor M.A.G.S.. Inspección pericial del lugar de los hechos de veinte de agosto de dos mil quince realizado por el perito . Informe de necro cirugía del perito . Acta de reconocimiento e identificación de cadáver de diecinueve de agosto de dos mil quince, realizado por y . Parte informativo en donde los agentes de la policía ministerial que lo suscriben manifiestan que, al intentar localizar a los imputados ya no han sido vistos. Con lo anterior, se justifica el requisito 3, relativo a que obren datos de prueba. Asimismo, el juez responsable asentó que los datos de prueba reseñados por la fiscalía le permitían tener justificado el hecho delictivo de homicidio en agravio de y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de M.A.G.S. y la probable participación de los indiciados que otorgaban "comisión" y "tenían mérito" para considerar verosímil el planteamiento realizado por dicho representante social. Ello, en virtud de que la autoridad responsable señaló que se acreditaba el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en agravio de en términos del artículo 117, 122, 135, fracción I, inciso b), respecto de la autoría, los preceptos 16, 19, 20 fracción I, 24, fracción II; en lo que respecta al diverso homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del menor M.A.G.S., en términos de los artículos 177, 122 135, fracción I, inciso b), 16, 19, 20, 22, 24, fracción II y 71 en donde se estable la punibilidad de la tentativa, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Asimismo, el juez responsable estableció la probabilidad de que el investigado José de Jesús Díaz García [aquí quejoso] había participado en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de , en cuanto autor material, pues estableció que los datos reseñados permitían establecer que el diecinueve de agosto de dos mil quince, el imputado aquí quejoso, accionó una escopeta en contra de García Bonilla, causándole alteraciones que le produjeron la muerte, como fue la laceración del tejido cerebral y traumatismo encefálico por la proyección de múltiples proyectiles de arma de fuego, que de acuerdo al informe pericial de necropsia le causaron la pérdida de vida. Al respecto, debe señalarse que, a criterio de este órgano jurisdiccional, el juez responsable llegó a la conclusión de su determinación de manera libre y lógica con base en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo al juez de control colegir que existían los datos de prueba suficientes que hicieron evidente la comisión del hecho que la legislación punitiva tipifica como delito de homicidio calificado, además, que existe la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, pues los datos aportados por la Fiscalía así lo apuntaron. Sobre el particular, cobra relevancia el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en la tesis XV.3o.3 P (10a.), que establece: "ORDEN DE APREHENSIO´N. ESTA´NDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL.". Asimismo, debe señalarse que los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, revelan una sustitución en los requisitos siguientes: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior es así, ya que existe un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, pues el ejercicio relativo a la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decidirá si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, al dictar una orden de aprehensión basta con que el juez responsable encuadrara la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adoptó, el tipo penal aplicable. De igual manera, debe señalarse que el nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en una forma de conducción de la persona investigada para la continuación de la indagatoria, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Resulta aplicable, por identidad de razonamientos jurídicos, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En ese tenor, se considera satisfecho el requisito de procedibilidad identificado en el punto 4, ya que el juez responsable estableció que el agente del ministerio público anunció que obraban en la carpeta de investigación diversos datos de los cuales podía advertirse que a) se había cometido un hecho constitutivo de delito; y, b) existía la probabilidad de que el indiciado [aquí quejoso] lo había cometido o participado en su comisión en cuanto autor material. Ahora, en relación con la necesidad de cautela, el juez responsable estableció que aquélla se encontraba justificada ya que en el parte informativo rendido por agentes de la Policía Ministerial, en el que se hizo constar que al intentar localizar a los imputados, entre ellos el aquí quejoso, fueron informados que desde los hechos, éstos no habían sido vistos en el lugar; por ello justificó la necesidad de librar la orden de captura como medida para obtener su presencia ante la autoridad judicial, de modo que, este órgano jurisdiccional considera que se encuentra cumplido el requisito adicional de procedibilidad, consistente en la demostración de la necesidad de cautela al existir riesgo de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Así pues, la orden de aprehensión combatida en esta vía reúne los requisitos de fundamentación y motivación; habida cuenta que quedaron expuestas las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración por el Juez responsable para la emisión de la misma, tal como se desprende de los datos de prueba que analizó y valoró, por cuanto existe adecuación entre los motivos aducidos y la norma punitiva aplicable al caso. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no vulnera derechos fundamentales del peticionario de amparo, ya que, como se dijo, la orden de aprehensión fue expedida por autoridad judicial en pleno ejercicio de sus funciones, por un hecho que la ley señala como delito, que existen datos que acreditan el hecho considerado como delito por ley y que probablemente dicho quejoso participo´ en la comisión del mismo. Habida cuenta que el juez responsable señaló´ las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, en concordancia con los preceptos legales infringidos, lo que implica adecuada fundamentación y motivación, por no actualizarse causa de justificación o excluyentes de responsabilidad a favor del aquí´ quejoso. En esa tesitura tampoco se advierte concepto de violación deficiente que deba de suplirse de oficio, en los términos que prevé´ el artículo 79 de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de violación, se niega el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitada por José de Jesús Díaz García. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al fiscal regional de Zitácuaro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado Michoacán de Ocampo, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad judicial señalada como responsable ordenadora. Robustece lo anterior la jurisprudencia de registro 210140, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con que se comparte criterio, la cual es de epígrafe "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIO´N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Tampoco, pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fue el originalmente conocedor de la demanda que dio origen a este juicio. Sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; mayormente, que tienden a rebatir la fundamentación y motivación del mismo, es evidente que no es materia de este juicio, como se puso de manifiesto, máxime que exponen consideraciones ya respondidas en este considerando. Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José de Jesús Díaz García, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, respecto de los actos y por los motivos ahí establecidos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a contra la orden de aprehensión de veintiuno de agosto de dos mil quince, reclamada a la jueza de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, negativa que se hace extensiva al fiscal regional de Zitácuaro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando sexto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el día de hoy veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe. P-I290/2021 OFICIO(S) 5251, 5252, 5253, 5254, 5255 y 5256.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Desahogo de requerimiento. Visto lo de cuenta, se tiene a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, desahogando el requerimiento hecho en acuerdo de veinticuatro de enero de dos mi veintidós, dado que informa que en el procedimiento penal de origen ZIT/0019/2015, Luz Karina Morales Reyes y Martín García Escobedo, asesores legales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Región Zitácuaro, representarán a la víctima indirecta Estela Suárez Correa (tercera interesada) quienes señalaron como medios de notificación los números telefónicos 715 112 53 70 y 786 101 66 04, respectivamente, así como el correo electrónico zitacuaro.ceeav.mich@gmail.com; asimismo, que Rafael Salazar Esquivel, asesor especializado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Región Zitácuaro, Michoacán, representará los intereses de la menor de iniciales M.A.G.S., quien cuenta como medios de notificación el número telefónico 715 127 59 96 y el correo electrónico rahecel@yahoo.com.mx. 1.1. Orden de emplazamiento. Por tanto, se comisiona al actuario relativo, para que lleve a cabo el emplazamiento de la menor tercera interesada de iniciales M.A.G.S., así como de la diversa tercera con interés Estela Suárez Correa, en cuanto víctimas indirectas dentro de la causa penal de origen ZIT/0019/2015, por conducto de sus representantes dentro de dicha causa, haciendo uso de los medios de contacto electrónico proporcionados por la juez oficiante. 1.2. Requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere a la juez oficiante para que una vez que logre la notificación a las víctimas de la designación que informa, tal como lo señala en su oficio, lo haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que permitan advertir cómo se realizó esa diligencia; lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de tres días siguientes a la data en que ello se realice, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización. 1.3. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VIENTIDÓS, para que tenga verificativo.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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