José Daniel Fernández Dávila
Expediente 439/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Daniel Fernández Dávila
- Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Ahora, toda vez que se advierte que la autoridad responsable remitió diversas a este sumario, se ordena devolverlas a su lugar de origen, sin que sea necesario remitir el acuse de recibo estilado, al tratarse de copias certificadas. Finalmente, intégrese a el oficio de la autoridad que lo suscribe, mediante el cual acusa recibo del comunicado 9551/2021, de este índice, por el que se le hizo del conocimiento el proveído de veinte de mayo que desechó la demanda de amparo promovida por Salvador Sandoval Gutiérrez.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello, deberá depurarse; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el citado numeral de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Alberto Roldán Olvera, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Oficio de cuenta y registro de demanda. Agréguese a los autos el oficio 21-1-3-17513/21, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del PacíficoCentro, con residencia en esta ciudad y secretario de su adscripción, al que anexa lo siguiente: Oficio 21-1-3-17513/21, con el que remite el informe justificado y la demanda de amparo promovida por Salvador Sandoval Gutiérrez, en representación de José Daniel Fernández Dávila, al que se adjuntó un legajo de copias certificadas de todas las constancias del juicio contencioso administrativo número atraído 431/20-21-01-4-0T, así como la sentencia reclamada dictada en el juicio atrayente número 1691/19-21-01-6-OT/ac2. Ahora, en atención al contenido del oficio de cuenta, este Juzgado Federal asume el conocimiento del asunto; acúsese recibo al Magistrado Presidente de la Sala Regional del PacíficoCentro, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número II-439/2021. En consecuencia a lo anteriormente expuesto, se analiza la procedencia o no de la demanda de amparo que nos ocupa. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Acto reclamado. De la literalidad de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: "4. Acto reclamado. La sentencia interlocutoria que emitió la Autoridad Responsable el 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, con la que resuelve el recurso de reclamación que promovió la parte actora en contra del auto de 20 veinte de febrero de 2020 dos mil veinte, con el que se desecha la prueba pericial en materia contable que ofreció el quejoso en su escrito inicial de demanda, Ia cual se radicó ante Autoridad Responsable en el expediente 431/20-21-01-4-OT, el cual se acumula al expediente el 1691/19-21-01-6-OT, a la que en adelante mencionaré como el Acto Reclamado". Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, así como de los sellos de recepción de la misma, se desprende que dicho escrito fue presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad. De lo anterior, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 19 todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". [Lo destacado es propio]. De los preceptos antes transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la Ley de la Materia. Así, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1.- Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe, las cuales se consideran parte integrante de la demanda de amparo, se advierte que la notificación de la resolución reclamada se notificó a la parte quejosa por boletín judicial el día catorce de abril de dos mil veintiuno, luego de que la autoridad responsable le notificó la determinación que ahora impugna, empero presentó la demanda de amparo ante la autoridad responsable el día diez de mayo del año en curso. Constancias que constituyen prueba plena de ese hecho en términos de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se infiere que tuvo conocimiento del acto de aplicación reclamado el catorce de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y siete del tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 200,094, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." De esta forma, si la demanda fue presentada ante la autoridad responsable el día diez de mayo de dos mil veintiuno y recibida en la Oficialía de Partes común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el diecinueve de mayo de la presente anualidad, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea en relación con la citada precisión. Lo anterior, toda vez que si bien la demanda de cuenta fue presentada durante el lapso que concede la Ley de Amparo, lo cierto también es que dicha demanda debió ser presentada ante autoridad competente, lo que en el caso no aconteció, pues se insiste, el hecho de que la demanda de cuenta se haya presentado ante autoridad distinta no interrumpe el plazo otorgado por los artículos señalados, por lo que resulta inconcuso que de la fecha de conocimiento del acto reclamado, esto es, el catorce de abril de dos mil veintiuno al en que aquella fue recibida en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, diecinueve de mayo de la presente anualidad, ha transcurrido el lapso concedido para su presentación. Ahora, no se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios que privilegian la buena fe en la promoción de la demanda de amparo, reflejados cuando se presenta una demanda de amparo ante la responsable en vía directa, empero una vez que se remite al Tribunal Colegiado, éste determina la incompetencia remitiéndola al Juzgado de Distrito, quien deberá tomar en consideración la fecha en que fue presentada ante la autoridad responsable. Entre los criterios referidos se cita el siguiente: "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que dispone que si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, aquél se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento, se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto. Ahora bien, en este caso no es válido estimar que la demanda respectiva ha sido presentada extemporáneamente aun cuando en la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término de quince días contemplado en el artículo 21 de la ley de la materia para su interposición, pues debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo y, por tal situación, presentó dicha demanda por conducto de la autoridad responsable dentro del término de quince días, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado que corresponda declare posteriormente su incompetencia para conocer y resolver respecto de ella; en tal hipótesis debe entenderse que la demanda fue presentada oportunamente." Sin embargo, también ha precisado que debe analizarse los elementos objetivos que se adviertan para establecer si fue un error o no, como se evidencia del criterio jurisprudencial siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. En concordancia con la jurisprudencia transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado en la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." La jurisprudencia transcrita emergió de la contradicción de tesis 42/2005, cuyas porciones conducentes para el caso concreto informan lo siguiente: "En efecto, si la demanda de garantías se redacta en términos del artículo 116 de la Ley de Amparo y se dirige al Juez de Distrito, no queda la menor duda de que la intención del quejoso fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta; y siendo esto así, de no presentarse la demanda en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito correspondiente en el plazo previsto para ello, la demanda resultará extemporánea. En cambio, si el escrito de demanda está dirigido al Tribunal Colegiado y se presenta ante la autoridad responsable, quien la remite a la oficialía de partes de dicho tribunal, no puede considerarse que por la simple mención en la demanda de garantías de datos que se refieran al artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se pueda desentrañar la intención del quejoso de presentarla como amparo indirecto, toda vez que la expresión de tales requisitos sólo demuestra que existió una equivocación de vía, que debe ser enmendada por el Tribunal Colegiado mediante la declaración de incompetencia en favor del Juez de Distrito. En tal supuesto, aun cuando por la declaración de incompetencia del Tribunal Colegiado, la demanda llegara a la Oficialía de Partes del Juez de Distrito fuera de los plazos que establece la Ley de Amparo para su promoción, no es dable estimar que la demanda respectiva resulta extemporánea, y por esa razón, que el amparo indirecto resulta improcedente; pues no debe perderse de vista que las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones, como lo ha establecido de manera reiterada esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis de jurisprudencia, entre las que se encuentra la siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.-Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." (Séptima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Tercera Parte, página 35). Por consiguiente, si el quejoso dirige su demanda al Tribunal Colegiado de Circuito y lo presenta ante la autoridad responsable, aun cuando mencione alguno de los requisitos que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo, debe considerarse que su intención fue la de promover un juicio de amparo directo, razón por la cual, no debe considerarse extemporánea la promoción de dicho amparo, si fue interpuesto dentro del plazo que establece el referido cuerpo legal, y por error de apreciación se presentó ante la autoridad responsable y no ante un Juez de Distrito. Además, si se pretendiera desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación con base en indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable ha de ser un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. Lo anterior sin perjuicio de que al estudiar la demanda en su integridad, el Tribunal Colegiado considere que el acto reclamado deba ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto y por ello se declare incompetente; y que el Juez de Distrito, al recibirla, esté obligado a ordenar la regularización de la demanda para que satisfaga los requisitos correspondientes, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo. De los criterios precedentes y consideraciones transcritas se colige que, aun cuando unos aluden a la Ley de Amparo anterior y otros a la vigente, en todos ellos se plasman aspectos relevantes para considerar la fecha en que debe tenerse como presentada una demanda de amparo promovida como directo, pero que al final conoce de ella el Juez de Distrito. Destaca en ellos que se privilegia el principio de buena fe, pues se pone de manifiesto que el quejoso pudo haberse equivocado en la vía y, por ende, se tomará como fecha de presentación aquella en que fue presentada ante la responsable. Pero también informan que ese principio de buena fe se desvirtuará cuando existan elementos objetivos que revelen que no fue error del quejoso en presentar ante la responsable una demanda de amparo que, finalmente, conoce el juez de Distrito, como cuando es la segunda ocasión en que el quejoso promueve la demanda de amparo como directo y previamente el Tribunal Colegiado le ha hecho ver que no es procedente esa vía y no obstante presenta de la misma forma una ulterior demanda de amparo; o la diversa hipótesis, cuando el quejoso colma los requisitos de la demanda de amparo indirecto y dirige la misma al Juez de Distrito, presentándola por conducto de la autoridad responsable. Así, en el caso concreto se sitúa en esta última hipótesis, pues de las constancias remitidas por la responsable se desprende que: El quejoso presentó la demanda de amparo por conducto de la autoridad responsable. La demanda de amparo se precisa que es una "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO" (parte superior izquierda de la misma, primera hoja) Se dirigió al "JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA SALA REGIONAL PACIFICO CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" (parte superior izquierda de la misma, primera hoja). Se confeccionó con base en los numerales aplicables para el juicio de amparo indirecto: "Con fundamento en los artículos 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unida Mexicana, demando el amparo y protección de la Justicia de la Unión en relación con el acto de autoridad que adelante se señala y por los motivos que expongo: Manifiesto lo siguiente para cumplir con lo que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que en adelante citaré como la Ley de Amparo". Se colmaron los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo; y, Finalmente, formula petición de que se fije día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Acorde a los elementos objetivos antes precisados, este juzgador considera que existen elementos objetivos que revelan que la parte quejosa no incurrió en un error al formular su demanda de amparo, pues precisó que: era una demanda de amparo indirecto; la dirigió a un Juez de Distrito en turno; la demanda se confeccionó conforme a los numerales que la Ley de Amparo prevé para el juicio indirecto; solicitó se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, si la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto ante la responsable, no así "en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito correspondiente en el plazo previsto para ello, la demanda resultará extemporánea", acorde a las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcritas en párrafos precedentes. Y la extemporaneidad se ilustra con el calendario siguiente: Abril 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mayo 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del veinte de abril al once de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los días previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, como se verificó con el calendario que antecede. En tales circunstancias, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distritos en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, por lo que ve a la determinación de mérito, la cual al haber sido consentida por el quejoso hace que el juicio de amparo contra el referido acto resulte improcedente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Desechamiento. En esas condiciones, se acredita de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 17 y 113 de la ley de la materia, lo procedente ES DESECHAR de plano la demanda de amparo. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la siguiente jurisprudencia que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Francisco I. Madero Poniente número 947, zona Centro, Morelia, código postal 58000, Michoacán de Ocampo y señalando como como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Ramón Casillas García, Verónica Eugenia González Reyes y Alonso Oteiza Origel, toda vez que de acuerdo con la certificación secretarial de cuenta, sus cédulas están registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que en los términos restringidos de aquél numeral estarán las demás personas que señalada hasta en tanto acrediten estar facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hacen de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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