José Daniel López Orozco

Expediente 122/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
122/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • José Daniel López Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los cuales se obtiene que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la citada Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley en la materia, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar Sin que obste a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables; ello, porque de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, no están legitimadas para recurrir en revisión la determinación dictada en autos, al haberse sobreseído el asunto Ahora, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se dictó una determinación en la que sin decidir en el fondo, lo dio por concluido y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se se tramitó incidente de suspensión como se advierte del auto admisorio de trece de marzo pasado, ni de documentos originales, dado que no fueron exhibidos en autos Digitalización expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Recepción de oficio. Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; agréguese a los autos y en atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con lo requerido por este juzgador el catorce de octubre pasado; por tanto, informando que dentro del expediente laboral 4C-3023/2019, no se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que la misma no fue reprogramada recientemente, ello en virtud de que las partes llegaron a un convenio conciliatorio que puso fin al conflicto laboral, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, convenio que se dio con fecha uno de octubre del año en curso y se cumplió en su totalidad el veintiuno siguiente; de lo que remite copias certificadas. Se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo En el caso, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Número orden Autoridad responsable Acto reclamado 1 Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Fijar una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial (cinco de mayo de dos mil veinte). 2 Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Omisión de emplazar a los demandados al juicio de origen. Ahora, de las documentales que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, se advierte que el uno de octubre de dos mil veinte tuvo a las partes en el juicio laboral 4C-3023/2019 llegando a un convenio conciliatorio que puso fin al conflicto laboral. Derivado de lo anterior, el veintiuno de octubre del año actual, tuvo a la parte actora ratificando el convenio celebrado y a la parte demandada cumplimiento con el convenio dictado en autos mediante la exhibición de lo cantidad de $46,000.00 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. mediante un cheque número 4731850 de la Institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BÁNAMEX, el cual fue entregado a la parte actora. De igual forma, en la fecha en cita elevó el convenio en cita a la categoría de laudo ejecutoriado obligando las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; a la demandada dando cumplimiento total al mismo y ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia; así como, en lo establecido en la tesis número XX. 303 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 227, tomo XV, enero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En ese tenor, en el presente juicio de amparo resulta innecesario el análisis del acto reclamado y de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que este Juzgado Federal, de oficio, advierte actualizada la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 63, relacionada con la fracción XXII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y De lo antes transcrito, se tiene que dicha causal se actualiza cuando subsista el acto que se controvirtió, pero en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se volvería imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo. Sobre el particular la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En ese sentido, para que opere la improcedencia del juicio de amparo referida anteriormente, deben configurarse los elementos siguientes: La existencia del acto reclamado. La imposibilidad de que el acto reclamado pueda surtir efectos legales o materiales en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior como consecuencia de que el objeto materia del juicio ha dejado de existir. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la causa de improcedencia citada con antelación -establecida en la fracción XXII, artículo 61 de la Ley de Amparo vigente- se actualiza cuando el juzgador de garantías advierte que los efectos del acto reclamado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, por haberse modificado el entorno en que se emitió. Asimismo, que de considerarse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso del goce de la garantía que estime vulnerada, ya que la situación jurídica que se generó para el quejoso con motivo del acto impugnado, aun cuando subsiste, se modificó sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que pueda ser reparado. Lo anterior deriva de la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, en el caso que nos ocupa se encuentran acreditados los elementos citados líneas atrás para la actualización de la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así porque en el presente caso, se actualizan las tres hipótesis establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, en lo que se refiere en inciso a), consistente en la existencia del acto reclamado, son ciertas las omisiones que le fueron atribuidas a las autoridades responsables, quienes al momento de rendir sus informes justificados sostuvieron que era cierto que se había fijado una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, siendo el caso que, hasta ese momento, no se había producido el emplazamiento a los demandados. Esto es, resultó ser cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción. De igual forma, se actualiza la hipótesis identificada con el inciso b) consistente en que la imposibilidad de que el acto reclamado pueda surtir efectos legales o materiales en la esfera jurídica del quejoso. Esto se explica toda vez que, como se dijo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que el uno de octubre de dos mil veinte tuvo a las partes en el juicio laboral 4C-3023/2019 se tuvo a la parte quejosa por llegando a un convenio conciliatorio con la parte demandada, aquí tercera interesada, que puso fin al conflicto laboral. Derivado de lo anterior, el veintiuno de octubre del año actual, se tuvo a la parte actora ratificando el convenio celebrado y a la parte demandada dando cumplimiento con el convenio dictado en autos mediante la exhibición de lo cantidad de $46,000.00 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. mediante un cheque número 4731850 de la Institución bancaria BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, el cual fue entregado a la parte actora, aquí quejosa. De igual forma, en la fecha en cita elevó el convenio en cita a la categoría de laudo ejecutoriado obligando las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; a la demandada dando cumplimiento total al mismo y ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. De lo expuesto se desprende que las omisiones atribuidas a las autoridades responsables ya no pueden surtir efectos legales o materiales en la esfera jurídica de la quejosa, puesto que la materia u objeto de las mismas ha dejado de existir. En efecto, las omisiones reclamadas derivaban de que las autoridades responsables no habían actuado en los plazos y términos establecidos en la ley para dar continuidad a un proceso laboral, con lo cual, a decir de la parte quejosa, se provocaba una dilación injustificada en la tramitación del juicio subyacente y, como consecuencia de ello, se producía una vulneración al derecho contenido en el artículo 17 constitucional relativo a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, al tener a las partes por celebrando un convenio, el cual fue sancionado de legal y elevado a la categoría de cosa juzgada, el juicio subyacente se dio por concluido y, por tal motivo, el objeto o materia de las omisiones combatidas ha dejado de existir, puesto que éstas quedaron extinguidas con el propio proceso laboral en las que se originaron, con lo cual se actualiza la hipótesis establecida en el inciso c) de la tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, si el objeto de la presentación de la demanda de amparo era que se analizara la constitucionalidad de la omisión de impartir justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, misma que fue atribuida a las autoridades responsables, y las partes durante la tramitación del juicio -veintiuno de octubre de dos mil veinte - celebraron un convenio en el juicio subyacente, es inconcuso que desapareció el objeto material y jurídico de los actos reclamados. Apoya lo razonado, por analogía, la tesis VI.2o.T.38 L, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida". En ese contexto, procede sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa fuera de audiencia al actualizarse una causa notoria e indudable de improcedencia, de conformidad con los artículos 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Estado de autos Visto el estado procesal de autos, se advierte que la junta responsable al rendir informe justificado adujo: Es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro del expediente 4C-3023/2019, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se señaló las diez horas del cinco de mayo del año dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cuyo acuerdo fue notificado a la parte actora., el veintidós de enero del presente año y no el veintiocho de ese mismo mes y año. No omitimos señalara que el señalado Proveído ya también le fue notificado a la parte demandada, quedando emplazada con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte. De lo anterior se desprende que señaló las diez horas del cinco de mayo de dos mil veinte para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Requerimiento a la autoridad responsable En ese orden, dado que la fecha en cita ya pasó, sin que se conozca el estado procesal que guarda el juicio de origen, lo cual se considera es necesario para estar en condiciones de resolver el juicio en que se actúa, requiérase de la manera más atenta a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificado de este auto: Indique si ya se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones o, en su caso, Si se señaló nueva fecha para ello. Debiendo adjuntar las constancias que acrediten la información que proporciona; apercibida que de no hacerlo con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Diferimiento En tales condiciones, para dar margen a lo anterior y no violar las reglas en el procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose en su lugar, las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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