José de Jesús Ávila Acuña
Expediente 1287/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José de Jesús Ávila Acuña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de octubre de dos mil quince dentro del juicio de amparo 1287/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y, de manera particular, con la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días referido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de ocho de octubre de dos mil quince, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase del conocimiento de las partes esa circunstancia. Ahora bien, en atención a que el fallo de trato no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud de haberse negado el amparo solicitado y, por otro, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, como lo prevé el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvanse a la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, las copias certificadas del procedimiento administrativo de restitución de tierras 920/2009, así como del cuadernillo de ejecución, remitido como apoyo a su informe justificado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En trece de octubre de dos mil quince, la Secretaria del Juzgado, licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de octubre de dos mil quince. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que no le fue posible notificar en forma personal al tercero interesado Ubaldo Pérez Cárdenas, la sentencia de ocho de octubre del año que transcurre, toda vez que en el presente juicio no obra domicilio de su parte para oír notificaciones; no obstante ser requerido para que señalara uno en esta ciudad capital; por ello, se hace efectivo el apercibimiento que le fue decretado en auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, ordenándose la notificación de dicha resolución, así como los subsecuentes proveídos aún de carácter personal, por medio de lista, como dispone el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. EN ATENCION A LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL MTERCERO INTERESADO UBALDO PÉREZ CARDENAS, LA SENTENCIA DICTADA EN OCHO DE COTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL DICE: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1287/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José de Jesús Ávila Acuña, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que a continuación se precisan: "4. ACTO RECLAMADO: Reclamo la orden de desalojo librada por el Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado en contra del señor Jesús Cárdenas Montoya; respecto al bien inmueble que el suscrito tengo en arrendamiento desde hace cinco años, mismo que está ubicado en la calle Francisco Villa número 15 de la comunidad de Bimbaletes, Loreto, Zacatecas y la inminente ejecución por parte del Actuario en funciones de ministro ejecutor de Fraccionamientos Rurales del Estado, de ejecutar la orden de desalojo efectuado por el Director respecto al citado bien inmueble." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el treinta de julio de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo expediente 1287/2015, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de desalojo dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en contra de Jesús Cárdenas Montoya, respecto al bien inmueble que tiene en arrendamiento desde hace cinco años, ubicado en la calle Francisco Villa número quince de la comunidad de Bimbaletes, Loreto, Zacatecas, y su inminente ejecución por parte del Actuario en funciones de Ministro Ejecutor de Fraccionamientos Rurales del Estado. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y Actuario adscrito a dicha Dirección, toda vez que así lo reconocieron en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del expediente 920/2009, relativo al juicio de restitución de tierras; así como del cuadernillo de ejecución; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las autoridades responsables hicieron valer la causal de improcedencia contempladas en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado no emite pronunciamiento alguno en virtud de que las autoridades referidas no exponen los razonamientos legales por los que consideran se acredita la causal de referencia. IV. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por el peticionario de garantías se estiman inoperantes. En efecto, por lo que respecta a los conceptos de violación el impetrante del amparo aduce: 1- Que el auto de fecha diez de julio de dos mil quince emitido por la responsable por el que ordena desalojar un inmueble le perjudica porque viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. Se estima inoperante en atención a las siguientes consideraciones. Como puede apreciarse de su simple lectura, el quejoso no combate mediante argumentos lógico jurídicos, tendientes a poner de manifiesto la ilegalidad atribuida al acuerdo reclamado; ya que únicamente se concreta a manifestar que la resolución dictada por la responsable vulnera sus garantías constitucionales previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, con las alegaciones antes mencionadas, el impetrante del amparo no combate la determinación de la responsable de treinta de septiembre de dos mil diez, en la que se requirió a Jesús Cárdenas Montoya para que desocupara voluntariamente la superficie de 00-10-044 hectáreas de labor comprendidas dentro del lote número 411-B, ubicado en la zona de Fraccionamientos de San Marcos, Bimbaletes, Loreto, Zacatecas. Consecuentemente, toda vez que no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, dada la materia que rige el acto reclamado, y siendo un caso no permitido por la ley, no es posible abordar el estudio de los últimos conceptos de violación mencionados, ya que en el supuesto de que ello ocurriera, se atentaría contra la técnica del juicio constitucional; razón por la que, como ya se indicó, resultan inoperantes los conceptos de violación antes analizados. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por José de Jesús Ávila Acuña, lo procedente es NEGARLE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso José de Jesús Ávila Acuña, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los razonamientos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Faustino Rodríguez Flores, hoy ocho de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. ARS
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SWENTENCIA DICTADA EN OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL DICE LO SIGUIENTE: " V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1287/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José de Jesús Ávila Acuña, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que a continuación se precisan: "4. ACTO RECLAMADO: Reclamo la orden de desalojo librada por el Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado en contra del señor Jesús Cárdenas Montoya; respecto al bien inmueble que el suscrito tengo en arrendamiento desde hace cinco años, mismo que está ubicado en la calle Francisco Villa número 15 de la comunidad de Bimbaletes, Loreto, Zacatecas y la inminente ejecución por parte del Actuario en funciones de ministro ejecutor de Fraccionamientos Rurales del Estado, de ejecutar la orden de desalojo efectuado por el Director respecto al citado bien inmueble." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el treinta de julio de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo expediente 1287/2015, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de desalojo dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en contra de Jesús Cárdenas Montoya, respecto al bien inmueble que tiene en arrendamiento desde hace cinco años, ubicado en la calle Francisco Villa número quince de la comunidad de Bimbaletes, Loreto, Zacatecas, y su inminente ejecución por parte del Actuario en funciones de Ministro Ejecutor de Fraccionamientos Rurales del Estado. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y Actuario adscrito a dicha Dirección, toda vez que así lo reconocieron en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del expediente 920/2009, relativo al juicio de restitución de tierras; así como del cuadernillo de ejecución; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las autoridades responsables hicieron valer la causal de improcedencia contempladas en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado no emite pronunciamiento alguno en virtud de que las autoridades referidas no exponen los razonamientos legales por los que consideran se acredita la causal de referencia. IV. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por el peticionario de garantías se estiman inoperantes. En efecto, por lo que respecta a los conceptos de violación el impetrante del amparo aduce: 1- Que el auto de fecha diez de julio de dos mil quince emitido por la responsable por el que ordena desalojar un inmueble le perjudica porque viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. Se estima inoperante en atención a las siguientes consideraciones. Como puede apreciarse de su simple lectura, el quejoso no combate mediante argumentos lógico jurídicos, tendientes a poner de manifiesto la ilegalidad atribuida al acuerdo reclamado; ya que únicamente se concreta a manifestar que la resolución dictada por la responsable vulnera sus garantías constitucionales previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, con las alegaciones antes mencionadas, el impetrante del amparo no combate la determinación de la responsable de treinta de septiembre de dos mil diez, en la que se requirió a Jesús Cárdenas Montoya para que desocupara voluntariamente la superficie de 00-10-044 hectáreas de labor comprendidas dentro del lote número 411-B, ubicado en la zona de Fraccionamientos de San Marcos, Bimbaletes, Loreto, Zacatecas. Consecuentemente, toda vez que no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, dada la materia que rige el acto reclamado, y siendo un caso no permitido por la ley, no es posible abordar el estudio de los últimos conceptos de violación mencionados, ya que en el supuesto de que ello ocurriera, se atentaría contra la técnica del juicio constitucional; razón por la que, como ya se indicó, resultan inoperantes los conceptos de violación antes analizados. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por José de Jesús Ávila Acuña, lo procedente es NEGARLE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso José de Jesús Ávila Acuña, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los razonamientos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Faustino Rodríguez Flores, hoy ocho de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L´FRF.
- Principal
En uno de septiembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se obtiene que el veintiuno de agosto del año en curso se notificó al tercero interesado Ubaldo Pérez Cárdenas, el auto de diecisiete de agosto del año en curso, por el que se le dio vista con el informe justificado rendido por las autoridades responsables Director de Fraccionamientos Rurales del Estado y Actuario de su adscripción, por lo que no han transcurrido los ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra dicho plazo y con ello evitar dejar al mencionado tercero interesado en estado de indefensión; SE DIFIERE la audiencia de constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Lo anterior encuentra apoyo, en la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
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