José de Jesús Acevedo Nuñez
Expediente 1618/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José de Jesús Acevedo Nuñez
- Emanuel Vázquez Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
"... En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el día quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración toda vez que se concedió la suspensión definitiva al quejoso de los actos reclamados; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a dicha resolución; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ..."
- Principal
22765 y 22780 quince de noviembre de dos mil dieciocho El quince de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones con folios 22780 y 22765, así como con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Glósese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 22780 suscrito por la jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, por el que en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, adjunta copias de audio y video de las audiencias celebradas dentro de la causa penal 851/2018 y copia certificada de la carpeta administrativa de la misma causa, documentales que serán valoradas en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese al sumario el oficio 22763, firmado por el juez de Control del Distrito Judicial, Zacatecas; por el que remite copia de audio y video de la continuación de la audiencia inicial, en la que se emitió a favor de los quejosos Emmanuel Vázquez Nava y José de Jesús Acevedo Núñez auto de no vinculación a proceso y se ordenó su libertad en lo referente a la causa penal 852/2018. Ahora bien, del informe justificado que remitió la jueza de Control del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, informó ser ciertos los actos reclamados en atención de que se llevaban las causas penales número 851/2018 y 852/2018, instruidas en contra de los aquí quejosos, en el que manifiesta que por lo que respecta a la primera causa en mención la misma había sido cumplimentada en uno de septiembre de dos mil dieciocho, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un delito doloso cometido con medios violentos como armas de fuego, en agravio de Leobardo Rodríguez Hernández. Y por lo que hace a la segunda de las causas penales de referencia, en la misma se había girado orden de aprehensión en contra de los quejosos, por el delito de robo calificado, cometido en agravio de Cihutl Jadige Barrientos Rodarte y Ma. Dolores López Portillo, la cual no había sido cumplimentada. Por otro lado, de la demanda de garantías presentada ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito el diez de septiembre de dos mil dieciocho, los quejosos José de Jesús Acevedo Núñez y Emanuel Vázquez Nava manifestaron encontrarse recluidos en el Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Por lo anterior, se tiene que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución de que se duelen los quejosos lo es la referente a la causa penal 852/2018, por el delito de robo calificado, cometido en agravio de Cihutl Jadige Barrientos Rodarte y Ma. Dolores López Portillo, toda vez que a la presentación de la demanda de amparo ya se encontraban recluidos, por lo que se refiere a la diversa causa penal 851/2018, como así se desprende de las constancias que remitió la jueza responsable; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades, y por lo manifestado por los quejosos en su demanda de amparo, a saber: "PRIMERO.- Que es el caso que los suscritos nos encontramos actualmente internos en el C.E.R.E.S.O de Cienaguillas, Zacatecas, por un supuesto delito diverso. Así las cosas en días pasados, así como el día de hoy, han acudido Agente de Policía Ministerial a nuestras audiencias, al parecer con la finalidad de cumplimentar una supuesta Orden de aprehensión en nuestra contra." Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duelen los justiciables, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución dentro de la causa penal 852/2018; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la Tesis 1a./J. 95/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable juez de Control del distrito judicial de Zacatecas remitió copia de audio y video original de la audiencia realizada dentro de la causa penal 852/2018 el doce de noviembre del presente año, que se instruye a Emmanuel Vázquez Nava y José de Jesús Acevedo Núñez, por el delito de robo calificado; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que emitió a favor de los quejosos auto de no vinculación a proceso y se ordenó su libertad en lo que a esa causa penal se refiere. Por tanto, es evidente que el dictado de un auto de no vinculación a proceso implica el cambio de situación jurídica respecto de la detención de los procesados. En esta instancia constitucional, los quejosos combaten la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que en audiencia pública la Fiscalía peticionó la vinculación a proceso de los quejosos, los cuales se acogieron al término constitucional ampliado de setenta y dos horas a ciento cuarenta y cuatro, para que se resolviera su situación jurídica, lo que aplazó la celebración de la audiencia inicial, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que en doce de noviembre del actual se continuó con la celebración de la audiencia inicial, y se emitió a favor de Emmanuel Vázquez Nava y José de Jesús Acevedo Núñez, auto de no vinculación a proceso y se ordenó su libertad por lo que hace a la causa penal 852/2018. Por tanto, al haberse dictado auto de no vinculación a proceso en favor de los quejosos, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión que ahora reclaman, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado a los quejosos auto de no vinculación a proceso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre del presente año, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. Luisa Moreno.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ DE JESÚS ACEVEDO NÚÑEZ Y EMMANNUEL VÁZQUEZ NAVA ASÍ COMO A LAS TERCERO INTERESADAS MA. DOLORES LOZOYA ORTIZ y CIHUITL JADIGE BARRIENTOS RODARTE, LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Glósese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 22780 suscrito por la jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, por el que en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, adjunta copias de audio y video de las audiencias celebradas dentro de la causa penal 851/2018 y copia certificada de la carpeta administrativa de la misma causa, documentales que serán valoradas en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese al sumario el oficio 22763, firmado por el juez de Control del Distrito Judicial, Zacatecas; por el que remite copia de audio y video de la continuación de la audiencia inicial, en la que se emitió a favor de los quejosos Emmanuel Vázquez Nava y José de Jesús Acevedo Núñez auto de no vinculación a proceso y se ordenó su libertad en lo referente a la causa penal 852/2018. Ahora bien, del informe justificado que remitió la jueza de Control del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, informó ser ciertos los actos reclamados en atención de que se llevaban las causas penales número 851/2018 y 852/2018, instruidas en contra de los aquí quejosos, en el que manifiesta que por lo que respecta a la primera causa en mención la misma había sido cumplimentada en uno de septiembre de dos mil dieciocho, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un delito doloso cometido con medios violentos como armas de fuego, en agravio de Leobardo Rodríguez Hernández. Y por lo que hace a la segunda de las causas penales de referencia, en la misma se había girado orden de aprehensión en contra de los quejosos, por el delito de robo calificado, cometido en agravio de Cihutl Jadige Barrientos Rodarte y Ma. Dolores López Portillo, la cual no había sido cumplimentada. Por otro lado, de la demanda de garantías presentada ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito el diez de septiembre de dos mil dieciocho, los quejosos José de Jesús Acevedo Núñez y Emanuel Vázquez Nava manifestaron encontrarse recluidos en el Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Por lo anterior, se tiene que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución de que se duelen los quejosos lo es la referente a la causa penal 852/2018, por el delito de robo calificado, cometido en agravio de Cihutl Jadige Barrientos Rodarte y Ma. Dolores López Portillo, toda vez que a la presentación de la demanda de amparo ya se encontraban recluidos, por lo que se refiere a la diversa causa penal 851/2018, como así se desprende de las constancias que remitió la jueza responsable; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades, y por lo manifestado por los quejosos en su demanda de amparo, a saber: "PRIMERO.- Que es el caso que los suscritos nos encontramos actualmente internos en el C.E.R.E.S.O de Cienaguillas, Zacatecas, por un supuesto delito diverso. Así las cosas en días pasados, así como el día de hoy, han acudido Agente de Policía Ministerial a nuestras audiencias, al parecer con la finalidad de cumplimentar una supuesta Orden de aprehensión en nuestra contra." Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duelen los justiciables, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución dentro de la causa penal 852/2018; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la Tesis 1a./J. 95/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable juez de Control del distrito judicial de Zacatecas remitió copia de audio y video original de la audiencia realizada dentro de la causa penal 852/2018 el doce de noviembre del presente año, que se instruye a Emmanuel Vázquez Nava y José de Jesús Acevedo Núñez, por el delito de robo calificado; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que emitió a favor de los quejosos auto de no vinculación a proceso y se ordenó su libertad en lo que a esa causa penal se refiere. Por tanto, es evidente que el dictado de un auto de no vinculación a proceso implica el cambio de situación jurídica respecto de la detención de los procesados. En esta instancia constitucional, los quejosos combaten la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que en audiencia pública la Fiscalía peticionó la vinculación a proceso de los quejosos, los cuales se acogieron al término constitucional ampliado de setenta y dos horas a ciento cuarenta y cuatro, para que se resolviera su situación jurídica, lo que aplazó la celebración de la audiencia inicial, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que en doce de noviembre del actual se continuó con la celebración de la audiencia inicial, y se emitió a favor de Emmanuel Vázquez Nava y José de Jesús Acevedo Núñez, auto de no vinculación a proceso y se ordenó su libertad por lo que hace a la causa penal 852/2018. Por tanto, al haberse dictado auto de no vinculación a proceso en favor de los quejosos, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión que ahora reclaman, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado a los quejosos auto de no vinculación a proceso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre del presente año, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente. ...."
- Principal
El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 22347. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el comandante del Grupo de Aprehensiones I de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, dirigido al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que José de Jesús Acevedo Nuñez y Emmanuel Vázquez Nava, se encuentran internos desde el uno de septiembre de la presente anualidad en el Centro de Reinserción y Readaptación Social Varonil de Cienegüillas, Zacatecas. Lo anterior para los efectos legales conducentes. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase a la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, para que en el término de tres días, remita a este juzgado todas y cada una de las constancias que integran la causa penal número 851/2018, toda vez que se consideran necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. FabiMtz*.
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