José de Jesús Acosta Arellano

Expediente 374/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
374/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • José de Jesús Acosta Arellano
  • Jesús Torales Jaramillo
  • Carlos Daniel Mendoza Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El treinta de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito con folio 1212. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el licenciado Fernando Hernández Vázquez, autorizado del tercero interesado Lázaro Puebla Medina en su carácter de apoderado legal de Basilio Puebla Medina en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en de la materia, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele las copias certificadas que solicita a su costa y previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    veinte de diciembre de dos mil dieciséis EJECUTORIA SOBRESEE El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el Secretario Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del nueve al veintidós de junio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 374/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que se no tramitó incidente de suspensión. Que existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas.. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que, en el primero se decretó el sobreseimiento, además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas, el expediente 348/2016 que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 374/2017, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Francisco Javier Soto Moreno, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En vista de lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas (foja 34) y por legalmente emplazado y apersonado al tercero interesado Lázaro Puebla Medina (fojas 29 y 38 a 40). A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las constancias remitidas junto al informe justificado de la citada autoridad responsable, consistentes en el original del juicio oral de interdicto de recuperar la posesión 348/2016; constancias que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, siendo todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, por lo que se cierra esta etapa. En el período de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por el tercero interesado Lázaro Puebla Medina (foja 38 a 40), siendo todas las manifestaciones de las partes, por lo cual se concluye esta fase. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 374/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José de Jesús Acosta Arellano, Jesús Torales Jaramillo y Carlos Daniel Mendoza Medina, promovieron demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. Acto reclamado: ".la resolución dictada en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada a las diez horas del dieciséis de marzo del presente año dos mil diecisiete, dentro del juicio Civil Oral 348/2016 promovido en nuestra contra por el hoy designado como tercero interesado, que niega la revocación de negar la declaratoria de sobreseimiento del procedimiento natural por la incomparecencia del accionante, por considerar que previamente debía desahogarse la prueba de inspección ocular ofrecida por aquél". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de diez de abril de dos mil diecisiete (foja 15 a 18), se ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 374/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se emplazó al tercero interesado, se dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución dictada en el recurso de revocación interpuesto contra la determinación que negó el sobreseimiento del juicio solicitado por la parte demandada, emitida en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada a las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio Civil Oral 348/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, aceptó la existencia de la resolución reclamada al rendir su informe justificado (foja 34). Además, la autoridad citada remitió el original del juicio oral interdicto de recuperar la posesión 348/2016; constancias que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 1 a 7 del anexo), Lázaro Puebla Medina, apoderado legal de Basilio Puebla Medina, demandó a José de Jesús Acosta Arellano, Jesús Torales Jaramillo y Carlos Daniel Mendoza Medina, en la vía civil oral de interdicto de recuperar la posesión, respecto de un bien inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc, esquina con Ricardo Flores Magón y Juventino Rosas, denominado el Muladar; con una superficie de 1015.20 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al poniente 42.70 metros y linda con La calle Ricardo Flores Magón; al oriente mide 42.7 metros y linda con la señora Ma. Concepción Puebla Medina y con una superficie de 1607.825 metros cuadrados; asimismo demando el pago de gastos y costas que se originaran por la tramitación de ese sumario y el pago por concepto de daños y perjuicios. 2. En acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis (foja 19 a 22 del juicio de origen), la juez responsable admitió a trámite la demanda, la registró con el expediente 348/2016, admitió diversos medios de prueba de la parte actora, señaló las diez horas del nueve de noviembre de dos mil dieciséis para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos; y, ordenó emplazar a los demandados. Asimismo, señaló las diez horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora. 3. Así, la parte demandada hoy quejosa, al contestar la demanda, se opuso a la tramitación de esa demanda, promoviendo excepción de incompetencia contra la juez de origen, por considerar que ésta se surte en favor del Tribunal Unitario Agrario, residente en Guadalupe, Zacatecas; petición que se acordó el diez de octubre de dos mil dieciséis, reservando acordar toda cuestión hasta en tanto se resolviera la cuestión planteada (foja 62). 4. Luego, mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (foja 66 a 72 del anexo), dictada en los autos de la incompetencia 644/2016, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, declaró improcedente la excepción planteada por la parte demandada, sosteniendo la competencia en favor de la Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. 5. Después, por auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete (73), la juez de origen tuvo por recibidos los autos por parte de la sala en comento; y, por acuerdo de veinticinco siguiente (foja 75 a 77), recibió el escrito signado por Fernando Hernández Vázquez, autorizado de la parte actora, por el que solicitó continuar con la tramitación del juicio; al respecto la juzgadora acordó continuar con dicho trámite, tuvo por contestada la demanda respecto de los emplazados, así como por opuestas sus defensas y excepciones; y, admitidas diversas probanzas, por lo que señaló las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. 6. Una vez constituidos en audiencia en la fecha y hora señalada, la juez responsable tuvo por presentes a las partes y la parte demandada solicitó se decretara el sobreseimiento en virtud a que la parte actora no compareció en dicha diligencia en la hora señalada; la juez negó esa petición, contra la cual los hoy quejosos promovieron recurso de revocación, el cual se resolvió de forma negativa a sus pretensiones. La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, debe analizarse la procedencia del presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que el órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, esta juzgadora advierte de oficio que en el presente juicio se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción V, al actualizarse la diversa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, se desprende que cuando se promueva amparo indirecto y se reclamen actos intraprocesales, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procederá contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, por actos procesales de imposible reparación, debe entenderse que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía. Asimismo, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el epígrafe: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En la demanda de que se trata, los promoventes no tienen el carácter de personas extrañas al expediente de origen de donde deriva el acto que reclama, pues son parte demandada en el juicio de origen, de ahí que es la única hipótesis en que podría quedar comprendido el acto reclamado, para que el peticionario solicitara el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin embargo, en el caso concreto, no es procedente el juicio, ya que los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la constitución o tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la determinación reclamada, a saber, la resolución dictada en el recurso de revocación interpuesto por la parte hoy quejosa contra aquella que negó el sobreseimiento, emitida en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada a las diez horas del dieciséis de marzo del presente año dos mil diecisiete, en el juicio Civil Oral 348/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, no tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la constitución o tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, porque a través de la determinación reclamada, se negó a la parte quejosa la determinación de sobreseer en el juicio de origen, virtud a que la parte actora, a juicio de su contraparte, en la audiencia de pruebas y alegatos de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, no compareció en la hora exacta fijada para su desahogo; por lo tanto, la misma no afecta algún derecho sustantivo del peticionario del amparo, pues únicamente afectan derechos procesales de los quejosos; además de que, como se advierte de las constancias que obran en los autos del juicio de origen aún no se ha dictado la sentencia definitiva, por lo que no existe una afectación de modo irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada el dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En abundamiento, la determinación reclamada no causa ningún perjuicio irreparable al quejoso, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas en la sentencia de resultare favorable. Así, esa determinación puede ser combatida como violación procesal mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Federal y 171 y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Por tanto, se concluye que el acto reclamado, al ser éste de carácter intraprocesal y, que éste, no es de imposible reparación, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la ley de la materia. En otro orden de ideas, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse, se estima innecesario estudiar la diversa causa de improcedencia hecha valer por la parte tercera interesada. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José de Jesús Acosta Arellano, Jesús Torales Jaramillo y Carlos Daniel Mendoza Medina, contra el acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza. Doy fe. /manuelcc

  4. Principal

    El once de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. El Secretario. El once de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con el un escrito registrado con el folio 6280 y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Lázaro Puebla Medina en su carácter de apoderado legal de Basilio Puebla Medina (personalidad que le fue reconocida mediante auto de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio oral de interdicto de recuperar la posesión 348/2016) quien comparece como tercero interesado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado en el presente juicio de amparo con tal carácter; y como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia a los licenciados Fernando Hernández Vázquez (2479130) y Ma. Elisenda Guerrero Valenzuela (2479128) toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Martha Hernández Olvera por no contar con la anterior circunstancia y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Hidalgo 613 interior 1, Zona Centro en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta se tienen como pruebas del ocursante la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. De igual forma, con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de nueve de este mes y año en curso, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, y se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado; el cual se notificó por medio de lista publicada el diez del mes y año en cita; por tanto, para dar oportunidad a que se impongan de su contenido, con la anticipación que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la nueva Ley de la Materia, para diferir la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen**

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