Jose de Jesus Anaya Aguilar
Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose de Jesus Anaya Aguilar
- JOSE DE JESUS ANAYA AGUILAR y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.65.f4 JAVIER MORALES GUZMAN esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b) del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y el incidente de suspensión, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen el artículo 17, fracción III, inciso a) del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 410/2023; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de ********************. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 1, párrafo I y II; 14, primer y segundo párrafo, 16 y 19 , primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 410/2023, se admitió mediante proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de ********************. Luego, en auto de veintiséis de abril del año en curso, se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************y******************** en su carácter de parte ofendida y ********************, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Zamora, ********************; sin embargo al no poder realizarse dicho emplazamiento en Zamora, ********************, y de las constancias se advertía un domicilio en Guadalajara, Jalisco, se giró exhorto al homólogo de esa ciudad. No obstante a ello, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la parte tercero interesada acudieron a este Juzgado para que fueran emplazados. Finalmente, en auto de trece de junio de esta anualidad se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. . Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa es: La resolución de trece de marzo del año en curso, pronunciada en el toca de apelación ********************, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora, ********************, en la causa penal********************, que se sigue en contra de ********************, por el delito de daños en hechos de tránsito vehicular, cometido en agravio de ********************, así como el ilícito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, en detrimento de ********************y********************. Acto que atribuyó a la autoridad responsable siguiente: Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de ********************, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de ********************, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 24). Lo que se corrobora con las constancias que remitieron, consistentes en copia certificada del registro digital (DVD) de la causa penal******************** y original del toca penal ********************. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia ********************8, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló en su demanda, la parte quejosa señala lo siguiente: La autoridad responsable no analizó de fondo el recurso interpuesto de apelación de auto de vinculación a proceso, el cual se dictó en base a delitos prescritos, siendo que estos encuadran en concurso de delitos ideal y delito instantáneo, así como el carácter instantáneo, por lo que debió contabilizar la media aritmética de las reglas y las reglas para su interrupción. Los hechos materia de la imputación, se consumaron de manera instantánea el día quince de diciembre de dos mil dieciocho, transcurriendo tres años con trescientos cuarenta y cuatro días, hasta el día en que se dictó la orden de aprehensión. La media aritmética para decretar la extinción de la acción penal por prescripción, se debe realizar con base en los artículos 86, fracción IX, 87, 97, 98 y 125 del Código Penal del Estado, y con base a la penalidad de los delitos que se le atribuyen; con base al ilícito de daño en las cosas, de acuerdo a la clasificación jurídica de la fiscalía, sería de dos a tres años de prisión cuya media aritmética para la prescripción de la acción penal del ilícito de daños en las cosas con motivo de tránsito vehicular correspondería de un año a uno punto cinco; por lo que ve al delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, sería de tres meses y un año de prisión; de ahí que al tratarse de concurso delito ideal y ser de la naturaleza del delito instantáneo, se debe aplicar para la prescripción la acción penal, el delito que tenga la pena máxima, siendo este el de daño en las cosas con uno año y medio para la prescripción. Aun y cuando existió una consignación por parte de la fiscalía el día nueve de noviembre de dos mil uno, se recibió la petición de la fiscalía para citar al investigado a un audiencia donde pretendía formular imputación, habían transcurrido cuando menos dos años y diez meses. Los actos son suficientes para interrumpir la prescripción, y la autoridad solo indicó que el último acto de investigación realizado por parte de la fiscalía es un dictamen pericial realizado en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que estuvo a cargo de ********************, antes de esa fecha, el último acto de investigación que se recabó fue el veinte de junio de dos mil diecinueve, y señaló que esos actos si interrumpen la prescripción, fundándose en el artículo 108 del Código Penal del Estado, pero su aplicación atenta contra los principios de taxatividad jurídica, ya que lo expuesto en dicho artículo no es acorde al supuesto de interrupción de prescripción que sustento el Juez de Control y confirmó la Sala. Que ello, es así, ya que la literalidad se trata de tiempo en el requerimiento de colaboraciones de extradición y la entrega del imputado al Ministerio Público requirente, o cuando es requerido el imputado a cualquier otra entidad, ambos supuestos de la norma, no guardan correspondencia con los actos de investigación que realizó el Ministerio Público como los del dictamen pericial realizado en data veinte de octubre de dos mil veintidós, que tomaron como base para la suspensión, pues categóricamente la naturaleza de la figura de la prescripción es personalísima y para ella, bastará el simple transcurso del tiempo, sus plazos serán continuos e inclusive, de observancia obligatoria, pues la prescripción producirá sus efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado. El actuar de la responsable, es violatoria de los derechos de legalidad y seguridad jurídica el no aplicar las reglas de la prescripción que señalan los numerales 86, 87, 97, 98, 99, fracción I, 102 y 106 del Código Penal del Estado de ********************, Que dicha petición la sustenta con base en los numerales 19, fracción I (delito instantáneo), 20, fracción II (culposo), 86, fracción IV (causas de extinción) (prescripción), 87 (la resolución acerca de la extinción punitiva se dictada de oficio o a solicitud de la parte), 97 (prescripción), 98 (plazos de la prescripción), 99, fracción I (conteo de la prescripción), 106 (prescripción y concurso de delitos) y demás relativos del Código Penal del Estado de ********************. Por lo que los ilícitos que se atribuyen se encuentran extintos, debido a que como lo señala la legislación se trata de un delito instantáneo, el cual se persigue de querella, cuyo término para darse la prescripción comienza a correr desde el día en que se cometió el hecho. Por lo que al existir orden de aprehensión, se puede interrumpir dichos plazos, sin embargo, fue hasta el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, que el Agente del Ministerio Público ********************, solicitó al órgano judicial, audiencia privada para solicitar orden de aprehensión en su contra, misma que le fue otorgada y autorizada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, cuando ya estaba prescrito. Conceptos de violación que resultan todos infundados como a continuación se demostrará, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, respecto a la prescripción de la acción penal, resultan infundados por lo siguiente: Consideraciones que a juicio de este Juzgador no lesionan derechos fundamentales del impetrante. Contrario a lo que sostiene el quejoso, la determinación del Magistrado responsable, está debidamente fundada y motivada, ya que realizó una correcta precisión de los preceptos legales aplicables al particular, así como las razones por las cuáles confirmó la determinación de la Jueza de la causa, que declaró improcedente el incidente sobre prescripción de la acción penal. En efecto, la pretensión del inculpado en la vía incidental fue que dicha acción esta prescrita, dado que los hechos de tránsito se suscitaron el quince de diciembre de dos mil dieciocho, y la orden de aprehensión se dio cuando ya habían vencido más de tres años con trescientos cuarenta y cuatro días, y la media aritmética para decretar la extinción de la acción penal por prescripción, al tratarse de concurso de delitos, se debe aplicar la prescripción de la acción penal, del delito que tenga la pena máxima, siendo este el de daño en las cosas, con un año y medio para la prescripción. Todos los conceptos de violación del quejoso son infundados, pues parten de una premisa falsa, relativo a que el tiempo para la prescripción, en el caso sea de un año y medio, lo anterior porque, como se explicará, ese término nunca será inferior a tres años. Cabe recordar que la facultad investigadora del Estado por la comisión de delitos, corresponde al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. Ese mandamiento constitucional se ve reflejado en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece entre las facultades y obligaciones del Ministerio Público, la de ejercer la conducción y mando de la investigación, así como de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley. La acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley; ese derecho se ejerce a través del Ministerio Público, una vez que éste ha realizado la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien participó en su comisión, por lo que consigna los hechos ante un juez penal solicitando la aplicación de la norma a un hecho que estima delictuoso. En virtud de la prescripción cesa la potestad punitiva del Estado por razón de que el tiempo anula el interés represivo, apaga la alarma social y dificulta la adquisición de pruebas respecto a la realización del evento delictivo; por la esencia misma del ordenamiento punitivo, la prescripción penal opera coactivamente, constituye una manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos, éstos, a lo largo de aquél, nacen, se ejercitan y mueren. Dicha figura tiene como fin último que no quede expedita indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados. Los lineamientos que deben seguirse en torno a la figura de la prescripción de la acción penal, se contienen en el capítulo X del Título Quinto del Código Penal del Estado de ********************, en la época en que se suscitaron los hechos. En el particular, el hecho que la ley señala como delito de daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, previsto y sancionado por los artículos 228 fracción III y 232 fracción II, en relación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de ********************; así como por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones culposas con motive de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************, previsto y sancionado por los artículos 137 fracción II y 125 fracción II, en concordancia con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, del Código Penal Estatal, es perseguible por querella; por tanto, la prescripción de la acción penal se sujeta al contenido del artículo 102, del citado Código Penal, que establece que la acción penal en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda, pero en ningún caso será menor de tres años. Entonces, si en ningún caso la prescripción será menor de tres años, y lo que pretende el quejoso es que se tome en cuenta para la prescripción el término de un año seis meses, el cual es resultado del término medio aritmético de la sanción que corresponde al delito de daño en las cosas (por tratarse de concurso ideal de delitos y que corresponde al delito que tiene la pena máxima); el quejoso parte de una premisa falsa. Ahora el Juez de origen consideró que la consignación por parte de la fiscalía, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que le pidió el citatorio al investigado para formular la imputación interrumpió la prescripción. Esa consideración no se impugnó por el inconforme y el Magistrado responsable la consideró válida por no haber sido impugnada (foja 68 del toca de apelación). Pues bien, en su demanda de amparo, el quejoso no rebatió que ese acto fuera susceptible de interrumpir la prescripción, pues en la página 7 de su demanda de amparo se limitó a indicar esa circunstancia como sigue: "Entonces, aún y cuando existió una consignación por parte de la fiscalía el día en fecha 9 de noviembre de 2021, se recibió la petición de la fiscalía para citar al investigado a una audiencia donde pretendía formular imputación, habían transcurrido cuando menos 2 años y 10 meses". Lo que se explica porque el quejoso mal entendió que el término de prescripción fuera de un año y medio. Pero como ello no es así, sino que el término, según se justificó, es de tres años, resulta que la prescripción no se consolidó porque los hechos ilícitos ocurrieron el quince de diciembre de dos mil dieciocho y al ser el delito instantáneo, los tres años se cumplieron el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Entonces, el referido acto de consignación del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, ocurrió antes de que concluyera el término de tres años. Lo que implica que, al margen de las fechas de los actos de investigación desplegados por el Ministerio Público, la acción no prescribió. Luego, no es necesario responder el resto de los argumentos relativos a la prescripción pues se sustentan en una afirmación errónea. Por otra parte, antes de efectuar el análisis correspondiente de los conceptos de violación, de oficio, el suscrito realizara el estudio oficioso del auto de vinculación dictado en contra del quejoso; para hacerlo, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto del artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega, que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, a efecto de dar sustento a la calificación de los conceptos de violación arriba señalados, se procederá como ya se dijo, en primer término a verificar, de acuerdo al análisis de los elementos previstos en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". Como se aprecia de lo anterior, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es palmaria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción, si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. De las constancias que obran en autos se aprecia que dentro de la causa penal de origen, el uno de enero de dos mil veintitrés, se dictó auto de vinculación en contra del quejoso, por el hecho que la ley señala como delitos de daño y lesiones cometidos en hechos de tránsito vehicular, en perjuicio de ********************y********************. Inconforme con ello, la parte imputada interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de ********************, en donde quedó registrado con el número ******************** y el cual fue resuelto mediante ejecutoria de trece de marzo de dos mil veintitrés, en la que confirmó el auto de vinculación. Ahora, se vinculó a proceso a ********************, por el hecho de que la ley señala como delito de daño en hechos de tránsito vehicular, en agravio de ********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 228 fracción III y 232 fracción II, en relación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, todos del Código Penal del Estado de ********************, así como por el hecho que la ley señala como delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 137 fracción II y 125 fracción II, en concordancia con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, todos del Código Penal del Estado, los cuales disponen: "Artículo 19. Delito instantáneo, permanente y continuado. Atendiendo al momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos del tipo penal; II. Permanente, cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo; o, III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal." "Artículo 20. Principio de imputación subjetiva Las acciones u omisiones delictivas únicamente pueden cometerse dolosa o culposamente, así: I. Actúa dolosamente quien, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización o este es consecuencia necesaria de la conducta realizada; y, II. Actúa culposamente quien produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar." "Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: I. Los que acuerden o preparen su realización; II. Los que lo realicen por sí; III. Los que lo realicen conjuntamente; IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito; y, VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad." Hechos de tránsito. "Artículo 228. Daño en las cosas doloso A quien dolosamente destruya o deteriore una cosa ajena o propia en perjuicio de otro, se le impondrá las siguientes consecuencias jurídicas: (. . .) III. De dos a tres años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa cuando el valor del daño exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, (. . .)" "Artículo 232. Daños en hechos de tránsito vehicular Cuando los daños se ocasionen culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas a que se refiere el artículo 228 de este Código, siempre que el sujeto activo: I. Conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; II. Conduzca peligrosa o temerariamente, utilice teléfonos celulares u otro instrumento que le requiera su atención, con infracción grave a las normas de tránsito; o, III. No auxilie a la víctima del delito o no se dé a la fuga. Lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular. "Artículo 137. Homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito vehicular, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 117 y 125, respectivamente, cuando se den los siguientes casos: I. El sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; II. Conduzca peligrosa o temerariamente; III. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga; o, IV. Se trate de un vehículo de transporte público de pasajeros. Cuando el homicidio o las lesiones sean producidos por un vehículo del servicio público o de carga pesada, la reparación del daño incluirá no solo la indemnización de los daños, sino además el monto del perjuicio que por la muerte o lesión de una persona se cause al sujeto pasivo o a terceros." "Artículo 125. Lesiones simples A quien cause a otra persona un daño o alteración en su salud se le impondrá: I. De veinte a ochenta días multa, cuando las lesiones no impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o causen enfermedad que no dure más de ese tiempo; II. De seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, cuando las lesiones impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o la enfermedad dure un lapso mayor de ese tiempo, siempre que esas circunstancias sean temporales; III. De cuatro a diez años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente en la cara; IV. De cinco a diez años de prisión y multa de cien a quinientos días multa, cuando las lesiones produzcan debilitamiento, disminución o perturbación de las funciones, órganos o del uso de la palabra o de las facultades mentales; y, V. De ocho a quince años de prisión y multa de cien a quinientos días multa, si la lesión deja al ofendido, una enfermedad mental o corporal incurable; pérdida o inutilización de un miembro, sentido o función; pérdida permanente del uso de la palabra; deformidad incorregible, incapacidad permanente para el trabajo o la pérdida de la capacidad para engendrar o la esterilización forzada." Asimismo, se advierte que en la audiencia de vinculación que comenzó a las quince horas del uno de enero del año en curso, se resolvió de la siguiente forma: 15:09 horas: Se individualizaron las partes. 15:11 horas: Las victimas designaron a la licenciada ********************, como su asesora jurídica, quien acepto y protesto el cargo. Se verificó la cédula profesional de la asesora, la cual se encuentra debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesiones [consulta en línea en la página web https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action y en el Sistema Integral de Administración Judicial [SIAJ] del Poder Judicial del Estado. 15:14 horas: El investigado ********************, manifestó que, conoce los derecho constitucionales a su favor, nombrando como su defensor privado al licenciado ********************, quien aceptó y protestó el cargo conferido, asimismo, solicitud que sus datos fueran privados. Se verificó la cédula profesional del defensor, la cual se encuentra debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesiones [consulta en línea en la página web https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action y en el Sistema Integral de Administración Judicial [SIAJ] del Poder Judicial del Estado. 15:17 horas: La fiscalía solicitó se califique de legal el cumplimiento de la orden de aprehensión. 15:19 horas: Al no existir debate, se calificó de legal el cumplimiento de la orden de aprehensión. 15:21 horas: La fiscalía manifestó que previamente se les canalice al área de mediación, pero las victimas decidieron continuar con el procedimiento, ya que el investigado no se presentó. 15:23 horas: La defensa señaló que tuvieron comunicación con un abogado ********************, de las víctimas, pero jamás se concrete un arreglo. 15:29 horas: Se decretó receso para verificar la conexión de la asesora y se analice la posibilidad de ir a mediación. 16:06 horas: Se reanudó audiencia y se hizo constar que la asesora se comunicó con las víctimas, pero existen problemas de conexión, por lo que se decretó un receso de una hora aproximadamente para que la asesora se trasladara a la sala de oralidad. 17:39 horas: Se reanudó audiencia y se individualizó el asesor jurídico. 17:41 horas: Las victimas designaron al licenciado ********************, como su asesor jurídico, quien aceptó y protestó el cargo. Se verificó cédula profesional. 17:43 horas: La fiscalía manifestó que las víctimas no quisieron perjudicar al imputado, pero quieren hacer manifestaciones. 17:44 horas: Las victimas manifestaron que ha sido bastante tiempo en que han buscado se les responda, pero en el seguro les indicaron que hasta que un juez lo determinara, les pagarían. 17:46 horas: La juez determinó que dadas las manifestaciones de las partes, no existen condiciones para remitirlos a mediación, por lo que continuara la audiencia. 17:48 horas: La fiscalía formuló imputación a ******************** por el hecho que la ley señala como delito de daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 232, fracción II, en relación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de ********************, así como por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones culposas con motivó de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 137 fracción II y 125 fracción II, en concordancia con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal Estatal. Hecho: "...Que el día 15 de diciembre del año 2018 siendo aproximadamente las 14:40 horas, ********************Manejaba en compañía de******************** una vehículo de la marca ********************, modelo ******************** con número de serie ******************** y placas de circulación ******************** del estado de Jalisco, sobre la carretera ********************, a la altura del kilómetro ******************** perteneciente a Ecuandureo, ********************, momento en que se percatan que en el carril contrario circulaba un vehículo de la marca ********************color verde con placas de circulación ******************** del distrito Federal, conducido por usted ********************a exceso de velocidad, de lo permitido en esa vía, perdiendo el control de la unidad vehicular a la entrada de una curva, proyectándose invadiendo carril contrario, impactando a la víctima y la unidad, al exterior de su carrocería con predominio en su parte anterior y posterior del lado izquierdo, hundimiento que abarca fascia anterior del lado izquierdo, ausencia de retrovisor izquierdo, descuadre de la unidad, exposición de bolsas de aire, daños considerados como pérdida total con un valor de ********************, que derivado del impacto resultaron lesionados la víctima ********************, tal como fractura de humero proximal de hombro izquierdo, misma que tarda en sanar más de quince días y que la víctima Verónica resultó con fractura de la vértebra cervical d, prolusión discal de c5, c6 con anterolistesis grado 1, lesión del canal raquídeo, mismas que tardan en sanar más de quince días, con secuelas medico estético y funcionales ..." Datos de prueba: 1. Informe policial homologado de 15 de diciembre de 2018. 2. Querella presentada por ********************, anexando factores de unidad vehicular. 3. Escrito presentado por ********************. 4. Certificado médico de lesiones realizado a********************, por el área de urgencias del IMSS. 5. Certificado médico de lesiones realizado a ********************, por el área de urgencias del IMSS. 6. Certificado médico de lesiones en base a constancias, por la perito ********************. 7. Dictamen sobre avaluó de daños, realizado por el perito ********************. 8. Certificado médico de lesiones de con base en constancias de********************, suscrito por la perito ********************. 9. Entrevista de********************. 10. Entrevista de ********************. 11. Dictamen en materia de causalidad, de 10 de junio de 2019 suscrito por el perito ********************. 12. Escrito presentado por el investigado, designando a licenciado ********************, como su defensor particular. 13. Comparecencia de ********************de 18 de octubre de 2022. 18:20 horas: El imputado previamente asesorado por su defensa, se abstuvo de declarar. 18:21 horas: En términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso al imputado, dándose por reproducido el cuadro factico. 18:21 horas: El imputado solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en la presente audiencia. 18:31 horas. El asesor jurídico solicitó se dictara auto de vinculación a proceso. 18:31 horas: La defensa debatió la petición de vinculación a proceso, solicitando el sobreseimiento por la prescripción de la acción penal. 18:37 horas: La fiscalía contestó a lo referido por la defensa e insistió en su petición. 18:39 horas: La defensa respondió a lo argumentado por la fiscalía. 18:44 horas: La jueza procedió a resolver. 18:44 horas: Resulto improcedente la petición de la defensa sobre prescripción de la acción penal. 19:10 horas: Se dictó auto de vinculación a proceso a ******************** por el hecho que la ley séñal como delito de daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 232 fracción II, en relación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de ********************, así como por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones culposas con motive de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 137 fracción II y 125 fracción II, en concordancia con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal Estatal. 19:11 horas: La juez hizo saber el derecho de impugnar la presente determinación. 19:13 horas: Se decretó receso a petición de la defensa para necesidades fisiológicas. 19:19 horas: Se reanudo audiencia 19:19 horas: La fiscalía solicitó se impusiera al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 19:22 horas: El asesor jurídico solicitó se impusiera la medida cautelar solicitada por la fiscalía. 19:24 horas: La defensa debatió la petición de medida cautelar. 19:37 horas: Se negó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 19:37 horas: En términos del artículo 155 fracciones I y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó al imputado las medidas cautelares consistentes en: la presentación periódica, cada mes ante la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso de Zamora, y la prohibición de salir del país sin autorización, lo anterior por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, salvo ejercicio de su defensa, se girar oficio correspondiente. 19:41 horas: Se ordenó la inmediata libertad del imputado, por lo Que ve a esa causa penal; por lo que se ordenó girar el oficio al centro penitenciario. 19:42 horas: La fiscalía solicitó 1 mes de plazo para cierre de investigación, sin oposición de las partes. 19:42 horas: Se autorizó 1 mes de plazo para cierre de investigación, el cual concluye el 01 de febrero de 2023. 19:42 horas: Quedaron autorizadas copias de acta vía correo para fiscalía, asesor, defensa. Se autorizó copia del audio y video para el defensor. 19:44 horas: Quedan los intervinientes notificados de las resoluciones tomadas en esta audiencia, conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 19:45 horas: Se dio por concluida la audiencia. Conforme a lo expuesto, se advierte que fue legal el auto de vinculación a proceso, pues en la continuación de la audiencia inicial celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, se determinó que los hechos imputados al aquí quejoso eran por el hecho que la ley señala como delito de daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 232 fracción II, en relación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de ********************; así como por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones culposas con motive de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 125 fracción II, en concordancia con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, del Código Penal Estatal. Ello, conforme al cuadro fáctico que el juez estableció de acuerdo a la mecánica de los hechos y a los datos de prueba allegados por el ministerio público, en los siguientes términos: "...Que el día 15 de diciembre del año 2018 siendo aproximadamente las 14:40 horas, ********************Manejaba en compañía de******************** una vehículo de la marca ********************, modelo ******************** con número de serie ******************** y placas de circulación ******************** del estado de Jalisco, sobre la carretera ********************, a la altura del kilómetro ******************** perteneciente a Ecuandureo, ********************, momento en que se percatan que en el carril contrario circulaba un vehículo de la marca ********************color verde con placas de circulación ******************** del Distrito Federal, conducido por usted ********************a exceso de velocidad, de lo permitido en esa vía, perdiendo el control de la unidad vehicular a la entrada de una curva, proyectándose invadiendo carril contrario, impactando a la víctima y la unidad, al exterior de su carrocería con predominio en su parte anterior y posterior del lado izquierdo, hundimiento que abarca fascia anterior del lado izquierdo, ausencia de retrovisor izquierdo, descuadre de la unidad, exposición de bolsas de aire, daños considerados como pérdida total con un valor de ********************, que derivado del impacto resultaron lesionados la víctima ********************, tal como fractura de humero proximal de hombro izquierdo, misma que tarda en sanar más de quince días y que la víctima Verónica resultó con fractura de la vértebra cervical d, prolusión discal de c5, c6 con anterolistesis grado 1, lesión del canal raquídeo, mismas que tardan en sanar más de quince días, con secuelas medico estético y funcionales ...". Así, de acuerdo al cuadro fáctico que se desprende de la narración antes inserta, quien resuelve estima correcta la vinculación a proceso del quejoso, en el sentido de que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por el hecho que la ley señala como delito de daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 232 fracción II, en relación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de ********************; así como por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones culposas con motive de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************, hecho previsto y sancionado por los artículos 137 fracción II y 125 fracción II, en concordancia con los numerales 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción II, del Código Penal Estatal; datos que fueron relacionados por la fiscalía en la audiencia inicial celebrada en la parte en la que se formuló la imputación el uno de enero de dos mil veintitrés, los cuales consisten en: 1. Informe policial homologado de 15 de diciembre de 2018. 2. Querella presentada por ********************, anexando factores de unidad vehicular. 3. Escrito presentado por ********************. 4. Certificado médico de lesiones realizado a********************, por el área de urgencias del IMSS. 5. Certificado médico de lesiones realizado a ********************, por el área de urgencias del IMSS. 6. Certificado médico de lesiones en base a constancias, por la perito ********************. 7. Dictamen sobre avaluó de daños, realizado por el perito ********************. 8. Certificado médico de lesiones de con base en constancias de********************, suscrito por la perito ********************. 9. Entrevista de********************. 10. Entrevista de ********************. 11. Dictamen en materia de causalidad, de 10 de junio de 2019 suscrito por el perito ********************. 12. Escrito presentado por el investigado, designando a licenciado ********************, como su defensor particular. 13. Comparecencia de ********************de 18 de octubre de 2022. De tal suerte que, respecto del ilícito que nos ocupa no existe controversia probatoria en cuanto su actualización, pues los datos de prueba son suficientes en esta etapa procesal, para considerar razonablemente que el quejoso es probablemente el que cometió daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, el hecho que la ley señala como delito de Lesiones culposas con motive de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************; esto es, que él fue el que conducía el vehículo que ocasionó lo antes descrito. Lo que se considera así, primeramente, porque no obra hasta este momento datos de prueba a través del que se acredite que haya sido otra persona, ya que como lo refirió el Magistrado responsable, en la apelación no cuestionó ni se excepcionó con dichos datos de pruebas, o alguna excluyente, solo basó su defensa en la prescripción de la acción, y no refutó nada de los anterior. Además, como lo motivó el Magistrado responsable, hasta este momento procesal no existen elementos objetivos que soporten la hipótesis defensiva sustentada por la defensa, ya que todos sus argumentos se limitaron a tratar de establecer que dicho hechos ya fueron prescritos. Por esas razones, el suscrito considera que, a la luz del esquema probatorio impuesto en el sistema acusatorio penal, conforme al cual, como ya se dijo en párrafos precedentes, ya no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía, para solicitar la vinculación a proceso y en el que Ministerio Público no está obligado a presentar pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, están satisfechos los requisitos legales establecidos para el dictado del auto de vinculación en los términos dictados. Aspectos que correctamente se encuentran convalidados en la resolución que constituye el acto reclamado, en la medida que en ella, el magistrado responsable señaló que del análisis del testimonio de las constancias de la causa penal******************** y reproducción del disco DVD, que contiene las videograbaciones del debate del juicio, no se encontraron violaciones a las normas que rigen el procedimiento, además de que se aprecia que el licencia ********************, quien fue designado por el imputado como su defensor, ciertamente, cuanta con cedula profesional. Aunado a que el apelante, solo cuestiona la parte de la resolución que estimó improcedente el sobreseimiento por prescripción de la acción, pero sin establecer el motivo por el que contrario a lo que resolvió la a quo. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación de la imputada, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgó un mes en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Se invoca como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/******************** (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014800, Décima Época, Materias(s): Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de ********************, Tomo I, página 360, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por lo mismo, fue legal la determinación del juez en el sentido de dictar auto de vinculación y por ende, la confirmación de dicha resolución pronunciada por el magistrado responsable. Atento a lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y al no advertirse deficiencia que suplir en su favor, y al no advertir vulneración de los contenidos en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 1, párrafo I y II; 14, primer y segundo párrafo, 16 y 19, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra la resolución pronunciada en el toca de apelación ********************, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, dentro del proceso penal********************, que se instruye al quejoso por el hecho que la ley señala como delito de daño en hechos de tránsito vehicular en agravio de ********************, y por diverso hecho que la ley señala como delito de lesiones culposas con motive de tránsito vehicular en agravio de ********************y********************. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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