José David García Mendoza
Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José David García Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 622/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las que se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por la parte quejosa así como con la documental exhibida por el juez responsable al rendir su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza los medios probatorios descritos. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, José David García Mendoza, por conducto de su apoderado jurídico Julio César Torres Tapia, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los diversos 6°, 8°, 10 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo. Incompetencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 622/2021 y en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo y la declinó a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán. Tercero. No se acepta competencia. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; juzgado de distrito que la registró con el número de expediente 445/2021 y en auto de treinta de julio del año en curso, determinó no aceptar la competencia planteada y ordenó devolver el juicio de amparo a este órgano de control constitucional. Cuarto. Se reasume competencia. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional reasumió la competencia y admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se reservó proveer respecto a la existencia de terceros interesados; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Carácter de tercera interesada. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Andrea Estefanía Morfín Yacuta y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por autoridad residente dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a fojas 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, Materia Común, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, los actos reclamados por la quejosa al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consiste en: Proveído emitido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 815/2019, que sobre pago de pesos promovió Andrea Estefanía Morfín Yacuta frente a José David García Mendoza. En el mencionado auto, el juez responsable determinó que no había lugar a admitir a trámite el recurso de revisión que intentó en contra de la sentencia interlocutoria de once de junio del año en curso -incidente de liquidación de intereses-, toda vez que el mismo no se encontraba contemplado en la legislación mercantil; asimismo que debería estarse a lo acordado en proveído diverso de la misma data [en el cual causó ejecutoria por ministerio de ley respecto de la mencionada resolución]. Violación procesal cometida en el emplazamiento a medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil 815/2019. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consistente en las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 815/2019, que sobre pago de pesos promovió Andrea Estefanía Morfín Yacuta frente a José David García Mendoza [un tomo]. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se advierte el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 749 del Apéndice de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección- procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, registro 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Por cuestión de técnica jurídica se analizará en primer término la violación procesal violación reclamada por el quejoso, la cual aduce ocurrió en el emplazamiento a medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil 815/2019, pues de ser fundada se dejaría insubsistente lo actuado con posterioridad; y, en segundo lugar, el auto emitido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 815/2019, que sobre pago de pesos promovió Andrea Estefanía Morfín Yacuta frente a José David García Mendoza. Violación procesal violación procesal cometida en el emplazamiento a medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil 815/2019. El quejoso argumenta, de manera genérica, lo siguiente: La autoridad responsable violó el artículo 17 constitucional al no respetar los argumentos del quejoso y permitir que se emitiera una resolución final y como consecuencia de ésta, la autorización parcial a la planilla de liquidación, sin haber tomado en cuenta los argumentos que en el recurso de revisión se hicieron valer. Respecto de dicho argumento invocó las tesis de rubros siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. AL CONSTITUIR UN JUICIO AUTÓNOMO DEL PRINCIPAL, LAS MANIFESTACIONES EMITIDAS POR EL DEMANDADO INCIDENTISTA SON PARTE DE LA LITIS A DIRIMIR, Y EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)". "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO)". Señala que la responsable omitió pronunciarse en cuanto al fondo de los antecedentes. Trae a contexto lo planteado en el escrito de agravios en contra de la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, como por ejemplo, que la violación en el juicio de origen comenzó con el auto admisorio de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que el juez no conminó al actuario para que respetara lo estipulado en los artículos 1162 y 1163 del Código de Comercio. Señala porqué estima que las diligencias de tres y cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, efectuadas en el juicio de origen, no cumplieron con los requisitos contenidos en los artículos 1162 y 1163 del Código de Comercio. También manifiesta que no fue debidamente emplazado a las diligencias para medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil 815/2019, lo que vulnera en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Argumentos que son inoperantes por inatendibles, ya que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, en específico, el once de junio de dos mil veintiuno, se emitió la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia; por tanto, este juzgador solo podría analizar violaciones procesales acontecidas después de la sentencia y dentro del trámite de dicho incidente, lo que no ocurre en el caso. Ello es así, porque como se advierte de párrafos anteriores, el quejoso se duele de una violación procesal en el emplazamiento a medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil 815/2019, por lo que debió haberla impugnado -como se estableció en el diverso juicio de amparo 708/2021 del índice de este juzgado- como vía de excepción en el juicio de origen, o bien, en su caso, como violación procesal en amparo directo que promoviera en contra de la sentencia definitiva. No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, al no poder ser analizado el emplazamiento a los medios preparatorios a juicio, no existe nada sobre lo que haya que suplir ni se actualiza algún otro de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo". Del contenido de dicho numeral se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpado, sentenciado, ofendido o víctima; no es ejidatario ni comunero; y, no es trabajador. Además, no se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita el quejoso que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio En ese contexto, al haber sido inoperantes los motivos de disenso hechos valer contra la violación procesal alegada, lo conducente es estudiar la constitucionalidad del diverso acto reclamado, consistente en el proveído de veintitrés de junio del año en curso. Proveído emitido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 815/2019, que sobre pago de pesos promovió Andrea Estefanía Morfín Yacuta frente a José David García Mendoza. El proveído en estudio es del tenor siguiente: "Uruapan, Michoacán, a 23 veintitrés de junio de 2021 dos mil veintiuno, Visto el escrito de cuenta que presenta Julio César Torres Tapia, apoderado jurídico de la parte demandada, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su pretensión respecto de admitir en trámite el recurso de revisión que intenta en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el 11 once del mes y año en curso, toda vez que el mismo no se encuentra contemplado por la legislación mercantil, además que deberá de estarse a lo acordado en proveído diverso de esta misma fecha. Así con apoyo en los artículos 1049, 1055, 1063, 1068, 1069, 1079, 1339, 1342, 1344, 1345 bis 4 y demás relativos del Código de Comercio, lo acordó y firma Alfredo Hirepan Ocegueda Fernández Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este distrito judicial, que actúa con el secretario de acuerdos que autoriza, licenciado Luis Noé Pulido Sánchez. Doy fe". Respecto de dicho acto la parte quejosa, nada argumentó en relación a porqué estima fue ilegal que la responsable determinara que no había lugar a admitir el recurso de revisión en contra de la mencionada resolución, sino que únicamente vertió argumentos relacionados con la violación procesal analizada en el inciso anterior. Por lo tanto, son inoperantes sus motivos de inconformidad, ya que en lugar de combatir el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno; enfocó sus conceptos de violación evidenciar la existencia de una violación procesal en el emplazamiento a medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil 815/2019. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, Materia Común, registro digital 185425, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". También es aplicable la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Cuarta Parte, Séptima Época, Materia Civil, registro digital 241154, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el peticionario de garantías insiste en lo alegado en la apelación y no manifiesta ningún argumento nuevo y distinto de lo expuesto en su escrito de agravios, ni tampoco combate los razonamientos legales que tuvo la responsable para desestimar dichos agravios, deben considerarse como inoperantes los conceptos de violación respectivos". En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuesto, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José David García Mendoza, por conducto de su apoderado jurídico Julio César Torres Tapia, respecto del acto y autoridad precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por este juzgado, remite copia certificada de la totalidad de constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su informe el juez responsable, misma que se ordena relacionar nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con dichas constancias fórmese un tomo de pruebas. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de veinte octubre de dos mil veintiuno se reservó proveer en relación con el escrito signado por Mario Calvillo Miranda hasta en tanto obraran en autos las constancias correspondientes al emplazamiento de la tercera interesada, lo que en la especie ya aconteció. Ahora, de las constancias que se acompañaron al oficio de cuenta, se advierte que Mario Calvillo Miranda, figura como apoderado legal de la tercera interesada Andrea Estefanía Morfín Yacuta, por lo que en el presente juicio de amparo se le reconoce dicho carácter en términos del artículo 11 de la Ley de la materia. Asimismo, se tiene a Mario Calvillo Miranda señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente asunto y como autorizados para tal efecto a las personas que indica, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. Se comisiona al actuario de la adscripción tome nota de lo anterior a efecto de realizar las notificaciones personales que emanen del presente juicio de amparo. Finalmente, para dar lugar a que las partes se impongan del contenido de las constancias referidas en párrafos anteriores y no violar las normas esenciales que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por Mario Calvillo Miranda, mediante el cual pretende apersonarse en el presente juicio de amparo; sin embargo, se reserva acordar en relación a su petición hasta en tanto se reciba el exhorto librado a efecto de verificar el emplazamiento de la parte tercera interesada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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