José Cruz Mireles

Expediente 888/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
888/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • José Cruz Mireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Devuélvanse al juez responsable, las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se publica en los estrados de éste órgano, el proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve de conformidad con el artículo 27 fracción III, y 29 de la ley de amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 888/2019, promovido por José Cruz Mireles por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, José Cruz Mireles por su propio derecho (foja 2), demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán y de otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 8, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 9), se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por el promovente, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete. Luego, en auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 41), se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán. Seguido el juicio por su cauce legal, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 65), se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que los actos que la quejosa reclama al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán y al Director del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán, consisten en: El auto de diecisiete de julio del año en curso pronunciado dentro del proceso penal 105/2014, que se instruye al quejoso por el delito de homicidio, mediante el cual en atención a la solicitud que en esa propia fecha elevó para que se le trasladara al Cereso de Zamora, se le dijo que se estuviera a lo acordado en el diverso auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve pronunciado en ese mismo expediente y su ejecución. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 37). Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro Penitenciario La Piedad, Michoacán, a pesar que al rendir su informe justificado (foja 30) éste lo haya negado expresamente; ello, porque el acto de ejecución que le atribuye no lo reclama por vicios propios, sino que lo hace depender de la ilegalidad del reclamo que atribuye al juez responsable; además, porque en el caso es evidente que sí se está ejecutando el acto reclamado, ya que es en ese centro de reclusión en el que el accionante de tutela constitucional guarda reclusión. Además de lo anterior, debe precisarse que la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, consistentes en copia certificada del proceso penal 105/2015 (dos tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en la fracción XIV del propio ordinal, respecto del acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de julio del año en curso pronunciado dentro del proceso penal 105/2014, que se instruye al quejoso por el delito de homicidio, mediante el cual en atención a la solicitud que en esa propia fecha elevó para que se le trasladara al Cereso de Zamora, se le dijo que se estuviera a lo acordado en el diverso auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve pronunciado en ese mismo expediente y su ejecución. Al respecto, el artículo 61, en sus fracciones XXIII y XIV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". El precepto legal antes transcrito, en su fracción XIV establece, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos de manera tácita; entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley, es decir, en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así, relacionando el contenido de dicha fracción con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia Ley de Amparo, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos; es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. En relación con el consentimiento de los actos reclamados para actualizar la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro 232527, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que un acto es derivado de otro consentido, que concurran los siguientes elementos: 1. Que el acto que se reclame en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó o bien, una reiteración de éste; 2. Que dicho acto anterior se emita en contra de la parte quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, 3. Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En la especie el acto reclamado se hizo consistir en el auto de diecisiete de julio del año en curso pronunciado dentro del proceso penal 105/2014, que se instruye al quejoso por el delito de homicidio, mediante el cual en atención a la solicitud que en esa propia fecha elevó para que se le trasladara al Cereso de Zamora, se le dijo que se estuviera a lo acordado en el diverso auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve pronunciado en ese mismo expediente y su ejecución, el cual, en la parte que aquí nos interesa, dice lo siguiente (foja 1194 del tomo de pruebas II): "(.) Dada cuenta del ocurso suscrito por el procesado José Cruz Mireles, gestionando en los autos de la causa penal 105/2014, que se le instruye a JOSÉ CRUZ MIRELES, por el delito de homicidio cometido en agravio de A.B.G., atentos a su contenido, mediante el cual solicita su reingreso al CERESO de la ciudad de Zamora, Michoacán; dígase que se esté al contenido del diverso auto de 27 veintisiete de mayo del 2019 dos mil diecinueve, en donde se proveyó esa misma solicitud, misma que le fue notificado de forma personal el 30 treinta de mayo del presente año.(.)" Por su parte, en el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve emitido en la misma causa penal (foja 1194 del tomo de pruebas II), se determinaron como razones para no autorizar el traslado solicitado por el quejoso, las siguientes: Que no era procedente autorizar el traslado al Centro Penitenciario de Zamora, Michoacán, toda vez que en proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete, se había calificado de legal su traslado del Centro de Reclusión de Zamora al de Sahuayo, porque incurrió en conductas violentas y porque fue señalado como autor intelectual y material de riñas colectivas y de un motín, en el que amenazó con tomar el poder y control del centro penitenciario y en donde además, exigió que se le permitiera ingresar droga; Además, porque mediante oficio CSPEM/5304/2018 el Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán, le informó que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho nuevamente se había trasladado al quejoso de Sahuayo a La Piedad, por cuestiones de seguridad, dado que requería condiciones especiales de seguridad y puso en riesgo la seguridad y gobernabilidad de ese centro de reclusión (Sahuayo), así como la integridad física de la población penitenciaria y la suya propia; Por ello, que como el Centro Penitenciario de La Piedad, es considerado de mayor seguridad y atendiendo a que puso en riesgo la gobernabilidad de los Centros de Zamora y de Sahuayo, así como su integridad personal y la de la población de los internos de esos centros, había procedido su ingreso en el reclusorio de La Piedad, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, Que partiendo de esos antecedentes, en específico de las circunstancias acontecidas en el Centro de Reclusión ubicado en Zamora, que es al que pretende que lo reingresen, no era factible autorizar su traslado a ese sitio. El panorama expuesto evidencía que en el caso que nos ocupa, cobran vigencia los tres supuestos exigidos jurisprudencialmente para que se estime actualizada la causal de improcedencia materia de estudio. En efecto con relación al primero, consistente en que el acto que se reclame en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó o bien, una reiteración de éste; se tiene que el auto de diecisiete de julio del año en curso pronunciado dentro del proceso penal 105/2014, que constituye la materia del acto reclamado, no es sino una reiteración del diverso proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la medida que en aquél se remitió expresamente a lo acordado en este último, al señalar expresamente que: "(.) dígase que se esté al contenido del diverso auto de 27 veintisiete de mayo del 2019 dos mil diecinueve, en donde se proveyó esa misma solicitud, misma que le fue notificado de forma personal el 30 treinta de mayo del presente año.(.)" Por lo que se refiere a que dicho acto anterior se emita en contra de la parte quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; también se estiman actualizados, en la medida que el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve también recayó a una solicitud que el propio quejoso elevó para ser trasladado al Centro Penitenciario de Zamora, Michoacán, con lo que se estima que fue emitido en su contra; de la misma forma, se considera que ese auto emitido en el mes de mayo, le causa agravio porque su petición para ser reingresado a Zamora, no fue acordada favorablemente. Y con relación a que no fue combatido, se tiene que a pesar que la notificación del auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve se encomendó mediante exhorto 84/2019-I (porque el quejoso guarda reclusión en un lugar distinto al del lugar en que se tramita el proceso penal) y que la misma se realizó personalmente por el Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en La Piedad, Michoacán, el treinta de mayo de dos mil diecinueve (foja 1172, del tomo de pruebas II); el accionante del amparo no se inconformó con la misma, ya que al momento de su realización sólo indicó: Que oigo los autos que se me narran, dándome por legal y debidamente notificado de su contenido íntegro y sí te firmo ya que así lo creo conveniente (.)" Aunado a ello, posterior a esa notificación no se advierte algún escrito a través del cual hubiera impugnado esa determinación ni tampoco que lo hubiere hecho a través de diverso juicio de amparo, por lo que es evidente, que lo consintió. Finalmente, con relación a que el auto reclamado no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se haya impugnado oportunamente; resta señalar que de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso hubiere encaminado sus conceptos de violación a atacar vicios propios a la determinación de diecisiete de julio de este año, pues en ellos únicamente se limitó a realizar la transcripción de algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, dado que en los párrafos precedentes se demostró que el acto reclamado en esta instancia de amparo deriva de otro consentido, se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Y la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Lo que impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante del amparo, tendentes a demostrar la violación de sus derechos por los actos reclamados a la autoridad responsable y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708; cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal| de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E- Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Cruz Mireles por su propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables y por los motivos que quedaron precisados en la cuarta consideración de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se publica en los estrados de éste órgano, la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve de conformidad con el artículo 27 fracción III, y 29 de la ley de amparo.

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