José David Palacios Olivas
Expediente 614/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José David Palacios Olivas
- Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos
- José David Palacios Olivas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y en que se negó el amparo, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Además, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
visdta la razon actuarial se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se notifica por medio de lista la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciseis que dice: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- C. JUEZ DE GARANTÍA (sic) DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS con domicilio conocido en la calle Barranco Azul, s/n de la Col. Toribio Ortega en esta ciudad, en su carácter de ORDENADORA. IV. ACTO RECLAMADO: De la Autoridad señalada como ordenadora reclamo lo siguiente: I.- LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA QUINCE DE JULIO DEL AÑO 2016, EMITIDO EN MI CONTRA. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el día quince de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 19, 75 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 23), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el quince de julio de dos mil dieciséis, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso José David Palacios Olivas, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 19, 75 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En relación con lo anterior, la Jueza de Control responsable, remitió transcripción certificada de la transcripción escrita del auto de vinculación a proceso que se le reclama y videograbación certificada tanto de la audiencia relativa a dicho auto, como de las que le precedieron, relativas al nombramiento de defensor, control de detención, formulación de imputación y declaración preparatoria. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por la Jueza de Control responsable, dotado de fe pública. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Mientras que, el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En relación a lo anterior, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción escrita del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción; esto, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; dándose al quejoso la oportunidad de declarar respecto de los hechos ilícitos que se le imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, al cual se acogió. Precisado lo anterior, se tiene que la Jueza de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto por los artículos 19 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que disponen: Artículo 19. Tentativa punible Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Jueza de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, se considera conveniente precisar que dicho estudio es a nivel conceptual, esto es la acreditación de los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal, y a partir de los datos que se desprendan de los medios de convicción que el agente del Ministerio Público haya hecho del conocimiento de la Jueza de Control, esto es así, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 757, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 2004857, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Por lo que, para estimar configurado, aun en grado de probabilidad, el hecho que la ley considera delito de homicidio en grado de tentativa, es necesario que se demuestre que el sujeto activo tenía la resolución de privar de la vida a otra persona, exteriorizando para ello, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir dicho resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, resultado que no logra consumar, por causas ajenas a su voluntad. Lo anterior, en el entendido de que la pérdida de la vida deberá entenderse, tal como lo precisó la Jueza de Control responsable, en términos del artículo 343 de la Ley General de Salud , esto es cuando se suprimen las funciones orgánicas por muerte encefálica o paro cardiaco. Pues bien, la Jueza de Control responsable, estimó configurado el hecho ilícito considerado homicidio en grado de tentativa, tomando en cuenta los datos que se desprendieron de los medios de convicción desahogados durante la integración de la carpeta de investigación por el agente del Ministerio Público, valorados en términos de los artículos 265, 265, 356, 357 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales , específicamente con el acta de aviso elaborada por los agentes aprehensores adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ******* y *******, quienes dijeron haber recibido un llamado sobre una persona lesionada con arma blanca en las calle ******* y *******, en esta ciudad, por lo que se constituyeron en dicho lugar a las tres horas con cuarenta y cinco minutos donde de inmediato fueron informados por la víctima que estando en su domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, escuchó ruidos, por lo que abrió los ojos y vio una silueta de un sujeto masculino que se abalanzó sobre su cuerpo con un arma blanca consistente en un cuchillo, sujeto que lo hirió y le manifestó "te voy a matar", por lo que la víctima trató de impedir el ataque y gritó pidiendo auxilio, llegando el padre de la víctima, quien también se encontraba pernoctando en el domicilió indicado, en diversa habitación, quien al escuchar los gritos de la víctima, se dirigió al lugar de los hechos y cuando prendió la luz, observó que la víctima y el sujeto activo se encontraban forcejeando, así como de que el sujeto activo aún traía un cuchillo, que el padre de la víctima sometió al sujeto activo y entonces aquella pudo quitarle el cuchillo, con el cual ya lo había lesionado en el brazo, en la espalda y en el tórax, razón por la cual detuvieron al sujeto activo. Asimismo, los elementos aprehensores aseguraron el arma blanca con la cual el sujeto activo pretendió privar de la vida a la víctima, el cual se encontraba en la habitación de ésta. A dicho medio de convicción, acertadamente, la Jueza de Control responsable, otorgó valor probatorio, pues los elementos captores expusieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, además, acudieron al mismo en atención al aviso que recibieron y en cumplimiento a sus funciones, conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales ; además, no se advierte que hayan alterado la forma en que ocurrieron los hechos, pues la información que proporcionaron se encuentra corroborada con otros medios de prueba, como el acta de aseguramiento del instrumento del delito, así como el acta de cadena y eslabones de custodia, entre otros que más delante se mencionarán, esto, en términos de los artículo 227 y 229 del citado Código Nacional . Ahora bien, como acertadamente argumentó la Jueza de Control responsable, en relación al alegato de la defensa del sujeto activo, no es trascendente, ni resta valor probatorio al acta de hechos, acta de aseguramiento y cadena de eslabones y custodia del instrumento del delito, el hecho de que a ésta última se le haya asignado la fecha "nueve" de julio de dos mil dieciséis, en vez de "diez" de julio de dos mil dieciséis, en que realmente ocurrieron los hechos, pues, como acertadamente lo indicó la Jueza de Control responsable, es claro que los hechos ocurrieron el diez de julio de dos mil dieciséis, pues así se asentó en el acta de hechos de los policías aprehensores que atendieron el aviso de la comisión de hechos probablemente ilícitos, del propio dicho de la víctima y del testigo directo de hechos que es su padre, por lo que se entiende que si bien fue un error asentar una fecha diversa en el acta de cadena y eslabones de custodia del instrumento del delito, lo cierto es que ello no le resta valor probatorio a su hallazgo, ni a los medios de convicción relacionados, pues es evidente que es un error involuntario e intrascendente en la medida en que está contundentemente demostrada la fecha en que ocurrieron los hechos. Además, como lo advirtió la Jueza de Control responsable, todo lo anterior es conteste con los datos que se desprenden de la denuncia que la víctima presentó ante el agente del Ministerio Público, y a su vez con los que se desprenden de la entrevista que le formularon los agentes aprehensores en el momento de su intervención, en el sentido de que el diez de julio de dos mil dieciséis, se encontraba en su domicilio, dormido en su habitación, cuando una persona entró a ésta, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, que él, al escuchar ruidos abrió los ojos y vio la silueta de un sujeto masculino que le dijo "te voy a matar", se le abalanzó con un cuchillo y lo empezó a lesionar, que él trató de defenderse y forcejeó con el sujeto activo, además pidió auxilio, por lo que llegó su padre, quien sometió al agresor y así la víctima logró quitarle el cuchillo. De igual forma, como lo indicó la Jueza de Control responsable, se cuenta con la declaración ante el agente del Ministerio Público, del padre de la víctima, Manuel Zuñiga Carrillo, quien manifestó que el día de los hechos, se encontraba en su domicilio, cuando escuchó los gritos de auxilio, que entonces se levantó y fue al dormitorio de su hijo y cuando prendió la luz, vio que el sujeto activo que vestía camiseta de tirantes blanca y pantalón negro, tenía un cuchillo en la mano y ya tenía sometido a su hijo y éste ya estaba herido, sin embargo, su hijo logró quitarle el cuchillo. De tales declaraciones, como lo consideró la Jueza de Control responsable, se desprenden datos que constituyen indicios para determinar la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, pues no se advierte alteración en sus dichos, sino que coinciden entre sí y con los demás medios de convicción ya descritos y valorados, realizaron tales declaraciones por sí y espontáneamente, inmediatamente después de que ocurrieran los hechos, los cuales percibieron por medio de sus sentidos, además el padre de la víctima es una persona mayor de edad; por lo que, en términos de los artículos 222, 223, 360 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales , es posible, efectivamente, considerar que tales declaraciones son veraces, sin reticencias, mendacidad, dudas o coacción en su emisión. En este aspecto, el quejoso, en su segundo concepto de violación, argumenta que existen inconsistencias entre lo declarado por la víctima ante los policías aprehensores y lo manifestado ante el Representante Social; sin embargo, tales inconsistencias no se advierten, por el contrario, ambas declaraciones son contestes en cuanto a su esencia, esto es, en cuanto a que el sujeto activo ingresó al dormitorio de la víctima, le exteriorizó su intención de matarlo, comenzó a agredirlo con un cuchillo, sin embargo el pasivo logró repeler la acción y pedir auxilio, misma que le brindó su padre. Por lo tanto, el segundo motivo de inconformidad del quejoso, es infundado. Continuando, como lo consideró la Jueza de Control responsable, consta el informe médico de lesiones que emitió el perito oficial *******, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, quien al tener a la víctima, directamente a la vista, el diez de julio de dos mil dieciséis y practicarle un examen físico conforme a sus conocimientos especializados, clasificó las lesiones que localizó en la persona de la víctima, esto es, las localizadas en el antebrazo, cara interna del brazo, tórax, del lado izquierdo a nivel intercostal y línea axilar de tres centímetros, como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y pueden dejar consecuencias médico legales, como cicatrices; al respecto también indicó que dichas lesiones se ocasionaron aproximadamente doce horas antes y que son compatibles con arma blanca o cuchillo. Todo lo cual, ciertamente coincide con lo manifestado por los elementos captores, víctima y padre de ésta en sus respectivas declaraciones, razón por la cual es posible otorgarle credibilidad a dicha prueba pericial, ya que fue emitida por un perito oficial en ejercicio de sus funciones, el cual dio a conocer la metodología que utilizó, apegándose a lo dispuesto por los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anterior, la Jueza de Control responsable, acertadamente estimó que de los elementos de prueba descritos y valorados, se desprenden datos que permiten estimar configurado, en grado de probabilidad, el hecho delictivo de homicidio en grado de tentativa, previsto por los artículos 19 y 123 del Código Penal del estado de Chihuahua, pues quedó demostrado, al menos hasta este momento, que el diez de julio de dos mil dieciséis, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, el sujeto activo se introdujo al domicilio de la víctima, ubicado en *******, en esta ciudad, durante la madrugada, precisamente a las tres horas con treinta minutos, y con un cuchillo en mano se le abalanzó con el propósito de privarlo de la vida, logrando únicamente lesionarlo, debido a que la víctima repelió la agresión, lo que constituye la causa ajena a la voluntad del sujeto activo que evitó que se consumara el delito en su totalidad, lo cual era su propósito pues le manifestó a la víctima literalmente "te voy a matar", además, la víctima solicitó auxilio, por lo que acudió el padre a su habitación, quien sometió al sujeto activo, razón por la cual la víctima logró quitarle el cuchillo. Respecto a la configuración del hecho ilícito que nos ocupa y los alegatos que al respecto formuló la defensa del sujeto activo, medularmente en el sentido de que no se demuestra el elemento subjetivo del delito, consistente en la intención del sujeto activo de consumar el delito; ni tampoco el objetivo, relativo a los actos unívocos realizados por el sujeto activo para lograr tal consumación; acertadamente la Jueza de Control responsable, desestimó tales alegatos defensivos argumentando que los actos que ejecutó el activo del delito, desde luego fueron los idóneos para producir el resultado deseado y ulterior, esto es, privar de la vida a la víctima, pues: - Ingresó a su domicilio a las tres horas con treinta minutos, esto es en la madrugada, siendo altamente probable que la víctima durmiera en esos momentos, - Llevaba consigo un arma blanca, específicamente un cuchillo, idóneo para producir lesiones que pueden ser mortales, - De hecho, logró lesionar a la víctima y si bien tales lesiones no pusieron en peligro su vida, como se estableció en el examen médico que se le realizó esto obedeció a causas externas a la voluntad del sujeto activo, específicamente a que aquélla logró repeler, por sí, la agresión y a que su padre intervino sometiendo al sujeto activo, lo que le permitió quitarle el cuchillo al agresor; pero, como precisa la Juez responsable, los actos que ejecutó el activo del delito, esto es, la naturaleza de las lesiones que logró ocasionar a la víctima, ciertamente pudieron ocasionarle la muerte de haber continuado, pues son idóneas para obtener ese resultado. Asimismo, como lo consideró la Jueza de Control responsable, contrario a lo que alega la defensa, desde luego que, hasta este momento, se encuentra demostrada la intención última del sujeto activo de privar de la vida a la víctima, sencillamente porque el sujeto activo exteriorizó esa intención al manifestarle "te voy a matar", y si bien el único testigo, padre del pasivo, no manifestó tal circunstancia, el dicho de éste en ese sentido, encuentra credibilidad, de momento, con las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, narradas con antelación. Similares conceptos de violación formula el quejoso en su demanda de amparo, el primero de ellos, respecto a que el dicho del sujeto activo en el sentido de querer matar a la víctima, se encuentra aislado; al respecto, es entendible que únicamente el pasivo del delito haya escuchado tal expresión por parte de su agresor, pues los hechos se desarrollaron en el interior de su habitación, pero ello no implica que la intención (elemento subjetivo del delito) de privarlo de la vida no se encuentre demostrado, pues ya se indicó exhaustivamente que, tal como la Jueza de Control responsable consideró, la intención de que se trata, se deriva de la propia mecánica de los hechos, la cual se conoció a través de los datos que derivaron del acta elaborada por los policías aprehensores, la entrevista y declaración de la víctima, así como el acta de aseguramiento del instrumento del delito, lo que se encuentra corroborado con la declaración ministerial del padre de aquélla, quien, como bien estimó la Jueza responsable, es conteste con lo anterior y si bien es cierto que no refirió, en momento alguno, haber escuchado al agresor expresar su intención de matar a su hijo, este juzgador considera que sí es apta, de momento, para corroborar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y por lo tanto, para otorgarle credibilidad al dicho del denunciante, el cual desde luego, no se encuentra aislado, sino corroborado con el resto de los datos que derivan del material probatorio ya analizado. En el mismo tenor, el quejoso en su tercer motivo de inconformidad, argumenta que si en el dictamen médico se determinó que las lesiones ocasionadas a la víctima, no ponen en peligro su vida, los datos que derivan de dicho medio de convicción, no son aptos para demostrar el elemento subjetivo que nos ocupa, por el contrario, serían aptos para demostrar que no está demostrada su intención de privar de la vida al quejoso. Sin embargo, debe tener presente el quejoso, que los datos que derivaron del dictamen médico, en momento alguno fueron tomados en cuenta para demostrar, precisa y directamente, su intención de matar a la víctima, sino que, de igual forma tales datos fueron útiles, como acertadamente lo consideró la Jueza responsable, para estimar que los hechos ocurrieron conforme a lo narrado por ella y su padre. Por lo tanto, el tercer concepto de violación del quejoso, es infundado. Asimismo, en su quinto concepto de violación, el quejoso argumenta que los hechos que nos ocupan, en realidad configuran la figura de la "riña", esto es, una contienda donde los sujetos están en un plano de igualdad y tienen la intención recíproca de ocasionarse un daño físico, pues hubo un enfrentamiento entre agresor y víctima y ninguno de ellos decidió retirarse de dicha contienda. No le asiste razón al quejoso, sencillamente porque hasta este momento, está demostrado que fue él quien ingresó a la habitación de la víctima, durante la madrugada del día de los hechos y que ésta fue la única persona que sufrió lesiones, además, el padre de ésta sí refirió haber escuchado la solicitud de auxilio de su hijo, tan es así, que por ello acudió a su habitación, donde logró someterlo y así el sujeto agredido pudo quitarle el cuchillo con el que le profirió lesiones; de manera que, de los datos que se desprenden de los medios de convicción ya analizados y valorados, de forma alguna se desprende que se haya presentado una "riña" entre víctima y agresor, lo que vuelve infundado el quinto concepto de violación del quejoso. En otro orden, como lo consideró la Jueza de Control responsable, la probabilidad de que el aquí quejoso *******, haya participado en la comisión de los hechos analizados, se demuestra con los datos que derivan del material probatorio ya descrito, valorados conforme a los citados artículos 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esencialmente con la imputación directa en su contra que realizó la víctima tanto en la entrevista que le realizaron los policías aprehensores, como en su declaración ante el agente del Ministerio Público. Señalamiento que, como lo precisó la Juez de Control responsable, concatenado a la declaración ministerial del padre del pasivo, el aseguramiento del instrumento del delito, consistente en un cuchillo, localizado precisamente en el lugar de los hechos, así como a la conclusión del perito químico oficial, *******, en el sentido de que sí existe rastro hemático humano en dicha arma, lo que implica, de momento, que el sujeto activo sí hirió a la víctima con la misma y que, por todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ejecución ya descritas, se entiende que su propósito último, era privarla de la vida, sin lograrlo por causas externas a su voluntad. Sin que, como lo señaló la Jueza de Control responsable, exista medio de prueba alguno propuesto y desahogado por la defensa del imputado, del que se desprendan datos que lo favorezcan, o en otras palabras, que apoyen la teoría del caso propuesta por dicha defensa, esencialmente en el sentido de que la intención del imputado, no era privar de la vida a la víctima. Por lo tanto, como acertadamente lo concluyó la Jueza de Control responsable, en el caso se encuentra demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso *******, participó en los hechos descritos, esto es, que el diez de julio de dos mil dieciséis, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, se introdujo al domicilio de la víctima, ubicado en *******, en esta ciudad, durante la madrugada, precisamente a las tres horas con treinta minutos, y con un cuchillo en mano se le abalanzó con el propósito de privarlo de la vida, logrando únicamente lesionarlo, debido a que aquélla repelió la agresión, lo que constituye la causa ajena a la voluntad del sujeto activo que evitó que se consumara el delito en su totalidad, lo cual era su propósito pues le manifestó literalmente al sujeto pasivo "te voy a matar", además, éste solicitó auxilio, acudiendo el padre a su habitación, quien sometió al sujeto activo, razón por la cual logró quitarle el cuchillo; sin que al respecto y hasta este momento, exista duda razonable en cuanto a la configuración del delito y probable participación del quejoso en su comisión, ni se actualice alguna excluyente del delito o esté extinta la acción penal. Delito que, al menos de forma probable, fue cometido por el imputado de forma dolosa, pues existen datos objetivos, conforme a lo ya expuesto, que permiten concluir que el imputado, a sabiendas de la ilicitud de su conducta -pues lesionar y privar de la vida a alguien son conductas notoriamente ilícitas-, deseaba privar de la vida a la víctima; asimismo, se trata de un delito instantáneo; cometido, en grado de probabilidad, por el imputado, en su calidad de autor material; todo esto en términos de los artículos 17, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua . Ahora bien en su sexto concepto de violación, el quejoso argumenta que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra no está debidamente fundado y motivado, lo cual es infundado ya que como se expuso anteriormente, la Jueza de control responsable, sí expresó los motivos que la llevaron a emitir tal resolución y fundamentó tal proceder, resultando aplicables los preceptos legales que al efecto citó, con los motivos aducidos. Por último, el séptimo concepto de violación que hace valer el quejoso relativo a que la Jueza de control responsable vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, es infundado, pues la situación jurídica del quejoso se encuentra regulada por el auto de vinculación a proceso reclamado, mismo que, como ya se expuso, resultó debidamente fundada y motivada, así como apegada a Derecho. Por lo tanto, el aludido principio no se transgredió en contra del quejoso, ya que el mismo no implica que no pueda emitirse un acto de autoridad que lo vincule a un proceso penal; sino que, lo que se exige, es que tal acto se encuentre jurídicamente justificado, lo que sí ocurrió en este asunto, de manera que, no existe violación por parte de la autoridad responsable, a tal principio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2006, Novena Época, del rubro y texto siguientes: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. No se omite mencionar que el artículo 19 Constitucional, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no exige pruebas contundentes de la participación del indiciado en la comisión del delito de que se trate, sino únicamente que, de los antecedentes, aparezca en grado de probabilidad su participación, lo que, en el caso, como se expuso, sí ocurrió. En consecuencia, lo procedente es negar al quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de vinculación a proceso que reclamó de la Jueza de control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, dictado dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 19 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, quince de noviembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTRUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- C. JUEZ DE GARANTÍA (sic) DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS con domicilio conocido en la calle Barranco Azul, s/n de la Col. Toribio Ortega en esta ciudad, en su carácter de ORDENADORA. IV. ACTO RECLAMADO: De la Autoridad señalada como ordenadora reclamo lo siguiente: I.- LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA QUINCE DE JULIO DEL AÑO 2016, EMITIDO EN MI CONTRA. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el día quince de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 19, 75 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 23), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el quince de julio de dos mil dieciséis, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso José David Palacios Olivas, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 19, 75 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En relación con lo anterior, la Jueza de Control responsable, remitió transcripción certificada de la transcripción escrita del auto de vinculación a proceso que se le reclama y videograbación certificada tanto de la audiencia relativa a dicho auto, como de las que le precedieron, relativas al nombramiento de defensor, control de detención, formulación de imputación y declaración preparatoria. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por la Jueza de Control responsable, dotado de fe pública. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Mientras que, el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En relación a lo anterior, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción escrita del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción; esto, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; dándose al quejoso la oportunidad de declarar respecto de los hechos ilícitos que se le imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, al cual se acogió. Precisado lo anterior, se tiene que la Jueza de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto por los artículos 19 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que disponen: Artículo 19. Tentativa punible Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Jueza de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, se considera conveniente precisar que dicho estudio es a nivel conceptual, esto es la acreditación de los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal, y a partir de los datos que se desprendan de los medios de convicción que el agente del Ministerio Público haya hecho del conocimiento de la Jueza de Control, esto es así, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 757, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 2004857, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Por lo que, para estimar configurado, aun en grado de probabilidad, el hecho que la ley considera delito de homicidio en grado de tentativa, es necesario que se demuestre que el sujeto activo tenía la resolución de privar de la vida a otra persona, exteriorizando para ello, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir dicho resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, resultado que no logra consumar, por causas ajenas a su voluntad. Lo anterior, en el entendido de que la pérdida de la vida deberá entenderse, tal como lo precisó la Jueza de Control responsable, en términos del artículo 343 de la Ley General de Salud , esto es cuando se suprimen las funciones orgánicas por muerte encefálica o paro cardiaco. Pues bien, la Jueza de Control responsable, estimó configurado el hecho ilícito considerado homicidio en grado de tentativa, tomando en cuenta los datos que se desprendieron de los medios de convicción desahogados durante la integración de la carpeta de investigación por el agente del Ministerio Público, valorados en términos de los artículos 265, 265, 356, 357 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales , específicamente con el acta de aviso elaborada por los agentes aprehensores adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ******* y *******, quienes dijeron haber recibido un llamado sobre una persona lesionada con arma blanca en las calle ******* y *******, en esta ciudad, por lo que se constituyeron en dicho lugar a las tres horas con cuarenta y cinco minutos donde de inmediato fueron informados por la víctima que estando en su domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, escuchó ruidos, por lo que abrió los ojos y vio una silueta de un sujeto masculino que se abalanzó sobre su cuerpo con un arma blanca consistente en un cuchillo, sujeto que lo hirió y le manifestó "te voy a matar", por lo que la víctima trató de impedir el ataque y gritó pidiendo auxilio, llegando el padre de la víctima, quien también se encontraba pernoctando en el domicilió indicado, en diversa habitación, quien al escuchar los gritos de la víctima, se dirigió al lugar de los hechos y cuando prendió la luz, observó que la víctima y el sujeto activo se encontraban forcejeando, así como de que el sujeto activo aún traía un cuchillo, que el padre de la víctima sometió al sujeto activo y entonces aquella pudo quitarle el cuchillo, con el cual ya lo había lesionado en el brazo, en la espalda y en el tórax, razón por la cual detuvieron al sujeto activo. Asimismo, los elementos aprehensores aseguraron el arma blanca con la cual el sujeto activo pretendió privar de la vida a la víctima, el cual se encontraba en la habitación de ésta. A dicho medio de convicción, acertadamente, la Jueza de Control responsable, otorgó valor probatorio, pues los elementos captores expusieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, además, acudieron al mismo en atención al aviso que recibieron y en cumplimiento a sus funciones, conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales ; además, no se advierte que hayan alterado la forma en que ocurrieron los hechos, pues la información que proporcionaron se encuentra corroborada con otros medios de prueba, como el acta de aseguramiento del instrumento del delito, así como el acta de cadena y eslabones de custodia, entre otros que más delante se mencionarán, esto, en términos de los artículo 227 y 229 del citado Código Nacional . Ahora bien, como acertadamente argumentó la Jueza de Control responsable, en relación al alegato de la defensa del sujeto activo, no es trascendente, ni resta valor probatorio al acta de hechos, acta de aseguramiento y cadena de eslabones y custodia del instrumento del delito, el hecho de que a ésta última se le haya asignado la fecha "nueve" de julio de dos mil dieciséis, en vez de "diez" de julio de dos mil dieciséis, en que realmente ocurrieron los hechos, pues, como acertadamente lo indicó la Jueza de Control responsable, es claro que los hechos ocurrieron el diez de julio de dos mil dieciséis, pues así se asentó en el acta de hechos de los policías aprehensores que atendieron el aviso de la comisión de hechos probablemente ilícitos, del propio dicho de la víctima y del testigo directo de hechos que es su padre, por lo que se entiende que si bien fue un error asentar una fecha diversa en el acta de cadena y eslabones de custodia del instrumento del delito, lo cierto es que ello no le resta valor probatorio a su hallazgo, ni a los medios de convicción relacionados, pues es evidente que es un error involuntario e intrascendente en la medida en que está contundentemente demostrada la fecha en que ocurrieron los hechos. Además, como lo advirtió la Jueza de Control responsable, todo lo anterior es conteste con los datos que se desprenden de la denuncia que la víctima presentó ante el agente del Ministerio Público, y a su vez con los que se desprenden de la entrevista que le formularon los agentes aprehensores en el momento de su intervención, en el sentido de que el diez de julio de dos mil dieciséis, se encontraba en su domicilio, dormido en su habitación, cuando una persona entró a ésta, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, que él, al escuchar ruidos abrió los ojos y vio la silueta de un sujeto masculino que le dijo "te voy a matar", se le abalanzó con un cuchillo y lo empezó a lesionar, que él trató de defenderse y forcejeó con el sujeto activo, además pidió auxilio, por lo que llegó su padre, quien sometió al agresor y así la víctima logró quitarle el cuchillo. De igual forma, como lo indicó la Jueza de Control responsable, se cuenta con la declaración ante el agente del Ministerio Público, del padre de la víctima, Manuel Zuñiga Carrillo, quien manifestó que el día de los hechos, se encontraba en su domicilio, cuando escuchó los gritos de auxilio, que entonces se levantó y fue al dormitorio de su hijo y cuando prendió la luz, vio que el sujeto activo que vestía camiseta de tirantes blanca y pantalón negro, tenía un cuchillo en la mano y ya tenía sometido a su hijo y éste ya estaba herido, sin embargo, su hijo logró quitarle el cuchillo. De tales declaraciones, como lo consideró la Jueza de Control responsable, se desprenden datos que constituyen indicios para determinar la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, pues no se advierte alteración en sus dichos, sino que coinciden entre sí y con los demás medios de convicción ya descritos y valorados, realizaron tales declaraciones por sí y espontáneamente, inmediatamente después de que ocurrieran los hechos, los cuales percibieron por medio de sus sentidos, además el padre de la víctima es una persona mayor de edad; por lo que, en términos de los artículos 222, 223, 360 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales , es posible, efectivamente, considerar que tales declaraciones son veraces, sin reticencias, mendacidad, dudas o coacción en su emisión. En este aspecto, el quejoso, en su segundo concepto de violación, argumenta que existen inconsistencias entre lo declarado por la víctima ante los policías aprehensores y lo manifestado ante el Representante Social; sin embargo, tales inconsistencias no se advierten, por el contrario, ambas declaraciones son contestes en cuanto a su esencia, esto es, en cuanto a que el sujeto activo ingresó al dormitorio de la víctima, le exteriorizó su intención de matarlo, comenzó a agredirlo con un cuchillo, sin embargo el pasivo logró repeler la acción y pedir auxilio, misma que le brindó su padre. Por lo tanto, el segundo motivo de inconformidad del quejoso, es infundado. Continuando, como lo consideró la Jueza de Control responsable, consta el informe médico de lesiones que emitió el perito oficial *******, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, quien al tener a la víctima, directamente a la vista, el diez de julio de dos mil dieciséis y practicarle un examen físico conforme a sus conocimientos especializados, clasificó las lesiones que localizó en la persona de la víctima, esto es, las localizadas en el antebrazo, cara interna del brazo, tórax, del lado izquierdo a nivel intercostal y línea axilar de tres centímetros, como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y pueden dejar consecuencias médico legales, como cicatrices; al respecto también indicó que dichas lesiones se ocasionaron aproximadamente doce horas antes y que son compatibles con arma blanca o cuchillo. Todo lo cual, ciertamente coincide con lo manifestado por los elementos captores, víctima y padre de ésta en sus respectivas declaraciones, razón por la cual es posible otorgarle credibilidad a dicha prueba pericial, ya que fue emitida por un perito oficial en ejercicio de sus funciones, el cual dio a conocer la metodología que utilizó, apegándose a lo dispuesto por los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anterior, la Jueza de Control responsable, acertadamente estimó que de los elementos de prueba descritos y valorados, se desprenden datos que permiten estimar configurado, en grado de probabilidad, el hecho delictivo de homicidio en grado de tentativa, previsto por los artículos 19 y 123 del Código Penal del estado de Chihuahua, pues quedó demostrado, al menos hasta este momento, que el diez de julio de dos mil dieciséis, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, el sujeto activo se introdujo al domicilio de la víctima, ubicado en *******, en esta ciudad, durante la madrugada, precisamente a las tres horas con treinta minutos, y con un cuchillo en mano se le abalanzó con el propósito de privarlo de la vida, logrando únicamente lesionarlo, debido a que la víctima repelió la agresión, lo que constituye la causa ajena a la voluntad del sujeto activo que evitó que se consumara el delito en su totalidad, lo cual era su propósito pues le manifestó a la víctima literalmente "te voy a matar", además, la víctima solicitó auxilio, por lo que acudió el padre a su habitación, quien sometió al sujeto activo, razón por la cual la víctima logró quitarle el cuchillo. Respecto a la configuración del hecho ilícito que nos ocupa y los alegatos que al respecto formuló la defensa del sujeto activo, medularmente en el sentido de que no se demuestra el elemento subjetivo del delito, consistente en la intención del sujeto activo de consumar el delito; ni tampoco el objetivo, relativo a los actos unívocos realizados por el sujeto activo para lograr tal consumación; acertadamente la Jueza de Control responsable, desestimó tales alegatos defensivos argumentando que los actos que ejecutó el activo del delito, desde luego fueron los idóneos para producir el resultado deseado y ulterior, esto es, privar de la vida a la víctima, pues: - Ingresó a su domicilio a las tres horas con treinta minutos, esto es en la madrugada, siendo altamente probable que la víctima durmiera en esos momentos, - Llevaba consigo un arma blanca, específicamente un cuchillo, idóneo para producir lesiones que pueden ser mortales, - De hecho, logró lesionar a la víctima y si bien tales lesiones no pusieron en peligro su vida, como se estableció en el examen médico que se le realizó esto obedeció a causas externas a la voluntad del sujeto activo, específicamente a que aquélla logró repeler, por sí, la agresión y a que su padre intervino sometiendo al sujeto activo, lo que le permitió quitarle el cuchillo al agresor; pero, como precisa la Juez responsable, los actos que ejecutó el activo del delito, esto es, la naturaleza de las lesiones que logró ocasionar a la víctima, ciertamente pudieron ocasionarle la muerte de haber continuado, pues son idóneas para obtener ese resultado. Asimismo, como lo consideró la Jueza de Control responsable, contrario a lo que alega la defensa, desde luego que, hasta este momento, se encuentra demostrada la intención última del sujeto activo de privar de la vida a la víctima, sencillamente porque el sujeto activo exteriorizó esa intención al manifestarle "te voy a matar", y si bien el único testigo, padre del pasivo, no manifestó tal circunstancia, el dicho de éste en ese sentido, encuentra credibilidad, de momento, con las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, narradas con antelación. Similares conceptos de violación formula el quejoso en su demanda de amparo, el primero de ellos, respecto a que el dicho del sujeto activo en el sentido de querer matar a la víctima, se encuentra aislado; al respecto, es entendible que únicamente el pasivo del delito haya escuchado tal expresión por parte de su agresor, pues los hechos se desarrollaron en el interior de su habitación, pero ello no implica que la intención (elemento subjetivo del delito) de privarlo de la vida no se encuentre demostrado, pues ya se indicó exhaustivamente que, tal como la Jueza de Control responsable consideró, la intención de que se trata, se deriva de la propia mecánica de los hechos, la cual se conoció a través de los datos que derivaron del acta elaborada por los policías aprehensores, la entrevista y declaración de la víctima, así como el acta de aseguramiento del instrumento del delito, lo que se encuentra corroborado con la declaración ministerial del padre de aquélla, quien, como bien estimó la Jueza responsable, es conteste con lo anterior y si bien es cierto que no refirió, en momento alguno, haber escuchado al agresor expresar su intención de matar a su hijo, este juzgador considera que sí es apta, de momento, para corroborar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y por lo tanto, para otorgarle credibilidad al dicho del denunciante, el cual desde luego, no se encuentra aislado, sino corroborado con el resto de los datos que derivan del material probatorio ya analizado. En el mismo tenor, el quejoso en su tercer motivo de inconformidad, argumenta que si en el dictamen médico se determinó que las lesiones ocasionadas a la víctima, no ponen en peligro su vida, los datos que derivan de dicho medio de convicción, no son aptos para demostrar el elemento subjetivo que nos ocupa, por el contrario, serían aptos para demostrar que no está demostrada su intención de privar de la vida al quejoso. Sin embargo, debe tener presente el quejoso, que los datos que derivaron del dictamen médico, en momento alguno fueron tomados en cuenta para demostrar, precisa y directamente, su intención de matar a la víctima, sino que, de igual forma tales datos fueron útiles, como acertadamente lo consideró la Jueza responsable, para estimar que los hechos ocurrieron conforme a lo narrado por ella y su padre. Por lo tanto, el tercer concepto de violación del quejoso, es infundado. Asimismo, en su quinto concepto de violación, el quejoso argumenta que los hechos que nos ocupan, en realidad configuran la figura de la "riña", esto es, una contienda donde los sujetos están en un plano de igualdad y tienen la intención recíproca de ocasionarse un daño físico, pues hubo un enfrentamiento entre agresor y víctima y ninguno de ellos decidió retirarse de dicha contienda. No le asiste razón al quejoso, sencillamente porque hasta este momento, está demostrado que fue él quien ingresó a la habitación de la víctima, durante la madrugada del día de los hechos y que ésta fue la única persona que sufrió lesiones, además, el padre de ésta sí refirió haber escuchado la solicitud de auxilio de su hijo, tan es así, que por ello acudió a su habitación, donde logró someterlo y así el sujeto agredido pudo quitarle el cuchillo con el que le profirió lesiones; de manera que, de los datos que se desprenden de los medios de convicción ya analizados y valorados, de forma alguna se desprende que se haya presentado una "riña" entre víctima y agresor, lo que vuelve infundado el quinto concepto de violación del quejoso. En otro orden, como lo consideró la Jueza de Control responsable, la probabilidad de que el aquí quejoso *******, haya participado en la comisión de los hechos analizados, se demuestra con los datos que derivan del material probatorio ya descrito, valorados conforme a los citados artículos 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esencialmente con la imputación directa en su contra que realizó la víctima tanto en la entrevista que le realizaron los policías aprehensores, como en su declaración ante el agente del Ministerio Público. Señalamiento que, como lo precisó la Juez de Control responsable, concatenado a la declaración ministerial del padre del pasivo, el aseguramiento del instrumento del delito, consistente en un cuchillo, localizado precisamente en el lugar de los hechos, así como a la conclusión del perito químico oficial, *******, en el sentido de que sí existe rastro hemático humano en dicha arma, lo que implica, de momento, que el sujeto activo sí hirió a la víctima con la misma y que, por todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ejecución ya descritas, se entiende que su propósito último, era privarla de la vida, sin lograrlo por causas externas a su voluntad. Sin que, como lo señaló la Jueza de Control responsable, exista medio de prueba alguno propuesto y desahogado por la defensa del imputado, del que se desprendan datos que lo favorezcan, o en otras palabras, que apoyen la teoría del caso propuesta por dicha defensa, esencialmente en el sentido de que la intención del imputado, no era privar de la vida a la víctima. Por lo tanto, como acertadamente lo concluyó la Jueza de Control responsable, en el caso se encuentra demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso *******, participó en los hechos descritos, esto es, que el diez de julio de dos mil dieciséis, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, se introdujo al domicilio de la víctima, ubicado en *******, en esta ciudad, durante la madrugada, precisamente a las tres horas con treinta minutos, y con un cuchillo en mano se le abalanzó con el propósito de privarlo de la vida, logrando únicamente lesionarlo, debido a que aquélla repelió la agresión, lo que constituye la causa ajena a la voluntad del sujeto activo que evitó que se consumara el delito en su totalidad, lo cual era su propósito pues le manifestó literalmente al sujeto pasivo "te voy a matar", además, éste solicitó auxilio, acudiendo el padre a su habitación, quien sometió al sujeto activo, razón por la cual logró quitarle el cuchillo; sin que al respecto y hasta este momento, exista duda razonable en cuanto a la configuración del delito y probable participación del quejoso en su comisión, ni se actualice alguna excluyente del delito o esté extinta la acción penal. Delito que, al menos de forma probable, fue cometido por el imputado de forma dolosa, pues existen datos objetivos, conforme a lo ya expuesto, que permiten concluir que el imputado, a sabiendas de la ilicitud de su conducta -pues lesionar y privar de la vida a alguien son conductas notoriamente ilícitas-, deseaba privar de la vida a la víctima; asimismo, se trata de un delito instantáneo; cometido, en grado de probabilidad, por el imputado, en su calidad de autor material; todo esto en términos de los artículos 17, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua . Ahora bien en su sexto concepto de violación, el quejoso argumenta que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra no está debidamente fundado y motivado, lo cual es infundado ya que como se expuso anteriormente, la Jueza de control responsable, sí expresó los motivos que la llevaron a emitir tal resolución y fundamentó tal proceder, resultando aplicables los preceptos legales que al efecto citó, con los motivos aducidos. Por último, el séptimo concepto de violación que hace valer el quejoso relativo a que la Jueza de control responsable vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, es infundado, pues la situación jurídica del quejoso se encuentra regulada por el auto de vinculación a proceso reclamado, mismo que, como ya se expuso, resultó debidamente fundada y motivada, así como apegada a Derecho. Por lo tanto, el aludido principio no se transgredió en contra del quejoso, ya que el mismo no implica que no pueda emitirse un acto de autoridad que lo vincule a un proceso penal; sino que, lo que se exige, es que tal acto se encuentre jurídicamente justificado, lo que sí ocurrió en este asunto, de manera que, no existe violación por parte de la autoridad responsable, a tal principio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2006, Novena Época, del rubro y texto siguientes: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. No se omite mencionar que el artículo 19 Constitucional, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no exige pruebas contundentes de la participación del indiciado en la comisión del delito de que se trate, sino únicamente que, de los antecedentes, aparezca en grado de probabilidad su participación, lo que, en el caso, como se expuso, sí ocurrió. En consecuencia, lo procedente es negar al quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de vinculación a proceso que reclamó de la Jueza de control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, dictado dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 19 y 123 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, quince de noviembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo; no obstante, en atención a que el informe justificado remitido por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, no se agregó con los ocho días de antelación a la audiencia constitucional, tal como lo exige la Ley de Amparo, en su numeral 117, segundo párrafo, se determina que existe imposibilidad jurídica para celebrarla. Por ende, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con diez minutos del tres de octubre de dos mil dieciséis, con la finalidad de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de referencia y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- José Cruz Gallegos y Otros.973/2023
- José Daniel Esparza González939/2017
- José Daniel García Coronado605/2017
- José Daniel Martínez Reyes457/2018
- José Daniel Martínez Reyes476/2021
- José David Olguín Reyes282/2018
- Jose David Pillado Ortega509/2023
- José de Jesús Carrasco González553/2019
- José de Jesús Díaz Reyes885/2016
- José de Jesús Espinoza Medina532/2020
- José de Jesús Martínez González159/2023
- José de Jesús Mota Andrade791/2016