José de Jesús Espinoza Medina

Expediente 532/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
532/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús Espinoza Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que el término de noventa días que se otorgó a la parte quejosa mediante auto de uno de junio de dos mil veintiuno, para que se presentara a recoger los documentos originales existentes en este asunto, ha transcurrido, sin que se hubiere presentado para tal efecto promoción alguna, no obstante que la parte quejosa fue debidamente notificada personalmente el dos de junio de este año. Por lo tanto, al momento de transferir este asunto para su destrucción, deberán enviarse adjuntos dichos documentos. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de abril de dos mi veintiuno. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020, promovido por **********, por propio derecho, contra actos del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital estatal, y otras autoridades responsables, y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito recibido el quince de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer a este órgano de control constitucional, **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades responsables y acto, siguientes: "III.- Autoridades responsables: Como ordenadora a).- C. SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, el cual tiene su domicilio en calle Aldama y Venustiano Carranza número 601 zona centro en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. b).- C FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE, el cual tiene su domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos de la colonia Agustín Melgar en esta ciudad, dentro del Edificio de dicha dependencia del Estado en Ciudad Juárez, Chih. Como ejecutoras: a).- C DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, (.) b).- C. AUDITOR FISCAL DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. c).- C. COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALZADA EN ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE AUTO ROBADO ZONA NORTE, DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. (.) d).- C. COMANDANTE O JEFE DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A LOS DELITOS DE AUTO ROBADO ZONA NORTE, DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL. e).- C. AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A LOS DELITOS DE AUTO ROBADO ZONA NORTE, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. f).- C. ENCARGADO DEL CORRALON DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CIUDAD JUÁREZ (.) IV.- Acto reclamado: LA DETENCIÓN ILEGAL Y/O SECUESTRO DEL VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD **********, el cual, bajo ordenanza de las autoridades arriba señaladas, ejecutaron y están ejecutando en este momento las referidas autoridades, desde fecha 24 de septiembre del 2020 al día de hoy, ya que, me mantienen privado del uso goce y disfrute del mismo, por el referido acto ilegal, pues a la fecha, no he sido notificado de procedimiento o resolución alguna, administrativa o judicial, que fundamente la legalidad de dicho secuestro, causándome con esto una violación flagrante a mis garantías individuales consagradas en la Carta Magna de nuestro país. Afectando con ello mis garantías individuales y vulnerando mi esfera jurídica patrimonial tal y como lo demostrare." SEGUNDO. Derechos que se estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo con el registro estadístico **********/2020; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: La detención, secuestro o privación del vehículo marca **********, sin existir un procedimiento administrativo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia de las responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, y del Coordinador Especializado en la Investigación de los Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Norte; negaron categóricamente la existencia de los actos atribuidos, sin que la parte quejosa aportara algún medio de convicción idóneo para desvirtuar dicha negativa; por ello, se sobresee en el presente juicio, por las citadas autoridades, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo de la Agencia Estatal Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado; de ahí que tal acto deba considerarse existente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Por su parte, las autoridades responsables, Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda, en representación del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, y del Coordinación de Comercio Exterior, de la Dirección de Fiscalización, de la Subsecretaria de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Estado; si bien negaron el acto reclamado; no obstante realizaron manifestaciones que evidencia su existencia; por ello, se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, el que suscribe estima que respecto del acto reclamado detención, secuestro o privación del vehículo que reclama **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "[.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio". También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". La parte quejosa reclama la detención, secuestro o privación de la posesión del vehículo de su propiedad, marca **********. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por las razones expuestas, se infiere que, para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Sentado lo precedente, es conveniente precisar que la accionante del amparo en este sumario ofertó las documentales que consisten en: a).- "Certificado de Título de Texas" ********** y el "Recibo de Título y Certificado de Registro" ********** en idioma inglés y; b).- Traducción de los referidos títulos. Ahora, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, esta juzgadora goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. En consideración de la suscrita, con las documentales que exhibió el quejoso, no demuestra tener algún interés respecto del automotor vehículo marca **********, toda vez que dicho documento se encuentra redactado en un idioma distinto del castellano, y no cuenta con la apostilla necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico, además, que tampoco se exhibió el correspondiente pedimento de importación que permita establecer el legal internamiento al país de ese vehículo de motor. En esta tesitura, con tales documentales la parte accionante no acredita que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que los actos reclamados le hayan sido dirigidos a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. En suma, toda vez que el documento relativo "TEXAS CERTIFICATE OF TITLE", al provenir del extranjero debió exhibirse debidamente legalizado por las autoridades consulares mexicanas en términos del artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto es, o bien acompañar la apostilla que refieren los artículos 3° y 4° de la Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1995, de tal suerte que si los documentos en idioma extranjero deben ser legalizados consularmente o acompañarse de la apostilla para que tengan validez, al carecer de cualquiera de esos requisitos, no se estima prueba idónea y eficaz para acreditar el interés jurídico. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XV.1o.21 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que se publicó en el visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 431, con registro 200916, del rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento". Así como el criterio sostenido en la tesis I.3o.C.579 C, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1328, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia civil, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. SU EFICACIA DERIVA TANTO DE LA APOSTILLA COMO DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR. De acuerdo con el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para dar valor probatorio a los documentos públicos extranjeros, como son, indudablemente, las actuaciones judiciales, es menester remitirse a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyos artículos 543 y 546, prevén, respecto de cuestiones internacionales, no sólo la armonía entre las disposiciones del propio ordenamiento federal con los instrumentos internacionales signados por México, sino incluso la subordinación de aquél a estos últimos, así como la necesidad de que las autoridades consulares mexicanas legalicen los documentos públicos extranjeros. Por ende, resulta necesario atender a lo dispuesto en los instrumentos bilaterales o multilaterales de carácter internacional suscritos por México para verificar cuáles son los requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros. La Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, es precisamente el instrumento internacional aplicable, y establece un trámite de legalización única, denominado apostilla, consistente en colocar sobre el propio documento tal apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. La apostilla, entonces, certifica que ciertos documentos sí fueron expedidos en el territorio de determinado país para que sean válidos en el exterior; constituyen así la forma de legalización de un documento público extranjero para que esa diversa nación, en el caso México, reconozca su eficacia jurídica. Con esa apostilla ya no será exigible el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos, por lo que se simplifica el trámite de reconocimiento de la mencionada eficacia, de manera que basta que un documento cuente con tal certificación para merecer el valor probatorio inherente a los documentos públicos, con lo que a pesar de la exigencia prevista en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre la legalización a cargo de las autoridades consulares mexicanas, dicho trámite se torna innecesario, si se reúne el requisito de la apostilla. En efecto, la simplificación que deriva del pacto internacional citado, se establece en beneficio del interesado para la presentación de documentos públicos extranjeros; no obstante, de no tener la apostilla, sino la legalización consular, esta última sí podrá tener eficacia, en la medida en que se ajusta al citado precepto del ordenamiento adjetivo civil federal, que continua como derecho vigente. De modo que, si las copias certificadas de actuaciones judiciales extranjeras contienen una legalización consular, en lugar de una apostilla, cumplen con las exigencias procesales para merecer valor probatorio, sin que sea indispensable la apostilla, dado que ésta beneficia a quien tramite un documento público extranjero para presentarlo en juicio seguido en México, sin que impida que realice el diverso trámite que está legalmente previsto y, por tanto, también es válido, aunque inexigible si se opta por la apostilla". En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar la detención y privación de la posesión del vehículo marca **********, que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, con registro 187777, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Tampoco es óbice que, en su escrito constitucional, el peticionario del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Resta decir que es innecesario analizar los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable la Jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********** contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que el veintiséis de marzo de este año, se notificó a las partes el proveído con el cual se les dio vista con el contenido del complemento del informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos de cuenta, agréguense a sus autos para que consten como legalmente corresponda; en atención a su contenido téngase a la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, dando cumplimiento al requerimiento hecho por este juzgado, para lo cual remite copia certificada de las constancias relativas procedimiento contemplado en el artículo 4, párrafo Cuarto, del Reglamento de la Ley Aduanera, en virtud de la emisión de la orden contenida en el oficio CVV0800571/2020, con número de expediente CCEXO800620/19, de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en relación al vehículo marca **********, mismas que serán consideradas al resolver el presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido de dichas constancias, toda vez que resulta ser un complemento del informe justificado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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