José David González Camacho

Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
242/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • José David González Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, ***, por el cual informa a este órgano jurisdiccional, que en el conflicto competencial 12/2021 suscitado entre el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y este órgano jurisdiccional fue resuelto el pasado diez de junio de dos mil veintiuno, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que corresponde conocer de la demanda promovida por el inconforme al Juzgado Federal en materia administrativa y al efecto, remite copia simple de la resolución en comento. Atento a lo anterior, es pertinente señalar que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, permite a este juzgado tomar en cuenta hechos notorios aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, lo anterior para resolver una cuestión determinada, en el caso, decidir lo conducente en relación con el presente juicio. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), del cual se observa que en el conflicto competencial 12/2021 del consecutivo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante resolución emitida en sesión de diez de junio de dos mil veintiuno, determinó que corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por ******, al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa -expediente **** de su estadística. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Sobre esa base, a efecto, de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, entre otros supuestos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado y los juicios en los que se haya decretado la incompetencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias cuya devolución se ordenó en razón de que mediante proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional no aceptó la competencia declinada por dicho juzgado federal e informa que ordenó la remisión de las mismas al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que dirima el conflicto competencial suscitado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través de la cual informa que mediante proveído de dieciocho de marzo del año en curso, el órgano jurisdiccional de referencia, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer la demanda de amparo promovida por ********, por derecho propio, contra actos del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso y de la Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, y al efecto anexó las reproducciones digitalizadas de las actuaciones contenidas en el expediente 331/2021, de su estadística. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente -físico y electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 242/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. Bien, de la lectura del proveído dieciocho de marzo del año en curso, se observa que el juzgador oficiante determinó declinar la competencia para conocer del asunto en atención a las consideraciones siguientes: "[.] En ese sentido, como se puede advertir que atendiendo a la pretensión y causa de pedir, resulta que la parte quejosa acude al juicio de amparo, combatiendo la aplicación del artículo 248, fracción XVII, inciso b) del Código Fiscal de la Ciudad de México, precepto que aduce le fue aplicado por la solicitud de devolución de instrumento notarial, previa copia certificada que a su costa se dejara en autos del expediente 370/2019, del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Primera Instancia, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la devolución del expediente 916/2017 del archivo judicial, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Proceso Oral, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México - - - Lo anterior, en virtud que señala que en el expediente 370/2019 presentó escrito solicitando la devolución del instrumento notarial 157,795 petición a la que recayó el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, por el que se ordenó la devolución de la citada documental previa copia certificada que a su costa se dejara en autos, por ello realizó un pago de derechos por la cantidad de *****, tal y como se advierte del comprobante de pago folio ******.- - - Asimismo, aduce que en el diverso 916/2017 y tomando en consideración que fue remitido al archivo judicial el once de agosto de dos mil veinte, presentó un escrito solicitando su devolución al juzgado, toda vez que requiere copias certificadas de diversas constancias, para ello también efectuó un pago de derechos por la cantidad de *******, tal y como se advierte del comprobante de pago ******; lo anterior, con fundamento en el artículo 248, fracción V, del Código Fiscal de la Ciudad de México y la circular 1/2021 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México - - - En esa medida, resulta relevante destacar que el acto que se combate en este juicio de amparo recae sobre la aplicación del precepto impugnado, en cumplimiento a lo ordenado en los juicios 370/2019 y 916/2017, ambos del orden civil, por el que se le solicitó al quejoso el pago derechos por concepto de copias certificadas del documento exhibido en el primero de los juicios citados y las actuaciones realizadas en el segundo - - - De esta manera, al margen del carácter formal de las autoridades responsables, lo contundente es que la norma impugnada y sobre la cual versa la aplicación reclamada es de naturaleza civil, de manera que en el caso concreto debe atenderse a la naturaleza del acto, por lo que se actualiza el supuesto de competencia de un Juzgado de Distrito en Materia Civil, en términos de lo previsto en el artículo 54 anteriormente citado. - - - De ahí que, es inconcuso que este órgano jurisdiccional, determina que la competencia recae en un Juez de Distrito en Materia Civil, ya que el acto combatido en el presente juicio de amparo, proviene de dos juicios de naturaleza civil, es decir, fueron emitidos por el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Primera Instancia y el Juzgado Quinto de lo Familiar de Proceso Oral, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por tanto, las actuaciones que realicen dentro de esos juicios, se rigen por las leyes y reglamentos de la materia civil." Como se puede advertir, el juzgado oficiante sostiene su incompetencia legal para conocer del asunto de que se trata, en el hecho de que, desde su óptica, se debe atender a la naturaleza de los juicios de origen, pues los actos reclamados en la presente instancia constitucional consistentes en la aplicación del artículo 248 fracciones XVIII inciso b, y V del Código Fiscal de la Ciudad de México y derivado de ello, el cobro de *********** por concepto de derechos por expedición de copias certificadas y por búsqueda de expediente original en el archivo judicial del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, respectivamente, fue en cumplimiento a lo determinado por los titulares de los Juzgados Décimo Tercero, Sexto de Cuantía Menor, ambos de lo Civil y Quinto de lo Familiar de Proceso Oral, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lo que, es un órgano jurisdiccional en materia civil quien debe conocer del mismo. Ahora, no obstante las consideraciones vertidas por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional estima que es a la autoridad oficiante a la que le corresponde el conocimiento del presente juicio de amparo, como se expone a continuación. Para claridad del criterio que se adopta, cabe precisar que por jurisdicción debe entenderse el conjunto de facultades y funciones que ejerce cada uno de los órganos en que se distribuye la competencia del Poder Judicial de la Federación, lo que conlleva a su vez un cúmulo de deberes. La competencia de los jueces tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, esa potestad la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso. Por ende, si bien los órganos judiciales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquellos para los que están facultados en la ley. Así, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, resulta necesario que dentro su jurisdicción la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Por lo que respecta a la competencia por materia, el sistema jurídico nacional la distribuye entre diversos tribunales o juzgados, los cuales son especializados de acuerdo a una rama del Derecho. De ahí que existen tribunales en materia civil, fiscal, penal, del trabajo, administrativos, agrarios, por lo que cada uno conoce únicamente los asuntos que versen sobre el tópico de especialización que les compete, lo que evidentemente provoca conflictos competenciales respecto de un determinado asunto. En ese tenor, para determinar la competencia por materia debe atenderse a la naturaleza de la cuestión planteada, la cual surge del análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como de los preceptos legales que sustente la demanda de garantías. Es oportuno destacar que los lineamientos fijados por el legislador para determinar la competencia, por lo que hace a los juzgados de distrito de amparo en materias civil y administrativa, se encuentran regulados en los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: - - - I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; - - -II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; - - - III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; - - - IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; - - - V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y - - - VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De conformidad con los preceptos transcritos, la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito en materia de amparo, especializados por materias, radica en dos elementos: La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede aludir a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral; y El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad a que se le atribuye, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada, o si no es judicial lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Establecido lo anterior, del estudio íntegro, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por el inconforme se hacen consistir en lo siguiente: La aplicación del artículo 248 fracción XVIII, inciso b, del Código Fiscal de la Ciudad de México, derivado de lo anterior, el cobro por $39.90 (treinta y nueve pesos 90/100 moneda nacional) por concepto de derechos por expedición de doce fotocopias certificadas. La aplicación del artículo 248 fracción V, del Código Fiscal de la Ciudad de México, por ende, el cobro de $85.00 (ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por derechos de búsqueda de expediente original en el archivo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sobre tales premisas, se estima que en la especie el conocimiento de los actos que por esta vía se reclaman, no corresponde a este órgano jurisdiccional, sino al juzgado declinante, pues el quejoso, en su escrito inicial reclamó del Tribunal Superior de Justicia, de la Asamblea Legislativa y de la Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, actos de naturaleza meramente administrativa, ya que no derivan directamente de las cuestiones debatidas en el juicio ordinario civil, identificado con el consecutivo 370/2019 del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil, del juicio oral familiar 916/2017 de la estadística del Juzgado Quinto de lo Familiar o en el ejecutivo mercantil, expediente 1980/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto Civil de Cuantía Menor, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En tales circunstancias, en modo alguno los actos reclamados se vinculan con los procedimientos jurisdiccionales señalados en párrafos precedentes como se intenta poner de relieve para que se surta la competencia a favor de este juzgado, porque como ya se indicó, el inconforme reclama únicamente la aplicación del artículo 248 fracciones XVIII inciso b, y V del Código Fiscal de la Ciudad de México, por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa y derivado de ello el cobro de $39.90(treinta y nueve pesos 90/100 moneda nacional) y $85.00 (ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de derechos por expedición de copias certificadas y por búsqueda de expediente original en el archivo judicial, no así las resoluciones judiciales emitidas en los procedimientos jurisdiccionales anteriormente reseñados. De ahí que si en los actos reclamados en estudio no existe la intervención directa de las autoridades en materia civil, entonces, se actualiza el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece de qué asuntos conocen los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, ya que se trata de un juicio de amparo promovido en contra de actos de una autoridad distinta de la judicial civil. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia por reiteración 2a./J.24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, Página: 412, del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". Por tanto, devuélvase al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cuaderno original relativo al presente juicio de amparo, a quien además, atentamente se le solicita tenga a bien acusar el recibo de estilo y comunique sí aceptó la competencia. Fórmese expedientillo de antecedentes. En diverso aspecto dado que el promovente del amparo señaló como domicilio para y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto el inconforme realice la designación correspondiente. Sin que haya lugar a proveer de conformidad lo solicitado respecto de tener por señalado para oír y recibir notificaciones el correo electrónico proporcionado, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de realizar las notificaciones respectivas por dicho medio; lo que si se encuentra previsto, es que las mismas pueden practicarse vía electrónica a través del nombre de usuario que en su caso proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y previa petición expresa para tal fin en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Con independencia de lo anterior, se toma nota de la citada herramienta tecnológica, para contacto con la parte de que se trata en términos del artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el reinicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus: "COVID-19". Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y por lista al inconforme.

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