José Daniel Guerrero Suárez
Expediente 699/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Daniel Guerrero Suárez
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******** por derecho propio; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra actos de los titulares del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y del Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, por violación a las prerrogativas contenidas en los artículos 1° y 17 constitucionales, fórmese expediente -tanto físico como electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 699/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y provéase lo que en derecho corresponde. De su estudio integral, así como de lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se colige que la misma no posee la firma electrónica con evidencia criptográfica de *****, quien -a su decir- acude como parte quejosa en la demanda. En esas condiciones, se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la misma y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De una recta interpretación de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclame, lo cual podrá realizar por sí, por su representante, por su defensor cuando provenga de una causa criminal y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de parte quejosa, quien resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe ocasionar un agravio personal directo en la esfera jurídica del promovente del amparo. En tanto, el arábigo 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que se presenten en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información deberán utilizar la firma electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa con la finalidad de presentar promociones a través de los medios electrónicos previstos en la ley de la materia. De lo anterior se extrae que, si la firma electrónica origina los mismos efectos que la autógrafa, entonces esta resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia convierte a la promoción de que se trate en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la ausencia de firma electrónica se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgado respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en la inteligencia, que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente, mediante signos distintivos como es la signatura autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma a ruego. En ese orden de ideas, es evidente que para generar certeza en relación con la identidad de la persona que actúa, resulta imperioso cumplir con los lineamientos inherentes a las medidas preventivas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal, para la protección de los servidores públicos y de las personas justiciables en general, como lo es firmar de manera electrónica los ocursos allegados a través de esa vía, en términos de los numerales 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020, así como 29 y décimo primero transitorio del diverso 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio y treinta y uno de julio del actual, que establecen: Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el 'Nombre de Usuario y Contraseña' que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. - - - Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. - - - Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Artículo 52. El módulo para presentar promociones y recursos contará con un mecanismo que permita registrar la fecha y hora del envío, de la conclusión del mismo, y de la recepción de los documentos remitidos. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como las horas y fechas de envío y de recepción. Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Bien, la demanda de amparo en estudio no reúne el requisito previamente anunciado, pues como se mencionó carece de la firma electrónica con la evidencia criptográfica de *****, requisito indispensable en razón de la forma en que fue presentada, ya que como se precisó, para la tramitación electrónica del juicio de amparo se requiere de dicha evidencia, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y que resulta signo inequívoco de la expresión de la voluntad para instar la acción constitucional de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. Resta decir que del contenido de la demanda no se aprecia la actualización de alguno de los supuestos de excepción en los que no es exigible que el ocurso inicial esté firmado electrónicamente, al no reclamarse alguno de los actos previstos en el dispositivo 15 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados, no son de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, si como se dijo, la demanda en estudio no posee la firma electrónica de ***, quien -a su decir- acude como parte quejosa en la demanda; y, al tomar en consideración, que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada, resulta inconcuso que la omisión en análisis no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir a quien supuestamente promueve para que comparezca a ratificar el escrito inicial, consecuentemente, la demanda de cuenta es notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial P./J. 32/2018 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada' contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En consecuencia, al encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda. En diverso aspecto, dadas las particularidades del caso, toda vez que el quejoso señaló para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al actuario que corresponda, para que realice la notificación del presente proveído, por medio de lista, así como las subsecuentes aun las de carácter personal. En diverso aspecto, se tienen por señaladas a las personas que señala en el ocurso que se provee para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, no ha lugar a facultar en términos amplios del artículo 12 de la legislación de la materia a Pedro Guerrero Sánchez, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que se le tiene por autorizado en los términos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumpla con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte del quejosa, se proveerá lo conducente. Sin que haya lugar a proveer de conformidad con lo solicitado respecto de tener por señalado para oír y recibir notificaciones el correo electrónico ni el número celular proporcionados, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de realizar las notificaciones respectivas por dichos medios; lo que si se encuentra previsto, es que las mismas pueden practicarse vía electrónica a través del nombre de usuario que en su caso proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y previa petición expresa para tal fin en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Con independencia de lo anterior, se toma nota de las citadas herramientas tecnológicas para contacto con la parte de que se trata en términos del artículo 5°, fracción I, 10 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el reinicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como coronavirus: COVID-19. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno y por lista al inconforme.
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