José Daniel Guerrero Suárez
Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Daniel Guerrero Suárez
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que mediante oficio "3507" signado por la actuaria judicial del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, acusó recibo de la demanda de amparo promovida por *************** expediente 728/2021 del índice de este juzgado- e informó que previo a pronunciarse si se avoca a su conocimiento, requirió al quejoso para que en el término de tres días aclarara si era su deseo promover juicio de amparo directo o bien un conflicto competencial. Bien, de la información contenida en el Sistema Único de Seguimiento de Expedientes, la cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que dicho homólogo federal, en acuerdo de quince de octubre del año en curso, dictado en el expediente D.C. 483/2021 se avocó al conocimiento del asunto y reencauzó el amparo directo como un conflicto competencial -a partir de la petición del promovente-. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expedientillo es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, este juzgador estimó que no debe conocer del presente juicio de amparo por razones administrativas de turno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General en cita. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio que signa el actuario judicial del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas por este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia planteada en proveído de diecisiete de septiembre del año en curso. Asimismo, el citado cuerpo colegiado informa que, previo a acordar lo conducente en relación con la demanda de amparo promovida por*******************, requirió al citado quejoso para que en el término de tres días manifieste si es su deseo promover amparo directo o bien, un conflicto competencial; de lo que este juzgador toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** contra actos de los titulares de los Juzgados Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y del Trigésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral de la misma entidad federativa, por violación a las prerrogativas contenidas en los artículos 1° y 17 constitucionales, fórmese expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 728/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. y provéase lo que en derecho corresponde. Al respecto, en lo concerniente a la demanda de amparo -de su estudio integral- se advierte que el acto reclamado por el promovente se hace consistir en lo siguiente: Del Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México: el auto de nueve de agosto del dos mil veintiuno, emitido en juicio ordinario civil, reparación de daños, expediente ***, seguido por *****, en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldesa de Tlalpan, mediante el cual, dicho juzgador desechó el escrito inicial, bajo el argumento de carecer de competencia legal para conocer de dicho asunto. Del Juez Trigésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: El proveído de veintiocho de junio del mismo año, emitido por en el juicio oral civil, reparación de daños, identificado con el consecutivo ****, seguido por ***** en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldesa de Tlalpan, por el cual no se admitió a trámite dicho asunto, por ser dicho órgano jurisdiccional legalmente incompetente para conocer del mismo. Al respecto, conviene precisar que los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De los preceptos legales transcritos se observa que en contra de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal supuesto éste en el que se subsume el acto reclamado. En el caso particular, como ya se precisó los autos reclamados -descritos en párrafos que anteceden- constituyen determinaciones que, sin decidir en lo principal el fondo del asunto, pusieron fin al juicio al no dar trámite al escrito inicial de demanda, por lo que este juzgador es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 241, la cual establece: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. Asimismo, lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-." En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; en ese sentido, remítase de inmediato la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para que determine lo que en derecho proceda. Fórmese expedientillo del presente asunto. En diverso aspecto dado que el promovente del amparo señaló como domicilio para y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto el inconforme realice la designación correspondiente. Sin que haya lugar a proveer de conformidad lo solicitado respecto de tener por señalado para oír y recibir notificaciones el correo electrónico ni los números telefónicos proporcionados, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de realizar las notificaciones respectivas por dicho medio; lo que si se encuentra previsto, es que las mismas pueden practicarse vía electrónica a través del nombre de usuario que en su caso proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y previa petición expresa para tal fin en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Con independencia de lo anterior, se toma nota de las citadas herramientas tecnológicas, para contacto con la parte de que se trata en términos del artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el reinicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus: COVID-19. Además, se tiene por autorizados para los mismos efectos, inclusive para recoger documentos y valores a las personas que señala en el ocurso que se provee. Sin que haya lugar a tener por facultado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que sólo se le tiene por autorizado en los términos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumpla con lo anterior y previa designación que se haga en su favor por parte del quejoso, se provea lo conducente. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno y por lista al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,554 expedientes
- José Cupertino Moreno Castilla704/2014
- José Damían Guzmán Rubio376/2020
- José Damián Guzmán Rubio1217/2018
- José Damián Guzmán Rubio1305/2019
- José Damián Guzman Rubio523/2019
- José Daniel Guerrero Suárez699/2021
- José Daniel Pérez Reyes o Daniel Pérez Reyes1025/2014
- José David González Camacho426/2022
- José David González Camacho242/2021
- José David Martínez Altamirano1144/2018
- José David Martínez Altamirano1126/2018
- José de Jesús Álvarez Noyola137/2022