José David García Saavedra

Expediente 152/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
152/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • José David García Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Certificación. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, Santiago Flores Cota, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del doce al veinticinco de mayo de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintidós minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, , hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe; declaró abierta la audiencia en el presente juicio ********************; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente y da cuenta al juez con la lectura del escrito inicial de demanda, así como con los informes en relación con la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables por conducto del subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, así como el informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto responsable; también se relaciona la constancia remitida como sustento del informe de la mencionada en primer término. De igual modo, conforme a la certificación que antecede, se hace constar que en el presente asunto transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse de los informes justificados, sin que al respecto hicieran manifestación alguna. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por visto el contenido de la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental ofertada por la parte quejosa y la diversa exhibida por el subdirector de Servicios Administrativos y la diversa del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las constancias referidas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para formular los alegatos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que se inadvierta que el quejoso promovió una incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, en el que expuso inconformidad respecto de la actuación de las autoridades responsables; sin embargo, en torno a dichas manifestaciones, este órgano ya determinó lo conducente en resolución interlocutoria de siete de abril próximo pasado. Con lo anterior, se cierra esta etapa y se pasa a dictar la sentencia que en derecho corresponde Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 152/2021. R e s u l t a n d o : Antecedentes de la radicación del juicio de amparo Por escrito depositado el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado el mismo día, José David García Saavedra, promovió demanda de amparo, contra actos de la subdirección de Servicios Administrativos, la Coordinación de Farmacias y el encargado de la Farmacia número Dos, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del titular del propio instituto, contra el acto que habrá de precisarse con posterioridad en esta sentencia. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, la demanda se radicó en este Juzgado, con el número de expediente 152/2021; asimismo, se emitió pronunciamiento concesorio en torno a la suspensión de plano; sin embargo, ante la argumentación y antecedentes plasmados en el escrito de demanda, este órgano determinó la separación de juicios, considerando que el turno por razón de antecedentes, le correspondía al juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, por lo que se le remitió la demanda para los efectos conducentes. No obstante, el homólogo de mérito, determinó no aceptar el turno, por lo que devolvió el asunto a este órgano, lo que determinó en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Como consecuencia de lo anterior, el uno de marzo de este año, se determinó efectuar consulta formulada a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que determinara cuál de los dos órganos era el competente para conocer del asunto; asimismo, se ordenó admitir a trámite el juicio de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado respectivo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. De esa manera, se integró el expediente y, una vez recibida la resolución de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que determinó que este órgano era el competente para conocer del asunto; y, habiéndose señalado previamente hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ésta dio inicio de hoy, al tenor del acta que antecede y culmina con la resolución que aquí se emite en términos de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Precisión de los actos reclamados Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario. En esa virtud, se precisa que el reclamo constitucional se hace consistir en lo siguiente: La omisión de suministrar el medicamento para controlar y atender la enfermedad de hipertensión, diabetes, gases estomacales, mala circulación, sanguínea, embolia pulmonar, específicamente la omisión de surtir el medicamento prescrito en la receta 9788879MF (PREGABALINA 75mg c/28). Existencia de actos El jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de dicho instituto, al rendir su informe justificado negó la existencia del reclamo; sin embargo, dicha negativa se debe desvirtuar en razón de lo que enseguida se expone. Es así, dado que las diversas autoridades responsables Subdirección de Servicios Administrativos, Coordinación de Farmacias y encargado de la Farmacia número Dos, los tres del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través del subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, emitieron informe, del cual si bien, se desprende que se alude a la suspensión de plano, lo cierto es que, del mismo se desprende la existencia del reclamo constitucional, ya que la autoridad oficiante expuso que el once de febrero de este año (durante el trámite del biinstancial), se efectuó la entrega del medicamento cuya omisión fue objeto del reclamo; de ahí, que se desvirtúe la negativa del instituto responsable y se tenga por rendido el informe justificado de las restantes autoridades, no obstante que se haga mención que se rindió como informe en relación a la suspensión de plano. Lo anterior se afirma a partir de la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ahí se deriva razonablemente que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la posibilidad de que el informe de plano aporte la razón de existencia o inexistencia del reclamo, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, lo mismo que a la parte quejosa y que niegue o acepte expresamente el acto reclamado, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde, para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma y produzca plenos efectos, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, en la especie, para cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio decretada en el auto inicial. Apoya a lo anterior, el criterio II.2o.P.25 K (10a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Segundo Circuito, de rubro y texto: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." En esa medida, se tiene certeza del acto reclamado, dado que en autos se encuentra acreditado que al quejoso se le prescribió el medicamento identificable como pregabalina 75/mg c/28, consignado en la receta médica 9788879MF, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, hasta esa data, no le había sido entregado; de ahí, que se hace evidente la existencia del reclamo constitucional consistente en la omisión de hacerle entrega de tal medicamento al peticionario, derivado de lo cual se originó la presentación de la demanda de amparo. Lo que se corrobora con la documental aportada por la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del ISSSTESON, consistente en la receta médica cuya omisión en surtir, resulta objeto de este asunto, a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Análisis de causales de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados; y, solo en caso de no existir causa alguna de improcedencia proceder al estudio de fondo de la controversia planteada. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el suscrito juzgador advierte de oficio que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el reclamo constitucional planteado por el quejoso es el siguiente: La omisión de suministrar el medicamento para controlar y atender la enfermedad de hipertensión, diabetes, gases estomacales, mala circulación, sanguínea, embolia pulmonar, específicamente la omisión de surtir el medicamento prescrito en la receta 9788879MF (PREGABALINA 75mg c/28). En principio se tiene que esos actos resultaron ciertos en la forma expuesta por la parte quejosa, dado que a la fecha de presentación de la demanda, las autoridades responsables había sido omisas en surtirle y hacerle entrega del medicamento. En relación con lo anterior, el reclamo resultó cierto como se vio en el apartado que antecede, dado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, responsables, no le habían surtido la receta médica, ni hecho entrega al quejoso del medicamento consignado en tal documento. No obstante lo anterior, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Pues bien, como se determinó, en el caso resultó cierto el reclamo constitucional relativo a la omisión de surtir el medicamento prescrito al quejoso, identificable como pregabalina 75/mg c/28, consignado en la receta médica 9788879MF, derivado de lo cual el quejoso, no estaba recibiendo la atención médica de atención integral para sus padecimientos. No obstante, han cesado los efectos del acto reclamado, como se evidencia del informe rendido por el subdirector de Servicios Médicos del ISSSTESON, quien rindió por sí y por las restantes autoridades de ese instituto (en relación a la suspensión de plano), mediante oficio SSA/340/2022, de catorce de febrero de este año, al que anexó la documental en copia certificada relativa a la entrega del medicamento, lo cual se efectuó durante el trámite de este sumario, con lo que se evidencia que el acto omisivo reclamado ha cesado en sus efectos. Incluso, se advierte también que con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, le fue otorgada atención médica por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, como se desprende del diverso oficio con anexos, que consta a fojas 87 y 88 de autos, con el que se acredita que en veintiocho de febrero de este año, le suministraron e hicieron entrega al quejoso de diverso medicamento (METFORMINA TABLETAS, DUTASTERIDE CÁPSULAS, PREGABALINA CÁPSULAS), de donde se deriva que le fue otorgada atención médica (consulta médica); de ahí, que si bien, se evidenciara que a la fecha de presentación de la demanda el instituto estaba siendo omiso en hacerle entrega del medicamento prescrito en la receta médica; sin embargo, durante el trámite de este sumario las responsables acreditaron la entrega del medicamento, cuya omisión en hacerlo originó la presentación de la demanda. Conforme a lo anterior, se hace patente que han cesado los actos reclamados, pues si bien, existió certidumbre de la existencia del reclamo constitucional, empero, durante el trámite del sumario por actuaciones de las propias responsables se restituyo al aquí quejoso, pues con la entrega del medicamento y la posterior suministro de diverso medicamento, se desplegaron actos pertinentes a la completa prestación del servicio médico; de ahí, que en relación con los actos omisivos se actualizó la causal de improcedencia en estudio por cesación de los mismos, ante lo cual lo conducente será el sobreseimiento al respecto, conforme lo establece el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por consubstancialidad, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Decisión: Por lo anterior, al evidenciarse la actualización de la causal de improcedencia expuesta en el anterior considerando, procede en consecuencia, sobreseer al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se VI. Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José David García Saavedra, contra los actos reclamados a las autoridades que se precisan en el resultando I, por los fundamentos, consideraciones y motivos expuestos en el diverso IV, de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Se agregan oficios. Glósense a los autos los oficios de cuenta que remite la secretaria ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, en lo que interesa, notifica que se determinó que corresponde a esté órgano jurisdiccional el conocimiento del presente juicio de amparo; sin mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante acuerdo de uno de marzo de este año, se admitió a trámite el asunto en el que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia de ley, relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, sin la presencia de las partes. Abierta la audiencia incidental, el secretario da cuenta al juez con dos oficios registrados con los números 4664 y 4716, suscritos el primero, por el subdirector de Servicios Administrativos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por sí -oficio 7279-, y en atención a los diversos 7281/2022, y 7282/2022; y, el segundo, por el jefe de la Unidad Jurídica del mencionado instituto, mediante los cuales rinden el informe relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario. El juez acuerda: agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales conducentes, sin necesidad de notificar personalmente el contenido de dichos oficios, dado que esta data está señalada para la celebración de la audiencia incidental, y en ella habrá de resolverse lo conducente respecto de la incidencia que nos ocupa, lo que es acorde con el principio de celeridad y pronta aplicación de justicia que rige en este tipo de incidencias. Pruebas. Asimismo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhiben las autoridades responsables anexas a los ocursos que se atienden, las cuales serán tomadas en consideración el presente audiencia incidental. Acto seguido, el secretario da lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito de la parte quejosa que contiene el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, agregado en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; asimismo, se hace relación de las constancias relativas a dicho incidente consistentes en los informes respectivos rendidos por las autoridades responsables. El juez acuerda: téngase por hecha la relatoría de constancias referentes a la presente incidencia, para los efectos legales conducentes. Abierta la etapa de pruebas, el secretario hace constar que las autoridades responsables ofertaron prueba documental. El juez acuerda: de conformidad con lo establecido en el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas dichas constancias, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución correspondiente en la presente audiencia incidental. En razón de que las partes restantes partes no ofertaron prueba alguna dentro del plazo de ley, se les tiene por perdido el derecho de ofertamiento de pruebas, por lo que se cierra este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; en consecuencia, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Visto para resolver el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano dentro del juicio de amparo indirecto 152/2022; y, R e s u l t a n d o : Antecedentes. Por escrito depositado el nueve de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, José David García Saavedra, promovió demanda de amparo, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la Subdirección de Servicios Administrativos, la Coordinación de Farmacias y del encargado de Farmacias, de dicho instituto, con residencia en esta ciudad, en la que solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica, por la omisión y negativa de prestarle el servicio médico, especificando que a la fecha de la presentación de la demanda no le había sido surtida la receta médica 9788879MF. Por razón de turno, le tocó conocer de la demanda a este juzgado, en donde mediante acuerdo dictado en esa misma fecha se admitió a trámite la demanda con el número de juicio de amparo 152/2022; y, entre otras cuestiones, se solicitaron los informes respectivos y se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados del modo que, en lo substancial, se transcribe a continuación: "Hermosillo, Sonora, a siete de enero de dos mil veintidós (.) Suspensión de plano. Teniendo en consideración que del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de las responsables la omisión de suministrar los medicamentos que el quejoso requiere para controlar y atender las enfermedades que aduce padecer, las cuales refiere son: hipertensión, diabetes, gases estomacales, mala circulación sanguínea, embolia pulmonar, entre otras; en consecuencia, se provee lo siguiente: : En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese el acto omisivo reclamado, o cualquier otro que atente contra su salud o restablecimiento de ésta; lo que se traduce en que las autoridades responsables le proporcionen de inmediato el tratamiento integral adecuado en relación con sus padecimientos y que le suministren el servicio y los medicamentos necesarios adecuados a las enfermedades que padece. Por lo que, las responsables dentro de su respectivo marco de atribuciones, deberán adoptar las medidas pertinentes para que el aquí quejoso pueda contar con los medicamentos, consultas médicas y tratamientos que requiera; lo anterior, a fin de garantizarle el derecho a la salud al más alto nivel posible y proporcionarle un servicio con atención y calidad, en el centro hospitalario que se atiende el impetrante Significando lo anterior, que las autoridades responsables de inmediato deberán cumplir debidamente con la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud del agraviado; esto es, actuar con la diligencia que requiere la atención médica del quejoso, y deberán llevar a cabo todas las medidas que estén a su alcance para garantizarle el derecho pleno a la salud que se tilda como conflagrado. (.)" El jefe de la Unidad Jurídica y el subdirector de Servicios Administrativos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; el primero, en representación de dicho instituto y el segundo, por sí y de las restantes autoridades señaladas como responsables, rindieron su informe en relación con la suspensión de plano mediante oficios de catorce de febrero de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa, denunció violación a la suspensión de plano decretada, argumentando para ello, substancialmente, que el nueve de marzo de este año, intentó surtir la receta vale pendiente número 2644263 y la responsable fue omisa en surtir los medicamentos con el señalamiento de que no había en existencia; y, que en específico no le fueron entregados los siguientes medicamentos: METFORMINA tabletas c/30 850 mg; DUTASTERIDE (26579) cápsulas 0.5 mg, c/30, PREGABALINA cápsulas 75 mg c/28. Por lo anterior, acudió promoviendo el presente incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, por lo que pide que se determine que las responsables han venido incumpliendo y se les requiera para que cumplan con la suspensión con el apercibimiento respectivo. Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar trámite al incidente, se solicitó a las autoridades responsables el informe respectivo sobre los hechos de denuncia y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos a que se refiere el numeral 208 de la Ley de Amparo, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede y concluye al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVII, Constitucional, así como 158 en relación con los diversos 206, 207 y 208, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una denuncia de incumplimiento de una medida suspensional emitida por este juzgado en el juicio de amparo del que deriva tal incidencia. Requisitos de procedencia y objeto de la violación a la suspensión. Al respecto, conviene destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, así como en diversos criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el incidente por violación a la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, el cual puede ser promovido por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de esa medida cautelar, sea de plano, provisional o definitiva, por el exceso o defecto en su ejecución. Se cita al respecto, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revisable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Tomo III, página 2122, julio dos mil diecinueve, décima época, con registro 2020252, que dice: INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL. El precepto citado prevé que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de plano o definitiva, procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por ese incumplimiento; sin embargo, no puede excluirse de su procedencia a la suspensión provisional, en virtud de que ésta comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano o definitiva, al constituir ambas medidas cautelares cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional, por lo cual, al ser susceptibles de ejecutarse por la autoridad, quien puede incurrir en exceso o defecto en su acatamiento, es evidente que esa circunstancia debe ser valorada en la vía incidental. Lo anterior guarda armonía con el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo que establece la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo que concedió al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado." En ese tenor, la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, se sujeta a la actualización de los siguientes presupuestos: La existencia de un acuerdo o resolución en que se otorgue la suspensión y que ésta surta efectos; Legitimación del promovente; y, c). La materia de la litis que debe consistir en la denuncia de un desacato a la suspensión. Así, el primero de los requisitos se encuentra acreditado con la determinación de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida por este juzgador en el presente sumario, en la que se decretó la suspensión de plano del acto reclamado, medida cautelar que surtió sus efectos desde el momento mismo de su emisión. La segunda de las exigencias de procedencia se demuestra con la circunstancia de que la parte promovente de la violación a la suspensión resulta ser el peticionario de amparo, quien acudió a esta instancia constitucional oponiendo como reclamo la conculcación de un derecho humano de primer orden como es el acceso a la salud y respecto del cual se decretó de plano la medida cautelar en su favor, con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo, derecho garantizado por el contenido del párrafo tercero del artículo 4º Constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. El tercero de los elementos de procedencia, queda actualizado con el escrito de denuncia recibido en este juzgado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el que la parte quejosa formuló el incidente de violación a la suspensión que se analiza como materia de la Litis. En efecto, en dicho libelo la parte agraviada sustentó medularmente que las autoridades responsables hasta el nueve de marzo de este año, fecha en que intentó surtir la receta vale pendiente número 2644263 y la responsable fue omisa en surtir los medicamentos con el señalamiento de que no había en existencia; y, que en específico no le fueron entregados los siguientes medicamentos: METFORMINA tabletas c/30 850 mg; DUTASTERIDE (26579) cápsulas 0.5 mg, c/30, PREGABALINA cápsulas 75 mg c/28. En esa medida, se encuentra acreditada la existencia de una determinación en la que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa incidentista, quien se encuentra legitimada para presentar la incidencia que constituye el objeto de estudio delatado por la propia parte agraviada, con lo cual se acreditan los requisitos de procedencia, por lo que el objeto será efectuar el estudio y calificación correspondiente de la litis suscitada; es decir, si las autoridades incurrieron en violación a la suspensión. III. Estudio y calificación de la denuncia de violación a la suspensión. A efecto de determinar si existe o no desacato respecto del cumplimiento a la suspensión de plano decretada, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente acotar lo siguiente: Los artículos 125, 126, 136 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. [.]" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]" Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades responsables de cumplir la resolución en que se concede la suspensión de plano del acto reclamado surge a partir de que se les notifica la determinación, por lo que a partir de ese momento deben realizar las diligencias necesarias para su cumplimiento y cumplir la suspensión de manera inmediata en los términos en los que fue otorgada la medida cautelar, ya que al no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. Ahora, del citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene que el incumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a los siguientes supuestos legales: a). La persona que encarna a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión, siendo denunciada por ello, será sancionada de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. b). La sanción se aplicará por cuanto a la desobediencia cometida. c). El único requisito para que se imponga dicha sanción es que el acuerdo de suspensión le haya sido debidamente notificado a la autoridad responsable y que ésta no lo cumpla en sus términos. d). La sanción prevista para la desobediencia a la suspensión decretada en un juicio de amparo será independiente de los demás delitos en que pudiera incurrir. También debe acotarse, que cuando se trata del incidente por cumplimiento defectuoso o excesivo, su objeto tiene como finalidad analizar si la autoridad responsable ha cumplido de manera precisa con la suspensión del acto reclamado. Al respecto la Ley de Amparo, en su Capítulo V, titulado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión", regula su procedencia en el artículo 206, de contenido normativo siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Asimismo, para el caso de que dicho incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano se considere fundado, el artículo 209 de la ley de materia, establece lo siguiente: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De lo anterior, como se anticipó en párrafos que anteceden, se obtiene que procede la denuncia en la vía incidental cuando cualquier persona (con legitimación) se considere afectada por el incumplimiento a la suspensión sea de plano, provisional o definitiva, o sea porque se considere que existe defecto o exceso en su acatamiento. En ese orden de ideas, tenemos que dada la relevancia e implicaciones jurídicas que la suspensión del acto reclamado tiene en un juicio constitucional, la Ley de Amparo no sólo establece los medios necesarios para preservar la materia del juicio a través de la suspensión, sino que impone consecuencias ante el incumplimiento de la misma. Consecuentemente, la materia de dicho incidente es advertir, según sea el caso, si la autoridad responsable incumplió o no la suspensión, o si está en aptitud de rectificar los errores en que incurrió (por exceso o defecto) y, de ser el caso, confirmar el apercibimiento, consistente en denunciar a la autoridad responsable ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora, para la correcta resolución del incidente que nos ocupa y adecuada fijación de la litis incidental, a fin de tutelar el derecho constitucional de seguridad jurídica de las partes involucradas, se debe atender a la forma en la que se planteó la demanda de amparo y cómo se denunció la violación a la suspensión. Lo anterior significa que se debe analizar si se controvierte un incumplimiento en sentido lato sensu -primer supuesto-, o porque la autoridad responsable aunque hubiere desplegado actos tendentes a acatar la medida, lo hizo de manera defectuosa -segunda hipótesis- o bien, si la autoridad al tratar de dar cumplimiento lo hizo de manera excesiva-tercer supuesto-, extralimitándose de los efectos delimitados en la suspensión. De ahí que, para determinar si existe la violación a la suspensión, se debe analizar si se reúnen o no los siguientes requisitos: Que la medida cautelar con efectos concretos se haya concedido por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió la suspensión haya surtido efectos, se haya notificado a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se hubiesen enterado de su existencia; y, c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecuten los actos reclamados materia de la suspensión concedida o bien, se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas por el órgano competente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 680, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, que no se opone a le Ley vigente de conformidad con su artículo sexto transitorio, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." El estudio de este asunto se circunscribe a determinar si las autoridades responsables incurrieron o no, en desacato a la suspensión emitida en este sumario. La incidencia resulta improcedente. En efecto, así se considera dado que la determinación de suspensión de plano emitida en el presente asunto, en nueve de febrero pasado, se dictó con motivo del reclamo del quejoso que hizo valer en su demanda de amparo, consistente substancialmente en la omisión de surtirle la receta médica 9788879MF, en la que se le prescribió el medicamento llamado PREGABALINA cápsulas 75mg c/28; y, al rendir su respectivo informe en relación con la suspensión de plano, el jefe de la Unidad Jurídica y el subdirector de Servicios Administrativos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el primero, en representación del instituto mencionado y, el segundo, por sí y por las restantes autoridades señaladas como responsables, con sus oficios de catorce de febrero pasado acreditaron haber entregado el medicamento que propició la presentación del juicio de amparo. Por lo anterior, no puede asumirse que existiera incumplimiento a la suspensión de plano por parte de las responsables; y, si bien, también los efectos de dicha medida suspensiva fueron para que se le otorgara al aquí quejoso el servicio integral de atención médica para garantizarle el derecho de su salud, lo que implicó también citas médicas o el otorgamiento de diversos medicamentos, lo cierto es, que no se encuentra acreditado que las responsables hayan desacatado o incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento, sino por lo contrario se advierte que se le ha dispensado tal atención. Es así, pues el quejoso delata que el nueve de marzo del año en curso, intentó "surtir la receta vale pendiente 2644263", señalando que no le fueron entregados los medicamentos METFORMINA tabletas c/30 850 mg DUTASTERIDE cápsula 0.5 mg c/30 PREGABALINA cápsulas 75 mg c/28; sin embargo, es menester acotar que al presentar su demanda, no hizo mención de dicha receta médica, lo que supone que la misma, le fue prescrita con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (lo que así ocurrió); de lo que se obtiene que las responsables sí le han otorgado la atención y servicio médico para el tratamiento y restablecimiento de su salud, con posterioridad a la presentación de la petitoria de amparo. Se afirma lo anterior, ya que con su informe respectivo, las autoridades responsables, remitieron anexa copia certificada de la receta cuestionada, de la cual se advierte que fue expedida el nueve de marzo pasado, lo que de suyo implica la atención por parte de un profesional médico del instituto responsable y además acreditaron también que ya se le hizo entrega del medicamento prescrito. De acuerdo a lo expuesto, no puede sostenerse válidamente que las responsables hayan incurrido en exceso o defecto por incumplimiento a la suspensión de plano y que resulte fundada la incidencia, pues si el nueve de febrero de este año, se emitió el mandato suspensional y el catorce del mismo mes y año, la responsable informó haber entregado el medicamento cuya omisión en hacer entrega motivó la presentación de la demanda y además, se acredita que le fue expedida posteriormente diversa receta médica, en la que se le prescribieron los medicamento que aludió en su incidencia y que igualmente le fueron entregados, no puede arribarse a la conclusión de incumplimiento por parte de las autoridades responsables; de ahí, que resulte improcedente la incidencia. Como puede advertirse, la argumentación del quejoso deviene ineficaz, dado que la violación a la suspensión que delata, no es tal por parte de las aquí señaladas como responsables, cuenta habida que se le ha hecho entrega al quejoso del medicamento prescrito en la receta 9788879MF, y se evidencia que con posterioridad, durante el trámite de este biinstancial, se le ha prestado la atención médica; de modo que en tales condiciones no puede asumirse que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión decretada. Por lo expuesto, resulta improcedente la incidencia. Sin que lo anterior signifique denegación de justicia o análisis de legalidad sobre la materia de fondo, ya que dicho tópico es tema de sentencia definitiva de la controversia, y en esta resolución únicamente se determina que no existe incumplimiento a la suspensión decretada por parte de las autoridades responsables. IV. Decisión Con base en lo expuesto, procede declarar improcedente este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano. Por lo expuesto y fundado, se V. Resuelve: Único. Es improcedente el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, promovido por José David García Saavedra, por los motivos y sustentos legales precisados en el considerando III de esta interlocutoria. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario ante quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano