José Daniel Navarro Martínez
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Daniel Navarro Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 27/julio/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, SE ORDENA EL EXPEDIENTE AL ARCHIVO.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, SE ORDENA EL EXPEDIENTE AL ARCHIVO.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la quejosa junto con su demanda y de una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar únicamente los formulados por el quejoso. El juez acuerda: téngase por formulados dichos alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 19/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno al día siguiente, a este órgano jurisdiccional, José Daniel Navarro Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del presidente del Consejo y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con sede en Ciudad de México y otras autoridades. Por proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida dicha demanda, se ordenó su registro con el número 19/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Continuando con el trámite, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? La emisión de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que establece el Monto Independiente de Recuperación (MIR). ? Su aplicación para ajustar el monto normal de pensión para el ejercicio del año dos mil veintiuno Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables presidente del Consejo y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y director técnico de la indicada Comisión, Representante del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Representante del Poder Legislativo del Estado de Sonora ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e instituciones descentralizadas (SUTSPES), pues aún y cuando lo niegan, de la lectura íntegra de sus informes se aprecia la certeza del mismo, salvo la aplicación de la norma general reclamada como inconstitucional, tal y como se establece a continuación. Por lo que hace al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, representante del Poder Judicial del Estado de Sonora ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e instituciones descentralizadas (SUTSPES) ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, primer representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, segundo representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama, toda vez que a pesar de haber sido emplazados para que rindieran su informe justificado, no lo hicieron. Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El artículo que antecede, distingue lo que en la doctrina se conoce como leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Preliminarmente puede decirse que las primeras son aquéllas que con su sola entrada en vigor causa perjuicio al gobernado que se ubica en la hipótesis de la norma; en tanto que las segundas requieren un acto posterior para que se origine tal perjuicio. Por tanto, el problema jurídico a resolver estriba en determinar la naturaleza jurídica de la disposición contenida en el acto reclamado, esto es, si es autoaplicativa porque causa perjuicio desde su entrada en vigor, o bien heteroaplicativa, porque para originar perjuicio es necesario un acto concreto de aplicación. A fin de establecer con precisión la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa del acto reclamado, es conveniente analizar la disposición reclamada referida, a la luz del criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo propósito es establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas. La tesis aludida es la número 55/97, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, julio de 1997, página 5, que a la letra dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De la tesis acabada de transcribir, es claro que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación (la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y el hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal) se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento, como dice la jurisprudencia citada. Ahora bien, en el particular, se reclama la inconstitucionalidad de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, porque carece de fundamento y motivación el incremento del 15% con respecto al salario mínimo anterior, en donde se introduce el concepto de Monto Independiente de Recuperación (MIR), el cual es utilizado ya que no fue posible materializar un aumento al salario mínimo general según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que se advierte de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en cuyos considerandos décimo primero y noveno, de tales resoluciones, respectivamente, se estableció: ".DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de Representantes enfatiza la utilización del mecanismo referido en su Resolución de diciembre de 2016, mediante la cual fijó los salarios mínimos generales y profesionales que entraron en vigor el 1° de enero de 2017, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que se tipifica de la siguiente manera: Es una cantidad absoluta en pesos; Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo; No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales, y demás salarios del sector formal); El MIR (el monto en pesos) únicamente podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo." ".NOVENO. Toda vez que lo anterior no se materializó, en la presente fijación salarial el Consejo de Representantes decidió efectuar estos dos aumentos durante la presente fijación; así, se otorga un incremento denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) al salario mínimo de $4.00 pesos diarios para llevar el salario mínimo un monto de $77.04 pesos diarios, sobre el cual se otorga a su vez el presente incremento de fijación de 3.9% con lo cual el salario mínimo general que entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 2017 será de $80.04 pesos diarios. De esta manera se recupera el aumento al salario mínimo que no pudo concretarse, por las razones ya señaladas, en el transcurso del presente año." Establecido lo anterior, es importante analizar si la norma que se tilda de inconstitucional participa de la calidad de norma autoaplicativa o heteroaplicativa y, si se llega a la conclusión de que se trata de norma heteroaplicativa, procede verificar si en el particular esa norma se aplicó o no en perjuicio del gobernado. Así se tiene que el referido precepto legal autoriza, que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, enfatiza la utilización del mecanismo referido en su Resolución de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual fijó los salarios mínimos generales y profesionales que entraron en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), el cual únicamente podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. En esa virtud, la norma que se tilda de inconstitucional, es de carácter heteroaplicativa, pues su sola entrada en vigor no le causa perjuicio a la parte quejosa. Así las cosas, con los documentos que obran en el sumario, el peticionario de garantías no acredita que, efectivamente, se encuentre ubicado en el supuesto de la norma que reclama como inconstitucional, sino por el contrario, de los informes justificados rendidos por las responsables se advierte que todas y cada una de ellas niegan los actos de ejecución que se les reclama en relación con la aplicación de dicha norma. Dicho de otra manera, es claro que para la actualización del supuesto de la norma, se requiere un acto posterior y la norma de que se trata no causa perjuicio con su sola entrada en vigor, sin que se haya aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Razón por la cual, se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues la sola entrada en vigor de la norma que se tilda de inconstitucional, no causa perjuicio a la parte quejosa, pues se requiere de un acto posterior para que se actualice su supuesto y, en un momento dado, poder determinar si esa aplicación pueda o no ser en perjuicio de la parte quejosa. Así las cosas, con la prueba documental antes mencionada, el peticionario de garantías no acredita que, efectivamente, se encuentre ubicado en el supuesto de la norma que reclama como inconstitucional. Es aplicable la tesis clave II.3°.C.3 K, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se comparte, visible en la página 1205, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia". En tales condiciones, si la norma que se tilda de inconstitucional resolución que establece la aplicación del monto independiente de recuperación (MIR) no causa perjuicio desde su entrada en vigor, es claro que no puede impugnarse en este juicio de amparo como autoaplicativa, pues participa de las características de las normas heteroaplicativas, esto es, las que requieren de la actualización de alguna condición para que se cause el perjuicio requerido para la procedencia del juicio constitucional en su contra. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la tesis P. XCVII/95, publicada en la página noventa y dos, Tomo II, Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Materia Constitucional; Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Daniel Navarro Martínez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el capítulo IV, precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado V. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso mediante el cual solicita que los archivos electrónicos relativos a los informes justificados acordados en auto de dieciocho de marzo de este año, le sean enviados a los correos electrónicos que refiere en su ocurso. En tal contexto, tomando en consideración la situación actual de contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 y conforme a lo establecido en artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su petición, por lo tanto, remítanse a los correos electrónicos las constancias que solicita en su escrito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Jose Cesar Dominguez Canizales611/2014
- José Covarrubias González572/2021
- José Cruz Alvarez Castillo112/2021
- Jose Cruz Avitia Ayala1455/2018
- José Cuevas Arroyo1382/2015
- José Daniel Navarro Martínez502/2022
- Jose Daniel Navarro Martinez970/2019
- José David García Saavedra152/2022
- José David Hernández Rodríguez1360/2021
- Jose David Miranda Aldama1257/2018
- Jose David Miranda Aldama748/2017
- José David Ocampo Peralta1737/2018