José Daniel Navarro Martínez
Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
- José Daniel Navarro Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el número de toca 1042/2022. Por otro lado, como lo solicita, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida en este asunto; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos, en la inteligencia que a las autoridades responsables, se les enviará mediante oficio. En su oportunidad, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copias del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; y, personalmente al fiscal Federal adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de agosto de dos mil veintidós. Se autorizan copias. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, las que serán entregadas previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y dos minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio 502/2022 A-I , sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y los informes justificados rendidos por algunas de las autoridades responsables. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. Abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa en su escrito de demanda y la responsable Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con residencia en Ciudad de México en su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 a 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo téngase por formulados en los términos que se indica en los escritos correspondientes y tómense en cuenta en el momento procesal oportuno dichas manifestaciones de resultar procedentes; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a realizarlos. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se da por terminada esta diligencia, quedando vistos los autos del sumario para emitir la sentencia que en derecho corresponde. Doy fe. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 502/2022 A-I promovido por José Daniel Navarro Martínez contra los actos atribuidos al Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, ese día, José Daniel Navarro Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Por proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió la citada demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 93, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama la aplicación de disposiciones normativas en el territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. Fijación de la litis Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La emisión de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que establece el Monto Independiente de Recuperación (MIR). Su aplicación para ajustar el monto normal de pensión para el ejercicio del año dos mil veintidós IV. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1) Consejo de Representantes, 2) presidente del Consejo de Representantes, 3) presidente, 4) secretario del Consejo de Representantes y 5) Director Técnico, todos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 6) Junta Directiva y 7) director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 8) representante del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y 9) representante del Poder Legislativo del Estado de Sonora ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues aún y cuando lo niegan, de la lectura íntegra de sus informes se aprecia la certeza del mismo, salvo la aplicación de la norma general reclamada como inconstitucional, tal y como se establecerá en párrafos posteriores. Por lo que hace al 10) representante del Poder Judicial del Estado de Sonora ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 11) representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e instituciones descentralizadas (SUTSPES) ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 12) primer representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y 13) segundo representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama, toda vez que a pesar de haber sido emplazados para que rindieran su informe justificado, no lo hicieron. V. Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII , de la Ley de Amparo El artículo que antecede, distingue lo que en la doctrina se conoce como leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Preliminarmente puede decirse que las primeras son aquéllas que con su sola entrada en vigor causa perjuicio al gobernado que se ubica en la hipótesis de la norma; en tanto que las segundas requieren un acto posterior para que se origine tal perjuicio. Por tanto, el problema jurídico a resolver estriba en determinar la naturaleza jurídica de la disposición contenida en el acto reclamado, esto es, si es autoaplicativa porque causa perjuicio desde su entrada en vigor, o bien heteroaplicativa, porque para originar perjuicio es necesario un acto concreto de aplicación. A fin de establecer con precisión la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa del acto reclamado, es conveniente analizar la disposición reclamada referida, a la luz del criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo propósito es establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas. La tesis aludida es la número 55/97, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, julio de 1997, página 5, que a la letra dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De la tesis acabada de transcribir, es claro que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación (la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y el hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal) se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento, como dice la jurisprudencia citada. Ahora, en el particular, se reclama la inconstitucionalidad de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, porque carece de fundamento y motivación el incremento del 22% con respecto al salario mínimo anterior, en donde se introduce el concepto de Monto Independiente de Recuperación (MIR), el cual es utilizado ya que no fue posible materializar un aumento al salario mínimo general según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que se advierte de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en cuyos considerandos décimo primero y noveno, de tales resoluciones, respectivamente, se plasmó: ".DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de Representantes enfatiza la utilización del mecanismo referido en su Resolución de diciembre de 2016, mediante la cual fijó los salarios mínimos generales y profesionales que entraron en vigor el 1° de enero de 2017, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que se tipifica de la siguiente manera: Es una cantidad absoluta en pesos; Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo; No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales, y demás salarios del sector formal); El MIR (el monto en pesos) únicamente podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo." ".NOVENO. Toda vez que lo anterior no se materializó, en la presente fijación salarial el Consejo de Representantes decidió efectuar estos dos aumentos durante la presente fijación; así, se otorga un incremento denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) al salario mínimo de $4.00 pesos diarios para llevar el salario mínimo un monto de $77.04 pesos diarios, sobre el cual se otorga a su vez el presente incremento de fijación de 3.9% con lo cual el salario mínimo general que entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 2017 será de $80.04 pesos diarios. De esta manera se recupera el aumento al salario mínimo que no pudo concretarse, por las razones ya señaladas, en el transcurso del presente año." Establecido lo anterior, es importante analizar si la norma que se tilda de inconstitucional participa de la calidad de norma autoaplicativa o heteroaplicativa y, si se llega a la conclusión de que se trata de norma heteroaplicativa, procede verificar si en el particular esa norma se aplicó o no en perjuicio del gobernado. Así se tiene que el referido precepto legal autoriza, que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, enfatiza la utilización del mecanismo referido en su Resolución de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual fijó los salarios mínimos generales y profesionales que entraron en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), el cual únicamente podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. En esa virtud, la norma que se tilda de inconstitucional, es de carácter heteroaplicativa, pues su sola entrada en vigor no le causa perjuicio a la parte quejosa. Así las cosas, con los documentos que obran en el sumario, el peticionario de garantías no acredita que, efectivamente, se encuentre ubicado en el supuesto de la norma que reclama como inconstitucional, sino por el contrario, de los informes justificados rendidos por las responsables se advierte que todas y cada una de ellas niegan los actos de ejecución que se les reclama en relación con la aplicación de dicha norma. Dicho de otra manera, es claro que para la actualización del supuesto de la norma, se requiere un acto posterior y la norma de que se trata no causa perjuicio con su sola entrada en vigor, sin que se haya aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Razón por la cual, se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues la sola entrada en vigor de la norma que se tilda de inconstitucional, no causa perjuicio a la parte quejosa, pues se requiere de un acto posterior para que se actualice su supuesto y, en un momento dado, poder determinar si esa aplicación pueda o no ser en perjuicio de la parte quejosa. Así las cosas, con las documentales antes mencionadas, el peticionario de garantías no acredita que, efectivamente, se encuentre ubicado en el supuesto de la norma que reclama como inconstitucional. Es aplicable la tesis clave II.3°.C.3 K, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se comparte, visible en la página 1205, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia". En tales condiciones, si la norma que se tilda de inconstitucional -resolución que establece la aplicación del monto independiente de recuperación (MIR)- no causa perjuicio desde su entrada en vigor, es claro que no puede impugnarse en este juicio de amparo como autoaplicativa, pues participa de las características de las normas heteroaplicativas, esto es, las que requieren de la actualización de alguna condición para que se cause el perjuicio requerido para la procedencia del juicio constitucional en su contra. VI. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la tesis P. XCVII/95, publicada en la página noventa y dos, Tomo II, Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Materia Constitucional; Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Por lo expuesto y fundado se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Daniel Navarro Martínez, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el capítulo IV, precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado V. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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