José Concepción Martínez Gallegos
Expediente 1072/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Concepción Martínez Gallegos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, en el que este Tribunal desechó la demanda de amparo promovida por ********************* , no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto *** de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales. Devuélvase a la sala responsable los tomos de pruebas y los documentos que acompañó a su informe justificado.
- Principal
Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjuntó original de la demanda de amparo promovida por ********, en su carácter de mandatario judicial de ********** , con cuatro copias de traslado; original del toca 478/2019 y expediente C-0092/2019; un legajo en copia certificada; un sobre con documentos; copia certificada del oficio 2751; original del escrito del mandatario en cita y un informe justificado de la autoridad responsable. Formación de tomos. Para un mejor manejo del expediente en que se actúa se ordena formar tres tomos de pruebas con las constancias relativas al toca 478/2019, el expediente C-92/2019 y con los documentos recibidos en sobre cerrado. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remite la demanda de amparo a este órgano judicial, al estimar que carece de competencia legal para conocer del mismo. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal, tal como lo refiere el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, respecto de que la resolución de segunda instancia, que revocó la sentencia de primera instancia de treinta y uno de julio del año en curso, a fin de reponer el procedimiento y su ejecución, no es de las que ponga fin al juicio de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la materia, y en estricto acatamiento a lo señalado por el tribunal oficiante, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 1072/2019-VI. Acúsese recibo a la superioridad, a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Análisis de la procedencia del juicio de amparo Por otra parte, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone la obligación de examinar la demanda de amparo -y escrito aclaratorio- para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones, de la integridad de la demanda se desprende que la parte impetrante señala como acto reclamado de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: La sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 478/2019, en la que revocó la sentencia de primera instancia y repuso el procedimiento del juicio ordinario civil C-92/2019, para el efecto de que se integre a la Litis contra un tercero de apellido "******". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, dado que el acto que se reclama en el presente juicio, no es de imposible reparación. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, conviene transcribir el contenido de los artículos citados en el párrafo anterior, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del artículo 61, fracción XXIII transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando la causa derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, cláusula normativa con la cual, el legislador dejó abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar jurídicamente la improcedencia del amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII.1o.37 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigesimosegundo Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA PUEDE APLICARSE, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRE ESTABLECIDA EXPRESAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos admiten diversas clasificaciones, una de ellas es la que las divide en normas operativas y normas programáticas; las primeras son aquellas que no necesitan ser reglamentadas ni condicionadas por otro acto legislativo para que puedan ser aplicadas; en cambio, las programáticas son aquellas cuya eficacia depende de que se cree un acto normativo o legislativo que persiga ese efecto o de que sean reglamentadas, como por ejemplo, el artículo 105 constitucional sobre los conflictos de atribuciones entre poderes públicos (controversias constitucionales) y sobre la acción abstracta de inconstitucionalidad, o los diversos numerales 103 y 107, sobre el juicio de amparo. Así, en la Ley Suprema se han establecido diferentes instrumentos o medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal que tienen por objeto conservar la norma constitucional, prevenir su violación, reparar y reprimir su incumplimiento; sin embargo, sólo prevé sus lineamientos fundamentales, perfilando sus rasgos distintivos y principales, pues sería poco técnico u ortodoxo, y hasta materialmente imposible que en el propio texto constitucional se señalara con detalle cada una de las reglas que rigen tales instrumentos. En esa tesitura, la circunstancia de que los artículos 103 y 107 constitucionales no prevean en forma expresa la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, de ninguna manera origina que no pueda aplicarse en los juicios de garantías, porque tales disposiciones constitucionales son normas programáticas que sólo fijan los lineamientos o principios rectores del juicio de amparo, pero que requieren de un acto legislativo a fin de que alcancen total eficacia, lo cual encuentra plena correspondencia en la mencionada fracción XVIII." Por su parte el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, en cuyo caso, la violación reclamada recaiga sobre actos emitidos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable o de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio constitucional será improcedente cuando el acto que se reclama no sea de imposible reparación; es decir, el juicio será improcedente contra aquellos actos en los que el actuar de la autoridad responsable, solo afecte derechos adjetivos o procesales, puesto que dicha violación, podrá ser reclamada y en su caso reparada, en la reclamación que se haga respecto de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento del que deriva el acto reclamado en la vía constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, la quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el toca 478/2019, que dejó sin efectos la sentencia de primer grado -de treinta y uno de julio del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil C-92/2019, del índice del Juzgado Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato- y ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que se amplíe la demanda contra de terceros. De lo que se obtiene que tal pronunciamiento implica la reposición del procedimiento para escuchar a una parte que no fue llamada en el juicio de origen, tal como lo destaca la aquí quejosa, y entonces esté en posibilidad de dictar nueva resolución para no dejar en estado de indefensión a parte involucrada alguna. Ahora, atendiendo a la naturaleza de la resolución combatida, y a fin de evidenciar que esta no causa una afectación de imposible reparación, es necesario analizar y determinar las consecuencias producidas por la reposición ordenada por la sala responsable, a fin de determinar si estas son o no de imposible reparación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 7/91 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, tomo VII, mayo de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Así, con relación a los actos de imposible reparación el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el Máximo Tribunal precisó que esta interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: a) La consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) La referente a que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De suerte que, la resolución reclamada que dejó insubsistente la sentencia de primera instancia -dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por el juez Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato, en el juicio ordinario civil C-92/2019, para el efecto de que se amplíe la demanda en contra de terceros; no se ubica dentro del supuesto de los actos que producen una ejecución irreparable; en otras palabras, no es de aquellos actos que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, porque con el dictado de la resolución reclamada, no se afecta algún derecho sustantivo de la quejosa, como es la libertad, la vida, la propiedad, las posesiones, papeles o derechos, etcétera, al encontrarse estos temas todavía sin decisión (subjudice), pues por el efecto natural del sentido del fallo reclamado en amparo, su finalidad se encuentra limitada a reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil C-92/2019 del índice del Juzgado Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, con el fin de que se dé intervención a un tercero. De ahí que, la resolución de segunda instancia no priva a la aquí inconforme de algún derecho sustantivo, precisamente porque no ha adquirido algún derecho, que en su caso, sea imposible restituir con la sentencia de fondo que nuevamente se pronuncie una vez repuesto el procedimiento, donde se cumplan las formalidades esenciales, se respete el debido proceso y el derecho a una adecuada defensa de todas las partes y ahora también del nuevo litisconsorte. Es decir, no se está frente a una violación a los derechos sustantivos de la quejosa que amerite analizarse vía biinstancial, pues en el caso que se resuelve, de manera alguna se advierte que los alcances de la reposición generen una lesión material a un derecho sustantivo; de ahí que sus consecuencias sean solo intraprocesales; pues, se insiste, no afecta materialmente derechos sustantivos de la inconforme. Por otro lado, para este juzgado federal es importante significar que no se desconoce la jurisprudencia 1a. J/. 106/2004 que dispone: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Sin embargo, tal criterio no resulta aplicable en el particular, en primer lugar, porque la citada jurisprudencia solo analiza el caso de que se deja insubsistente la sentencia de primer grado que hubiera resultado favorable al quejoso, lo que si bien acontece en la especie, no se advierte que se haya dejado sin efectos alguna actuación que traiga consigo la imposibilidad de volverse a producir; de ahí que con la citada reposición, como se dijo, no se transgrede ningún derecho sustantivo que provoque una imposible reparación. Antes bien, la responsable expresamente destacó que las actuaciones que involucren al hoy quejoso subsisten. En efecto, de la resolución reclamada (fojas 31 a 35 del tomo V de pruebas), se desprende que solo se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que la juez de primera instancia requiera a la actora para que amplíe su demanda en contra de las personas que ha identificado en dicho ocurso, como poseedoras, sin que se pronunciara expresamente en torno a dejar sin efectos actuación alguna, de ahí que las actuaciones del juicio de origen subsisten. En segundo lugar, porque el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio actual de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en la jurisprudencia 106/2004 que se analiza; de ahí que no resulte aplicable al presente caso. Así, se insiste que los actos reclamados para que se puedan considerar de imposible reparación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas procesales; situación que no acontece con la sentencia emitida en apelación que repone el procedimiento de origen, porque el tribunal de segunda instancia estimó la necesidad de que el actor amplíe su demanda a las cuestiones no propuestas, contra las personas que mencionó como actuales poseedoras del inmueble materia del juicio de origen. Aunado, a que la resolución reclamada no dejó sin efectos ninguna actuación procesal, ya que la única consecuencia es que se reponga el procedimiento para ampliar la demanda, el que continuara en su tramitación hasta el dictado de la sentencia que dirima la controversia. Al respecto resulta ilustrativa la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que se comparte, la cual señala: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo". De ahí que solo se trastocan derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable en segunda instancia, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Mas si no sucediera así, la inconforme estará en posibilidad de impugnar la transgresión alegada en el juicio de amparo directo que en su oportunidad se promueva, previa la preparación correspondiente de la acción constitucional en su caso. En esas condiciones, será hasta que se emita la resolución que ponga fin a la segunda instancia para los efectos del amparo directo -sentencia de resuelva el recurso de apelación-, que esté en posibilidad de controvertir aquellas actuaciones que considere constituyen violaciones procesales, incluyendo aquellas que señaló como actos reclamados. Ello porque hasta que se resuelva la apelación respectiva, se podrá analizar si la violación relativa trascendió o no al resultado del fallo. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio del inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que toda reposición del procedimiento implica necesariamente una dilación del juicio civil en mayor o menor medida, sin que ello implique violación al derecho fundamental de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Luego, se tiene que la resolución reclamada, de modo alguno produce vulneración de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos reconocidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que como se refirió, no acontece en el caso. En esas condiciones, como en la especie no concurren los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, porque no están de por medio violaciones a derechos sustantivos; es que se actualiza la causal de improcedencia prevista el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la presente conclusión, se estima armónica con los derechos de la quejosa reconocidos por el constituyente en relación con el acceso efectivo a una impartición de justicia pronta, pues al existir disposición en la ley de amparo con relación a la improcedencia del juicio cuando no se reclamen actos de imposible reparación, es inconcuso que aún con los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, a la aquí alcanzada; máxime que al haberse tramitado la demanda de amparo en la vía directa, se cuenta con las constancias del juicio de origen. Determinación judicial Establecido lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la misma Ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Samuel Gámez Jaralillo, en su carácter de mandatario judicial de José Concepción Martínez Gallegos. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Autorizados y domicilio para oír y recibir Notificación al quejoso. En razón que el mandatario del directo quejoso señaló como domicilio particular en ******; por tanto, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique el presente acuerdo al mencionado; además, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo las ulteriores, aún las de carácter personal, sin previo acuerdo se le practicará por medio de lista que se fije en lugar visible de este juzgado federal, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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