José Cortéz Y/O Cortés Torres
Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Cortéz Y/O Cortés Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que, por haberse negado el amparo, dicha determinación no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional en el cuaderno principal, mientras que, en el incidente, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable juez Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato (copia certificada del juicio ordinario civil C58/2019 de su índice, en dos tomos), se ordena su devolución. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por los terceros interesados xxxxxxxxx, a través del cual solicitan copias de las constancias que indican; al respecto dígasele a los ocursantes que queda a su disposición el presente juicio de amparo, para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección, las constancias que sean necesarias, previa razón que se levante en autos. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la parte quejosa o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en atención a que con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado no cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias solicitadas por la parte quejosa.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 131/2020, promovido por xxxxxxx, por conducto de su apoderado legal xxxxxxx, en contra de actos del juez de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, xxxxxxx, por conducto de su apoderado legal xxxxxxx, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato, que hizo consistir en: 4.- ACTO RECLAMADO Y FECHA DE CONOCIMIENTO DEL MISMO. Manifiesto en términos de lo establecidos en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo y bajo protesta de decir verdad, que lo constituye: Resolución de fecha 23 veintitrés de enero del año 2020 dos mil veinte y notificada el día veintiocho de ese mismo mes y año, emitida por el Juez de Partido Civil del Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato, dentro del Juicio Ordinario Civil C-58/2019. La probable ejecución que se pretende dar al auto de fecha 10 diez de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, en relación con la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen de fecha 05 cinco de septiembre del ese año (SIC." (Foja 3 del cuaderno de amparo). En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, formó el expediente y lo registró bajo el número 131/2020; además, desechó la demanda. Dicho proveído fue impugnado por la parte quejosa, mediante recurso de queja, el cual, por razón de turno, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien por resolución de cinco de agosto de dos mil veinte, determinó declarar fundado el citado recurso y revocar el auto recurrido. Así, este juzgador federal por auto de siete de septiembre de dos mil veinte, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, tuvo como terceros interesados a los siguientes: 1. Netzahualcóyotl Vivian López. 2. Ma. Soledad López Gordillo. Quienes fueron emplazados al presente juicio el diez de septiembre de dos mil veinte (fojas 139 a 151). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en Uriangato, Guanajuato, ciudad en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esa ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. La resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, emitida en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ordinario civil número C-58/2019, por la cual se confirmó el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve. 2. La ejecución de la resolución reclamada. La autoridad señalada como responsable es: a. Juez Único de Partido Civil de Uriangato, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato (foja 159) al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se reclama en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable consistente en copia certificada 2 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. del juicio ordinario civil número C-58/2019; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, José Cortez Torres y/o José Cortés Torres, por conducto de su apoderado legal Gerardo Romero Cortez, demandó en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción plenaria de posesión, a Netzahualcóyotl Vivian López y Ma. Soledad López Gordillo, sobre las prestaciones ahí indicadas (fojas 2 a 6 del tomo de pruebas número I). 2. Del citado ocurso conoció el Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, quien por auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, registró la demanda con el número C-58/2019 y la admitió a trámite; asimismo, ordenó el emplazamiento de los demandados (fojas 82 a 84 ídem). 3. Seguida la secuela procesal, el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó sentencia definitiva (fojas 270 a 288 ídem), en la que determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para conocer el presente negocio y la vía intentada por la parte actora fue la procedente. SEGUNDO.- La parte actora GERARDO ROMERO CORTEZ, en su carácter Apoderado Legal de JOSÉ CORTEZ TORRES Y/O JOSÉ CORTÉS TORRES, acreditó los elementos constitutivo de la Acción Plenaria; los demandados no justificaron en lo sustancial sus excepciones, en consecuencia, se condena a la parte demandada xxxxxxxx, a la restitución, desocupación y entrega con todos sus frutos, accesiones y mejoras a favor de la parte actora de una fracción que pertenece a la finca urbana ubicada en la calle xxxxxxx, Guanajuato, la cual tiene las medidas y colindancias siguientes: (.) concediéndosele a la parte demandada para tal efecto, un término de 15 quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada la presente sentencia, apercibidos que en caso de no hacerlo, se hará uso de los Medios de apremio señalados por la Ley para tal efecto. Ahora bien, a efecto de ser acordes con el cumplimiento eficaz que se debe dar a las ejecutorias, con fundamento en el principio de Tutela Jurisdiccional consagrado en el artículo 17 diecisiete Constitucional, en concordancia con el principio de una justicia pronta y expedita a fin de garantizar los derechos fundamentales de los gobernados, pues de lo contrario, de nada vale una sentencia que reconozca los derechos de los justiciables si no se ejecuta legalmente, en consecuencia se condena a la parte demandada a la Demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo a costa del edificador, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 899, 900 y 902 del Código Civil vigente en el Estado, o bien, a cubrir por la parte demandada el monto en que sea valuada la fracción materia de la Litis, a favor de la actora, ello en ejecución de sentencia. TERCERO.- Con fundamento en el artículo 11 del Código Procesal Civil del Estado, se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas erogadas por su contraria al haber resultado parte perdidosa." 4. En contra de la anterior determinación, Ma. Soledad López Gordillo interpuso recurso de revisión (fojas 291 a 297 ídem). 5. Del citado medio de impugnación conoció, por turno, la Octava Sala Unitaria Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, quien lo radicó bajo el toca número 553/2019 y por resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 369 a 388 del tomo de pruebas número II), modificó la sentencia apelada, para el efecto siguiente: ".de establecer que el bien inmueble respecto del cual se condenó a los demandados NETZAHUALCÓYOTL VIVIAN LÓPEZ y MA. SOLEDAD LÓPEZ GORDILLO a restituir, desocupar y entregar con todos los frutos y accesorios y mejoras a favor de la parte actora, es respecto a la fracción que pertenece a la finca urbana ubicada en la calle Nicolás Bravo número 38 zona centro de Uriangato, Guanajuato, con una superficie de 17.51 diecisiete punto cincuenta y un metros cuadrados, cuyas medidas deberán ser las siguientes..." 6. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, los demandados manifestaron que optaban por cubrir el monto en que sea valuada la fracción materia de la litis y, con ello, solicitaron se le diera vista a la parte actora, a efecto de que inste la ejecución de la sentencia en dicho sentido (foja 392 ídem). 7. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo a los demandados haciendo manifestaciones; además, precisó que no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de dar vista a la parte actora (fojas 394 y 395 ídem). 8. Al respecto, la parte actora manifestó su inconformidad con la propuesta hecha por los demandados y solicitó el cumplimiento de la sentencia definitiva (foja 396 ídem). 9. Por auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 398 y 399), el juez responsable determinó lo siguiente: ".Acordando el escrito de cuenta, dígasele el C. GERARDO ROMERO CORTEZ, que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, debiéndose estar a la Sentencia, siendo optativo para la parte demandada la forma de cumplimiento de la misma.". Inconforme con tal determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación (fojas 400 a 408 ídem). 11. El veintitrés de enero de dos mil veinte, el juez responsable confirmó el auto impugnado (fojas 416 a 423 ídem). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. En la especie, el quejoso formula un concepto de violación, dentro del cual combate diversos temas, por lo que para su análisis y mejor comprensión se realizaran varios apartados. I. En una parte del concepto de violación único, en esencia, el quejoso aduce que la resolución reclamada no observó el principio de congruencia externa que debe revestir toda resolución judicial, el cual se encuentra reconocido en el artículo 17 constitucional. Además, alega que de una confronta entre los agravios y la resolución reclamada, se advierte que no se da respuesta a los argumentos que planteó y además se abordan otros temas que no fueron materia del medio de impugnación. Asimismo, sostiene el promovente del amparo que en la resolución reclamada se declararon fundados pero inoperantes sus agravios; sin embargo, por una parte, no se expuso en que estriba lo fundado y, por otra, solo se argumentó que los agravios son inoperantes porque van dirigidos a combatir un fundamento de la sentencia de primer grado. Refiere el quejoso que lo anterior es incorrecto, toda vez que sus argumentos se encuentran dirigidos a combatir el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve y no la sentencia de fondo, como se señaló en la resolución reclamada, lo que evidencia la incongruencia destacada. De igual forma, aduce que su agravio estriba en la forma en que debe interpretarse la sentencia y que también debe considerarse que el derecho reconocido en la sentencia lo tiene el vencedor en juicio y no la parte vencida. Argumentos que son infundados. Se explica. Para justificar la postura a la que se arriba, conviene tener presente que dentro del derecho fundamental de seguridad jurídica, se encuentran los principios de exhaustividad y congruencia, entendiendo por el primero la obligación que tiene cualquier juzgador de resolver todas las cuestiones que le hayan sido planteadas por las partes en la contienda de que se trate, mientras que el segundo (congruencia), significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes; así la congruencia externa, implica que la sentencia debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes; mientras que la congruencia interna, se refiere a que la misma no debe contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. Bajo ese contexto, para que las sentencias cumplan con los principios de exhaustividad y congruencia, deberán resolver todas las cuestiones planteadas por las partes; asimismo, se deberán ocupar únicamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, ya que es necesario que exista conformidad, entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y la demanda, la contestación de la demanda y demás prestaciones deducidas oportunamente por las partes, sin que sea posible tomar en consideración hechos distintos de los argumentados, ya que esto implicaría la alteración de la litis planteada y, por consiguiente, que se dejara inaudita a una de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. Es condición de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los considerandos de la misma, implican elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada en ley aplicable al caso, características que no pueden cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o no son congruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia, provoca incertidumbre respecto a su naturaleza y alcances, lo que se traduce en un estado de inseguridad jurídica para las partes, y si los puntos resolutivos no son congruentes con la parte considerativa del fallo, éstos carecerán de fundamento y motivo legal." En ese sentido, se tiene presente que el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato , consagra los principios de exhaustividad y congruencia, pues impone que las sentencias que se emitan deberán ocuparse de la pretensión deducida. 3 Séptima Época, número de registro 240305, Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, cuarta parte, página 253. 4 Artículo 227. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse. En la especie, este juzgador advierte que la resolución reclamada, contrario a lo que expone la parte quejosa, sí es congruente, pues los razonamientos que ahí se realizaron son el resultado del estudio y análisis de las constancias de autos, así como de la parte toral del agravio expuesto por el apelante -hoy quejoso- y con ello se resolvieron las cuestiones que oportunamente fueron sometidas a su consideración. En efecto, en el escrito de agravios el recurrente planteó los siguientes argumentos: a. Que la resolución recurrida infringe lo dispuesto por los artículos 1 y 17 constitucionales, los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los numerales 461 y 462, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, debido a que se niega el derecho a obtener una debida ejecución de la sentencia definitiva. b. Que debe observarse que en la sentencia de segundo grado solo se modificó la de primera instancia en lo relativo a la superficie y medidas de la fracción del inmueble que debe restituirse. c. Que en el escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, manifestó su inconformidad con la propuesta de los demandados y solicitó el cumplimiento de la sentencia en el sentido de que se procediera a la demolición de la obra y se entregara la fracción del terreno; ello, debido a que habían transcurrido los quince días que se concedieron en la sentencia definitiva. d. Que en el auto impugnado solamente se señaló que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, lo que vulnera el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, pues se le niega una justicia plena y cabal a quien tiene derecho a la ejecución. e. Que la resolución recurrida refiere, de manera incorrecta e ilegal, que es optativo para la parte demandada entregar la fracción del inmueble o realizar el pago por el valor de este. f. Que lo anterior es así, pues en la sentencia no se estableció de esa manera, por lo que se favorece a la parte vencida y además deja sin efectos los alcances legales de la sentencia. g. Que se condenó a la demandada a la restitución de la fracción del inmueble, por ser la consecuencia jurídica de la acción ejercitada, y para ello se concedió un plazo de quince días hábiles para restituirla, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se hará uso de los medios de apremio. h. Que, sobre ese punto, debe realizarse una interpretación jurídica y sistemática de la ejecución de la sentencia, que resulte acorde y congruente con la pretensión ejercitada, así como con los hechos expuestos por las partes, y no a una simple interpretación gramatical, como la que se realizó en la resolución que combatió. i. Que la acción ejercitada es la plenaria de posesión cuya finalidad es obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, como se plasmó en la sentencia materia de la ejecución, que en dicha determinación se plasmó que el ahora quejoso tiene mejor derecho a poseer la fracción del inmueble, e incluso se concedió a la parte reo un término para restituirlo. j. De ahí que, la condena impuesta en el sentido de restituir el inmueble a la parte actora no puede resultar opcional para la parte demandada, como de manera incorrecta se indicó en el auto impugnado. k. Que de acceder a la petición de la contraria en el sentido de concederle el beneficio de pagar el valor de la fracción del inmueble y no restituirla a la parte actora, se desconocería un derecho ya reconocido en la sentencia. l. Que, en atención a las reglas de la lógica y sana crítica, debe entenderse que la naturaleza de la condena exige la restitución del inmueble. Que, de ser el caso, la opción del pago del valor de la fracción de aquel debe quedar a elección del actor. m. En consecuencia, debe ordenarse el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con la condena decretada, en el sentido de que se entregue la fracción del inmueble y después ordenando la demolición de la obra o construcción existente, al haber transcurrido el término de quince días concedido en dicha sentencia. Sobre tales argumentos en la resolución reclamada se sostuvo lo siguiente: ".En esta tesitura, tenemos que el agravio invocado por el recurrente resulta fundado pero inoperante, en base a las siguientes motivos y fundamentos de derecho. Establece el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guanajuato, en sus artículos: Artículo 363. La cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 364. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 365. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admiten ningún recurso; II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto o se haya desistido el recurrente de él; y III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Artículo 366. En los casos de las fracciones primera y tercera del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha, a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida previa certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el juez que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que este se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso. Por su parte nuestra Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17 diecisiete establece: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En esa tesitura, no le asiste razón al recurrente, toda vez que contrario a lo que aduce, quien inicialmente promovió el cumplimiento voluntario a la condena impuesta en la sentencia, lo fueron los demandados, optando a cubrir a la actora el monto en que sea valuada la fracción materia de la litis, y fue hasta entonces, en que el ahora recurrente, se pronunció mediante su escrito de fecha 06 seis de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, refiriendo no estar de acuerdo con dicha propuesta, sin embargo, dicha manifestación no se puede considerar una propuesta planteada por los demandados, pues del contenido de la propia Sentencia Definitiva emitida por este Tribunal, y que fuera modificado por la Segunda Instancia, se infiere que se estableció como condena a la parte demandada a la Demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo a costa del edificador, o bien, a cubrir por la parte demandada el monto en que sea valuada la fracción materia de la litis a favor de la actora; en tanto que, ciertamente, la acción planteada en el presente juicio, como lo refiere el inconforme, lo es la Acción Plenaria de Posesión, cuya finalidad es obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, y así mismo, el legislador privilegió en todo momento la ejecución de la sentencia, por tratarse de una cuestión de interés general, que como cosa juzgada debe llevar aparejada su realización fáctica a favor de la parte vencedora del litigio, como vertiente del derecho fundamental de acceso a la justicia, además de que concreta la acción de jurisdiccional del Estado como parte de sus fines y, por ende, de la sociedad en general, es inconcuso, que es la parte vencedora, es decir, la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, la única a la que le corresponde el derecho de promover la ejecución de la misma, no obstante lo anterior, en la especie, del contenido de la Sentencia definitiva dictada por este Juzgado y modificada por el Tribunal de Alzada, se advierte, que en el último párrafo del Considerando Cuarto y resolutivo Segundo, se insertó la conjunción disyuntiva "o" que da la idea de alternación entre la condena de "Demolición de la obra." "o" "bien a cubrir por la parte demandada el monto en que sea valuada.", ello debido a las propias manifestaciones vertidas, tanto del actor en su escrito inicial de demanda, como en la contestación de demanda y diversos escritos por los demandados. Por lo anterior, se estima correcto, el argumento esgrimido en el auto combatido, a efecto de que la parte demandada dé cumplimiento a la sentencia, no a efecto de favorecer a la parte vencida, sino, a favor de la actora, como se precisó en la propia resolución, luego entonces, si como lo refiere el recurrente, la opción de pago del valor de la fracción del inmueble materia de la litis, que el Tribunal, a su juicio, aunque de manera incongruente, indicó en la sentencia, empero la parte actora, quien tuvo a su alcance los medios ordinarios de defensa para combatir en su momento dicha sentencia, no lo hizo, por tanto es firme y obligadas las partes a estar y pasar por ella, de conformidad al artículo 17 Constitucional, al constituir cosa juzgada. Ello se patentiza si se toma en consideración que, por regla general, las sentencias y demás determinaciones judiciales, en los casos particulares confieren derechos o imponen obligaciones a los contendientes, con independencia de que su emisión sea correcta o no, consecuentemente, si la expresión de agravios se dirigen a combatir un fundamento de la sentencia de primer grado que había sido consentido, por no haberse hecho valer el recurso de apelación en su contra, tales conceptos deben considerarse inoperantes. Encuentra fundamento a lo anterior, la tesis que se cita enseguida, emitidas por los tribunales de la Federación, del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON LOS QUE COMBATEN LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO NO IMPUGNADA EN APELACION POR EL QUEJOSO. Época: Séptima Época Registro: 239471 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 73. Si se expresan en amparo conceptos de violación que se dirigen a combatir un fundamento de la sentencia de primer grado que había sido consentido, por no haberse hecho valer el recurso de apelación en su contra, tales conceptos deben considerarse inoperantes. Ello ocurre, por ejemplo, cuando en un asunto en el que se demanda la pérdida de la patria potestad por abandono, el Juez de Primera Instancia absuelve al demandado sin que se haga valer recurso de apelación en contra de esa determinación por la actora, misma que al reclamar en amparo la sentencia dictada en la apelación plantea argumentos ajenos a ese fallo, que atacan las consideraciones relativas a la inexistencia del abandono, ya que habían sido consentidas y que, dada la técnica del amparo, no pueden ser estudiadas en ese juicio. Amparo directo 5725/86. Rufina Rivas Romero. 14 de mayo de 1987. Mayoría de tres votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Julio Ibarrola González. Engrose: Jorge Olivera Toro. Consecuentemente, se estima, que el auto combatido, no es contrario a derecho, ni se deja en estado de indefensión al recurrente y tampoco se están violando sus derechos. Por lo así argumentado, se confirma el auto combatido, de fecha 10 diez de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve." Lo anterior pone de manifiesto, que la resolución reclamada cumplió con el principio de congruencia. Es así, pues, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, ahí se realizó un pronunciamiento sobre el argumento central del agravio y no abordó temas fuera de la litis. Es así, pues el argumento toral del agravio planteado por el recurrente -forma en que debe interpretarse la sentencia y que debe considerarse que el derecho reconocido en la sentencia lo tiene el vencedor en juicio y no la parte vencida- fue declarado fundado pero inoperante; para arribar a tal conclusión, se sostuvo lo siguiente: a. Se citó la premisa normativa que serviría para la solución del asunto y, a partir de ello, se determinó que no le asiste la razón al recurrente toda vez que el cumplimiento de la sentencia es optativo para los demandados, quienes eligieron cubrir a la actora el monto de la fracción materia de la litis. b. Asimismo, se precisó que, a su vez, en la sentencia definitiva se estableció como condena a la parte demandada la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo a costa del edificador, o bien, cubrir por la parte demandada el monto en que se valué la fracción del inmueble. c. Además, se explicó que asiste razón al recurrente ya que la acción plenaria de posesión tiene como finalidad obtener la restitución de la cosa fruto y accesiones, así como que el legislador privilegió en todo momento la ejecución de la sentencia. d. También se señaló que la parte vencedora es a la que le corresponde el derecho a promover la ejecución de esta, que, no obstante, del contenido de la sentencia definitiva se advierte que se insertó la conjunción disyuntiva "o", la cual da la idea de alternación entre la demolición de la obra o cubrir el pago. e. Por tales motivos, se sostuvo que lo argumentado en el auto combatido es correcto y que con tal determinación no se favorece a la parte demandada sino a la actora. f. También se señaló que la opción de pago del valor de la fracción del inmueble materia de la litis que el tribunal indicó, no fue recurrida en su momento y, por tanto, constituye cosa juzgada. g. En virtud de lo anterior, se concluyó que al no haberse interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva el agravio debe considerarse inoperante. En ese sentido, la resolución reclamada cumplió con el principio de congruencia, pues atendió al argumento central expresado por el recurrente, aunado a que no se pronunció sobre aspectos que no fueran materia de la litis; además, explicó con claridad en que parte asistía razón al recurrente y por qué sus argumentos se tornaban inoperantes, lo que permitió concluir que el cumplimiento de la sentencia es optativo para los demandados, puesto que en la sentencia definitiva se utilizó la conjunción disyuntiva "o" la cual da la idea de alternación entre la demolición de la obra o cubrir el pago, lo que no fue recurrido en su momento por el ahora quejoso (explicación que no es combatida en el presente juicio de amparo). Por lo anterior, es infundada la parte del concepto de violación en estudio, puesto que en la resolución reclamada se dio contestación al argumento toral expresado en el agravio; de ahí que, no se vulneró el principio de congruencia. En otra parte del concepto de violación, el quejoso se limita a reiterar casi textualmente los argumentos del recurso de revocación, sin controvertir las razones por las que el juez responsable consideró que es fundado pero inoperante su agravio, lo que conduce a la declaración de su inoperancia. Ahora bien, con la finalidad de evidenciar que en el caso que nos ocupa existe tal igualdad entre los argumentos planteados como agravios en el recurso de revocación y lo que se expone, en una parte, a manera de concepto de violación, que conlleva la inoperancia, se hace necesario sintetizarlos en el siguiente recuadro: Agravio Concepto de violación ".Sobre este punto, se destaca para los efectos de la ejecución de la sentencia, debe atenderse a una interpretación jurídica y sistemática de la misma, que resulte acordé y congruente con la pretensión ejercitada, así como a los hechos del caso expuestos por las partes, y no una simple interpretación gramatical, cómo de manera desafortunada se visualiza en la resolución que se combate [.] de ahí que la condena impuesta no pueda resultar opcional para la parte demandada...." ".Por ende, nos encontraríamos en un problema jurídico en la ejecución de la sentencia, que sólo puede resolverse en base a la interpretación sistemática y jurídica de la misma, en base al cuadro fáctico y jurídico que integró el presente juicio, esto es, acordé al derecho reconocido, donde la forma de cumplimiento debe quedar a elección de la parte vencedora en juicio, pues de lo contrario, se terminaría por negar un derecho reconocido a mi poderdante, lo cual le vulneraría." Como es fácil advertir, la parte del concepto de violación en estudio es casi igual al agravio que esgrimió ante el juez responsable. Empero, tal agravio ya había sido desestimado en la resolución reclamada al considerarlo fundado pero inoperante; de ahí que, la parte del concepto de violación en estudio es inoperante, puesto que el quejoso se limitó a reiterar el agravio expresado. Por ende, la parte del concepto de violación en estudio en modo alguno controvierte la contestación que a dicho agravio expresó el juez responsable, en el sentido de que el cumplimiento de la sentencia es optativo para los demandados, puesto que en la propia sentencia definitiva se utilizó la conjunción disyuntiva "o" la cual da la idea de alternación entre la demolición de la obra o cubrir el pago, lo que no fue recurrido en su momento por el ahora quejoso. En tales condiciones, si la decisión que combate el quejoso en esta vía constitucional se basa, fundamentalmente, en lo esgrimido en el recurso de revocación, entonces el concepto de violación del quejoso debió dirigirse en contra de esa declaración que al respecto hizo el juez responsable, para lo cual se debieron expresar en esta instancia por parte del peticionario del amparo, las razones por las que la autoridad responsable debió considerar (en su caso) que su aludido agravio era fundado. Sin embargo, se insiste, el quejoso se limita a reiterar en sede constitucional el agravio que planteó en la revocación; sin que dicha reiteración desvirtúe las razones que tomó en cuenta el juez responsable para declarar fundado pero inoperante su agravio, entonces es indudable que dicho concepto de violación es inoperante. III. Finalmente, en otra parte del concepto de violación, el quejoso señala que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, por lo siguiente: a. Que si se considera que esa decisión debe interpretarse en el sentido gramatical entonces debemos atender a lo que la doctrina denomina "error judicial"; sin embargo, tal error al controvertir los hechos del caso no puede implicar el desconocimiento de un derecho previamente reconocido. b. Que se dejan de observar los artículos 461 y 462 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato (señalamiento que realiza de forma genérica). Los anteriores argumentos son inoperantes por novedosos, pues la parte quejosa no los esgrimió en el recurso de revocación. En efecto, como se evidencia de la síntesis de los agravios planteados en la revocación, realizada en párrafos precedentes, el recurrente no formuló los planteamientos que ahora aduce en sus conceptos de violación, por lo cual sus manifestaciones son novedosas y, por ende, este juzgador no se encuentra en aptitud de abordar su estudio, ante el impedimento para examinar cuestiones que no fueron sometidas al conocimiento de la autoridad responsable por parte del promovente del amparo, ya que ello implicaría sustituirse en el conocimiento de aspectos que son inherentes a la esfera jurídica de tal autoridad. Por tanto, si la parte quejosa no planteó tales argumentos como agravios, no pudo existir en su contra una violación de la ley que la hubiere dejado sin defensa, porque la falta de estudio de algo no planteado no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la determinación reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es 5 Novena Época, número de registro 169923, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, abril de 2008, página 39. violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." En mérito de lo anterior, al ser en un parte infundado, y en otra, inoperante el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx en contra de los actos que reclamó del juez Único Civil de Partido con residencia en Uriangato, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, cuyo resolutivo es: "Único. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx en contra de los actos que reclamó del juez Único Civil de Partido con residencia en Uriangato, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia."
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