José Castro García

Expediente 85/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
85/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2018

Partes del expediente

  • José Castro García

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del original del expediente 85/2018 de nuestro índice, y de las constancias que se le adjuntaron, así mismo, informa que no insiste en declinar la competencia en favor de este órgano jurisdiccional. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y encontrándonos dentro del plazo previsto por el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede proveer: se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, por el que remite el expediente del juicio de amparo 689/2017, dos tomos de pruebas, y el incidente de suspensión relativo en original y duplicado; regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 85/2018, háganse las anotaciones pertinentes, fórmense el expediente electrónico y el cuaderno respectivo. Del oficio de mérito aparece que el Juzgado oficiante se declaró legalmente incompetente, por cuestión de territorio, para resolver el juicio de amparo en que se actúa, en razón de lo cual declinó competencia al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad. Lo que no se comparte, en virtud de lo siguiente. Cabe destacar que la parte quejosa dijo reclamar "el auto de fecha 14 de Julio del año 2017, en el cual se manda escriturar un inmueble de mi propiedad, el cual fue rematado en forma ilegal dentro del Juicio Especial Hipotecario número 78/2015." Al respecto la Juez de Distrito declinante sostuvo que resultaba legalmente incompetente para conocer del juicio constitucional, tomando como base que el acto reclamado consiste en un requerimiento dirigido al aquí quejoso para que dentro del término de tres días otorgara la escritura pública del inmueble afecto, lo cual se ejecutó en Celaya, Guanajuato; sosteniendo su postura, además, con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable del que se desprende que el nueve de agosto de dos mil diecisiete, ante el incumplimiento del quejoso para otorgar la escritura pública de referencia, se remitieron los autos a un notario público residente en la ciudad de Celaya, Guanajuato, con la finalidad de que escriture el bien rematado. Lo que para la mencionada juzgadora resultó suficiente para considerar que es en esta ciudad, donde se ejecutó el acto reclamado; por tanto, que se surtió la competencia en favor de su homólogo en turno en esta urbe. Se reitera, no se comparte dicha determinación por lo siguiente: Del análisis integral del expediente 689/2017, remitido por la declinante, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, esto tomando en consideración que el auto reclamado de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 78/2015, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Celaya, Guanajuato, por la que se requirió a ********* para que dentro del plazo de tres días hiciera entrega voluntaria de la escritura correspondiente a la adjudicataria del inmueble, con apercibimiento que de no hacerlo el juzgado la otorgaría en su rebeldía; lo vinculó a cumplir con lo ahí establecido, esto es, hacer la entrega de la escritura. Sin embargo, esa resolución por sí sola no tiene principio de ejecución, pues la autoridad ya no tendrá que realizar acto alguno a fin que la agraviada cumpla voluntariamente con esa imposición. Y en esa medida no es aplicable la regla de competencia aducida por la juez declinante sino la prevista en la última parte del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al efecto, resulta pertinente mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se considera que el auto reclamado en forma destacada, de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 78/2015, no cuenta con principio de ejecución, porque al momento de dictarse, el procedimiento de otorgar la escritura en rebeldía que podía derivar de esa determinación, era un hecho futuro e incierto que dependía de la actitud que el agraviado asumiera ante el requerimiento que se le hizo, es decir podía o no acatar la disposición judicial, pero solo en el segundo supuesto generaría únicamente la posibilidad legal de que la autoridad en uso de sus facultades (previa instancia de parte interesada) declarara la rebeldía del aquí quejoso y ordenara la escrituración correspondiente -tal como sucedió en el caso-. Incluso pudo pasar que no se diera impulso al procedimiento relativo y no se hiciera pronunciamiento alguno al respecto. En virtud de lo que precede es que se considera que el auto que requiere otorgar la escrituración no tiene por sí sola, ejecución. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial visible en la página 141 del Tomo XXXI, Febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial." Asimismo, por identidad de razón jurídica y en lo conducente se invoca la tesis jurisprudencial 1ª./J. 25/2012 (10ª ), visible en la página 145 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Por consiguiente, al no tener ejecución el auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 78/2015, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Celaya, Guanajuato, por la que se requirió al aquí quejoso para que hiciera entrega voluntaria de la escritura correspondiente a la adjudicataria del inmueble afecto, y al no existir intervención de autoridad ejecutora por no existir principio de ejecución al momento de dictarlo, resulta inconcuso que la competencia por cuestión de territorio se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, esto es, en favor del Juzgado declinante, atentos a lo dispuesto por la parte final del artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en determinada jurisdicción, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto de cualquier otro juzgador de amparo, dado que el promovente optó por acudir ante un tribunal constitucional de esa localidad y no a uno distinto. Mas aún, con la finalidad de exponer los motivos por los que no se comparte la postura de la juzgadora declinante, cabe mencionar que en el hipotético supuesto en que se considerara que el auto reclamado sí tuviera principio de ejecución (como fue estimado), y que éste fuera el diverso proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 410 del tomo II de pruebas), en el que en rebeldía del impetrante se otorgó la escritura del inmueble y se ordenó remitir los autos originales a una notaría pública; lo cierto es que erróneamente el juez natural asentó que la notaría en comento se encuentra "en este partido judicial", lo que hace presumir que se refiere a la ciudad de Celaya, Guanajuato. No obstante, tanto del escrito previo en que el autorizado de la adjudicataria solicita que se otorgue la escrituración del inmueble y designa notario público para que lleve a cabo dicho trámite (foja 409 del tomo II de pruebas), como en el posterior presentado por el propio notario designado (foja 412 del tomo II de pruebas) se desprende que la notaría señalada es la número ***, localidad en la que de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito residentes en la ciudad de Guanajuato. Por lo que, suponiendo que ese fuera el caso, entonces la regla rectora para determinar el tema de la competencia sería la primera prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que la Juez de Distrito declinante es la competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *******; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitiéndole el expediente del juicio de amparo, los cuadernos incidentales original y duplicado, así como los dos tomos de prueba relativos. Solicítese el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto.

  3. Principal

    Visto el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, por el que remite el expediente relativo al juicio de amparo 689/2017 y dos tomos de pruebas, así como el original y el duplicado del incidente de suspensión derivado de dicho juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en el plazo que ahí se establece, díctese el acuerdo correspondiente, con relación al oficio y anexos de cuenta.

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