José Concepción Grijalva Alvarez
Expediente 860/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Concepción Grijalva Alvarez
Actuaciones
- Principal
El trece de noviembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del seis al doce de noviembre del año en curso, con exclusión de los días nueve y diez del presente mes y año, por corresponder a sábado y domingo, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José Concepción Grijalva Álvarez, registrada con el folio 16442, con nueve copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Julio César Sánchez Valenzuela (1348667) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Juan Manuel Izaguirre Villa, María I. Díaz Barrios y Myrna E. Landeros Gaytán. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Concepción Grijalva Álvarez, contra actos del juez Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 860/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el quejoso señala como actos reclamados lo siguiente "El acto reclamado lo hago consistir en el auto de fecha 27 de Junio del 2019 así como el auto de formal prisión que la autoridad responsable dictó en mi contra el día 2 de Julio del presente año, y que me fuera notificado el 2 de Julio del 2019, auto emanado de la causa penal expediente número 31/2018, seguido en el Juzgado Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete Zacatecas." Luego, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Sentado lo anterior, con relación al acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 31/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, a través del cual se decretó la detención legal del quejoso José Concepción Grijalva Álvarez, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, haberse actualizado un cambio de situación jurídica respecto a los citados actos reclamados. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. De ahí que, si se advierte que concurren los anteriores requisitos, la demanda resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." En el caso, el peticionario de amparo reclama el auto de veintisiete de junio del presente año dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, dentro de la causa penal 31/2018, mediante el cual decreto la detención legal del aquí quejoso a partir de las veinte horas con cuarenta y cinco minutos de esa propia fecha. Sin embargo, el propio quejoso manifiesta que el dos de julio de dos mil diecinueve, se dictó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abandono de familiares dentro de los autos de la causa penal 31/2018. Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en la causa penal 31/2018 que impide el análisis de dicho acto reclamado, al haberse dictado auto de formal prisión en contra del citado quejoso. De ahí que las posibles violaciones contenidas durante la integración de la referida causa penal se encuentran irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de éstas sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen. Por tanto, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de junio del dos mil diecinueve en el cual se decretó la legal detención del quejoso. Es aplicable, jurisprudencia de la Novena Época, con Registro: 181477, Instancia: Primera Sala de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 14/2004, página: 441 de rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal". Lo anterior, toda vez que en el presente asunto, se insiste, existió un cambio de situación jurídica del quejoso de inculpado a procesado. De ahí que se considere que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar la ilegalidad alegada, en razón de que hubo un cambio de situación jurídica, al haberse judicializado la causa penal 31/2018, y como consecuencia se dictó el auto de formal prisión dictado contra el quejoso que constituye uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por José Concepción Grijalva Álvarez, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de junio del año en curso. En otro orden de ideas, respecto del diverso acto reclamado consistente en el auto de formal prisión decretado en contra del aquí quejoso el dos de julio del presente año, en el proceso penal 31/2018 que se le instruye por el delito de Abandono de Familiares, se provee: En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Por su parte, el numeral 17, de la Ley Reglamentaria citada, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Para resolver la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe resolverse primero, si el acto aquí reclamado es restrictivo de la libertad personal del quejoso y si fue emitido fuera de todo procedimiento o dentro de un procedimiento jurisdiccional, en materia penal. En el caso, como ya ha quedado precisado, el acto reclamado es el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso el dos de julio del presente año, en el proceso penal 31/2018 que se le instruye por el delito de abandono de familiares. Luego, es evidente que dicho acto no encuadra en el supuesto de excepción regulado en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, dado que si bien se trata de una acto restrictivo de la libertad personal; empero, se emitió dentro de un procedimiento y no fuera del mismo; por ende, para los efectos del plazo de la presentación de la demanda de amparo, el caso a estudio queda inmerso en el supuesto del término genérico de quince días a que alude el primer párrafo del numeral 17 precitado. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo décimo transitorio de dicha ley, de los que se colige que el juicio penal inicia con el auto de vinculación a proceso o su equivalente en el sistema penal tradicional que lo es el auto de formal prisión; y se hace más patente, si se toma en cuenta que el legislador en el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) excluyó del principio de definitividad los actos a que alude el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, e incluyó el inciso b), de aquella fracción, también excluidos del principio de definitividad, los actos consistentes en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Consecuentemente, se concluye que si la intención del legislador hubiera sido incluir todo acto restrictivo de libertad, en la excepción del término genérico de quince días para promover la demanda de amparo, a que alude el artículo 17, de la citada ley, no hubiera hecho la precisión expresa del inciso b) del artículo 61, fracción XVIII, pues hubiera sido suficiente hacer referencia al texto del inciso a), de dicho precepto que corresponde al texto de la fracción IV del artículo 17 citado. En ese orden de ideas, como se adelantó, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior, en razón de que del escrito inicial de demanda se obtiene lo siguiente: - Que el auto de formal prisión aquí reclamado se emitió el dos de julio de dos mil diecinueve, esto es, cuando ya estaba vigente la nueva Ley de Amparo. - Que dicha resolución fue notificada al ahora quejoso ese mismo día dos de julio de dos mil diecinueve; y, - Que la demanda de garantías que dio origen a este juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el treinta de octubre del presente año. En ese contexto, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código Procesal Penal del Estado, los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de notificación; por tanto, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, transcurrió del tres al veintitrés de julio del año en curso, con exclusión de los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno del citado mes y año, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto es que al treinta de octubre de dos mil diecinueve, en que se presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ya había transcurrido el indicado término de quince días a que se refiere el citado numeral 17 de la Ley Reglamentaria en consulta. En consecuencia, lo anterior pone de relieve que el quejoso consintió tácitamente el acto que reclama, toda vez que no se promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por precepto legal citado; por tanto, deviene inconcuso que en la especie se patentiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por José Concepción Grijalva Álvarez, respecto del acto que aquí se analiza. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Julio César Sánchez Valenzuela (1348667), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no contar con ese requisito se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Manuel Izaguirre Villa, María I. Díaz Barrios y Myrna E. Landeros Gaytán, lo anterior en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y como domicilio para tal fin el ubicado en Andador número cinco (5), casa número ciento seis (106), colonia Fuentes del Bosque de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
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