José Cordero Cordero

Expediente 1822/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1822/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • José Cordero Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de quince de octubre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por el licenciado JOSÉ CORDERO CORDERO y MARÍA LIZVINA SANDOVAL CASTAÑEDA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En quince de octubre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martin Zamora González, doy cuenta al Juez con el escrito registrado con folio 20283. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de octubre de dos mil quince. Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito de cuenta, firmado por RODRIGO ALAMO GORDO abogado patrono de José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por auto de treinta de septiembre del presente año, justifica la personalidad con la que comparece al presente juicio, que lo es como abogado patrono de los ya nombrados. Bajo esas circunstancias este Tribunal Federal acuerda lo siguiente: A manera de preámbulo, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Pues bien, de un análisis exhaustivo de la demanda de amparo promovida por RODRIGO ALAMO GORDO, en su calidad de abogado patrono de José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, se concluye como procedente desecharla de plano, al considerarse manifiesta la causa de inejercicio de la acción de amparo prevista en el 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, las disposiciones citadas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:" "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución General o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De ahí que, en el amparo promovido contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a las partes intervinientes en estos, se debe cumplir con el requisito fundamental consiste en acreditar, de forma fehaciente, la afectación a su esfera jurídica, mediante un menoscabo a su interés jurídico, causado por el acto que reclama; entendida esa afectación como aquella que vulnera sus derechos sustantivos, de los cuales es titular, acorde a la interpretación relacionada de los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII de la Constitución General de la República, 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, de su Ley Reglamentaria; disposiciones que permiten determinar que, el juicio de garantías, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que, como ya se dijo, no es otra cosa que la titularidad que al promovente del amparo corresponda en relación con los derechos afectados por los actos de autoridad impugnados. En el caso en examen, debe destacarse, de una apreciación conjunta de los datos obtenidos tanto del libelo constitucional como de su escrito aclaratorio, que el impetrante de amparo RODRIGO ALAMO GORDO, resulta ser abogado autorizado de la parte actora, José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, en la litis natural, quien reclamó en esta vía de control constitucional la resolución de sentencia de cuatro de septiembre de dos mil quince que resuelve el recurso de revocación, por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango, Zacatecas. Así es, ya que de las manifestaciones vertidas por el hoy quejoso, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de los arábigos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con valor probatorio pleno, se obtiene lo siguiente: "Que por medio del presente ocurso y de la manera más atenta posible, con el carácter de abogado patrono del señor José Cordero Cordero y la señora María Luzvina Sandoval Castañeda, en la Vía indirecta vengo a demandar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de actos que se reclaman de las autoridades que se señalan en el transcurso del presente" En ese orden, resulta inconcuso que el acto reclamado no afecta la esfera de interés jurídico del quejoso y el carácter de abogado patrono con el que se ostenta, no posee la facultad de instar juicio de amparo motu proprio (por sí mismo). Lo anterior se colige en base a una interpretación teleológica de los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, cuyas facultades sólo constriñen a los abogados autorizados por alguna de las partes materiales en la litis natural bajo esos términos (abogados patronos), a llevar a cabo, en su nombre, todos los actos procesales que se efectúen a lo largo de todo el desarrollo del procedimiento, más proscribe la posibilidad de que dispongan ad libitum (a capricho o voluntad) del derecho litigioso en disputa, esto es, la realización de cualquier acto procesal en el cual se involucre el derecho de litigio, así como aquellos considerados como personalísimos, por incumbir exclusivamente a su titular. Salvo que exista ampliación de facultades en para los términos expuestos por el propio autorizante. "Artículo 71.- Las partes pueden hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o procuradores." "La intervención de los abogados o procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas:" "I.- Como patronos de los interesados, y" "II.- Como mandatarios, en los términos del mandato judicial, respectivo." (.) "Artículo 72.- Los abogados patronos y los procuradores, por el solo hecho de su designación, podrán llevar acabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. La designación de patronos o de procuradores se hará por escrito dirigido al juez o apud acta." "En el escrito o acta respectivos, el que haga la designación puede limitar o ampliar las facultades que correspondan al abogado patrono o al procurador, de acuerdo con el párrafo anterior." (.) En otras palabras, los referidos numerales del código sustantivo civil autorizan a los licenciados en derecho que válidamente cuenten con acreditación para ejercer dicha profesión, como legítimos representantes legales de su autorizante, únicamente para efectos de la prosecución del juicio de instancia ordinaria, para que reciban notificaciones, elaboren promociones de trámite, ofrezcan medios de convicción, rindan alegatos e interpongan medios de impugnación sobre alguna resolución que consideren ilegal y contraria a los intereses de su autorizante. Sin embargo, las facultades en cita no poseen el alcance de que el abogado patrono ejerza la acción de amparo a nombre de la parte litigante a que representa, pues esa circunstancia implica necesariamente disponer del derecho litigioso, el cual, por disposición del aludido numeral 72 de la ley adjetiva civil, no puede ejercer sin autorización expresa, circunstancia que no se da en la especie, además de tratarse de un derecho personalísimo de su autorizante, por ser él el único que puede decidir cuándo un acto ordenado o ejecutado por una autoridad jurisdiccional implica un agravio que lesiones sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En efecto, pues en acato del principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá en todo momento instarse por el gobernado que se considere agraviado por un acto de autoridad, sea positivo o negativo, que restrinja o vulnere sus derechos fundamentales, contenidos en ella misma o en las cuerpos normativos internacionales sobre la materia. De allí que, al instarse la demanda de amparo por RODRIGO ALAMO GORDO, en su carácter de abogado patrono del actor José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, en los autos del juicio Civil Ordinario, Reivindicatorio de Nulidad y Delimitación con número 308/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, sin demostrar ser su representante legal, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo instado deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida. Cobra aplicación en el caso concreto, la jurisprudencia XVII.J/1(10a.), establecida por reiteración de criterios del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1411, libro 9, tomo III, materia común, agosto de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Conforme al artículo citado, las partes en el juicio civil pueden autorizar a los profesionales en derecho y otorgarles facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias y realizar en el proceso todas aquellas diligencias necesarias tendentes a la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en los términos amplios del invocado artículo 60, párrafo primero, pues dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro de la litis civil, esto es, en el juicio de origen, ya que el legislador no previó que el autorizado fuera un representante legal y, por lo mismo, su encomienda no constituye un mandato." De igual manera, resulta aplicable la tesis aislada (V Región) 2o.3C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizada en la página 1497, libro 4, tomo II, materia común, marzo de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se trascribe: "ABOGADO PATRONO. PARA QUE PUEDA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE DEBE TENER CONFERIDA EXPRESAMENTE ESA ATRIBUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Del artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2868 del Código Civil de dicha entidad, ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo que se sigue que la sola designación conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que el abogado patrono se encuentre facultado para promover juicio de amparo a nombre de su autorizante. Una primera razón que avala esta conclusión, es el hecho de que conforme al nuevo modelo constitucional y legal, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. En efecto, la nueva estructura y funcionamiento del juicio de amparo que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, en las que se elevó a rango constitucional el referente judicial que había confeccionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, acerca del principio de instancia de parte agraviada, exige que la demanda de amparo se formule por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por el abogado patrono designado en los términos del citado artículo 72, porque de acuerdo a esta disposición, aquél no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho litigioso, ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que esté facultado expresamente para ello. No obsta a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 2/91, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, febrero de 1991, página 57, de rubro: "ABOGADO PATRONO. SÍ TIENE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)"; sin embargo, dicho criterio es inaplicable para aquellos asuntos que se rigen conforme a las nuevas reglas que establece la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, porque, en principio, se emitió en una época en la que eran diferentes la estructura y el funcionamiento del juicio de amparo, sobre todo en lo relativo a la legitimación activa, en que no existía esa exigencia que ahora se prevé en el texto constitucional y que reproduce la ley de la materia en su artículo 5o., consistente en que el directamente agraviado aduzca ser titular de un derecho; igualmente, las consideraciones que sustentan dicho criterio jurisprudencial se oponen, por lo mismo, al marco constitucional y legal aplicables, pues de la ejecutoria relativa se advierte que la conclusión ahí adoptada tiene como premisa, entre otras cosas, que la acción de amparo no es un derecho personalísimo de aquellos que se consideran reservados a las partes, aunado a que se asegura que la legitimación del abogado patrono deriva del artículo 13 de la abrogada Ley de Amparo; todo lo cual entra en conflicto con las disposiciones que rigen actualmente al juicio de amparo, a las que, por cierto ya ha hecho referencia la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en las jurisprudencias 1a./J. 97/2013 (10a.) y 1a./J. 108/2013 (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, páginas 325 y 327, de rubros: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE" y "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE", respectivamente, sin que con esta conclusión se busque sostener que resulta obsoleta la jurisprudencia emitida con anterioridad a las reformas constitucionales aludidas; tampoco se ignora el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente; sin embargo, por razones obvias -y así lo ha reconocido el Alto Tribunal del País- la obligatoriedad de aquélla está sujeta a que resulte aplicable, en razón de que sería ilegal la aplicación de una jurisprudencia que ha dejado de tener vigencia, o bien, que se razonara en forma ilógica o incongruente para forzar su aplicación. Situación que se presentaría si se aplicara el criterio en un asunto que se rige por los nuevos principios del juicio de amparo. Esta aparente problemática encuentra una clara solución en la nueva Ley Reglamentaria, concretamente en su artículo sexto transitorio, al establecer que "la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". En consecuencia, en el juicio de amparo la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos del invocado artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martin Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. *FHuizar

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito de cuenta, firmado por RODRIGO ALAMO GORDO abogado patrono de José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por auto de treinta de septiembre del presente año, justifica la personalidad con la que comparece al presente juicio, que lo es como abogado patrono de los ya nombrados. Bajo esas circunstancias este Tribunal Federal acuerda lo siguiente: A manera de preámbulo, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Pues bien, de un análisis exhaustivo de la demanda de amparo promovida por RODRIGO ALAMO GORDO, en su calidad de abogado patrono de José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, se concluye como procedente desecharla de plano, al considerarse manifiesta la causa de inejercicio de la acción de amparo prevista en el 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, las disposiciones citadas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:" "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución General o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De ahí que, en el amparo promovido contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a las partes intervinientes en estos, se debe cumplir con el requisito fundamental consiste en acreditar, de forma fehaciente, la afectación a su esfera jurídica, mediante un menoscabo a su interés jurídico, causado por el acto que reclama; entendida esa afectación como aquella que vulnera sus derechos sustantivos, de los cuales es titular, acorde a la interpretación relacionada de los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII de la Constitución General de la República, 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, de su Ley Reglamentaria; disposiciones que permiten determinar que, el juicio de garantías, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que, como ya se dijo, no es otra cosa que la titularidad que al promovente del amparo corresponda en relación con los derechos afectados por los actos de autoridad impugnados. En el caso en examen, debe destacarse, de una apreciación conjunta de los datos obtenidos tanto del libelo constitucional como de su escrito aclaratorio, que el impetrante de amparo RODRIGO ALAMO GORDO, resulta ser abogado autorizado de la parte actora, José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, en la litis natural, quien reclamó en esta vía de control constitucional la resolución de sentencia de cuatro de septiembre de dos mil quince que resuelve el recurso de revocación, por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango, Zacatecas. Así es, ya que de las manifestaciones vertidas por el hoy quejoso, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de los arábigos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con valor probatorio pleno, se obtiene lo siguiente: "Que por medio del presente ocurso y de la manera más atenta posible, con el carácter de abogado patrono del señor José Cordero Cordero y la señora María Luzvina Sandoval Castañeda, en la Vía indirecta vengo a demandar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de actos que se reclaman de las autoridades que se señalan en el transcurso del presente" En ese orden, resulta inconcuso que el acto reclamado no afecta la esfera de interés jurídico del quejoso y el carácter de abogado patrono con el que se ostenta, no posee la facultad de instar juicio de amparo motu proprio (por sí mismo). Lo anterior se colige en base a una interpretación teleológica de los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, cuyas facultades sólo constriñen a los abogados autorizados por alguna de las partes materiales en la litis natural bajo esos términos (abogados patronos), a llevar a cabo, en su nombre, todos los actos procesales que se efectúen a lo largo de todo el desarrollo del procedimiento, más proscribe la posibilidad de que dispongan ad libitum (a capricho o voluntad) del derecho litigioso en disputa, esto es, la realización de cualquier acto procesal en el cual se involucre el derecho de litigio, así como aquellos considerados como personalísimos, por incumbir exclusivamente a su titular. Salvo que exista ampliación de facultades en para los términos expuestos por el propio autorizante. "Artículo 71.- Las partes pueden hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o procuradores." "La intervención de los abogados o procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas:" "I.- Como patronos de los interesados, y" "II.- Como mandatarios, en los términos del mandato judicial, respectivo." (.) "Artículo 72.- Los abogados patronos y los procuradores, por el solo hecho de su designación, podrán llevar acabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. La designación de patronos o de procuradores se hará por escrito dirigido al juez o apud acta." "En el escrito o acta respectivos, el que haga la designación puede limitar o ampliar las facultades que correspondan al abogado patrono o al procurador, de acuerdo con el párrafo anterior." (.) En otras palabras, los referidos numerales del código sustantivo civil autorizan a los licenciados en derecho que válidamente cuenten con acreditación para ejercer dicha profesión, como legítimos representantes legales de su autorizante, únicamente para efectos de la prosecución del juicio de instancia ordinaria, para que reciban notificaciones, elaboren promociones de trámite, ofrezcan medios de convicción, rindan alegatos e interpongan medios de impugnación sobre alguna resolución que consideren ilegal y contraria a los intereses de su autorizante. Sin embargo, las facultades en cita no poseen el alcance de que el abogado patrono ejerza la acción de amparo a nombre de la parte litigante a que representa, pues esa circunstancia implica necesariamente disponer del derecho litigioso, el cual, por disposición del aludido numeral 72 de la ley adjetiva civil, no puede ejercer sin autorización expresa, circunstancia que no se da en la especie, además de tratarse de un derecho personalísimo de su autorizante, por ser él el único que puede decidir cuándo un acto ordenado o ejecutado por una autoridad jurisdiccional implica un agravio que lesiones sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En efecto, pues en acato del principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá en todo momento instarse por el gobernado que se considere agraviado por un acto de autoridad, sea positivo o negativo, que restrinja o vulnere sus derechos fundamentales, contenidos en ella misma o en las cuerpos normativos internacionales sobre la materia. De allí que, al instarse la demanda de amparo por RODRIGO ALAMO GORDO, en su carácter de abogado patrono del actor José Cordero Cordero y María Luzvina Sandoval Castañeda, en los autos del juicio Civil Ordinario, Reivindicatorio de Nulidad y Delimitación con número 308/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, sin demostrar ser su representante legal, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo instado deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida. Cobra aplicación en el caso concreto, la jurisprudencia XVII.J/1(10a.), establecida por reiteración de criterios del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1411, libro 9, tomo III, materia común, agosto de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Conforme al artículo citado, las partes en el juicio civil pueden autorizar a los profesionales en derecho y otorgarles facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias y realizar en el proceso todas aquellas diligencias necesarias tendentes a la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en los términos amplios del invocado artículo 60, párrafo primero, pues dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro de la litis civil, esto es, en el juicio de origen, ya que el legislador no previó que el autorizado fuera un representante legal y, por lo mismo, su encomienda no constituye un mandato." De igual manera, resulta aplicable la tesis aislada (V Región) 2o.3C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizada en la página 1497, libro 4, tomo II, materia común, marzo de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se trascribe: "ABOGADO PATRONO. PARA QUE PUEDA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE DEBE TENER CONFERIDA EXPRESAMENTE ESA ATRIBUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Del artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2868 del Código Civil de dicha entidad, ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo que se sigue que la sola designación conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que el abogado patrono se encuentre facultado para promover juicio de amparo a nombre de su autorizante. Una primera razón que avala esta conclusión, es el hecho de que conforme al nuevo modelo constitucional y legal, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. En efecto, la nueva estructura y funcionamiento del juicio de amparo que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, en las que se elevó a rango constitucional el referente judicial que había confeccionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, acerca del principio de instancia de parte agraviada, exige que la demanda de amparo se formule por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por el abogado patrono designado en los términos del citado artículo 72, porque de acuerdo a esta disposición, aquél no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho litigioso, ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que esté facultado expresamente para ello. No obsta a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 2/91, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, febrero de 1991, página 57, de rubro: "ABOGADO PATRONO. SÍ TIENE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)"; sin embargo, dicho criterio es inaplicable para aquellos asuntos que se rigen conforme a las nuevas reglas que establece la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, porque, en principio, se emitió en una época en la que eran diferentes la estructura y el funcionamiento del juicio de amparo, sobre todo en lo relativo a la legitimación activa, en que no existía esa exigencia que ahora se prevé en el texto constitucional y que reproduce la ley de la materia en su artículo 5o., consistente en que el directamente agraviado aduzca ser titular de un derecho; igualmente, las consideraciones que sustentan dicho criterio jurisprudencial se oponen, por lo mismo, al marco constitucional y legal aplicables, pues de la ejecutoria relativa se advierte que la conclusión ahí adoptada tiene como premisa, entre otras cosas, que la acción de amparo no es un derecho personalísimo de aquellos que se consideran reservados a las partes, aunado a que se asegura que la legitimación del abogado patrono deriva del artículo 13 de la abrogada Ley de Amparo; todo lo cual entra en conflicto con las disposiciones que rigen actualmente al juicio de amparo, a las que, por cierto ya ha hecho referencia la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en las jurisprudencias 1a./J. 97/2013 (10a.) y 1a./J. 108/2013 (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, páginas 325 y 327, de rubros: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE" y "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE", respectivamente, sin que con esta conclusión se busque sostener que resulta obsoleta la jurisprudencia emitida con anterioridad a las reformas constitucionales aludidas; tampoco se ignora el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente; sin embargo, por razones obvias -y así lo ha reconocido el Alto Tribunal del País- la obligatoriedad de aquélla está sujeta a que resulte aplicable, en razón de que sería ilegal la aplicación de una jurisprudencia que ha dejado de tener vigencia, o bien, que se razonara en forma ilógica o incongruente para forzar su aplicación. Situación que se presentaría si se aplicara el criterio en un asunto que se rige por los nuevos principios del juicio de amparo. Esta aparente problemática encuentra una clara solución en la nueva Ley Reglamentaria, concretamente en su artículo sexto transitorio, al establecer que "la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". En consecuencia, en el juicio de amparo la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos del invocado artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora."

  4. Principal

    En treinta de septiembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 19289.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las diligencias de información ad-perpetuam 142/2014 y toca de apelación civil 522/2014, que remitió en apoyo a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.

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