José Cesario Murillo Campos

Expediente 446/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
446/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
29/08/2017

Partes del expediente

  • José Cesario Murillo Campos
  • Junta Federal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del quince al veintiocho de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de siete del mes y año en curso (fojas 49 a la 51), dentro del juicio de amparo 446/2017, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen tomos de prueba pendientes por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por separado por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía respecto de las cuales deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de siete de agosto del año en curso, dentro del juicio de amparo 446/2017, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En siete de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un oficio con folio 10609 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 47), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en veintiséis de julio del año en curso remite la copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio laboral 50/2016, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado, para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de emplazar al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio laboral 50/2016. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio de cuenta recibido en este Juzgado en cuatro del mes y año en curso, en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de julio del mismo año remitió la copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio laboral 50/2016; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de mayo del año en curso), la autoridad responsable llevó a cabo el emplazamiento del mencionado instituto. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que no había sido llamada a juicio ni emplazado una de las partes dentro del juicio laboral 50/2016, por lo que al lograrse dicho emplazamiento debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el emplazamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En siete de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un oficio con folio 10609 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 47), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en veintiséis de julio del año en curso remite la copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio laboral 50/2016, en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado, para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de emplazar al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio laboral 50/2016. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su oficio de cuenta recibido en este Juzgado en cuatro del mes y año en curso, en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de julio del mismo año remitió la copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio laboral 50/2016; documental que cuenta con valor probatorio, al tratarse de un documento público y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de mayo del año en curso), la autoridad responsable llevó a cabo el emplazamiento del mencionado instituto. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la circunstancia de que no había sido llamada a juicio ni emplazado una de las partes dentro del juicio laboral 50/2016, por lo que al lograrse dicho emplazamiento debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con el emplazamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social han cesado los efectos de aquéllas, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que en doce de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 0626/2017, signado por la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por el que en alcance al informe justificado que rindió mediante diverso 0562/2017, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el cinco del mes y año en curso, en la que se certificó que se encontraba corriendo el término a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, toda vez que no anexa las constancias correspondientes al emplazamiento de dicho instituto y en razón de que las mismas resultan necesarias para resolver el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, solicítese a la autoridad responsable que de no tener inconveniente legal, dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las aludidas constancias, o bien, copias fotostáticas certificadas de ellas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.

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