José Carlos Reyes Arteaga

Expediente 282/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
282/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • José Carlos Reyes Arteaga

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del doce al dieciséis de febrero del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el uno del presente mes y año, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de uno de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda promovida por José Carlos Reyes Arteaga, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    1867 primero de febrero de dos mil dieciocho CUENTA. El uno de febrero de dos mil dieciocho, se da con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por José Carlos Reyes Arteaga registrada con el folio 1867 con siete copias que se adjuntan. b) La circunstancia de que los licenciados Jesús Sánchez Gómez (3329728), Octavio Ortiz Castañón (5187745) y Víctor Hugo García García (4655432) tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Carlos Reyes Arteaga, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 282/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad ordenadora:  Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto reclamado:  Interlocutoria dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio ordinario civil 412/2013, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas, promovido por la parte demandada en el juicio de origen. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Sentado lo anterior, éste resolutor considera desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Carlos Reyes Arteaga, por su propio derecho, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se reproduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, conforme al cual, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" . Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. A su vez los artículos 371 y 374, fracción II del Código de Procedimientos Civiles en Zacatecas establecen: "Artículo 371. El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. (.) Artículo 374. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. (.) II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable.". De la lectura de los preceptos transcritos se advierte la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones interlocutorias, con las excepciones destacadas en dichas porciones normativas. Pues bien, precisado quedó en parágrafos que preceden, que el acto reclamado consiste en la interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que declaró procedente el incidente de liquidación de gastos y costas del juicio que promovió Sonia de la Torre Barrientos, contra el ahora quejoso, derivado del juicio ordinario civil 412/2013. Por su parte, el numeral 499 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se encuentra ubicado en el capítulo II, denominado "JUICIO SUMARIO", consigna que salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquier otra resolución. Como se ve, la interpretación armónica de los preceptos legales invocados, pone de relieve que en contra de la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de gastos y costas del juicio, derivado de un ordinario civil, procede el recurso de apelación. Bajo las apuntadas premisas, es posible concluir que: 1. Si el quejoso tiene el carácter de parte actora en la incidencia planteada en el juicio ordinario civil, del que emana la resolución incidental reclamada, ello permite afirmar que no comparece al presente juicio de garantías en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así, atendiendo a que el peticionario de garantías es parte procesal en el citado expediente; por ende, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes en contra del acto que considera violatorio de garantías, como en la especie lo es el recurso de apelación que establece el ordinal 374, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado, el cual debió hacer valer contra la interlocutoria dictada por el juez responsable el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas del juicio de que se trata. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por la inconforme, previo a la promoción del juicio de garantías, no agotó el mencionado recurso de apelación que establece el ordenamiento legal citado, como medio de impugnación para confirmar, revocar o modificar la determinación reclamada, incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: ? El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues compareció a éste en su calidad de actor. ? La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. ? El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). ? La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Sólo resta decir que, atendiendo a la naturaleza de la interlocutoria reclamada, no se advierte que se actualice alguna excepción al principio de definitividad para que pudiera tornarse procedente el juicio de garantías que en esta vía de amparo indirecto se promueve. Corrobora lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, que a la letra se lee: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la "Materia(s): Común"." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 187576, Tomo XV, Marzo de 2002, visible en la página 1157, de rubro y texto siguiente: "COSTAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS APRUEBA, PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En tratándose de la regulación de gastos y costas, el procedimiento para su liquidación es el establecido por el artículo 106 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y no el que refiere el diverso artículo 361 de ese código adjetivo, respecto del cual no cabe recurso alguno en contra de ese procedimiento, de ahí que siendo aquélla una regla específica en cuanto a la liquidación de gastos y costas, debe estarse a ella; por lo que si sobre la resolución que a dicho incidente de liquidación de costas recae no existe disposición expresa que prohíba, como en el 361, la procedencia de recurso alguno, luego entonces, debe estarse a lo establecido por el artículo 509 de dicho ordenamiento legal, relativo a que en tratándose de un auto que resuelve un incidente, como es el de liquidación de gastos y costas, es procedente el recurso de apelación; por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra del referido auto si no se agota el principio de definitividad, actualizándose la causa de improcedencia establecida por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". De igual manera, ilustra el sentido de lo analizado la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, Registro: 2001155 que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por José Carlos Reyes Arteaga, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jesús Sánchez Gómez (3329728), Octavio Ortiz Castañón (5187745) y Víctor Hugo García García (4655432), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no contar con ese requisito se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a José Ángel Placencia Torres, y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Ramón López Velarde número trescientos diecinueve interior diecinueve (319-19), centro histórico de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacateca, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. mcc.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ CARLOS REYES ORTEGA, LA DETERMINACIÓN DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Carlos Reyes Arteaga, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 282/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad ordenadora:  Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto reclamado:  Interlocutoria dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio ordinario civil 412/2013, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas, promovido por la parte demandada en el juicio de origen. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Sentado lo anterior, éste resolutor considera desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Carlos Reyes Arteaga, por su propio derecho, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se reproduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, conforme al cual, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" . Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. A su vez los artículos 371 y 374, fracción II del Código de Procedimientos Civiles en Zacatecas establecen: "Artículo 371. El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. (.) Artículo 374. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. (.) II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable.". De la lectura de los preceptos transcritos se advierte la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones interlocutorias, con las excepciones destacadas en dichas porciones normativas. Pues bien, precisado quedó en parágrafos que preceden, que el acto reclamado consiste en la interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que declaró procedente el incidente de liquidación de gastos y costas del juicio que promovió Sonia de la Torre Barrientos, contra el ahora quejoso, derivado del juicio ordinario civil 412/2013. Por su parte, el numeral 499 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se encuentra ubicado en el capítulo II, denominado "JUICIO SUMARIO", consigna que salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquier otra resolución. Como se ve, la interpretación armónica de los preceptos legales invocados, pone de relieve que en contra de la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de gastos y costas del juicio, derivado de un ordinario civil, procede el recurso de apelación. Bajo las apuntadas premisas, es posible concluir que: 1. Si el quejoso tiene el carácter de parte actora en la incidencia planteada en el juicio ordinario civil, del que emana la resolución incidental reclamada, ello permite afirmar que no comparece al presente juicio de garantías en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así, atendiendo a que el peticionario de garantías es parte procesal en el citado expediente; por ende, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes en contra del acto que considera violatorio de garantías, como en la especie lo es el recurso de apelación que establece el ordinal 374, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado, el cual debió hacer valer contra la interlocutoria dictada por el juez responsable el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas del juicio de que se trata. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por la inconforme, previo a la promoción del juicio de garantías, no agotó el mencionado recurso de apelación que establece el ordenamiento legal citado, como medio de impugnación para confirmar, revocar o modificar la determinación reclamada, incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: ? El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues compareció a éste en su calidad de actor. ? La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. ? El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). ? La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Sólo resta decir que, atendiendo a la naturaleza de la interlocutoria reclamada, no se advierte que se actualice alguna excepción al principio de definitividad para que pudiera tornarse procedente el juicio de garantías que en esta vía de amparo indirecto se promueve. Corrobora lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, que a la letra se lee: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la "Materia(s): Común"." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 187576, Tomo XV, Marzo de 2002, visible en la página 1157, de rubro y texto siguiente: "COSTAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS APRUEBA, PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En tratándose de la regulación de gastos y costas, el procedimiento para su liquidación es el establecido por el artículo 106 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y no el que refiere el diverso artículo 361 de ese código adjetivo, respecto del cual no cabe recurso alguno en contra de ese procedimiento, de ahí que siendo aquélla una regla específica en cuanto a la liquidación de gastos y costas, debe estarse a ella; por lo que si sobre la resolución que a dicho incidente de liquidación de costas recae no existe disposición expresa que prohíba, como en el 361, la procedencia de recurso alguno, luego entonces, debe estarse a lo establecido por el artículo 509 de dicho ordenamiento legal, relativo a que en tratándose de un auto que resuelve un incidente, como es el de liquidación de gastos y costas, es procedente el recurso de apelación; por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra del referido auto si no se agota el principio de definitividad, actualizándose la causa de improcedencia establecida por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". De igual manera, ilustra el sentido de lo analizado la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, Registro: 2001155 que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por José Carlos Reyes Arteaga, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jesús Sánchez Gómez (3329728), Octavio Ortiz Castañón (5187745) y Víctor Hugo García García (4655432), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no contar con ese requisito se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a José Ángel Placencia Torres, y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Ramón López Velarde número trescientos diecinueve interior diecinueve (319-19), centro histórico de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce."

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