José Carlos Pérez Pérez

Expediente 477/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • José Carlos Pérez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos que le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es depurable con excepción del escrito de demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto; en razón de que se negó el amparo solicitado. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente; devuélvase a la autoridad responsable Sala Regional del Norte-Centro IV, y auxiliar en materia de pensiones civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el juicio laboral 20/SGA/2017; mismo que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. ...

  2. Principal

    "...Zacatecas, Zacatecas, a catorce de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signados por el magistrado Presidente y secretaria de acuerdos, ambos adscritos a la Sala Regional Norte-Centro IV y Auxiliar, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 26068/2020, por el cual se le transcribió la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. ..."

  3. Principal

    (...)Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Carlos Pérez Pérez, contra el acto y la autoridad, que fueron precisadas en el considerando segundo, acorde a los fundamentos y los motivos expuestos en la última consideración del presente fallo. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe(...)

  4. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 477/2020; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Carlos Pérez Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y la autoridad responsable, que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; al respecto, por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve se radicó en ese momento bajo el número de expediente 914/2019, y por los motivos ahí plasmados, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto planteado, ordenándose su remisión al Tribunal Colegiado de este circuito, en turno. TERCERO. En virtud de lo anterior, le tocó conocer de la demanda al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual radicó la demanda bajo el expediente de amparo directo 1095/2019; siendo que por ejecutoria de diecisiete de julio de esta anualidad determinó carecer de competencia para resolver el juicio de amparo, y ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. CUARTO. Por auto de dos de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda bajo el número de expediente 477/2020, y se asumió el conocimiento del asunto, fijándose, entre otros aspectos, fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez desahogada la secuela procesal, dio inicio al tenor del acta que antecede; por lo que ahora se procede a dictar la resolución correspondiente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; porque el acto reclamado es atribuido a una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados y, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Sala Regional del Norte-Centro IV, y auxiliar en materia de pensiones civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo siguiente: El acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve que desechó por improcedente el recurso de reclamación, hecho valer por José Carlos Pérez Pérez, aquí quejoso, en contra del auto de doce de septiembre de ese año, dictado en el expediente 517/19-23-01-4, del índice de la sala responsable. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional del Norte-Centro IV, y auxiliar en materia de pensiones civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 95). Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Además, esa certeza se acredita con el original del expediente 517/19-23-01-4, que allegó la responsable como anexo a su informe justificado, en el que obra el proveído reclamado de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (foja 29 del tomo 1/2 de pruebas); documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio, lo procedente es abordar el estudio del motivo de disenso hecho valer por los demandantes de amparo. Los motivos de inconformidad formulados por el quejoso se encuentran en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, los cuales se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, se subraya que en el caso, se estudiará el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación expresados por la parte peticionaria de amparo, dado que en la especie no es dable suplir la deficiencia de la queja pues no se está en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se estiman inoperantes los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. Lo anterior es así, pues basta imponerse de la resolución reclamada obrante a foja 29 del tomo 1/2 de pruebas, para advertir que no fueron atacados de manera frontal los argumentos plasmados por la sala responsable en el acto reclamado. Esto, pues en esencia la responsable refirió que se desechaba por notoriamente improcedente el recurso de reclamación hecho valer en contra del acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecinueve, por ser extemporáneo, en virtud de que el acuerdo recurrido le fue notificado al promovente el veinte de septiembre de dos mil diecinueve y surtió efectos el veinticinco de ese mes y año, por lo que el plazo de diez días contemplado en el precepto 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para interponer el recurso aludido empezó a contar del veintiséis de septiembre de esa anualidad al nueve de octubre siguiente, de ahí que a la fecha de interposición del recurso, que lo fue en veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ya había transcurrido el aludido plazo. Y agregó la responsable, que aunado a lo anterior, resultaba improcedente el recurso, pues el auto contra el que se intentó enderezar dicho recurso, no se encontraba dentro los supuestos respecto de los cuales procedía su interposición de conformidad con el numeral 59 de la multicitada ley, es decir, determinaciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba, o bien los acuerdos que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, o en otro sentido los autos que admitan o rechacen la intervención del tercero. Argumentos vertidos por la sala responsable que no fueron combatidos directamente por el quejoso, pues en el presente juicio el disidente se limitó a manifestar en sus conceptos de violación: Que el auto recurrido no le había sido notificado el veinte de ese mes y año sino hasta el catorce de octubre de esa anualidad, y que previamente a esa data se enviaron los autos a un correo apócrifo, y no al que éste señaló en su demanda de amparo. Que, contrario a lo señalado en el acto reclamado, el recurso de reclamación no se estaba intentando en contra del primer secretario de la Primera Ponencia de la sala responsable, sino en contra de lo que se dice (sic) en la totalidad del auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, de cuyo contenido se advierte que se señalan dos diferentes recursos de reclamación, siendo que el segundo de los recursos fue firmado por el magistrado supernumerario Juan Pablo Garduño Venegas instructor de la Primer ponencia, y el Magistrado Miguel Ángel Luna Martínez, titular de la segunda ponencia. Y que los acuerdos de dos y doce de agosto que se aluden en el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve fueron firmados por el aludido primer secretario de la Primera Ponencia de la sala responsable, quien actuó en suplencia en ausencia por falta temporal del magistrado titular de esa ponencia, pero que nunca se menciona a que se debe la falta temporal. Siendo que la parte quejosa se encontraba obligada a demostrar mediante argumentos jurídicos por qué razón, contrario a lo referido por la sala responsable, el recurso de revocación intentado sí fue presentado dentro del plazo de diez días contemplado en el precepto 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya sea porque el recurso fue presentado dentro de los días que, a criterio de la responsable, conformaron dicho termino, o bien porque el computo realizado por la responsable fue incorrecto. Por ende deviene inoperante que el ahora quejoso pretenda controvertir en esta instancia constitucional la notificación del auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, puesto que en el acuerdo reclamado no existió pronunciamiento en cuanto a la legalidad de la práctica de la notificación que aduce (aspecto que en todo caso sería materia de un incidente de nulidad de notificaciones, conforme a lo previsto en los preceptos 29, fracción III y 58-7 último párrafo, de la ley citada en líneas previas), sino solo se mencionó la existencia de dicha notificación, para efectos de realizar el aludido computo de diez días. Además, tampoco explicó el quejoso con argumento frontales porque el auto contra el que se intentó enderezar dicho recurso, contrario a lo estipulado por la sala responsable, sí se encontraba dentro los supuestos respecto de los cuales procedía su interposición, de conformidad con el numeral 59 de la multicitada ley, y por ende resultaba procedente su tramitación. O en otro sentido, porque aun y cuando el acuerdo recurrido no se encontraba dentro de los supuestos contemplados en el multicitado numeral 59, sí resultaba procedente el recurso de reclamación intentado. De ahí que resulten inoperantes las inconformidades que hace valer el quejoso en contra del acto reclamado, en el sentido de que: 1. no interpuso el recurso de reclamación en contra del primer secretario de la Primera Ponencia de la sala responsable, sino en relación a lo que dice (sic) la totalidad del auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, de cuyo contenido se advierte que se señalan dos diferentes recursos de reclamación, uno de los cuales fue firmado por los magistrados Juan Pablo Garduño Venegas y Miguel Ángel Luna Martínez; y 2. que además los acuerdos de dos y doce de agosto que se mencionan en el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve fueron firmados por el aludido primer secretario de la Primera Ponencia de la sala responsable quien actuó en suplencia en ausencia por falta temporal del magistrado titular de esa ponencia, sin que se mencione a que se debía esa falta temporal. Esto es así, pues las razones que fueron consideradas en el acto reclamado para declarar notoriamente improcedente el recurso de reclamación, no fueron sustentadas en razón de haberse enderezado el recurso en contra del secretario en cita y no del acuerdo en sí, ni porque el auto recurrido haya sido firmado por el supracitado secretario y no por los magistrados que menciona, así como tampoco se basó en el hecho de que sí haya sido legal la actuación del secretario al emitir los acuerdos que se aluden en la resolución reclamada, en suplencia por ausencia de un magistrado integrante de la sala responsable derivado de una falta temporal justificada. En consecuencia, es innegable que los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa no controvierten las razones torales que sustentan la resolución reclamada a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con registro 218734, consultable en la página 48 del Tomo 56, agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida." De ahí que al margen de lo correcto o no del actuar de la Sala Regional del Norte-Centro IV, y auxiliar en materia de pensiones civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resultar inoperantes los argumentos de disenso hechos valer por la parte quejosa, los razonamientos esgrimidos por la autoridad en comento, subsisten y bastan por sí solos para sustentar la resolución impugnada, pues de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, en asuntos de estricto derecho, como el que nos ocupa, era indispensable explicar el por qué resultaba incorrecto el actuar de la responsable supracitada. En las relatadas condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en relación al acto y autoridad precisados en este considerando. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Carlos Pérez Pérez, contra el acto y la autoridad, que fueron precisadas en el considerando segundo, acorde a los fundamentos y los motivos expuestos en la última consideración del presente fallo. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. "

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano