José Carlos Ramírez Sánchez

Expediente 1322/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1322/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla
  • José Carlos Ramírez Sánchez
  • Fiscal Ejecutivo Asistente de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual devuelve las copias certificadas del expediente 686/2022 del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; en esas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, devuélvase las referidas copias al Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que provea lo conducente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal actual que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede que el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés se encontraba señalada la audiencia incidental de nulidad, y además, ante la imposibilidad asentada en la misma para celebrar la referida audiencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, procede diferir la audiencia incidental y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia correspondiente.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente por la Secretaria Técnica "A" de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, atento a su contenido sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante auto de catorce de julio del año en curso, se recibió misiva similar y se proveyó lo conducente en el expediente 814/2023. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****************, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tiene al quejoso realizando diversas manifestaciones en forma de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Ahora, en relación a sus manifestaciones referentes a la prueba de inspección judicial ofrecida se provee: Al respecto, tomando en consideración que en esencia el peticionario del amparo ofrece la referida prueba de inspección judicial para el efecto de que el actuario adscrito a este juzgado compruebe la existencia del correo electrónico que aduce remitió a la UGIRA. En ese sentido, debe decirse que para ordenar el desahogo de la citada prueba, en principio, se debe verificar que dicho medio de convicción cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad. El primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por su parte, el segundo principio regido a su vez por los de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Por lo tanto, si el quejoso pretende probar con la inspección judicial aludida, el extremo referido con anterioridad; resulta incuestionable que dicha probanza no es idónea para acreditar la existencia o legalidad de los actos que aquí se reclaman, así como su constitucionalidad. Pues de la revisión realizada a los autos, se advierte que los actos reclamados en sus escritos de demanda, no guarda relación alguna con la prueba de mérito ni lo que pretende probar con la misma, pues el promovente pretende demostrar hechos relacionados con las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. De ahí que resulte improcedente admitir dicho medio de prueba, por lo tanto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de agosto del año en curso, remite la información solicitada por la perito oficial ................ Por tanto, remítase a la brevedad copia simple del oficio de cuenta a la profesionista supra citada, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que se encuentre en posibilidad de emitir el dictamen pericial correspondiente. En el entendido que a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comenzará a correr el término de diez días para que emita el dictamen pericial que le corresponde, en la inteligencia de que quedan a su disposición los autos para que se imponga de su contenido. Lo anterior, con el apercibimiento que de no rendir el dictamen pericial correspondiente o no manifestar su imposibilidad se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, se señala el VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para verificar las gestiones que las autoridades responsables han realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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