José Carlos Menéndez de la Llave
Expediente 1769/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1769/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- José Carlos Menéndez de la Llave
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOSVisto el estado procesal actual que guardan los autos que integran el presente juicio, se advierte, en esta misma fecha, el quejoso ************, atendió al requerimiento formulado en proveído de diez de noviembre del año en curso y compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar la firma que obra al margen y al calce del escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, por el cual desahogó la prevención formulada en la diversa determinación de trece de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se trae a la vista el aludido escrito aclaratorio y se procede a acordar su contenido, así como el del escrito de demanda, en los siguientes términos: DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. A fin de evidenciar lo anterior, de la lectura integral del escrito aclaratorio presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez del mes y año en curso, se precisa que el quejoso ocurre a la presente instancia constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: "(.) se precisa que el acto que se reclama es el acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2023, dictado dentro del Juicio de Nulidad *******, por medio del cual el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, requiere a la C. *************, en su carácter de perito en grafoscopía nombrado por la autoridad demandada, para que ratifique su dictamen pericial". Ahora, de lo manifestado por el quejoso en los antecedentes del acto reclamado se advierte, el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la responsable tuvo por rendido el dictamen exhibido por la perita de la demandada de origen en materia de grafoscopía y dactiloscopía y la requirió para que en el término de tres días posteriores a su notificación, ratificara dicho dictamen. Precisado lo anterior, debe indicarse que de las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta por la parte promovente, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte que aún no se ha dictado sentencia definitiva, en el expediente *********, de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, máxime que aquel, de acuerdo a las manifestaciones del quejoso realizadas bajo protesta de decir verdad, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas y no se ha dictado sentencia interlocutoria. Establecido lo anterior, la suscrita Juzgadora advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte, el promovente reclama el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente *********, la responsable tuvo por rendido el dictamen exhibido por la perita de la demandada de origen en materia de grafoscopía y dactiloscopía y la requirió para que en el término de tres días posteriores a su notificación, ratificara dicho dictamen. Sin embargo, la determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, los actos que se impugnan no son de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causan un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del expediente *********, la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estimen inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la resolución reclamada, sólo constituyen una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente ********, la responsable tuvo por rendido el dictamen exhibido por la perita de la demandada de origen en materia de grafoscopía y dactiloscopía y la requirió para que en el término de tres días posteriores a su notificación, ratificara dicho dictamen, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Por tanto, debe decirse que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esto es así, pues en el caso, los efectos del acto reclamado sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia que ponga fin al juicio natural si ésta es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que como se señaló el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Carlos Menéndez de la Llave. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.
- Principal
CITATORIO QUEJOSA San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan las actuaciones del presente juicio, se desprende que por auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del mismo; sin embargo mediante escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la quejosa ******************** exhibió la credencial para votar a nombre de ********************, y tres cheques con números ********************hágase del conocimiento de la quejosa, que se dejan a su disposición los documentos que acompañó al referido escrito, los que serán entregados previa identificación y razón de entrega correspondiente, que obraran en autos como constancia. Para tal efecto, deberá comparecer ante este juzgado de distrito, dentro del término de noventa días y en día miércoles, en el horario de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores de este Juzgado, en el entendido que de no hacerlo, en el lapso indicado, dichos documentos se agregarán al expediente y el mismo podrá ser destruido, junto con dichos documentos, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto por su artículo 2, agréguese a los autos el escrito signado por el promovente ********************, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada el trece de octubre del presente año. Ahora bien, una vez analizado el escrito de cuenta, se advierte, la firma que lo calza tiene diferencia visible con la firma plasmada en la demanda de amparo. En ese sentido, previamente a proveer lo que en derecho corresponda en cuanto a su contenido, con fundamento en los artículos 114, fracción I, y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente a fin de que dentro del término de tres días posteriores a la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional y ratifique y reconozca ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito que se provee, en atención a que existe notoria discrepancia entre la firma que calza el indicado escrito con la que aparece estampada en su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no comparecer en el término otorgado sin causa justificada, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por la quejosa Martha Gema Anaya Cervantes, por medio del cual interpone recurso de inconformidad en contra del proveído dictado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, fórmese expedientillo de antecedentes. Asimismo, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203, de la Ley de Amparo, con el escrito de expresión de agravios, copia simple del mismo para el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito al tribunal revisor que corresponda conocer del recurso de inconformidad interpuesto, remítase el expediente 1483/2022, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, a fin de que sustancie el referido recurso. Finalmente, para atender si el recurso de inconformidad ante el tribunal colegiado que corresponda conocer lo resolvió se señala el catorce de marzo de dos mil veinticuatro. Notifíquese en términos de ley.
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