José Carlos Nabor Mejía

Expediente 833/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
833/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • José Carlos Nabor Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Ricardo Calderón Morales, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que solicita se informe a la autoridad responsable Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil de la ciudad de México el domicilio donde se le debe notificar a la aquí quejosa María Luisa Esperanza Alonso y López (demandada en el juicio de origen) la restitución de la posesión del inmueble materia del procedimiento natural; al respecto dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, pues el domicilio que indica, como el mismo oferente lo manifiesta es el que señaló para recibir notificaciones dentro del sumario en que se actúa; por lo si desea que ese domicilio se le tenga también para los mismos efectos en el juicio de origen (189/2013), así lo deberá hacérselo saber a la citada autoridad responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de abril de dos mil dieciocho, dentro del toca A.R. 113/2017, relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1987/2016; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de veinte de enero de dos mil diecisiete, dicada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1987/2016. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria". En cumplimiento a lo resuelto por la superioridad en el recurso de revisión A.R. 113/2017, se procede a reponer el procedimiento en el presente juicio, dejándose sin efectos la sentencia de veinte de enero de dos mil diecisiete. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con copia de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifieste si señala como autoridad responsable al Director General Jurídico de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. Con el apercibimiento que de no dar el debido cumplimiento dentro del término indicado, se continuará con el trámite del presente asunto hasta dictar la sentencia correspondiente en los términos establecidos en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VIII.1o.19 K, del primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1106, tomo VIII, octubre de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados." En tanto se cumplimenta lo anterior se señalan las nueve horas con veintiún minutos del cinco de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio 491, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de ejecutoria pronunciada el doce de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente R-555/2017, relativo a la revisión interpuesta contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 1078/2017, mismo que también devuelve con un anexo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ABRAHAM RAMÍREZ ROJAS por su propio derecho y en representación de la menor DOMINIQUE RAMÍREZ SÁNCHEZ, en contra del acto que reclamado del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la resolución interlocutoria dictada el ocho de mazo de dos mil diecisiete, en el expediente 319/2014". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se ********************. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla la copia certificada del expediente 317/2014 de su estadística, con la que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa.

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