José Carlos Hernández Camacho
Expediente 1301/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 28 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1301/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- José Carlos Hernández Camacho y Otros.
- José Carlos Hernández Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. notifiquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve . Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente "1"del Servicio de Administración Tributaria, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 209), informa que de la búsqueda realizada en su base de datos, encontró más de un contribuyente con el mismo nombre o similitud de ****, por tanto, para que esté en posibilidad de enviar la información correcta, solicita mayor información que pueda identificar a dicha persona. Asimismo glósese el diverso oficio signado por el Director de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez por el cual informa que de la búsqueda realizada en sus archivos, no encontró registro alguno del referido tercero interesado. En ambos casos, sin emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 250 a 253) se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia, por lo que resulta innecesario el emplazamiento de dicha persona. Notifíquese
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE LAS LISTAS DE ACUERDOS, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos las razones actuariales signadas por la fedataria pública adscrita a este juzgado, a través de las cuales informa la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 199 y 200), es decir, emplazar al tercero interesado Francisco Javier Ovando de la Cruz, por las razones que expone, de lo que esta juzgadora toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por otra parte, glósese el oficio remitido por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído trece de noviembre de dos mil diecinueve (foja 177 y 178), informa que de la búsqueda realizada en la base de datos del Padrón Electoral, encontró como registro domiciliario del tercero interesado ***, el ubicado en **** sin emitir mayor pronunciamiento, por ser ocioso e innecesario, como se verá más adelante, continuar con la búsqueda del domicilio del referido tercero. Ahora, téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla, a través del cual informa de la captura y ulterior vinculación a proceso del quejoso *** por la probable comisión del hecho delictuoso de robo con violencia y agravado, en agravio de ****, así como de la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva; remitiendo para acreditar su dicho, copia certificada de las constancias que integran la causa penal **** Con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que remite la autoridad de cuenta, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal **** entre las que destacan el oficio de puesta a disposición signado por los Agentes de la Policía Especializada de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, solicitud de audiencia inicial y la constancia escrita del desarrollo de esta última; mismas que serán valoradas a continuación por incidir en la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Hecha esa acotación, del escrito de demanda se advierte que el quejoso **** señaló como acto reclamado la orden de detención y aprehensión librada en su contra, así como su ejecución, atribuidas a diversas autoridades, de las que se advierte que únicamente el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla, y algunas ejecutoras, al rendir su informe justificado aceptaron su existencia. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe con justificación y en el oficio de cuenta, se estima que en la especie se actualiza, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". La citada causa de improcedencia, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL". Establecido lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional (únicamente aceptado por el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla y algunas autoridades ejecutoras) se hace consistir en la orden de aprehensión de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, librada en contra del quejoso ***y otros, por su probable participación en la comisión de los hechos delictivos de robo con violencia agravado, en agravio de **** dentro de la causa penal *** Esto es, el quejoso se duele del mandamiento de captura emitido como forma de conducción al proceso en el que el Ministerio Público habrá de solicitar fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, librado en su contra al estimar la autoridad judicial que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y existe la probabilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión. No obstante lo anterior, según se advierte de las constancias que acompañó la responsable a su oficio de cuenta el veintidós de noviembre del año en curso fue puesto a su disposición el quejoso, por lo que señaló las once horas con treinta minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia inicial. Posteriormente, luego de ser celebrada la audiencia inicial en cada una de sus fases, resolvió vincular a proceso al quejoso por su probable participación en la comisión del hecho delictivo de robo con violencia agravado. De lo que se sigue que, si bien el quejoso acude al amparo reclamando la orden de aprehensión que le fue girada para lograr su presentación ante la autoridad judicial y escuchar la formulación de imputación del órgano investigador, a la fecha su situación jurídica ha cambiado, pues la audiencia inicial concluyó con su vinculación a proceso, con lo cual ha dado inicio la etapa de investigación complementaria del sistema penal acusatorio. En ese orden de ideas, se estima que en el presente asunto se surten los presupuestos de la causal de improcedencia examinada. Lo anterior, si se toma en consideración, en principio, que el acto reclamado emanó de un procedimiento judicial, a saber, una causa de orden penal. Asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario por virtud de los actos que reclamó en el amparo, consistente en un auto de vinculación a proceso. Derivado de lo anterior, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, pues pese a la inconstitucionalidad que podría revestir a la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, resulta insoslayable que a la fecha ha sido ejecutada, dando lugar a que el procedimiento continuara a la siguiente etapa procesal. Ello aunado a que existe autonomía entre la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que el mandato de captura resulte o no inconstitucional, tan es así que la eventual concesión de amparo no tendría el alcance de dejar insubsistente la determinación por la cual se vinculó a proceso al quejoso. Luego, esta juzgadora se encuentra impedida para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que ha operado un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA respecto de la orden de aprehensión atribuida al Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla. Asimismo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia por cuanto hace a los actos reclamados a las restantes autoridades señaladas con el carácter de ordenadoras, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia, ante la inexistencia de los actos reclamados. Sin que pase inadvertido que las autoridades responsable 35. Fiscal del Ministerio Público de Cintalapa, Chiapas y 36. Fiscal del Ministerio Público de Jiquipilas, Chiapas, no hayan rendido su informe justificado con esa denominación, pues si lo hicieron con las diversas 27. Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y 28. Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Jiquipilas, Chiapas, negando en ambos casos la existencia de los actos reclamados. Sobreseimiento que además resulta extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras por no haberse reclamado por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad que afectaba a la orden de aprehensión aceptada por el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla. Criterio que no soslaya, el que la autoridad responsable 31. Encargado de la Policía Especializada de Jiquipilas, Chiapas, no haya rendido su informe justificado ni obre acuse del oficio por el cual se le solicitó, en el entendido de que al tratarse de ejecutora resulta incuestionable que participaría en la cumplimentación del acto respecto del cual se ha estimado que ha operado un cambio de situación jurídica. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.Notifíquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos las razones actuariales signadas por la fedataria pública adscrita a este juzgado, a través de las cuales informa la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 199 y 200), es decir, emplazar al tercero interesado Francisco Javier Ovando de la Cruz, por las razones que expone, de lo que esta juzgadora toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por otra parte, glósese el oficio remitido por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído trece de noviembre de dos mil diecinueve (foja 177 y 178), informa que de la búsqueda realizada en la base de datos del Padrón Electoral, encontró como registro domiciliario del tercero interesado ***, el ubicado en **** sin emitir mayor pronunciamiento, por ser ocioso e innecesario, como se verá más adelante, continuar con la búsqueda del domicilio del referido tercero. Ahora, téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla, a través del cual informa de la captura y ulterior vinculación a proceso del quejoso *** por la probable comisión del hecho delictuoso de robo con violencia y agravado, en agravio de ****, así como de la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva; remitiendo para acreditar su dicho, copia certificada de las constancias que integran la causa penal **** Con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que remite la autoridad de cuenta, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal **** entre las que destacan el oficio de puesta a disposición signado por los Agentes de la Policía Especializada de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, solicitud de audiencia inicial y la constancia escrita del desarrollo de esta última; mismas que serán valoradas a continuación por incidir en la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Hecha esa acotación, del escrito de demanda se advierte que el quejoso **** señaló como acto reclamado la orden de detención y aprehensión librada en su contra, así como su ejecución, atribuidas a diversas autoridades, de las que se advierte que únicamente el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla, y algunas ejecutoras, al rendir su informe justificado aceptaron su existencia. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe con justificación y en el oficio de cuenta, se estima que en la especie se actualiza, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". La citada causa de improcedencia, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL". Establecido lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional (únicamente aceptado por el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla y algunas autoridades ejecutoras) se hace consistir en la orden de aprehensión de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, librada en contra del quejoso ***y otros, por su probable participación en la comisión de los hechos delictivos de robo con violencia agravado, en agravio de **** dentro de la causa penal *** Esto es, el quejoso se duele del mandamiento de captura emitido como forma de conducción al proceso en el que el Ministerio Público habrá de solicitar fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, librado en su contra al estimar la autoridad judicial que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y existe la probabilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión. No obstante lo anterior, según se advierte de las constancias que acompañó la responsable a su oficio de cuenta el veintidós de noviembre del año en curso fue puesto a su disposición el quejoso, por lo que señaló las once horas con treinta minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia inicial. Posteriormente, luego de ser celebrada la audiencia inicial en cada una de sus fases, resolvió vincular a proceso al quejoso por su probable participación en la comisión del hecho delictivo de robo con violencia agravado. De lo que se sigue que, si bien el quejoso acude al amparo reclamando la orden de aprehensión que le fue girada para lograr su presentación ante la autoridad judicial y escuchar la formulación de imputación del órgano investigador, a la fecha su situación jurídica ha cambiado, pues la audiencia inicial concluyó con su vinculación a proceso, con lo cual ha dado inicio la etapa de investigación complementaria del sistema penal acusatorio. En ese orden de ideas, se estima que en el presente asunto se surten los presupuestos de la causal de improcedencia examinada. Lo anterior, si se toma en consideración, en principio, que el acto reclamado emanó de un procedimiento judicial, a saber, una causa de orden penal. Asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario por virtud de los actos que reclamó en el amparo, consistente en un auto de vinculación a proceso. Derivado de lo anterior, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, pues pese a la inconstitucionalidad que podría revestir a la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, resulta insoslayable que a la fecha ha sido ejecutada, dando lugar a que el procedimiento continuara a la siguiente etapa procesal. Ello aunado a que existe autonomía entre la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que el mandato de captura resulte o no inconstitucional, tan es así que la eventual concesión de amparo no tendría el alcance de dejar insubsistente la determinación por la cual se vinculó a proceso al quejoso. Luego, esta juzgadora se encuentra impedida para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que ha operado un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA respecto de la orden de aprehensión atribuida al Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla. Asimismo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia por cuanto hace a los actos reclamados a las restantes autoridades señaladas con el carácter de ordenadoras, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia, ante la inexistencia de los actos reclamados. Sin que pase inadvertido que las autoridades responsable 35. Fiscal del Ministerio Público de Cintalapa, Chiapas y 36. Fiscal del Ministerio Público de Jiquipilas, Chiapas, no hayan rendido su informe justificado con esa denominación, pues si lo hicieron con las diversas 27. Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y 28. Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Jiquipilas, Chiapas, negando en ambos casos la existencia de los actos reclamados. Sobreseimiento que además resulta extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras por no haberse reclamado por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad que afectaba a la orden de aprehensión aceptada por el Juez de Control Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla. Criterio que no soslaya, el que la autoridad responsable 31. Encargado de la Policía Especializada de Jiquipilas, Chiapas, no haya rendido su informe justificado ni obre acuse del oficio por el cual se le solicitó, en el entendido de que al tratarse de ejecutora resulta incuestionable que participaría en la cumplimentación del acto respecto del cual se ha estimado que ha operado un cambio de situación jurídica. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese
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