José Benjamín Balboa Ríos y Otros.

Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
488/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • José Benjamín Balboa Ríos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio remitido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo ***, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que se avocó al conocimiento del presente asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. **

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, a través del cual manifiesta que ratifica su escrito inicial de demanda de once de abril del presente año, asimismo bajo protesta de decir verdad informa que actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece de Tonalá, Chiapas, circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. INCOMPETENCIA En atención a su contenido, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión, detención o cualquier otra privativa de la libertad librada en contra del quejoso, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece de Tonalá, Chiapas. El citado acto reclamado, al tratarse de un mandato de captura, precisa de autos posteriores que materialicen la privación de la libertad; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado en Turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, puesto que es dentro del territorio en el que ejerce competencia en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, como precisó el quejoso, actualmente está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece de Tonalá, Chiapas. ***

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. *** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 488/2019-2-C. PREVENCIÓN Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. Dicho lo anterior, debe decirse que en este órgano de control constitucional se encuentra en trámite el diverso juicio de amparo *** interpuesto por ***, el cual se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de dos mil siete, Materia Común, visible en la página 285, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESRIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Así, una vez que se tienen a la vistas las constancias que integran el diverso juicio de amparo ***, se advierte que la firma que calza el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda que originó aquel sumario, lo que se puede corroborar del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO *** FIRMA DE ESCRITO DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito de demanda en el diverso juicio de amparo ***, promovido por el mismo quejoso. De tal forma que debe existir absoluta seguridad de que la persona que interpone el amparo suscriba la petición respectiva, pues de lo contrario incumpliría con el requisito previsto en el numeral 6 de la Ley de Amparo. Por tanto, a efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente: ? Requiérase al promovente del amparo para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído manifieste si ratifica o no el escrito de demanda presentada el once de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; y, turnada doce siguiente a este juzgado, con folio 5734. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio de amparo ***, se advierte la razón actuarial de diez de abril del año en curso, en la cual la actuaria de la adscripción asentó que el diez de abril del año en curso se constituyó en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce, denominado "El Amate" donde se encontraba recluido el citado quejoso, con. la finalidad de notificarle el auto de ocho del mismo mes y año, dictado en ese juicio, y que fue informada que dicho quejoso fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece de Tonalá, Chiapas. Atento a lo anterior, y dado que los antecedentes del acto reclamado son necesarios para poder analizar la procedencia del presente juicio de amparo; lo cual, es de orden público y estudio preferente: ? Se requiere al quejoso, en caso de ratificar la presente demanda, precise si actualmente está gozando de su libertad o si se encuentra recluido, y de ser así, precise el lugar de su reclusión. ? Asimismo, precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado en el presente asunto, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. ***

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