José Carlos Velázquez López
Expediente 139/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- José Carlos Velázquez López
- José Carlos Velázquez López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de once de mayo de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Berriozábal, Chiapas, con sede en esa ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en un tomo de pruebas relativos a la averiguación previa 79/CE10/2015. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 6339 (foja 87), la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Berriozábal, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al 1. Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, 2. Fiscal de Distrito Centro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, y 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador, residente en Berriozábal, Chiapas, de quienes reclamó esencialmente lo siguiente: ". 1. La abstención por parte del 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador, con residencia en Berriozábal, Chiapas, de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal en la averiguación previa 79/CE10/2015. 2. La negativa por parte del 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador, con residencia en Berriozábal, Chiapas, de resolver sobre la restitución del bien inmueble denominado "Las Tunas"." Mediante resolución de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el siete de abril del año en curso, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "El Fiscal del Ministerio Público Investigador, con residencia en Berriozábal, Chiapas, dentro del término de treinta días, legalmente computados, a partir del día siguiente a aquél en que reciba la comunicación por la cual se le haga saber que la presente resolución ha causado ejecutoria, de conformidad a sus atribuciones, dé continuidad a la averiguación previa, y con libertad de jurisdicción emita la determinación que conforme a derecho corresponda; esto es, de una manera fundada y motivada, resuelva si es procedente o no, el ejercicio de la acción penal, salvo impedimento legal o material que tenga para ello, caso en que deberá informarlo a esta autoridad de amparo." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 5895 y 6339 (foja 78 y 87), la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Berriozábal, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas del oficio de consignación 338/2017 y el pliego de consignación relativos a la Averiguación Previa 79/CE10/2015 instruida en contra ***; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Fiscal del Ministerio Público Investigador de Berriozábal, Chiapas, mediante oficios de veinte y veintisiete de abril del año en curso, dio continuidad a la Averiguación Previa 79/CE10/2015, y con libertad de jurisdicción, emitió la determinación en la que fundó y motivó la procedencia el ejercicio de la acción penal, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Esto es, la autoridad responsable vinculada al dar continuidad a la Averiguación Previa 79/CE10/2015, y al emitir la determinación en la que fundó y motivó la procedencia el ejercicio de la acción penal relativo a la orden de aprehensión en contra de ***, como probables responsables del delito de despojo equiparado agravado, ilícito cometido en agravio del quejoso, cumplió con sus funciones de investigador y de la administrador de justicia pronta al emitir la determinación de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 17 y 21 constitucionales, de manera que su pronunciamiento cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dar continuidad a la Averiguación Previa 79/CE10/2015, y con libertad de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda. Esto es, de una manera fundada y motivada, resolviera si es procedente o no, el ejercicio de la acción penal, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos de detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de mayo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, mediante el cual solicita copia simple del pliego de consignación relativo a la Averiguación Previa 79/CE10/2015 que remitió la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de Berriozábal, Chiapas. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa la copia simple que refiere, previa razón de recibo que se deje en autos, de las personas que autoriza para tal efecto; por lo tanto, deberán acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas en día hábil. Notifíquese.
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