José Carlos García Carballo
Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- José Carlos García Carballo
- JOSÉ CARLOS GARCÍA CARBALLO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la determinación dictada el trece de mayo de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintidós. Vistas las constancias de notificación que anteceden, de las que se advierte que los quejosos José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez, manifestaron que ratifican el escrito en el que se desisten del juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." De igual forma, sustenta lo anterior la jurisprudencia VII.1o.P. J/2 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO TANTO DE LA DEMANDA DE AMPARO COMO DEL RECURSO DE REVISIÓN Y RATIFICADO JUDICIALMENTE. PARA DECRETARLO ES INNECESARIO OTORGAR AL QUEJOSO LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. De la intelección del precepto citado se colige que, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Sin embargo, cuando es el propio accionante quien se desiste tanto de la acción de amparo, como del recurso de revisión, no se actualiza ese presupuesto normativo, porque no se trata de una causa legal de improcedencia advertida de oficio, no alegada por alguna de las partes, ni analizada en la primera instancia del juicio biinstancial, sino que la decisión de sobreseer se sustenta en la declaración de desistimiento del quejoso, lo que hace cesar la jurisdicción del juzgador y, atento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo en ambas instancias, en términos de los artículos 107, fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., 6o., 82, 86, 88, párrafos primero y tercero, 89 y 93, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese orden, sería ocioso dar vista con la actualización de una hipótesis que ella promovió, ya que, acorde con la exposición de motivos del artículo 64 mencionado, es que no quede en estado de indefensión ante la aparición de la causa que da lugar al sobreseimiento en el juicio, hipótesis que no puede actualizarse en el supuesto de que esta última tenga su génesis en el desistimiento ratificado legalmente por el propio accionante, pues sería tanto como pensar que deba otorgársele oportunidad para que se dé por concluida la acción constitucional. Estimar lo contrario, significaría ir en contra de uno de los derechos fundamentales del quejoso, previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en que se le administre justicia cuando lo solicite." Por tanto, queda sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada, para las once horas con cincuenta minutos del seis de junio de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por los quejosos José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez, mediante el cual refieren que es su intención desistirse de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior y tomando en consideración que del escrito de demanda se obtiene que los directos quejosos actualmente se encuentran detenidos en la Estación Migratoria en Tijuana (ubicado en: boulevard Esmeralda sin número, fraccionamiento La Esmeralda, código postal 22640 de esta ciudad); de ahí la imposibilidad que tienen para comparecer a ratificar el escrito de que se trata. Por tanto, se comisiona al actuario de la adscripción para que se traslade a dicho domicilio con la finalidad de notificar de manera personal a los directos quejosos José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez, el presente proveído y ante la presencia judicial los aquí quejosos deberán manifestar si ratifican el contenido del escrito que se provee poniéndole a la vista copia del escrito de cuenta. Apercibiéndolos de que en caso de que no lo hagan, se continuará el trámite del expediente en que se actúa; y una vez que se realice la notificación correspondiente este juzgado a la brevedad posible acordará lo que en derecho corresponda. Para lo cual, de conformidad con el Acuerdo 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid 19, reformado por el similar 1/2022, del propio Consejo, en relación al periodo de vigencia, se deberá llevar a cabo con todas las medidas de salud, seguridad y sana distancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en la Estación Migratoria en Tijuana, en la que actualmente se encuentran detenidos.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda promovida por Librado Heriberto Trujillo González en representación de los quejosos José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez; sin embargo se omitió proveer respecto de la manifestación de los quejosos en designar en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al promovente de la demanda de amparo. En consecuencia, a efecto de no depararle perjuicio a la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se les tiene designado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Librado Heriberto Trujillo González, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, los escritos de cuenta firmados por el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios como lo dispone el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a través del cual, pretende ampliar la demanda de amparo respecto al acto reclamado a las autoridades responsables citadas en el escrito inicial de demanda, consistente en la orden de pagar una fianza de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos moneda nacional), como requisito para que los quejosos pueda continuar el procedimiento en libertad. Sin embargo, no es procedente proveer de conformidad lo solicitado, por los razonamientos que a continuación se exponen: Los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Asimismo, es pertinente traer a contexto el contenido del cardinal 107, fracción I, de la Ley Suprema, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los dispositivos insertos con antelación se desprende que el juicio constitucional únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto u omisión reclamado, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o el acto impugnado violenta los derechos previstos por la Ley Suprema y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo, el quejoso debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la firma autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. Ahora, debe subrayarse que los principios y las reglas de carácter adjetivo que regulan al juicio de amparo, como son los previstos por los ordinales 107, fracción I, del Pacto Federal y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo tienen como finalidad esencial respetar la institucionalización del derecho, que en una de sus vertientes alude al carácter reglamentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Por tanto, para que la maquinaria del derecho funcione es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada, toda vez que de lo contrario el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado, lo que en el caso no acontece, en virtud que si bien es cierto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; cierto es también, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia. Apoya lo anterior, Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo XXXIII, junio de dos mil once cuyo rubro es: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." De igual forma, sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo I, agosto de dos mil catorce cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En el caso concreto, si bien la demanda que dio inicio al presente juicio fue promovida por Librado Heriberto Trujillo González en representación de los quejosos José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez, no menos cierto es que en auto de dos de mayo del año en curso, se tuvo por ratificada la demanda de amparo y los aquí quejosos manifestaron designar en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al promovente de la demanda de amparo, lo cual fue acordado de conformidad en esta propia fecha. En ese sentido, el escrito de ampliación de demanda fue presentado "vía electrónica" sin firma electrónica ni evidencia criptográfica, por los "directos quejosos", y la firma electrónica y evidencia criptográfica del aludido escrito de ampliación, fue plasmada únicamente a nombre de Librado Heriberto Trujillo González, no así de los directos quejosos José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez. Por lo tanto no denota la voluntad de quienes han sido afectadas en sus intereses jurídicos, para ampliar este medio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; y, al no estar firmada "electrónicamente" por José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la ampliación demanda de que se trata. Sin que pase inadvertido para quien suscribe que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también, que la promoción del amparo vía electrónica que carezca de la FIREL del quejoso no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Por lo que en ese sentido, al no existir una razón legal para otorgar un tratamiento distinto a la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sin firma electrónica FIREL, en comparación con una demanda de amparo presentada por escrito sin que contenga la firma autógrafa de la parte quejosa, pues en ambos casos, al concurrir las mismas circunstancias -demandas de amparo sin firma autógrafa y/o electrónica del quejoso o de su representante legal-, el Juez de Distrito estará facultado para desecharlas, al no existir la voluntad de las personas que ahí aparecen como promoventes, lo que claramente no actualizan alguna de las irregularidades previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a subsanarla. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el folio 2019715 de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J 38/2018 (10a), sustentada por el Tribunal Pleno, Décima Época, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de dos mil diecinueve, con número de registro 2018943, que establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." No pasa desapercibido para este Juzgador, que el promovente del escrito que se atiende haya precisado en el capítulo correspondiente a los nuevos actos reclamados y en aquél referente a los antecedentes relacionados, que la autoridad migratoria responsable únicamente ha permitido a los directos agraviados entrevistarse con sus abogados en los "días y horario de visitas", lo que considera es un acto de incomunicación cometido en contra de su autorizante. Sin embargo, dichas manifestaciones no resultan insuficientes para considerar que en el caso concreto, proceda el trámite del escrito de cuenta conforme al supuesto de excepción que prevé el primer párrafo del citado precepto legal, es decir, como si la directamente agraviada hubiere estado imposibilitada para promoverlo por cuenta propia, y por ende, para asentar la firma electrónica que al efecto establece el artículo 45, párrafo primero en relación con el 42, ambos del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se explica. Del análisis integral de las circunstancias que refiere el promovente para plantear la ampliación de demanda a favor de sus representados "respecto a la incomunicación" en contra de la autoridad responsable, por sí sola, dicha actuación no es constitutiva de la incomunicación como acto prohibido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se dice lo anterior, porque de la misma narrativa del autorizado es patente que los quejosos sí se encuentran en posibilidad de comunicarse con sus abogados, aunque ello sea, según se afirma, en los días y horario que la autoridad responsable ha previsto para la "visita" en la Estación Migratoria en la que se encuentran puestos a disposición con motivo del procedimiento migratorio instaurado en su contra, aunado a que del estado de autos se obtiene que la quejosa ratificó la demanda de amparo promovida en su favor manifestando que "no se encontraban incomunicados" y además, según refiere la autoridad responsable en el informe de suspensión de plano que obra en el expediente, los directos quejosos se encuentran sujetos a un procedimiento migratorio, al no poder comprobar su legal estancia en territorio nacional. Sin que en el caso se considere vinculante para este órgano jurisdiccional, el criterio aislado I.20o.A.18 A (10a.), que invoca la parte promovente en el escrito de cuenta, emitido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2016374, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3324, Décima Época, con rubro siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. PUEDE REALIZARSE EN SU NOMBRE POR CONDUCTO DE CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA HACERLO Y NO SE HUBIESE CELEBRADO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Lo que se considera, en principio, ya dicha tesis fue emitida por un tribunal colegiado de distinto circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, de ahí que no resulte de observancia obligatoria en términos del cuarto párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo; y, tomando en consideración además, a que el supuesto que ahí se prevé, parte de la premisa de que el directamente agraviado se encuentra imposibilitado para presentar la ampliación de la demanda por sí mismo, encontrándose así en el supuesto de excepción que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo; hipótesis que, como se vio, no se actualiza en el caso concreto; porque -como se anticipó-, la parte quejosa al ratificar la demanda promovida a su favor hizo suyo dicho escrito, por lo que debe prevalecer el principio de instancia agraviada que rige el juicio de amparo. De ahí que, como se anticipó, se deseche de plano la ampliación de demanda de que se trata. De cualquier manera, hágase del conocimiento de las partes, que en acuerdo de treinta de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda interpuesta en favor de la aquí quejosa, en el que se señaló como acto reclamado, entre otros, la incomunicación a que se dijo se encontraba sujeta la directamente agraviada, al impedírsele hablar con su abogado y su familia; sobre lo cual, se decretó la suspensión de plano respecto de dicho acto, para que cesara de inmediato el mismo. Por lo que, reitéresele a las autoridades responsables que deberán seguir acatando la suspensión de plano decretada en los términos ahí señalados, para lo cual, también deberán tomar en consideración que el profesionista en derecho Librado Heriberto Trujillo González tiene el carácter de autorizados de los directamente agraviados José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez en el presente juicio de amparo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; de ahí que, se le deberá permitir la comunicación con los directos quejosos en su carácter de abogado, no así como "visita", ello dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable dentro la Estación Migratoria de esta ciudad. Por último, hágase saber a los directos quejosos que no obstante lo aquí acordado, se encuentran en aptitud de ampliar la demanda durante la tramitación del presente juicio de amparo, ya sea por los mismos actos destacados en el escrito de cuenta (al advertirse que aún se encuentra dentro del término legal para hacerlo), o bien, por diversos que considere son conculcatorios de sus derechos fundamentales y se encuentren estrechamente vinculados con los inicialmente reclamados. Notifíquese; y personalmente a los directamente agraviados José Carlos García Carballo y Adelaida Beatriz García Domínguez en la Estación Migratoria de esta ciudad, así como por la vía electrónica a sus autorizados.
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