José Arturo García Barrera

Expediente 470/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
470/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • José Arturo García Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído el juicio de amparo por todos los actos, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción III, del mismo acuerdo. Glósese copia del presente acuerdo en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de dar continuidad a la solicitud de beneficio de libertad anticipada en la modalidad de remisión parcial de la pena y libertad condicionada. Al respecto, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para efecto de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, así como de las constancias que adjuntó al mismo, agregado a los autos en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que en acuerdo de ocho de mayo del año en curso, dictado en el cuaderno de ejecución ********************, de su índice, se radicó el incidente de solicitud de beneficio de libertad anticipada promovida por el aquí quejoso, y señaló las once horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia pública en donde se resolverá dicho incidente. Por lo que, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dos de mayo de dos mil veintitrés-, el acto reclamado subsistía, también lo es que con posterioridad, es decir, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de origen dictó un acuerdo en el cuaderno de ejecución ********************, de su índice, en el que radicó el incidente de solicitud de beneficio de libertad anticipada promovida por el aquí quejoso, y señaló las once horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia pública en donde se resolverá el mismo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinte minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, ********************, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de ********************, con residencia en Tecate, toda vez que en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a dicha autoridad rindiendo su respectivo informe. No obstante, en alcance al informe justificado, téngase a la citada autoridad anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, toda vez que las referidas constancias se consideran complementarias al informe justificado rendido por la citada responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Por otra parte, de conformidad con el ordinal 5°, fracción lll, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado al ********************, ********************; por tanto, con base en el normativo 26, fracción ll, inciso b), de la propia ley, se ordena notificarle el auto admisorio mediante oficio que se le envíe, anexándole fotocopia de la demanda. Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S O L U C I Ó N Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 470/2023-B, promovido por José Arturo García Barrera, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, José Arturo García Barrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable: ? Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. Actos reclamados: "Es la omisión y continuida (sic) por la autoridad responsable al no dar el segimiento (sic) correspondiente. (.) El día 24 de noviembre del 2022, tube (sic) una audiencia con el H. Juez de Control Felipe de Jesús Méndez Betancourt solicitando el beneficio de libertad anticipada en la modalidad de remisión parcial de la pena y libertad condicionada. En la audiencia se me negó el beneficio de libertad condicionada y se me dijo que en un mes me notificaban con respecto del otro beneficio solicitado de libertad anticipada en la modalidad de remisión parcial de la pena. Pero hasta el día de hoy, el H. Juez Felipe de Jesús Méndez Betancourt no a (sic) resuelto mi petición en audiencia ante su persona [.]" Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 8º, 17 y 21, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, 25/06/24 18:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en la omisión atribuida al Juez responsable, de resolver la solicitud de libertad anticipada en la modalidad de remisión parcial de la pena, formulada por el directo quejoso en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de ejecución 655/2021. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, refirió que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian su certeza; motivo por el cual, se tiene por desvirtuada dicha negativa y se tienen por ciertos los actos materia de reclamo, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Suspensión definitiva. Ahora, cabe señalar que tratándose de la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, los cuales son básicamente: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, aun cuando se colman los requisitos señalados, ya que dicha medida fue solicitada por la parte quejosa, como lo dispone la primera fracción, y porque pudiera decirse que de otorgarse la medida solicitada no se contravienen disposiciones de orden público, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, ya que implicaría dar un alcance indebido a la medida cautelar, de acuerdo a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues se estaría prejuzgando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, situación que es propia del estudio de fondo que se realice en el juicio principal del que deriva el presente cuaderno incidental, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información para efectos del estudio del acto impugnado. De ahí que no es válido examinar los vicios que pudiera tener el acto reclamado, en el presente cuaderno incidental, ya que de concederse la suspensión definitiva, se estarían dando efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se emita en el juicio principal del que deriva el presente expediente, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo. 25/06/24 18:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL ??????????????? Además, de que los actos que en esta vía se reclaman y se solicita la medida cautelar, no son actos irreparables, ni ocasiona al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable en el juicio principal se le restituirá en el goce del derecho fundamental que aduce violado; de ahí que como se anticipó, se niegue la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso José Arturo García Barrera, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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