José Carlos Osuna Gutiérrez
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 06/12/2022
Partes del expediente
- José Carlos Osuna Gutiérrez
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en el que se advierte que aceptó la competencia planteada dentro del juicio de amparo 36/2022, ordenando formar el expediente 836/2022-VII, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Ahora, tomando en consideración de que en veintinueve de noviembre del año en curso, se reservó remitir la promoción con folio 15777 y anexo, enviados por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, Baja California, previa copia certificada de la misma, remítase al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Ahora bien, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, a fin de que realice las gestiones necesarias para la vinculación del expediente que solicita la autoridad oficiante. En otro orden, al advertirse que a la fecha no existen diligencias pendientes por desahogar, por tanto, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el citado expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta remitidos por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, ahora bien, toda vez que del estado de autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de noviembre pasado, este Órgano Jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio en razón de territorio, ordenando la remisión de los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit en turno; por tanto, una vez que se tenga conocimiento del Juzgado a quien toque conocer de la incompetencia planteada, previa copia certificada que se deje en autos, remítasele el oficio y anexo que se atiende para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California con residencia en Tecate, mediante el cual se le tiene informando que el veintitrés de noviembre de este año, se tuvo por recibido el oficio J2EPO-2620/2022, remitido por el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva del Estado de Nayarit, en el que informa aceptar la competencia declinada respecto al cuaderno de ejecución relativo al quejoso José Carlos Osuna Gutié********************. Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se obtiene que la parte quejosa señala en concreto como acto reclamado la omisión de dar contestación a su petición para que se resuelva el beneficio de remisión parcial de la pena, y tomando en consideración el contenido del oficio que se recibe, así como el hecho de que el quejoso José Carlos Osuna Gutié********************, actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en el Rincón Municipio de Tepic, Nayarit; es por ello que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en la ciudad de Tijuana, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales transcritos, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es dable señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." En tal virtud, la parte quejosa reclama en este asunto, lo siguiente: ". la omisión de dar contestación a su petición formulada el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, respecto de fijar fecha para la celebración de la audiencia en la que resuelva el beneficio de remisión parcial de la pena, de igual manera manifiesta que no recuerda el número de cuadernillo de ejecución, solo recuerda que deriva de la causa penal 538/2007 del índice del Juzgado Séptimo de lo Penal, con sede en Tijuana, Baja California." En ese sentido, los actos que reclama el aquí quejoso, tienen ejecución material en territorio ubicado en diversa jurisdicción, toda vez que a quien le toca conocer sobre las peticiones que realice el quejoso es al Juez de ejecución ante el cual se encuentra a disposición, en este caso el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, aunado a que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en el Rincón Municipio de Tepic, Nayarit; es por ello que se considera actualizada la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y, por ende, que la competencia para conocer y resolver este asunto se debe determinar a favor del juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción precisamente en el lugar donde el acto reclamado deba ejecutarse. Consecuentemente, en el presente asunto, como ya se mencionó, el acto controvertido consiste en la omisión de emitir respuesta sobre su petición de remisión parcial de la pena de modo, que dichos actos tienen una ejecución material para los fines del juicio de amparo fuera de la jurisdicción de este Tribunal; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, por lo que la competencia recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto por los motivos manifiestos en ella, la tesis sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 65, segunda parte, con registro digital 235884, cuyo rubro es: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." En ese orden de ideas, tomado en consideración que el acto reclamado por la parte quejosa tendrá ejecución en la ciudad Tepic, Nayarit, lugar en el que se encuentra el Juzgado ante quien se encuentra a disposición y en el cual se encuentra interno, pues en caso de procedencia, deberá ser en ese lugar donde se deba continuar con la prosecución del juicio de origen y no hay ningún acto que se ejecute dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, reglamentada de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en la ciudad de Tijuana, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de amparo, por considerar que quien debe conocer de ésta es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Tepic en turno, toda vez que la ejecución material del acto reclamado en su caso esencialmente (la respuesta que se emita a la solicitud planteada por el quejoso y en su caso su materialización) deberá tener lugar dentro del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción ese órgano de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 48/2005, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 178232, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." De igual forma la diversa Jurisprudencia número 14/2014, visible en la página 633, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2006160, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente (por territorio), para conocer de la demanda de amparo promovida por José Carlos Osuna Gutié********************. Por tanto, previa formación del cuaderno de antecedente, se ordena remitir el expediente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Tepic en turno, por conducto de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que en tres de noviembre pasado, se tuvo a la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, informando que por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio recordatorio al Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales Medidas Preventivas y Seguridad en el estado de Nayarit, con sede en Tepic; para efecto de que se pronuncie sobre la competencia declinada a su cargo. Por tanto, requiérase a la primera de las autoridades precitadas para efecto de que en el plazo de tres días legalmente computado, se sirva informar la determinación recaída a la incompetencia planteada al Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales y Prisión Preventiva del Estado de Nayarit con sede en la ciudad de Tepic.} Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo conferido, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con diez minutos del ocho de diciembre de la presente anualidad, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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