Jose Campos Reyes
Expediente 813/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Campos Reyes
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3o fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Directora de Administración Territorial y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí; con su contenido y anexo de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Como lo solicita la citada autoridad, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como sus delegadas a las personas que indica en su informe de cuenta. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, las que se acompañan a su oficio de cuenta, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el informe y anexo de cuenta, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Directora de Administración Territorial y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, lo siguiente: ".Queja ciudadana presentada por el suscrito ante la autoridad responsable el día 18 de marzo de 2022, donde solicité que dicha queja se atendiera, se me informara el seguimiento a la misma y se me aclarara por escrito el seguimiento a mi denuncia presentada el 12 de enero de 2022 que refiero en la queja. Solicitud de inspección presentada por el suscrito ante la autoridad responsable el 18 de marzo de 2022 para que nuevamente realice una visita de inspección a la nave industrial ubicada en Carretera a Rioverde 1890 y/o 13750. Además, pido que se me informe por escrito el seguimiento a esta denuncia." Ahora bien, la citada autoridad responsable remite el número de oficio DATDU/DIR/135/2022 de fecha treinta de junio del año en curso, mediante el cual da contestación a los dos escritos signados por el quejoso de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, así como la notificación realizada al quejoso José Campos Reyes; en tal virtud, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido la contestación correspondiente cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Se cita a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es de aplicación, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora de Administración Territorial y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio respectivo, remitan copia certificada de todas y cada una de las constancias que tengan relación con el acto reclamado; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de diez de mayo del presente año, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda constitucional respecto a sus conceptos de violación, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, por tanto, procédase a resolver este juicio en los términos inicialmente planteados.
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