Jose Bernardo Torres Cervantes
Expediente 937/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Bernardo Torres Cervantes
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A MARÍA JOSÉ VARGAS HERRERA (PERITO EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA DESIGNADA POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO), EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintitrés. Efectivos apercibimientos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes para que ampliaran el cuestionario al tenor del cual deberá desahogarse la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa; así como para que designaran profesional de su parte. Consecuentemente, al no haber realizado manifestaciones en torno a los requerimientos efectuados, se les hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, por lo que se les tiene conforme con los interrogatorios propuestos y el perito designado. Gestiones para desahogar las pruebas periciales Ahora bien, de las constancias que integran este sumario, se advierte que el treinta de junio pasado, compareció la perito oficial María José Vargas Herrera, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la citada experta aceptando el cargo que le fue conferido y protestando su fiel y legal desempeño. En el entendido que el tercero interesado no designó perito de su parte, por lo que como se estableció en el proveído de nueve de junio de este año, se le tiene conforme con el designado por parte de este órgano jurisdiccional. Asimismo, teniendo en consideración que los autos originales del expediente 361/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado de Tijuana, con residencia en Baja California, ya fueron remitidos a este órgano jurisdiccional, hágase del conocimiento de la experta aludida, que dicho sumario se le pone la vista en las instalaciones que ocupa este juzgado, a efecto de que pueda tomar fotografías de las actuaciones que considere necesarias. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo otorgado, se le impondrá una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía que ofreció la parte quejosa, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que la quejosa Patricia Hernández Guevara, se presente puntualmente en el local que ocupa este juzgado de distrito, ubicado en calle Palmira número 905, tercer piso, ala "B", fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta ciudad, con identificación oficial vigente, a efecto que se realice el muestreo de las firmas que se considerarán como indubitables. Apercibida de que, si la solicitante del amparo no comparece a la diligencia ahí ordenada, se declarará sin materia la prueba pericial ofrecida, en virtud de que la parte procesal oferente es la misma a la cual se está requiriendo para la diligencia de muestreo de firmas aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, comuníquese a la perito, que el término de diez días hábiles para la emisión de su dictamen concedido comenzará a correr hasta el día siguiente al en que se lleve a cabo la diligencia de muestreo; bajo el apercibimiento que de no presentarlo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 153 de la legislación invocada, este juzgado designará nuevo perito en substitución de la omisa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos, formación y registro de expediente Se tiene por recibida la demanda promovida por José Bernardo Torres Cervantes, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal Regional del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí y otras autoridades, con cinco copias y un anexo que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 937/2023-I-L. Desechamiento Cuadro fáctico (antecedente) Del examen del escrito de demanda se advierte que la misma se presentó mediante buzón judicial con huella digital aparentemente de José Bernardo Torres Cervantes, sin firma a su ruego. Calificación e hipótesis En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Marco Normativo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Interpretación del marco normativo El artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por José Bernardo Torres Cervantes, presentada mediante buzón judicial únicamente con huella digital sin firma a su ruego plasmada por diversa persona, siendo este último requisito una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la huella digital acompañada con la firma a su ruego no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable para el perfeccionamiento de la voluntad del promovente, toda vez que dicha huella únicamente es un elemento de individualización y la firma a ruego exterioriza el propósito de promover (la demanda) al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de dicha voluntad de quien no sabe o no puede firmar. Bajo este contexto, es posible concluir que toda demanda que sea presentada por persona que no sabe o no puede firmar, debe incluir tanto su huella digital y que alguien firme a su ruego. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar ese promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin firma autógrafa, presentara escritos en forma oportuna para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que fue su intención instaurar la presente instancia, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10ª)1 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." No pasa desapercibido que en la demanda que hoy se atiende, no se reclamaron actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que permitan facultar a este órgano jurisdiccional requerir al directamente agraviado para que manifieste si es su deseo ratificar la demanda aludido; asimismo, tampoco se advierte que del contenido de la demanda la parte quejosa manifieste su imposibilidad de firmarla, de que lo realice 1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, tomo 3, página 2333, registro digital 2000079. alguien a su ruego o que en su caso se desprenda alguna situación de desventaja que lo imposibilite para realizarlo. Finalmente, lo anterior se apoya con la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en la queja registrada bajo el progresivo 49/2023 de su índice, correspondiente a la sesión ordinaria vía remota de treinta de marzo de dos mil veintitrés. Decisión En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita a Martha Patricia Zúñiga del Ángel, Aracely Pérez Piñón y María Edith Gámez Zúñiga, quienes no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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